El 4,4% está a nuestro alcance

Como El Cid, Zapatero sigue dando guerra después de muerto, pero en este caso para perder batallas. Ayer conocimos que el déficit conjunto de las Administraciones Públicas españolas, lejos de ubicarse en el 6% del PIB como el calamitoso líder socialista había prometido ante Bruselas, se situó en el elevadísimo 8,51%, en especial por el absoluto descontrol de los gastos autonómicos.
En medio de una de las peores crisis de liquidez de la historia, el Estado gastó 90.000 millones de euros más de lo que ingresó; una enorme brecha que hubo de ser cubierta mediante la correspondiente emisión de deuda pública, que obviamente contribuyó a agravar todavía más la sequedad del crédito para nuestras sufridas pymes y emprendedores.

A este respecto, llama la atención la ficticia dimensión en la que vive nuestra clase política: mientras que el sector privado lleva años de verdadero ajuste, hasta el punto de que su endeudamiento en los últimos tres años se ha reducido en más de 85.000 millones de euros, las Administraciones Públicas, entre falaces proclamas de austeridad, lo han incrementado en 300.000 millones. Una mareante cifra que se añadirá a la ya de por sí cargada espalda del contribuyente mediante nuevas y más gravosas subidas de impuestos.

Sorprende, pues, que sigan siendo legión quienes acusen a la austeridad de haberse llevado por delante los brotes verdes y la ansiada recuperación. Pero, a la luz de este déficit del 8,51% del PIB, apenas siete décimas inferior al de 2010, ¿de qué ajustes estamos hablando? Sólo en 2010 redujimos tres veces más el agujero en nuestras cuentas públicas sin que el crecimiento se resintiera en modo alguno; y ello por no hablar de Alemania, país que con apenas un déficit del 1% del PIB cerró 2011 con un fulgurante crecimiento del 3%.

Queda, por consiguiente, muchísimo por recortar. Viendo con algo de detalle las manirrotas cuentas públicas destacan los abultados déficits de las comunidades autónomas, que más que duplicaron el objetivo previsto del 1,3% del PIB, hasta alcanzar el 2,94%. Es cierto que no todas se comportaron del mismo irresponsable modo: la Comunidad de Madrid sí cumplió el objetivo –con un déficit del 1,13% de su PIB–, pero su positiva cifra apenas constituye un oasis en el mar rojo de las restantes comunidades, tristemente abanderadas por la de Castilla-La Mancha –que en parte habrá aprovechado para contabilizar facturas ocultas por el Ejecutivo de Barreda–, la cual ha llegado a un 7,3% de su PIB (seguida por Extremadura, Murcia o Cantabria, que superaron el 4% de sus respectivos PIB).

El resultado de la Comunidad de Madrid debería servir a algunos para despojarse de la excusa de la crisis como causante de los déficits crónicos. Con una buena y austera gestión de los servicios públicos el resto de comunidades debería ser capaces, como la madrileña, de alcanzar unos déficits algo menos bochornosos que los actuales. Sin embargo, mejorar la gestión de los servicios públicos de las comunidades autónomas no será suficiente para sanear nuestras finanzas.

Se hace urgente revisar la legislación estatal básica en materia de servicios sociales que obliga a las comunidades autónomas a incurrir en una serie de gastos muy superiores a los ingresos con los que cuentan para financiarlos, separándose aquello que nunca debe separarse: la corresponsabilidad fiscal, a saber, que las comunidades autónomas sufraguen con sus ingresos los servicios que presten.

Pero, sobre todo, clama al cielo la cantidad de gastos y dispendios que han crecido como setas al albur de los nuevos cortijos autonómicos. En este sentido, resulta obligada la mención al estudio elaborado por la Fundación UPyD sobre el coste de las duplicidades del Estado Autonómico: 26.000 millones de euros anuales que podríamos ahorrarnos en caso de que los Gobiernos regionales suprimieran las redundancias y las ineficiencias de su Administración. 26.000 millones, sí, justo la cifra en la que en 2011 se desvió el déficit público con respecto al objetivo marcado por Bruselas.

El PP está tratando de renegociar con Bruselas el compromiso de déficit para este año. En realidad, si procediéramos a repensar nuestro Estado Autonómico y de Bienestar, ni siquiera sería necesario. La mastodóntica estructura de este reino de taifas autonómico, compuesta no sólo por los órganos necesarios para llevar a cabo las tareas que antes realizaba el Estado –una estricta descentralización–, sino por inútiles agencias y cuerpos adicionales que han ido creando por el camino los virreyes regionales para incrementar su poder y sus redes clientelares, está contribuyendo decisivamente a inflar nuestros gastos de un modo insostenible. Procedamos, pues, a una revisión completa del mismo: no sólo lo agradecerán nuestros acreedores internacionales, sino también, y sobre todo, el conjunto de los contribuyentes españoles.

*Adrià Pérez Martí es socio fundador del Instituto Juan de Mariana y analista fiscal.

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Archivado bajo Artículos en La Gaceta, Economía

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