Archivo mensual: marzo 2012

Hacia una reforma inteligente del Impuesto sobre Sociedades

Durante las últimas semanas, analistas y medios de comunicación habían barajado la opción de que la próxima reforma tributaria que emprenda el Gobierno del PP sea la del Impuesto sobre Sociedades, pero no para reducirlo, como parecería consecuente, sino para incrementarlo. Es este, pues, un muy buen momento para reflexionar sobre las implicaciones de este tributo y sobre cuál sería su modificación más inteligente. La tributación de las sociedades es una pieza estratégica en la política exterior de un país que pretenda atraer inversión extranjera y dinamizar la actividad económica. Hay diversos ejemplos de naciones que han experimentado un crecimiento económico sin precedentes en poco tiempo, hecho que en la jerga económica les ha granjeado el apelativo de tigres, siendo sus garras y colmillos un sistema jurídico –especialmente las leyes fiscales– que apuesta por la libertad económica. Hong Kong, Singapur y otros países asiáticos son ejemplos a los que debería mirar un Gobierno cuyo máximo objetivo sea el rápido crecimiento económico para su país. Singapur, en concreto, tiene un sistema fiscal envidiablemente sencillo con un tipo impositivo en el impuesto sobre sociedades del 17%.

Pero si el Ejecutivo no quiere mirar tan lejos, en Europa también disponemos de evidencias claras de países que han revolucionado la fiscalidad en materia de sociedades, no sólo para atraer inversión foránea, sino para que sus propias empresas se desarrollen de una manera más competitiva. Sabedores de que sus economías no resultan de por sí atractivas por cuanto en su entorno hay otras más ricas en oportunidades, algunos países están entendiendo que el futuro pasa por destacarse en algún campo. Si no se tiene la elevada tecnología alemana o la marca británica, hace falta ofrecer un valor añadido que los diferencie positivamente de sus competidores: un bajo y moderado impuesto sobre las ganancias empresariales. Ejemplo claro y obligado es el de Irlanda, con un tipo impositivo del 12,5%. España no debería estar en fuera de juego y aplicar una audaz reforma de su Impuesto sobre Sociedades rebajando drástica y urgentemente su tipo impositivo.

Al igual que la reforma laboral se ha aprobado asumiendo que sus efectos serán visibles más bien a medio plazo, tres cuartos de lo mismo habría que plantearse a propósito de la recaudación tributaria por sociedades. No hay que olvidar que este impuesto ha sido el que más ha sufrido con la actual crisis, un reflejo de que las durísimas condiciones a las que han tenido que enfrentarse nuestras empresas no permiten tener un gravamen de este tipo tan elevado como el actual.

No sirve escudarse en que la tributación efectiva en España de nuestras sociedades está en la media de otros países si dichos países son más ricos, más dinámicos, más competitivos y más productivos que el nuestro. Además, parte de estos indicadores que muestran esa favorable tributación de nuestras empresas se basa en gran medida en que España ha aplicado medidas tendentes no a reducir la carga total del impuesto sino a diferir su pago en el tiempo –un ejemplo sería la libertad de amortización para la inversión en activos fijos nuevos, vigente desde 2009 con la condición de mantenimiento de empleo, y sin dicha condición desde el 2011–. Igualmente, el hecho de que las empresas españolas hayan acumulado fuertes pérdidas en estos ejercicios de crisis también ha hecho que su tributación efectiva se haya reducido.

La elevación de la tributación en este impuesto, acordada ayer por el Gobierno, no traerá más que dificultades añadidas y un todavía peor comportamiento recaudatorio. Por el contrario, la decidida reducción del tipo impositivo, junto con el resto de reformas estructurales que requiere la economía española, haría incrementar su recaudación a lo largo de la legislatura por la vía de la dinamización de la economía productiva. El Gobierno podría mostrar a Bruselas unas cuentas públicas totalmente saneadas y una de las recuperaciones más rápidas de toda Europa.

En definitiva, si el Gobierno quiere incrementar la rentabilidad empresarial en nuestro país de un plumazo, no tiene más que reducir drásticamente el Impuesto sobre Sociedades. Siendo un impuesto que afecta enormemente a la competitividad de nuestras pymes, la reducción de este gravamen permitiría incrementar la competitividad internacional de nuestras empresas. La explosión de nuevas compañías, unida a una futura y adecuada Ley de Emprendedores, mejoraría de manera muy sustancial la deriva económica de nuestro país, lo que a su vez repercutiría positivamente sobre el empleo y el bienestar de la población en general.

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El Gobierno penaliza la inversión, liquidez y crecimiento de las empresas

Uno de los pilarse en los que se ha basado el Consejo de Ministros para reducir el déficit ha sido incrementando los impuestos, fundamentalmente, el Impuesto sobre Sociedades. Estas medidas tributarias se han aprobado “con el objetivo de que no se siga produciendo una caída del tipo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades, fundamentalmente el de las grandes empresas, y con el fin de ayudar a cumplir el compromiso de reducción del déficit”.

Por tanto, el objetivo del Gobierno es acercar el tipo efectivo -el porcentaje que realmente pagan las empresas después de aplicarse deducciones y bonificaciones fiscales- al tipo impositivo nominal. Recordemos que nuestros tipos nominales son más elevados que la media de nuestro entorno, destacando el tipo nominal general –del 30%– que duplica el tipo europeo más bajo -el irlandés, de un 12,5%-.

Es igualmente interesante recordar que, originariamente, las deducciones y bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades se introdujeron en el esquema de este tributo por los distintos gobiernos como medidas para favorecer y estimular el crecimiento económico. Resulta algo paradójico que cuanto más necesario es dinamizar la economía productiva se opte por incrementar la carga tributaria de sus empresas.

Con estas medidas, por otra parte, el Gobierno asume que aumentará su recaudación, a pesar de que ésta, especialmente en Sociedades, ha caído estrepitosamente. Esta hipótesis podría basarse en que, fundamentalmente, las decisiones adoptadas afectan -en general, aunque no sólo- a las grandes empresas, que son las que están teniendo beneficios -son las que más pronto se recuperan de una crisis-.

Sin embargo, está por ver si lo que realmente se ha proyectado recaudar se consigue en un contexto recesivo. Tampoco hay que olvidar que todas las PYMES suministradoras de las grandes empresas se verán indirectamente perjudicadas. Del mismo modo que todo el empleo que actualmente -y en gran medida- crean las grandes compañías, o dependen de ellas, también se verá afectado.

Por otra parte, castigar fiscalmente a las entidades punteras de nuestro tejido empresarial no es un buen incentivo de cara a la atracción de inversión exterior y a la dinamización de la economía española. Tampoco se favorecerá a nuestras empresas -muy necesitadas de financiación- al dificultarles la captación del ahorro nacional, puesto que con la subida fiscal ofrecerán proyectos de inversión menos rentables.

Medidas adoptadas

1. Deducción del fondo de comercio:

Este fondo es la diferencia entre el valor en libros de una empresa y lo que realmente se paga por ella cuando es adquirida -o fusionada- por otra. Refleja el valor de la marca comercial, la eficiencia, el prestigio y en general el importe del activo intangible -no físico- que no está reflejado en la contabilidad de la empresa.

El importe del fondo de comercio puede deducirse a efectos del Impuesto sobre Sociedades, es decir, se minora el beneficio y, por tanto, el Impuesto que finalmente se paga al Fisco. Hasta hoy, esta deducción tenía un límite máximo anual del 5%, con la nueva medida aprobada por el Consejo de Ministros, se reduce a un 1%. Esta medida tendrá un efecto temporal, puesto que -de momento- solamente se aplicará para los ejercicios 2012 y 2013.

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que, actualmente, tenemos una economía en transición. Si anteriormente estaba orientada al sector de la construcción y todas las industrias adyacentes, ahora debería reorientarse hacia otros sectores productivos más rentables y realmente demandados por los consumidores. Esta modificación de toda la estructura productiva no sólo debería poder hacerse a través de la quiebra de las empresas y el despido de sus trabajadores, muchas podrían fusionarse o ser adquiridas por otras entidades que reutilicen sus activos -especialmente, su fondo de comercio- para otras actividades que consideren ahora más rentables. Con esta medida se penaliza este tipo de reorganizaciones empresariales, fundamentales en estos momentos de cambio económico en nuestro país.

2. Libertad de amortización

Hasta ahora, las empresas que adquirían nuevos activos fijos podían elegir libremente cuánto del importe de esas nuevas inversiones se deducían en el Impuesto sobre Sociedades. Era una manera de dejar libertad al empresario para que calculara la amortización deducible que debía aplicar a sus nuevos activos.

Una PYME que decidía adquirir una nueva maquinaria o una nave, podía deducirse todo este coste minorando fuertemente los beneficios de ese año y, por tanto, pagar menos a Hacienda y no descapitalizarse tanto en un año de inversiones. Es cierto, también, que todo lo que se dedujo en el año de la compra del activo ya no podría deducírselo en los años siguientes. Y es que se trata de una medida que pospone el pago del impuesto, no lo reduce. Con esta facilidad se trataba de no penalizar la inversión en nuevo capital y, en general, incentivar el crecimiento y las mejoras de la productividad de las empresas. No en vano, este mecanismo explica en gran parte por qué la tributación empresarial mejoró en nuestro país en el último Gobierno de Zapatero.

Sin embargo, con la nueva modificación esta libertad se elimina. Es más, para aquellas inversiones realizadas con anterioridad a esta derogación, también se limitará esta deducción. Solamente podrán aplicar esta medida las PYMES que logren crear empleo con este tipo de inversiones.

Esta decisión crea obstáculos fiscales a que las empresas renueven o modifiquen sus activos para ser más competitivos. Además se dificulta la capitalización de una empresa en el año en que decide efectuar una nueva inversión, penalizándose, por tanto, el crecimiento y la productividad empresarial. Como efecto colateral, se perjudica también a los trabajadores que al ser menos productivos -por tener menos bienes de equipo- tenderán a cobrar menores salarios y, por ende, se perjudica la recaudación a medio plazo.

3. Gastos financieros:

Puede que esta medida sea una de las más recaudatorias de cuantas se han aprobado, a la luz del endeudamiento empresarial que existe a fecha de hoy. En la actualidad, los intereses y demás gastos financieros que una sociedad pagaba por sus deudas reducían sin ningún límite el beneficio de la entidad, de modo que se pagaba un menor Impuesto sobre Sociedades.

Con la modificación anunciada, no serán deducibles en un ejercicio los gastos financieros que excedan del 30% del resultado operativo del ejercicio -es decir, el resultado antes de tener en cuenta los intereses, los impuestos y las amortizaciones, el EBITDA-. Esta limitación está orientada a las empresas más grandes, dado que la limitación sólo afecta a los gastos financieros que sobrepasen el millón de euros -cuyo importe sí podrá deducirse sin límite alguno-. La cantidad que no haya podido deducirse, se guardará y podrá aplicarse durante los 18 ejercicios siguientes.

Por otra parte, tampoco se permitirá que una empresa se deduzca los gastos financieros que se hayan originado por la compra de participaciones de empresas de su mismo grupo, salvo que se justifique que dicha operación tiene un sentido económico más allá del puramente fiscal.

Limitar la deducibilidad de los gastos financieros es reducir de un plumazo la rentabilidad de las inversiones en las empresas afectadas y ahogarlas más en la iliquidez en la que están sumidas.

Los analistas que aprueban esta medida -los inspectores e incluso las organizaciones empresariales de las pequeñas empresas, por aquéllo del agravio comparativo- arguyen que actualmente las grandes empresas se benefician de invertir en el exterior endeudándose en el interior. Con este proceder, estas empresas no se computan los ingresos de estas inversiones en el exterior, pero sí los gastos financieros de la deuda que ha financiado dichas inversiones -por tanto, consiguen una tributación efectiva menor-. Argumentan también que limitar esta deducción no tendría efectos en este tipo de operativa.

Sin embargo, esta modificación no sólo perjudicará a nuestras empresas líderes -y a sus propietarios, grandes y pequeños ahorradores- sino que también dificultará la salida al exterior de nuestras empresas que van adquiriendo cierto tamaño y que se ven con la necesidad de atreverse a luchar con una fuerte competencia internacional.

4. Pago fraccionado mínimo para grandes empresas:

Esta medida sólo tendrá vigencia para los ejercicios 2012 y 2013 y también será de las más recaudatorias. El objetivo de los pagos fraccionados es anticipar unos fondos al Tesoro Público a cuenta del impuesto definitivo. Se trata de algo similar a las retenciones e ingresos a cuenta en el IRPF. Son tres pagos los que realizan las sociedades a lo largo del año.

Con la modificación aprobada el viernes, se fija un pago fraccionado mínimo para aquellas empresas cuyo resultado contable supere los veinte millones al año. Será del 8 por 100 del resultado de su cuenta de pérdidas y ganancias, o del 4 por 100 si al menos el 85 por 100 de sus ingresos corresponden a rentas exentas o dividendos con derecho a deducción por doble imposición. En el próximo pago fraccionado, a ingresar antes del 20 de abril de este año, se aplicará un tipo del 4 por 100 sobre el resultado contable.

Esta medida pretende aprovecharse de la liquidez de las grandes empresas. Se fijará ahora sobre el resultado contable -un importe mucho mayor que la cuota, como actualmente, que ya tiene en cuenta, precisamente, las deducciones aplicadas-. No incrementará en sentido estricto la tributación por este impuesto, pero sí mermará la solvencia de las entidades dado que degradará su liquidez y futuras inversiones.

5. Límite de deducciones:

También temporal por cuanto sólo afecta al 2012 y 2013, esta medida reducirá el importe que las empresas podrán deducirse por diversos conceptos. El límite actual general está en el 35% de la cuota y se reducirá al 25%. De acuerdo con el Gobierno, se incluye en este límite la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios -aquéllos que la sociedad ha realizado por alguna actividad que no sea estrictamente la desarrollada por la entidad (una venta de un activo, por ejemplo)-. También se limitará la deducción por actividades de I+D, de modo que se reduce del 60% al 50% para el caso en que la deducción por actividades de I+D supere el 10% de la cuota.

Con estas provisiones se dificultará el mantenimiento y el crecimiento de las empresas; se penaliza la investigación e innovación de nuestro tejido empresarial; se entorpecerá la investigación universidad-empresa; se perjudicará a nuestros investigadores -especialmente los jóvenes-; saldrán peores productos al mercado con los que competir interna e internacionalmente.

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Subir Sociedades lastrará aún más la competitividad de la economía española

El golpe de efecto fiscal del Reino Unido bajando los impuestos, especialmente el Impuesto sobre Sociedades, choca con las últimas noticias que anticipan una subida de este tributo en España. Sin embargo, con los niveles actuales del tipo impositivo y de la tributación efectiva tendríamos mucho margen para reducirlo -y ninguno para subirlo-, si lo que se pretende es estar en la media de Europa, favorecer la inversión y fomentar el crecimiento económico.

Reino Unido busca mayor competitividad fiscal

Parece que el Reino Unido ha tomado nota de la importancia que ha alcanzado Irlanda en Europa a la hora de atraer grandes empresas y nuevas inversiones, y se ha decidido a encarar la crisis por la vía de la dinamización económica, dando un golpe de efecto a un viejo continente plagado de subidas fiscales. Así, el Gobierno británico emprendió desde hace unos años una serie de medidas con el objetivo de hacer del Reino Unido uno de los países del G20 más competitivos fiscalmente para las Sociedades.

De este modo, en poco menos de un lustro, Londres rebajará casi un 15% el tipo impositivo de su Impuesto sobre Sociedades, desde el 28% hasta un 24%. Pero no sólo han reducido el tipo nominal, también han ampliado algunas deducciones y bonificaciones que harán que disminuya aún más la tributación efectiva para parte de sus empresas, tales como la mejora en la deducción por I+D y en la patent box, un régimen que bonifica el tratamiento fiscal de los beneficios derivados de patentes para así atraer la localización en suelo inglés de este tipo de empresas.

Tipos impositivos nominales

Por el contrario, los niveles impositivos de España sobre las empresas distan mucho de ser competitivos. El tipo impositivo general para el Impuesto sobre Sociedades es del 30%. Este tipo de gravamen es muy superior a la media de la Unión Europea -el irlandés es del 12,5%-. De acuerdo con el informe Taxation trends in the European Union, la media del tipo impositivo de este impuesto fue del 23,1% en 2011 para la Europa de los 27 y del 25,3% para la Europa de los 17.

Aunque acudamos a los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión, que contemplan la aplicación de un tipo reducido del 25% -hasta una base imponible de 300.000 euros-, no logramos mejorar la media de los países de la Eurozona. Solamente contamos con un tipo súper reducido del 20% que mejoraría la media de tipos generales de nuestros vecinos europeos -sin contar con que éstos también tienen sus respectivos tipos reducidos-, pero sólo para aquellas empresas que sean pequeñas y que logren crear o mantener el empleo -además, este tipo solamente es aplicable a los primeros 120.202,41 euros de beneficios y sólo para los ejercicios 2009 a 2012-.

Por tanto, España se sitúa por encima de la media de tipos impositivos europeos, teniendo mucho margen para que se bajen y ninguno para que se suban.

Tributación efectiva

Algunos analistas argumentan que, aunque los tipos impositivos sean elevados, la tributación efectiva -la cantidad de impuestos que realmente pagan las empresas después de deducciones y bonificaciones- es baja, especialmente para las empresas de mayor tamaño.

Algo parecido mostraría las conclusiones del último informe Paying Taxes 2012, elaborado con datos del 2010 por el Banco Mundial y la consultora PwC. Según este trabajo, España habría mejorado el régimen fiscal de las sociedades hasta situarse en la media de los grandes países europeos:

Sin embargo, de acuerdo con dicho estudio, las empresas españolas pagan un 38% de impuestos respecto a sus ingresos netos -incluido el Impuesto sobre Sociedades, pero no sólo-.

Por otra parte, este informe estudia la tributación de sociedades de tamaño medio, con una serie de características o supuestos -como, por ejemplo, el de tener en plantilla a 60 empleados- que cuestionaría la validez de sus conclusiones para el 90% de las entidades españolas, que son de tamaño micro o pequeño, de las cuales más de la mitad no tienen asalariados y el resto entre 1 y 9 empleados.

Este pesimismo acerca de la mejora de la tributación efectiva de nuestro tejido empresarial vendría confirmado por otros informes, como por ejemplo el del Instituto Juan de Mariana, en el que se muestra cómo las pymes españolas sufren una tributación efectiva por Impuesto sobre Sociedades cuatro puntos porcentuales superior al de la media de la OCDE.

Además, de acuerdo con el Paying Taxes 2012, gran parte de la mejora experimentada en los últimos años se ha logrado por la aplicación de una medida que permite la deducción inmediata de las nuevas inversiones en activos fijos -la libertad de amortización-. Una medida relativamente reciente -desde 2009, con la condición de mantenimiento de empleo, y sin dicha condición desde 2011- y con una caducidad muy próxima -aplicable hasta el ejercicio 2015-. Por tanto, de no prorrogarse -algo probable-, incluso la tributación de las empresas medianas también se situará a la cola de la del resto de países.

Por otra parte, este tipo de deducciones, aunque muy positivas y utilizadas para confeccionar rankings de tributación efectiva, en realidad, no dejan de ser meros mecanismos por los que se atrasan los impuestos que finalmente sí se pagarán al Fisco, lo que no supone una reducción definitiva de la tributación efectiva de una sociedad.

Conclusión

El golpe de efecto fiscal del Reino Unido tendría que hacer repensar la estrategia impositiva que está siguiendo el Ministerio de Hacienda. Ésta no debería pasar por aumentar el tamaño de las bases imponibles ya existentes sino por aumentar su número, dinamizando la economía y acercando a la media de nuestro entorno no sólo los tipos impositivos nominales de nuestro Impuesto sobre Sociedades sino su tributación efectiva.

Una subida de este impuesto no lograría recaudar más a tenor de la nueva recesión en 2012. Y si el objetivo es recaudar a medio plazo, contar con un sistema fiscal para las empresas moderado y competitivo sería la mejor receta para incrementar la rentabilidad del tejido empresarial y atraer inversión del exterior a España.

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¡¡¡Más facilidades para poder hacerse con el libro imposible!!!

Os animo a que lo leáis. El tiempo que dediquéis a su lectura será un tiempo bien aprovechado que, además, os motivará a reflexionar sobre ciertos dilemas que algunas veces todos nos hemos planteado.

Adrià Pérez Martí.

Portada del libro

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