Archivo mensual: abril 2012

Reseña de “Ver por ti y otros relatos”

Transcribo la reseña publicada en “El Mirador” por el escrito José Antonio López Rastoll:

¿Puede haber algo más asombroso que ver a esa pareja de abueletes cogida de la mano como si fuese el primer día de su enamoramiento? Adrià Pérez Martí demuestra en Ver por ti (Atlantis, 2012) que lo más alucinante radica en el interior de las personas.
Partamos de la premisa de que todo está dicho en literatura. Sólo nos queda a los escritores ahondar en los sentimientos sin descuidar, por supuesto, el buen uso del lenguaje. Así, en el primer relato, de los cuatro que componen este libro, y que le da nombre, una anciana cuenta a un joven la historia de la enfermedad de su marido y de su propia ceguera. Sobrecoge la impotencia de la señora por no poder atender a su esposo. El desenlace aparentemente fantástico es, en realidad, una metáfora: quien se empeña en velar por el prójimo, acaba sobreponiéndose a sus propios problemas.
De todos los sentimientos humanos, el más intenso es el miedo. Y no existe peor miedo que la soledad ni peor angustia que el temor a lo desconocido. Soledad como la que siente el tipo que llama a horas intempestivas para pedir auxilio a quien una vez fue su amigo. ¿Serías capaz de negarle tu ayuda?
Los relatos de Adrià Pérez Martí se viven con el corazón en un puño, y cuando uno llega al final de la lectura siente alivio por haber dejado atrás todas las sombras que nos torturan, y que parecen reclamar esa luz irrepetible que habita en el corazón de cada uno.

Espero que de algún modo estas palabras animen a más de uno a comprar y leer mi libro. Estoy seguro de que no se arrepentirán y pasarán un rato intenso sobre el que reflexionar.

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Algunas distorsiones del impuesto sobre sociedades

A la hora de analizar los efectos económicos de impuestos como el de sociedades, no solo es conveniente acudir al tipo impositivo nominal o el efectivo. También resulta oportuno conocer cómo se determina y administra este tipo de impuesto, especialmente en lo que se refiere a los mecanismos de deducciones y créditos fiscales, para averiguar cómo distorsiona la actividad empresarial mucho antes de hallar la cuota tributaria y transferirla al gobierno. Entre las distorsiones, nos encontramos, por ejemplo, que el impuesto sobre sociedades provoca un mayor endeudamiento de las empresas –agrandando las expansiones crediticias- y una sobrevaloración fiscal de sus beneficios con la consiguiente sobreimposición de los mismos y la descapitalización de los balances.

Tal como tradicionalmente están configurados, este tipo de impuestos tienen un claro efecto sobre la estructura financiera de las empresas. Al permitir la deducción de los gastos financieros pero no la deducción de los dividendos, favorecen el endeudamiento en detrimento de los fondos propios –sin contar con que los beneficios tributan doblemente, primero en sede de la empresa y luego en el Impuesto sobre la Renta de quienes los reciben en forma de dividendo-. Esta discriminación, además, favorece y amplifica el recurso al apalancamiento en una expansión crediticia que, si no es respaldada por ahorro real, termina desembocando en crisis.

Por otra parte y relacionado con lo anterior, existen otro tipo de consideraciones que distorsionan nuevamente la estructura financiera de las empresas. Así, dado que contablemente no se tiene en cuenta el coste de oportunidad del capital empleado en la empresa que proviene de los accionistas o propietarios, el propio impuesto tampoco lo considera como menor beneficio. Ello provoca sobrevalorar los beneficios fiscalmente y una mayor deuda tributaria. Como consecuencia, se desalienta la reinversión de los beneficios y el emprendimiento de nuevos proyectos empresariales.

Las amortizaciones son otro ejemplo de cómo este impuesto distorsiona la economía, no solo extrayendo de la empresa una parte de su renta sino modificando la toma de decisiones del empresario. Una de las funciones económicas de la amortización es incorporar al coste de un producto la depreciación del valor de un bien de capital. ¿Qué ocurre cuando las leyes fiscales fijan una amortización deducible de un activo inferior a la que considera el empresario? Que el impuesto considera que ese determinado proyecto empresarial, con su específica combinación de activos, es fiscalmente menos costoso. Esta sobrevaloración fiscal de los beneficios hace que la carga tributaria sea superior, descapitalizando más fuertemente a las empresas más intensivas en bienes de capital -cuya depreciación estimada por el empresario es superior a como lo dictan las leyes fiscales-.

Otra de las funciones de las amortizaciones es la de asegurar una fuente de financiación para la empresa con la que invertir en nuevos activos, o procurarse la reintegración, recuperación o devolución del capital invertido en la adquisición de ese activo. En una economía con una inflación crónica, permanente, esta función se desvirtúa y pierde su efectividad. La razón estriba en que la amortización fiscal se calcula teniendo en cuenta el coste del bien cuyo precio, cuando se reponga, será superior a causa de la inflación. Si no se permite la deducción fiscal, vía amortización, de ese mayor fondo necesario para sufragar los mayores precios de los activos, se está considerando, de nuevo, un beneficio fiscal superior al económico. Como consecuencia, el impuesto llamado inflación y el de sociedades actúan conjuntamente sobrevalorando el beneficio, es decir, imponiendo una mayor carga fiscal a la empresa, descapitalizándola o empeorando su liquidez.

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¿Por qué puede fracasar la amnistía fiscal de Montoro?

Algunas investigaciones apuntan a que podría predecirse el éxito de una amnistía fiscal en la medida en que éstas vayan acompañadas de políticas pro-crecimiento -bajadas de impuestos y liberalización económica-. Por otra parte, para prever el mayor o menor logro de este mecanismo también es importante cómo se instrumente técnicamente. En este caso, varios argumentos técnicos anticiparían que la eficacia de esta amnistía fiscal sería menor de lo esperado.

Con todo, no olvidemos que históricamente este tipo de medidas han tenido una capacidad recaudatoria muy desigual en las que, además de las características propias de las amnistías adoptadas, influyen otro tipo de condicionantes que complican el análisis como, por ejemplo, la mayor o menor confianza en la política económica del Gobierno de turno o la necesidad de repatriar capitales por la poca liquidez de la economía.

Características de las amnistías

Las amnistías fiscales son mecanismos recaudatorios en el corto plazo muy frecuentes en los sistemas fiscales occidentales. Sin embargo, estas amnistías no son la panacea. Generalmente no consiguen recaudar grandes cantidades, que suelen provenir de pequeños propietarios de fondos más que de los grandes evasores.

De acuerdo con la experiencia histórica, resulta importante cómo plantea el Gobierno la amnistía fiscal. Será menos exitosa cuantas más obligaciones lleve aparejada, tales como invertir el dinero oculto comprando deuda pública, invirtiendo en empresas o adquiriendo activos nacionales, etc. Ejemplos de esto son la amnistía argentina de 1987 o la belga de 1984, que obligaban al cumplimiento de muchos requisitos para regularizar los fondos ocultos. Y al contrario, cuantas menos obligaciones de cómo invertir el dinero o menos penas se impongan a los fondos aflorados, más se recaudará.

Por otra parte, la literatura económica al efecto suele argumentar que la recaudación de las amnistías es mayor si después de que finalicen éstas entran en vigor cambios en la normativa fiscal del país. Una parte importante de estos trabajos resaltan que estos cambios deben centrarse en incrementar las sanciones y los inspectores de Hacienda.

Combinación exitosa de amnistías fiscales y liberalización

Sin embargo, otros estudios valoran en primer lugar la reducción de impuestos -no sólo para los amnistiados sino para todos los contribuyentes- y otorgan un menor peso a los procedimientos sancionadores y de inspección. Según estas investigaciones, las amnistías fiscales lograrían alcanzar sus propósitos de recaudación si al mismo tiempo se ofrecieran unas normas o condiciones económicas de la economía formal más favorables -reducción de impuestos, reformas liberalizadoras, más comercio y mayores posibilidades de hacer negocios-.

Es decir, se trataría de algo similar a la idea de aumentar las bases imponibles -y, por tanto, la recaudación- a través de la reducción de impuestos y la dinamización económica. Cuanto menos agresivo sea un sistema fiscal y más se favorezcan las condiciones económicas, menos incentivos habrá para que la gente evada u opte por la economía informal.

Algunos ejemplos históricos

Podrían enunciarse diversos casos históricos que ejemplifican esta última línea de investigación, que considera condición necesaria para el éxito de una amnistía fiscal la liberalización económica y la reducción de impuestos:

El caso irlandés es el ejemplo de amnistía fiscal más exitosa. En las últimas décadas del siglo XX Irlanda dio un giro a su política económica y fiscal hacia un claro enfoque pro-crecimiento, llegando a situar su Impuesto sobre la Renta y sobre Sociedades entre los más bajos del mundo. Pues bien, dentro de este escenario liberalizador, la amnistía fiscal que las autoridades aprobaron en 1988 superó ampliamente las expectativas del Gobierno (50 millones de dólares), logrando recaudar 750 millones de dólares, es decir, el 2,55% del PIB.

Otro ejemplo de éxito es el de Colombia, en 1987, en el que se realizó la amnistía fiscal en un periodo (finales de los ochenta principios de los noventa) de fuerte reducción de aranceles y liberalización económica, incluyendo reducciones de impuestos y racionalización de su sistema fiscal.

Del mismo modo, las amnistías fiscales indias consideradas exitosas (las de 1975 y 1997) también se enmarcaron en períodos en los que se produjo un crecimiento comercial o un período de liberalización con potentes reducciones de impuestos (para el caso de 1997 véase aquí), además de que la propia amnistía era bastante favorable en sus condiciones de aplicación.

Otro ejemplo fue la segunda amnistía fiscal de François Mitterrand, en 1986, que se acompañó con determinadas reducciones fiscales, tales como la abolición de determinados impuestos -Impuesto sobre el Patrimonio- y las tenencias de oro anónimas.

Aspectos técnicos en contra de la capacidad recaudatoria de la amnistía

La amnistía fiscal tiene efectos en tres impuestos: Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Sin embargo, la medida no sana los incumplimientos en el Impuesto sobre Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o en los Impuestos Indirectos, como el IVA o ITP-AJD (Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados).

En consecuencia, la regularización voluntaria a efectos de los primeros impuestos citados obligaría a regularizar los impuestos que no son cubiertos con las consiguientes sanciones e intereses de demora. Este hecho influirá negativamente en la recaudación que se espera de esta amnistía. Esto se entronca en posibles efectos colaterales negativos para aquéllos que no hayan optado por acogerse a la amnistía fiscal pero que se verán descubiertos por las declaraciones de los que sí regularicen voluntariamente su situación.

Por otra parte, es interesante considerar el efecto que podría tener la diferente prescripción de las deudas tributarias y el delito fiscal. Mientras que las primeras prescriben a los cuatro años, el segundo lo hace a los cinco. Puede ser, entonces, que al regularizar voluntariamente los cuatro años pasados bajo la amnistía, el contribuyente se vea en un serio apuro si como consecuencia de su acción la Administración Tributaria investiga el quinto año y determina un delito fiscal.

En caso de que el contribuyente pudiera estar en esa situación, debería plantearse en el momento de su regularización voluntaria no sólo pagar toda la deuda fiscal de ese quinto ejercicio más todas las sanciones e intereses de demora aplicables, sino la posibilidad de hacer frente a una pena de cárcel por incurrir en delito fiscal. Hecho que, sin duda, afectará negativamente en la decisión de acogerse a la amnistía fiscal.

Por otra parte, habrá que estar a lo que se disponga reglamentariamente para saber la base sobre la que se aplicará el gravamen del 10%, si al importe de los activos que se afloren o al valor de adquisición. Uno y otro pueden ser muy diferentes en función del momento en el que se adquirió el mencionado activo.

Además, la amnistía fiscal no solamente compite con las adversas circunstancias económicas y el incremento de la fiscalidad en España, sino con el propio método de regularización ordinaria. El importe de las sanciones de uno y otro procedimiento no son baladíes. La regularización ordinaria obliga a liquidar la deuda tributaria de los rendimientos de los activos ocultos, más un recargo máximo del 20% e intereses de demora de dicha deuda. Por el contrario, la amnistía aplica el 10% no sobre esos rendimientos no declarados sino sobre el total del importe o valor de adquisición del activo oculto.

Se añade el hecho de que si al mismo tiempo de la regularización ordinaria se paga la deuda, se aplica una reducción del 25%, que hace que el recargo máximo final efectivo sea del 15%. Un porcentaje, recordemos, aplicable no al importe total del activo o los fondos sino a su rendimiento. De acuerdo con algunos analistas, el coste de la regularización ordinaria supondría un 4-6% del activo oculto.

Finalmente, ha de tenerse en cuenta que esta amnistía fiscal se realiza transcurridos varios años desde que finalizó la época de auge económico, donde mayores ganancias se cosecharon. Es más probable, por tanto, que gran parte de activos o fondos que consiguieron realizarse en los buenos tiempos estén ya prescritos. Si a esto le añadimos que estos activos probablemente estén dando pocos rendimientos -como en general la economía entera- nos encontramos con que todavía será más ventajoso acudir a la regularización ordinaria y liquidar las deudas sobre rendimientos de crisis que a la amnistía fiscal que aplica un 10% sobre el total del activo.

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The Spanish Corporate Income Tax Hike Will Hurt Economic Recovery

Last March 30, the Spanish Government announced its most important measures to reduce the fiscal deficit for 2012. These actions have been based on reducing public spending and, again, increasing taxes. “Again” because on December 30, 2011, the conservative new Government already raised the Personal Income Tax, making Spain one of Europe’s most heavily taxed countries.

Nevertheless, the current tax increase has focused on the Corporate Income Tax (CIT). According to the Government, the CIT hike has been approved “in order to avoid a continuing fall in the effective tax rate of corporate taxation, mainly in large companies, and in order to help fulfill the commitment to deficit reduction.” Therefore, the Government’s goal has been to bring the effective CIT rate closer to the nominal CIT rate by reducing and sometimes eliminating altogether deductions and tax credits in the Spanish CIT.

First of all, it must be reminded that our nominal CIT rates are considerably higher than those in force in the rest of Europe. According to the last Taxation trends in the European Union report, Spanish CIT rate is almost 7 percentage points higher than the average of the EU-27.

It is also interesting to remember that, originally, deductions and tax credits on the CIT were introduced by successive governments to promote and stimulate economic growth. It is somewhat paradoxical that when it is more necessary than ever to boost economic productivity, the highest tax burdens are being imposed on businesses.

The government’s rationale for the CIT hike is that, as tax revenues are dropping dramatically, it is necessary to increase taxes. It does not matter why tax revenues have declined so strongly. No questions are asked about whether the current level of taxation may be too high for the bad economic conditions we are living; or if tax hikes will hinder the —much needed— deleveraging process of Spanish companies. On the contrary, the Government perspective is based on short term and static premises which do not take into account the dynamic consequences and effects of taxes on the economy. The new administration of President Rajoy only looks forward to collect some millions of revenue from companies –Eur. 5.350 million- that could have easily obtained by cutting the public spending further. Other argument used by the Government is that the CIT hike has been designed to mainly affect the large companies. Nevertheless, we should not forget that SMEs —and their employees— will also be harmed as far as they are suppliers of the large companies.

In short, punishing Spain’s leading companies is not a good incentive to attract foreign investment and revitalize the Spanish economy. Nor will our companies be favored in their search for funding if they are forced -by the tax increase-, to offer less profitable investment projects to the investors. In the following paragraphs, I will mention the main measures approved on March 30 related to the CIT hike, and some of their possible economic consequences:

The main measures approved: limiting CIT deductions

1. Deduction of goodwill As in other countries, goodwill can be deducted for CIT purposes. Until now, this deduction was limited to 5% annually. With the new bill approved last March 30, the limit is reduced to 1%. This measure will have a temporary effect, since -for now (!)- only applies for the years 2012 and 2013.

The economic effects of this measure are derived from the fact that the Spanish economy must change its entire structure. During the economic boom it was directed to construction and all adjacent industries, now it should be redirected to other more profitable and productive sectors actually demanded by consumers. This modification of the entire structure of production could be done, in part, through mergers and acquisitions: companies could use the assets of other companies—specially, the goodwill—adapting old business projects to new and more profitable business plans. Therefore, limiting the deduction of goodwill will penalize this type of corporate reorganizations, which are essential in a changing economy.

2. Free tax depreciation

Spanish provisions related to free tax depreciation allowed companies to freely depreciate for CIT purposes tangible assets and real estate acquired for business use. It was a way to let entrepreneurs freely calculate the deductible depreciation applicable to their new investments. This tax mechanism moderated corporate taxation in Spain during the previous Socialist administration of President Zapatero, although not being —strictly speaking— a reduction of the tax charge but a postponement of it. With the new amendment approved last Friday, March 30, this tax benefit is repealed. Only the SMEs that create jobs with their investments will be authorized to apply the free tax depreciation. However, the Government’s decision adopted will create a tax barrier for companies to renew or change their assets to be more competitive. It will also make companies more vulnerable financially in the year when they perform the investment as they will have to pay more CIT. Consequently, it will penalize growth and business productivity. As a side effect, it will be also detrimental to workers as they will be less productive due to the fact that the company will have fewer capital goods. Consequently, they will tend to earn lower wages and, therefore, tax revenue will be further reduced.

3. Interest-capping rule

Up to date, interest and other financial expenses paid by a company reduced taxable profits without limits. Nevertheless, with the announced amendment of last March 30, the financial expenses exceeding 30% of the EBITDA shall not be deductible. This limitation will be applied by the large companies as it only affects the financial expenses exceeding Eur. one million. The amount not deducted will be carried forward for the following 18 years (similarly to tax net operating losses).

Also, it will be disallowed to deduct interest expenses of debt used in intra-group acquisitions of shares, unless the taxpayer can prove that these acquisitions are made for valid economic reasons, not merely for tax purposes.

Limiting the deductibility of financing expenses will reduce the profitability of investments in the companies and, therefore, their growth, and it will worsen the illiquidity problems in which Spanish companies are immersed.

Analysts who support this measure argue that large companies currently benefit from borrowing in Spain to invest abroad. In other words, Spain’s big companies would be incurring in more financial expenses in Spain –reducing their taxable profits—to earn more profits outside –which are not taxed under the Spanish CIT. According to this critique, there would be a problem of thin capitalization for Spain’s large companies that, consequently, would get a lower effective corporate taxation.

Nevertheless, the limitation of this deduction will not only harm our leading companies –and their owners, large and small investors—, it will also hinder the internationalization of Spanish entities that acquire a certain size and are impelled to expand their operations outside Spain under a strong international competition.

4. Minimum advance CIT payments for large enterprises

This is one of the most revenue-raising measures approved, which will only be in force for fiscal years 2012 and 2013. The goal of these payments is to anticipate funds to the Treasury. In Spain, companies make three advanced payments throughout the year.

The amendment adopted on Friday has set a minimum advanced payment for companies whose accounting profit exceeds Eur. 20 million a year: 8% of the accounting profits or 4% if at least 85% of its revenue comes from dividend income exempted or entitled to double tax deduction. This measure seeks to benefit from the liquidity of large companies. Advanced payments will now be fixed on the accounting profit -an amount far greater than the tax quota, the figure used before, which is reduced by deductions. Strictly speaking, this provision will not increase taxation, but will undermine the solvency of companies, degrade its liquidity and its future investments on capital goods or employees.

5. Limit of deductions

This is another temporary measure that will affect fiscal years 2012 and 2013. This provision will reduce the total amount of tax deductions. The current limit is 35% of the tax quota. With the new rule, this limit is reduced to 25%—this limitation includes the deduction related to the reinvestment of extraordinary profits -. In case the deduction for R & D exceeds 10% of the tax quota, the aforementioned limitation will be 50% of the tax quota -instead of 60% as before-.

With these provisions the Government will hinder the growth of Spanish businesses by penalizing their research and innovation. These limitations will hamper the cooperative research between University and the companies, harming our researchers, especially young people. As a corollary, Spanish products will be of poorer quality and national and international competition for Spanish companies will be much more difficult.

To summarize, the measures taken by the new conservative Government in Spain to reduce the fiscal deficit have been framed in two ways: very mild spending cuts and (estimated) increases in revenues through tax hikes -the last of which has been the reduction and elimination of various deductions and tax credits in the Spanish CIT.

With the CIT hike, the Government expects to raise Eur. 5,350 million. Regardless of the accuracy of such estimates, this CIT hike will have huge adverse effects on the economy by hindering the -needed- change of its structure of production and harming the solvency and competitiveness of the Spanish companies.

It seems that the new conservative Government does not understand that the deficit problem is a symptom of a disproportionate level of public spending, i.e., an excessive Government. Indeed, just eliminating duplicities and redundancies in the services provided by the Central and Regional Governments, Eur. 26,000 million could be saved –far more than the estimated revenues from tax hikes-. If that were not enough, an additional Eur. 30,000 millions could be saved by cutting inefficient Central Government spending, according to an analysis made by Juan Ramon Rallo of the Instituto Juan de Mariana. Consequently, by cutting unnecessary public spending, the Government could not only avoid increasing taxes but even reduce them, thus accelerating the Spanish economic recovery and improving the welfare of Spaniards.

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Los parecidos razonables entre Grecia y España

Los años de expansión de la economía griega que desembocaron en su actual depresión se caracterizaron por un papel predominante del consumo -fundamentalmente público- y una destacable falta de inversión y competitividad. Quizá sea éste un ejemplo -a no seguir- para aquéllos que centran el crecimiento económico en el consumo, relegando a un segundo plano el ahorro y la inversión.

Estas conclusiones se extraen de un informe de la consultora Mckinsey & Company que traza una radiografía de la economía griega -que, tristemente, en más de una ocasión parece la española-. El documento también aporta un nuevo modelo de crecimiento para recuperar al país y su economía en 10 años.

Consumo público, deuda y falta de inversión

El motor del crecimiento de la economía griega desde la creación del euro, de acuerdo con Mckinsey, se basó principalmente en el consumo. El 97% del crecimiento acumulado del PIB desde 2000 a 2008 se explica por el fuerte consumo de la sociedad griega -frente a 79% de la media europea-. Fue el consumo público el que más se desarrolló, trasladándose posteriormente al consumo privado, ambos basados en el crédito fácil. Incluso un sector tan abierto al exterior como el turismo se nutrió no por turistas extranjeros sino nacionales, en una proporción mayor que el resto de destinos turísticos europeos -entre ellos España-.

El gasto público creció a un ritmo del 6,5% del PIB durante el periodo 2000 a 2009 para soportar el incremento los salarios de los funcionarios y pensiones. Por el contrario, los ingresos públicos decrecieron a un ritmo del 5% del PIB debido, fundamentalmente, al creciente fraude en la recaudación de impuestos, especialmente del IVA, según los investigadores del informe.

En consecuencia, durante los años de bonanza el Gobierno acudió constantemente a los mercados internacionales para financiar su déficit crónico, llegando a alcanzar una deuda total -antes de la crisis- del 214% del PIB en 2008, una deuda pública de un 111% del PIB y un nivel de préstamos al consumo de los más elevados de Europa (15% del PIB).

Una economía insuficiente para el sobreconsumo: déficit exterior

Y es que fue tal el papel del consumo en aquellos años de bonanza nutrido por la expansión crediticia que la economía griega no estaba preparada para producir todos los bienes y servicios que demandaba la población. Tampoco la inversión modificó la estructura productiva para satisfacer al voraz consumo. De hecho, destaca la poca inversión extranjera en Grecia -tan sólo un 4% en 2000 a 2008, frente a una media europea del 17%- y una modesta inversión interior financiada vía deuda pública y privada. La consecuencia: un acusado consumo en el exterior -importaciones- con el consiguiente deterioro del déficit por cuenta corriente.

Baja productividad y participación laboral

A pesar de los años de crecimiento, la productividad helena en todos los sectores siempre estuvo muy por debajo de la del resto de países, un 30% ó 40% inferior a la media de la UE-15 y EEUU, respectivamente, en términos de PIB por hora.

Por otra parte, el país heleno presentó un porcentaje más bajo de población activa empleada, un 66% frente a un 73% de la UE-15 y 70% del Sur de Europa. Situación que se cebó especialmente en los jóvenes (69%) y mujeres (38%). Consecuencia: una relativamente baja proporción de trabajadores griegos empleados trabajan más horas que la media para sostener el sistema económico -algo muy familiar para los españoles-.

Razones de la falta de competitividad

El informe de Mckinsey & Company recoge una serie de razones que explicarían la falta de productividad y competitividad de la economía helena:

1. La estructura de la economía desincentiva la inversión y los negocios:

Un tejido industrial compuesto por microempresas con baja productividad -no alcanzan el 40% de la media de empresas medianas o grandes de la UE-27-. Con un exceso de regulación en aspectos fundamentales como los precios, el número de competidores, licencias… Y un largo etcétera. Además de una “frustrante burocracia” que es necesaria superar para aprobar nuevas inversiones. También una fiscalidad que penaliza el tamaño empresarial -fiscalidad entre empresas vinculadas- y restricciones laborales en empresas grandes, siendo Grecia el país que arroja el mayor índice de producción regulatoria.

2. El sector público es grande e ineficiente:

Solamente eclipsado por los países nórdicos con, por otra parte, servicios públicos muy superiores, mostrando su ineficiencia. Destaca la fragmentación de este sector, en el que, por poner un ejemplo, para actividades relacionadas con el turismo están implicados 13 ministerios. Abundan innumerables organismos gubernamentales que crearon toda una red de clientelismo y empresas dependientes del sector público.

3. Rigidez laboral que impide la flexibilidad y movilidad:

Rigidez del mercado laboral que imposibilita el empleo de toda la fuerza laboral del país, especialmente los convenios colectivos. Baja movilidad, con un promedio de permanencia en el mismo puesto de trabajo de 14 años -la más elevada de toda la OCDE-.

4. Un sistema judicial torpe que lastra la inversión:

Los negocios en Grecia están sometidos a toda una serie de leyes ambiguas, obsoletas o contradictorias -legislación medioambiental- con multitud de cambios y modificaciones -legislación fiscal- que hace incrementar la incertidumbre y la confusión para crear negocios.

El sistema judicial está abarrotado de casos a la espera de ser resueltos. Su Tribunal Supremo recibe entre 8.000-9.000 casos al año y sólo resuelve 3.000, exhibiendo aquí también un déficit que se acumula continuamente. Otras causas son la falta de un claro criterio de priorización de casos y unos costosos y largos trámites burocráticos.

5. Elevada economía informal:

De acuerdo con el Banco de Grecia y otras instituciones, la economía informal helena supondría un 30% del total de la actividad económica del país. Entre 15.000 y 20.000 millones se dejaron de ingresar por impuestos, especialmente en el caso del IVA, es decir, el 7-9% del PIB o 60%-80% del déficit fiscal de 2010.

Propuesta de un nuevo modelo de crecimiento

Frente a esta deriva económica, la consultora propone desarrollar cinco sectores que suponen el 42% de la producción nacional y el 51% del empleo. Este nuevo modelo de crecimiento recuperaría el país en 10 años creando, estiman, más de medio millón de nuevos trabajos y 55.000 millones de euros de ingresos.

Aunque no deja de ser ficción económica -y muchas veces estos informes son utilizados por los gobiernos para justificar comisiones, planes y políticas públicas, y más burocracia- puede resultar útil para llamar la atención de los empresarios actuales que estimen rentable reorientar su actividad. Algunos ejemplos:

  • Capital humano: simplificar el mercado laboral para hacer uso de la población altamente cualificada griega, modificando, especialmente, los convenios colectivos.
  • Turismo: siendo Turquía su principal competidor, el sector turístico griego necesita ofrecer paquetes turísticos a bajo coste, desarrollar el turismo náutico o los cruceros y el turismo médico. El informe estima unos ingresos adicionales en 2021 de 18.000 millones de euros anuales.
  • Manufacturas: potenciar el procesado y empaquetado para la exportación de productos como el aceite, frutas, repostería. Estiman 120.000 nuevos trabajos en 2021.
  • Medicamentos genéricos: es un mercado potencial cuyo desarrollo al exterior podría reportar un incremento de ventas de 2.200 millones de euros en 2021.
  • Acuacultura: aunque todavía pequeño, este sector está creciendo un 3% al año y exporta un 80% de su producción. El país produce casi la mitad de la producción mundial de productos como el róbalo o el besugo. Sería necesario aumentar la oferta de productos y su exportación a Europa.

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Los inversores demandan reformas de calado

Los mercados vuelven a empujar contra las cuerdas al Gobierno, esta vez de otro signo político. Y es que a quienes podrían prestarnos su dinero, los inversores, les da igual el color del Ejecutivo de turno siempre que éste asegure la viabilidad de las cuentas públicas y el pago de la deuda. Es precisamente la desconfianza en que la estrategia global seguida hasta ahora por el Gobierno pueda lograr estos objetivos lo que ha hecho dispararse la prima de riesgo y teñirse de rojo día tras día la bolsa española.

Los inversores, por tanto, exigen al Ejecutivo español que modifique su estrategia para combatir la crisis, no sólo en lo que se refiere a los Presupuestos de las Administraciones Públicas –con ajustes y límites de gasto-, sino en cuanto a la estructura y tamaño de un sobredimensionado Estado.

En efecto, los inversores están juzgando del todo insuficientes las cuentas públicas presentadas por el Gobierno. Estos Presupuestos están basados en hipótesis de recaudación muy alejadas de la realidad, sobre todo si tenemos en cuenta una economía en recesión a la que, además, se le ha incrementado su pesada carga con reiteradas subidas fiscales. Las cifras de recaudación de los primeros meses del año ya atestiguan un empeoramiento de los ingresos públicos con respecto a los presupuestados. Y es que, el problema de base de estos presupuestos es su escaso margen de maniobra: a poco que los ingresos confirmen una caída de poco más de un 3%, nuestro déficit se alejará entre un 8-10% del objetivo.

Igualmente, las estadísticas de los últimos meses ya están alertando de que partidas tan importantes como las prestaciones por desempleo, afiliaciones a la Seguridad Social o pensiones, van a comportarse mucho peor de lo presupuestado. A ello se le suma lo poco ambicioso que ha sido el Ejecutivo a la hora de reducir gran cantidad de gasto público superfluo, que algunos analistas cifran en 39.000 millones de euros.

Pero no sólo la desconfianza se ha adueñado de quienes nos podrían prestar su dinero por unas defectuosas previsiones presupuestarias en un contexto recesivo. Su temor va más allá y nace de la falta de una verdadera reforma que aplique un auténtico lavado de cara al Sector Público y a la economía productiva. Respecto a ésta última, es necesaria una progresiva y acelerada liberalización que tan buenos resultados ha dado en otros países, en términos de crecimiento y empleo. Respecto al Sector Público, los inversores demandan una urgente reforma del Estado de las Autonomías que ponga auténticas bridas a los 17 mini-estados y elimine de raíz duplicidades e ineficiencias producidas por la descentralización que se ha llevado a cabo.

De no producirse estas reformas de calado, lo peor no será que nos rescaten, sino que nuestra economía persistirá en un estado zombi, en el que la reducción del nivel de vida que hemos experimentado no será algo momentáneo sino prolongado. En manos de Rajoy está el hacer que un sobredimensionado Estado y las rigideces económicas no sean más un pasivo sino un activo a contabilizar con las necesarias reformas que los inversores están esperando de su mandato.

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