Archivo mensual: diciembre 2011

Freddie Mac y Fannie Mae: los escándalos no terminan

Freddie Mac y Fannie Mae son dos nombres que inundaron las portadas de los periódicos allá por 2008 cuando su quiebra pavimentó el camino para la bancarrota de Lehman Brothers. Estos dos gigantes hipotecarios, privilegiados y controlados por el Gobierno estadounidense y que llegaron a copar el 40% del mercado hipotecario del país, han vuelto a estar de actualidad esta semana. Sus escándalos no terminan.

Hace una semana, la Securities and Exchange Comission presentó ante los juzgados de la ciudad de Nueva York varias demandas contra los ex directivos de estos dos grandes monstruos inmobiliarios. El motivo: ocultar la verdadera cantidad de activos tóxicos que poseían.

Sin embargo, lo que verdaderamente caracteriza a estas entidades no han sido sus innumerables irregularidades contables sino sus actividades que, patrocinadas por el Estado, amplificaron e intensificaron los errores de un sistema financiero diseñado para desembocar en una crisis. Y si la existencia de estas empresas no fuera lo suficientemente indeseada, la aprobación de la ley por la que se extiende dos meses más la rebaja de impuestos de Obama significará garantizar la existencia de estas entidades unos 10 años más.

Diferencias en los activos tóxicos

Tras la auditoría llevada a cabo por la SEC, el organismo supervisor ha llegado a la conclusión de que las dos grandes entidades inmobiliarias escondían casi 10 veces más activos tóxicos (hipotecas subprime) de lo que informaron, la enésima irregularidad contable de estas empresas.

Así, los ejecutivos de Freddie Mac informaron de que de 2007 a 2008 la exposición del activo de esta entidad a los créditos hipotecarios subprime ascendía a alrededor de 6.000 millones de dólares cuando, en realidad, eran 250.000 millones de dólares, como muestra el siguiente gráfico.

Fuente: Security and Exchange Comission.

Lo mismo ocurrió con el coloso, con pies de barro, Fannie Mae, que en lugar de casi 5.000 millones de dólares en hipotecas subprime en 2006, en realidad poseía casi 10 veces más, 43.000 millones, para pasar a tener en 2008 (2º trimestre) 110.000 millones en lugar de 8.000 millones.

No obstante, a pesar de estos escándalos, el problema de estas entidades no solamente proviene de no haber informado verazmente a los inversores. Lo realmente importante se encuentra en el propio sistema financiero –diseñado para la expansión crediticia y la degradación de la solvencia de sus entidades-; y, dentro de este escenario, en el papel que jugaron estas entidades, que con sus privilegios estatales tuvieron una responsabilidad destacadísima en la enorme expansión crediticia que provocó la gran burbuja inmobiliaria y la Gran Recesión. Es una responsabilidad todavía mayor de lo supuesto, a tenor de los datos ofrecidos por la SEC.

Criaturas gubernamentales

Fannie Mae y Freddie Mac eran entidades privadas que pertenecían a las denominadas empresas patrocinadas por el Estado (Government Sponsored Enterprises). Como tales contaban con diversos privilegios concedidos por el gobierno, entre los cuales destacaban las líneas especiales de crédito y, sobre todo, una garantía implícita: en caso de insolvencia sería el Estado quien se haría cargo de sus obligaciones –como, de hecho, así fue en 2008, cuando fueron nacionalizadas.

Sin embargo, esa garantía implícita gubernamental no sólo no impedía que cometieran los mismos errores que el resto de intermediarios financieros, sino que estos se intensificaran extraordinariamente, trasladándose al resto de la economía y recrudeciendo lo que finalmente ha sido la Gran Recesión.

La actividad desarrollada por estas empresas era la de comprar hipotecas o titulizaciones hipotecarias a unos bancos, retitulizarlas y venderlas a otros bancos junto con los CDS (seguros contra el impago de las hipotecas adquiridas). El gran negocio de estas empresas era aprovechar los privilegios gubernamentales de tal manera que cobraban las primas de esos seguros cuando quien realmente soportaba el riesgo era, en última instancia, el Gobierno.

Otra parte de su negocio consistía en comprar y mantener en sus activos titulizaciones hipotecarias de los bancos (los préstamos hipotecarios que estos habían concedido) para cuya adquisición se endeudaban a corto y medio plazo. El beneficio de esta operativa provenía, por una parte, del descalce de plazos –cobraban intereses mayores (por ser inversiones a más largo plazo) que los intereses que pagaban (por ser deudas a un plazo inferior- y, por otra parte, podían financiarse a unos tipos de interés muy inferiores a las condiciones de mercado gracias a la garantía gubernamental (pagaban a unos tipos de interés levemente superiores a los que pagaba el Estado en sus emisiones de deuda pública, y notablemente inferiores que aquellas entidades que tenían una AAA).

Como consecuencia de esa actividad privilegiada por el Gobierno, la liquidez y solvencia de estas empresas fue deteriorándose muy significativamente. En concreto, a finales de 2006 Fannie Mae y Freddie Mac presentaban un ratio de solvencia que oscilaba entre el 3,5% y el 5%, y su ratio de liquidez se ubicaba entre el 13% y el 15%. Resulta obvio el enorme descalce de plazos y una total insuficiencia de fondos propios para cubrir posibles impagos (cuyo riesgo, se trasladaba al Tesoro vía garantía implícita). Los últimos datos de la SEC no viene sino a empeorar el estado financiero de estas entidades.

Finalmente, toda esta degradación de solvencia y liquidez se tradujo en la nacionalización del 2008. Una manera de traspasar oficialmente la insolvencia desde estas empresas al Estado y, por último, a la economía.

Estos zombies seguirán muy vivos al menos durante 10 años más

Aunque incluso con la nacionalización era difícil creer que estas entidades fueran desmanteladas, troceadas o privatizadas, la ley de recorte de impuestos recientemente aprobada por el Congreso y ratificada por Obama, asegurará que, como mínimo, continúen su actividad durante 10 años más.

Así, se pretende que lo que deje de recaudarse (unos 33 mil millones de dólares) por la extensión dos meses más del recorte de impuestos –reducción de un 2% del impuesto a las nóminas de empleados y autoempleados- se cubra por lo recaudado por un nuevo impuesto que gravará las nuevas hipotecas y refinanciaciones de Fannie Mae, Freddie Mac y la Federal Housing Administration. Se estima que el nuevo impuesto tardará 10 años en recaudar lo dejado de ingresar por los dos meses de extensión del recorte de impuestos.

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Grecia se rie de europa: ni reformas estructurales ni reducción del gasto público

Huelgas, disturbios, batallas campales y hasta muertos en las protestas contra las presuntas políticas de austeridad aplicadas por el Gobierno de Grecia bajo presión de la UE. Unas políticas de austeridad cada vez más vilipendiadas y criticadas desde diversos ámbitos por creer que están empeorando y alargando la difícil situación del país heleno.

Sin embargo, el enésimo informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), elaborado por el equipo destinado a revisar las cifras y las actuaciones de Atenas, nos da cuenta de una situación radicalmente distinta, en la que las políticas de contención y reducción del gasto público brillan por su ausencia y las reformas estructurales no se implementan a pesar de ser aprobadas por el Parlamento tras las exigencias de Bruselas.

El propio jefe de la delegación internacional, Poul Thomsen, ha admitido hace unos días que se ha confiado demasiado en el incremento de ingresos vía subida de impuestos, y que las medidas fiscales y estructurales comprometidas no se han llegado a implementar durante 2011.

Si a la nula aplicación de políticas de austeridad y de reformas estructurales se le añade que la situación de la economía griega es, de por sí, insostenible, se explica el por qué, tal y como recoge el propio informe, la economía helena se haya deteriorado durante el presente ejercicio, año en el que incluso se esperaba el inicio de la recuperación.

Así, el documento del FMI revisa a la baja los principales indicadores económicos, como el decrecimiento del PIB -mayor de lo esperado-, una tasa de paro que ha alcanzado el 16,5%, un incremento en la contracción del crédito, y un suma y sigue que dan testimonio de que las cosas en Grecia van de mal en peor. Y ello, precisamente, porque el Gobierno, en lugar de liberalizar la economía, incrementa los impuestos, no reduce el gasto público ni aplica las reformas estructurales.

Incremento de impuestos

Si bien es cierto que se ha reducido en parte la tributación en el Impuesto sobre Sociedades (por ejemplo, disminución del tipo impositivo del 40% al 20% sobre los beneficios distribuidos), la estrategia fiscal diseñada a medio y largo plazo (MTFS) por la troika y aceptada por el Gobierno griego -cuya implementación se completará en años venideros- se basa fundamentalmente en incrementar la tributación a las personas físicas, ya sea a través del Impuesto sobre la Renta o sobre el Patrimonio, ya sea a través del IVA o los Impuestos Especiales.

Sobre el Impuesto sobre la Renta, las directrices contempladas en la MTFS se han centrado en eliminar deducciones, reducir el umbral que exime de tributar por este impuesto e introducir nuevas cargas a las rentas personales.

Respecto al Impuesto sobre el Patrimonio, la estrategia adoptada se focaliza en reducir el umbral que exime de tributar por este impuesto, al mismo tiempo que se elevan los tipos impositivos mínimos o, incluso, se introducen nuevos impuestos como, por ejemplo, sobre el lujo -que gravan la adquisición de vehículos de alta gama, embarcaciones y otro tipo de bienes-.

Sin embargo, es la imposición indirecta la que ha sufrido un mayor incremento. Así, el IVA se ha subido en un 20%, llegando a fijarse su tipo impositivo general en el 23%. Todavía ha sido mayor la subida de los impuestos especiales sobre la gasolina, tabaco y bebidas alcohólicas: un 33%.

En vista de este sustancial incremento fiscal, ha sido el propio Jefe de la delegación del FMI en Grecia el que concluyó el pasado martes que en 2011 “hemos alcanzado el límite de lo que se puede conseguir a través de subidas de impuestos”, por lo que se hace necesario reorientar la estrategia tributaria por la vía de la eficiencia en la gestión y recaudación más que en la de subir de nuevo los impuestos.

Nula disminución del gasto público

Y aunque el incremento de los impuestos ya es de por sí un revés para una economía en recesión, a ello hay que sumar la pobre actuación del Gobierno griego, que ha sido incapaz de reducir el déficit según lo previsto.

A pesar de los muchos anuncios que han efectuado las autoridades helenas para implementar una política de austeridad, lo cierto es que la disminución del gasto público durante 2011 no ha experimentado apenas reducción sino, incluso, un aumento en términos generales.

Así, los últimos datos de ejecución presupuestaria disponibles para el presente ejercicio muestran cómo el gasto público central se ha mantenido a un nivel similar al de 2010 (debe tenerse en cuenta que el gasto del Gobierno central supone alrededor del 65% del total del sector público, derivando el resto de la Seguridad Social y los entes locales).

El siguiente gráfico muestra cómo Atenas ha utilizado la inversión pública -aplazamientos y disminuciones de la inversión pública y militar- para contener levemente el gasto público central (excluidos los gastos financieros).

Esta evolución del gasto no hace más que evidenciar que el Gobierno griego no ha realizado una de las tareas más importantes y complejas, que es la de reformar la Administración Pública para disminuir su tamaño y mejorar su eficiencia; y se ha valido del recurso fácil de disminuir o aplazar las inversiones programadas, algo comparativamente más sencillo y con menor resistencia por parte de los sectores más radicales de la sociedad.

Sin embargo, la falta de una actuación clara y contundente en la reducción del gasto público y, por ende, del déficit -que este año rondará el 9% cuando el objetivo era del 7,5%- está provocando el incremento de los intereses que deberá pagar el Gobierno heleno. Hasta noviembre de 2011, los intereses que el Estado griego ha pagado se han incrementado en unos 2.600 millones de euros, un 20% más que el año anterior.

Por consiguiente, es dudoso admitir que haya habido una política de austeridad merecedora de tal nombre. Más bien al contrario, el Gobierno griego no ha acometido las medidas necesarias para reducir drásticamente el gasto ordinario de la administración pública y conseguir así que su tamaño y estructura se adecue a la terrible situación económica que el país sufre en la actualidad. Además, no debería olvidarse que todas estas cifras podrían empeorar si tenemos en cuenta que las variaciones en el gasto público que se producen de noviembre a diciembre suelen ser notables.

Parálisis en las reformas estructurales

No sólo el incremento de impuestos y la ineficaz reducción del gasto público están provocando que la recesión en Grecia esté siendo más cruenta durante este año. Los pobres resultados de las reformas estructurales emprendidas se deben en parte a lo que asépticamente el informe del FMI denomina una “desconexión entre la legislación y la implementación”.

De hecho, gran cantidad de medidas adoptadas y aprobadas a lo largo de este año no han sido implementadas todavía. Basten algunos ejemplos recogidos en el siguiente cuadro, de acuerdo con el informe del FMI, para observar que la aplicación de estas mediadas -que de por sí son limitadas y poco ambiciosas- se está demorando meses y meses.

El resultado de esta lentitud y resistencia a realizar todas las medidas prometidas por parte del Gobierno podría resumirse, anecdóticamente, en que Grecia sólo ha escalado una posición en el índice elaborado por el Banco Mundial para 2011 en su informe Doing Business, situándose en el honroso puesto 100 de 181 países analizados.

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