Archivo mensual: mayo 2012

Sobre los efectos de los impuestos sobre los beneficios empresariales

El análisis dominante sobre los efectos económicos de los impuestos suele basarse en la premisa de que los impuestos son introducidos en un mundo en el que las oportunidades de ganancia disponibles están dadas y son conocidas por el empresario. El impacto de los impuestos se estudiaría en la medida en que estos afectarían a la preferencia relativa de las distintas alternativas de acción del empresario una vez introducido el impuesto. Así, el impuesto incentivaría al empresario a desechar un proyecto empresarial y optar por emprender otro en su lugar. O dicho con otras palabras, lo que importa sería el margen de sustitución entre una acción empresarial y otra.

Por ejemplo, la introducción de un impuesto sobre los beneficios provocaría una reducción en los beneficios y la rentabilidad de los planes empresariales. Esto incentivaría que los empresarios reelaborasen sus planes empresariales y sustituyeran aquellos que, con el impuesto, no cubrieran el coste de oportunidad por otros que, aun con el impuesto, sí lo hicieran –por obtener más beneficios o tener una tributación efectiva menor-.

Puede ser, también, que la presencia de un impuesto sobre los beneficios incentive a algunos agentes a, directamente, no realizar este tipo de planes y, en su lugar, realizar otras tareas no empresariales, labores más rutinarias, que conlleven menos innovación, especulación o previsión.

Sin embargo, otros autores han tratado de realizar un análisis desde otras perspectivas. Así, los impuestos sobre los beneficios tendrían otra serie de impactos no ya sobre la preferencia relativa de las distintas oportunidades de ganancia disponibles, sino sobre la propia percepción que los empresarios tienen de las oportunidades de negocio que les rodean. Esta es la idea desarrollada por Israel Kirzner, según la cual el empresario está en un continuo estado de alerta que le lleva a descubrir las oportunidades de negocio a explotar -que, por supuesto, no están dadas-.

De acuerdo con esta línea de investigación, los efectos de la tributación sobre los beneficios empresariales simplemente reducirían el beneficio de ese estado de alerta, pero no el nivel de ese estado de alerta. Esto se explica porque ese estado de alerta es una actividad que no conlleva ningún coste de oportunidad –es un estado mental en el que el empresario está sin elección y sin necesidad de renunciar a ninguna otra actividad valiosa-, por lo que el impuesto no induciría a su sustitución por la acción alternativa a la que se estaba renunciando. Tan solo un impuesto sobre el 100% de los beneficios empresariales haría que al empresario le fuera indiferente entre estar alerta o no y, por tanto, ejercer o no la función empresarial.

Por tanto, el empresario (desde la concepción kirzneriana) no se vería afectado por el impuesto (parcial) sobre los beneficios empresariales, y continuaría estando alerta ante posibles oportunidades de negocio aunque obtuviera menores ingresos, sin ningún tipo de incentivo a modificar su actuación por otras alternativas.

Sin embargo, es cierto que el propio Kirzner ofreció unas conclusiones algo matizadas en su trabajo dedicado expresamente a los impuestos desde una perspectiva empresarial. Parece que este autor abre la posibilidad a que el impuesto sobre beneficios empresariales (parcial, que no grave el 100% del beneficio) también podría tener sus consecuencias, aunque sea “ligeramente”, en el sentido de que haga que el empresario deje inexplotadas algunas oportunidades de ganancias. Esto se explica porque el impuesto reduciría el beneficio empresarial puro, que es el incentivo para que el empresario descubra, a través de la alerta, las posibilidades de ganancia a su alrededor[1].

Por tanto, quedaría pendiente aclarar si realmente el impuesto sobre beneficio empresarial también afectaría a la propia perspicacia del empresario en el descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio (ex ante) o sus efectos provendrían de gravar las acciones empresariales ya planeadas o realizadas (ex post).


[1] Pero admitir este efecto tiene poco encaje en el concepto de empresarialidad del propio Kirzner, explica Valerio Filoso, puesto que implica que el empresario puede decidir si estar o no en un estado de alerta, y que este tiene un coste de oportunidad, aunque sea mínimo.

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El estímulo de las reformas

Merkel ha anunciado que no es suficiente la austeridad y que uno de los objetivos de la próxima cumbre de la Unión Europea de junio será el de diseñar y ejecutar una agenda del crecimiento para Europa. De inmediato, políticos como Hollande o Rubalcaba se han apresurado a sacar pecho y esgrimir sus conocidas recetas para el crecimiento: más gasto público, más déficit y más sector público. Parece que la austeridad provoca en los políticos y correligionarios más intervencionistas algo así como un síndrome de abstinencia que agota pronto su paciencia. Y todo ello teniendo en cuenta que la llamada austeridad que nos ha impuesto Merkel no ha supuesto más que ralentizar el crecimiento del gasto y déficit públicos, porque –con toda la deuda que ya existe– los Gobiernos continúan gastando más de lo que ingresan, acumulando más y más deuda. Aun así, se incrementan las presiones para que se abra la veda a una nueva tanda de políticas, dicen, de crecimiento, es decir, de estímulo de la demanda agregada, del consumo.

Esto de que el consumo sea lo más importante es una idea de rancio abolengo que, tras economistas como Mandeville o Malthus, la profesión se había encargado de desmontar. No obstante, con Keynes estas teorías revivieron y fueron abrazadas por los economistas y políticos intervencionistas como maná caído del cielo. De acuerdo con las teorías del subconsumo, es la insuficiencia del consumo la causa de que las empresas no consigan vender y quiebren, provocando la crisis y el desempleo. La única solución sería fomentar el consumo para revertir esa tendencia. Se cimenta, así, el camino para que el Gobierno tome las riendas, acuda cual salvador al rescate del ciudadano y justifique su existencia porque cuida de sus súbditos.

Sin embargo, en el ámbito político, no se habla lo suficiente de la carga que están suponiendo los Gobiernos precisamente por este tipo de políticas keynesianas y de estímulo del consumo, tan bien seguidas en Grecia tanto en la época de auge como de recesión. Déficit abultados que quitan la financiación al sector privado, subidas de impuestos que elevan la carga que soportan los contribuyentes, y entramados de regulaciones, servicios públicos e infraestructuras de pésima calidad y tremendamente costosos de producir, que volatilizan ingentes cantidades de riqueza y que podrían producirse mucho más eficientemente por el sector privado.

Por otra parte, las voces socialistas que claman por políticas de estímulo del consumo no contemplan que, económicamente, para consumir es necesario, previamente, producir y vender bienes o servicios, y a cambio de estos se obtiene el dinero con el que adquirir los productos que demandemos. Y para producir debemos invertir –en trabajadores, en horas de formación, en bienes intermedios, etcétera– y esto sólo se consigue si previamente hemos ahorrado.

Y es el ahorro, la inversión y la producción lo que se ha ido olvidando desde que se iniciara la crisis. A través de subidas de impuestos se ha penalizado el ahorro y con las reducciones moderadas del gasto público se ha minorado el crecimiento del Estado pero no su peso, cuando lo que necesitamos es que este se aparte y deje pasar a la economía para que resuelva sus problemas y crezca de nuevo, como siempre hace si no se la estrangula. ¿Cómo? A través de reformas estructurales que dinamicen el sector productivo de Europa. Cierto que en España se han iniciado algunas reformas, como la laboral, que han ido por el buen camino, pero son insuficientes y se necesitan más para reestructurar el marco jurídico que permita un rápido saneamiento del sector privado y garantice su recuperación sin impedimentos.

Una reforma de la Administración General del Estado es necesaria, pero sólo es útil para acabar con el despilfarro público, no para hacer que la economía sea verdaderamente competitiva. Para ello es necesario liberalizar el sector energético, urbanístico, financiero, infraestructuras, etcétera, que abarate los recursos y nos haga más competitivos, así como fomentar que los servicios públicos entren en competencia con quien privadamente quiera ofrecerlos y pagarlos. Son este tipo de reformas las necesarias para dinamizar la economía, dejar que los recursos –incluido el trabajo– e infraestructuras ruinosas se reubiquen a lo largo de la estructura productiva y vuelvan a contar en los nuevos planes empresariales que satisfagan la demanda presente y futura.

Son, por tanto, las reformas estructurales y la liberalización económica la estrategia que deberían seguir los políticos europeos. Una agenda del crecimiento digna de tal nombre debería consistir en disminuir los problemas que nos causan los Gobiernos con sus ineficiencias y déficit, y dejar más espacio al sector privado del que deriva toda la riqueza de la sociedad, que siempre ha crecido allí donde ha brillado la libertad.

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