Archivo mensual: junio 2012

La tributación de las ganancias del capital (plusvalías)

Gravar las plusvalías y, en general, las ganancias del capital, significa disminuir el rendimiento de los activos, es decir, de las inversiones realizadas. Los efectos económicos de esta disminución de los rendimientos pueden producirse a lo largo del tiempo -porque se reducirá la retribución periódica del activo- o instantáneamente -a través de la capitalización del impuesto-.

En efecto, con la disminución de la retribución del capital, los inversores verán menguada a lo largo del tiempo (en función de la maduración de las inversiones) la capacidad para generar nueva riqueza con las ganancias conseguidas, reinvirtiendo todo o parte de las mismas en nuevos proyectos de inversión.

Pero, también, con la capitalización del impuesto, los propietarios se empobrecerán de golpe, dado que los activos valdrán menos al ofrecer menores rentabilidades. Esta disminución del valor de los activos sitúa al inversor en una posición económicamente más débil con respecto a sus otros posibles negocios. Así, la existencia del impuesto hace que el inversor cuente con bienes menos valiosos con los que avalar a los posibles agentes económicos que quieran invertir en sus otros proyectos empresariales, ya sean como accionistas o como prestamistas.

Del mismo modo, la tributación de las plusvalías resta cierto sentido a la venta del activo dado que esta se efectúa para cambiar un bien menos líquido por otro más líquido (el dinero). Gravar las ganancias patrimoniales, por tanto, penaliza la liquidez de los inversores y, cuando estos se encuentren en las dificultades propias de una crisis, no ayudará (tanto como si no existiera el impuesto) a ser más solvente al inversor.

Por otra parte, gravar las plusvalías implica dificultar y, en parte, obstaculizar, las ventas de los activos. Los inversores tenderán a atrasar las ventas para evitar el impuesto comparado con lo que habrían hecho en ausencia del gravamen. Y dificultar tales ventas perjudica directamente el uso más adecuado de los recursos, pues hace más difícil a los empresarios ordenar la producción y orientarla de acuerdo a las necesidades presentes y futuras de los consumidores.

Esta tendencia al inmovilismo provoca una rigidez en la inversión y, por ende, en el conjunto de la economía. Será más difícil entonces que la estructura de capital (las combinaciones de los diferentes planes empresariales con sus respectivos usos de bienes de capital) se modifique y se adapte a las nuevas necesidades de los consumidores u otras circunstancias.

En otro orden de cosas, muchos economistas se han quejado de que las ganancias del capital y, entre ellas, las ganancias patrimoniales (o plusvalías), que se incluyen dentro del Impuesto sobre la Renta, no deberían considerarse renta dado que son ganancias acumuladas a lo largo de varios ejercicios. Y es precisamente este hecho el que hace que se tribute por una cantidad superior a la renta real del año en que se ha producido la venta. Algo que provoca una descapitalización repentina del inversor (comparado con la situación sin impuesto) que penaliza su liquidez, su solvencia y sus posibilidades de invertir en nuevas empresas (como start-ups o entidades de nueva creación).

Por último, es de destacar una grave deficiencia del cálculo de las plusvalías que se utiliza en los sistemas fiscales actuales. Así, para hallar estas plusvalías se toma en cuenta el precio de venta del activo menos el precio de compra (incluyéndose en ambos precios algunos gastos adicionales). Sin embargo, no se considera los continuos gastos de mantenimiento que ha tenido que desembolsar el inversor para mantener los activos y sin los cuales no habría podido realizar la venta que ha generado la plusvalía. Un ejemplo claro es el de los inmuebles, para los cuales no se toma en cuenta como mayor precio de adquisición (o coste) los sucesivos IBI o gastos de comunidad que han tenido que satisfacerse a lo largo de los años. Cantidades que pueden llegar a ser realmente relevantes y que, al no considerarse, provocan la sobreimposición de este tipo de ganancias.

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Boletín OCE: España, ante la Gran Recesión: ni austeridad ni crecimiento

El último boletín del Observatorio de Coyuntura Económica pone de relieve lo equivocadas de las voces que claman por nuevos estímulos fiscales para la recuperación económica. La expansión del gasto público entre 2008 y 2009 da fe del peligro y error de estas políticas.

Madrid, 7 de junio de 2012.– En su último boletín, el Observatorio de Coyuntura Económica (OCE) del Instituto Juan de Mariana entra en el debate actual sobre austeridad y crecimiento mediante el análisis de las políticas fiscales practicadas en EEUU, España y Alemania para salir de la crisis. Dadas las recomendaciones de analistas y políticos de dejar atrás la austeridad y acometer estímulos fiscales, conviene recordar los efectos de los planes de expansión del gasto aplicados en EEUU y España entre 2008 y 2009.

La principal conclusión del boletín es que la austeridad pública no sólo no es un impedimento para el crecimiento, sino que retomar las políticas de expansión del gasto sería del todo contraproducente para generar una recuperación rápida, estable y duradera.

  • Pese a la percepción mayoritaria de grandes recortes y austeridad fiscal, las Administraciones Públicas españolas gastaron en 2011 un 13% más que en 2007 y casi el doble que en el año 2000.
  • Desde 2007 hasta 2009, España y EEUU deterioraron su saldo público en 13,1 y 10,3 puntos porcentuales, respectivamente; mientras, Alemania sólo lo hizo en 3,4. Desde entonces, la “consolidación fiscal” apenas ha conseguido mejorarlo en 2,3 puntos porcentuales para España y 3,5 en el caso de EEUU.
  • Desde 2007 a 2011, el gasto público en relación al PIB ha crecido en España en 4,4 puntos porcentuales, una cifra que es más del doble de la alemana (2,1 pp).
  • En términos de crecimiento de la deuda pública sobre el PIB desde 2007, España es líder indiscutible, con un aumento de casi el 90%, frente al 50% en EEUU y al 25% en el caso alemán.
  • Lo cierto es que, además del notable aumento del gasto público en la etapa de expansión, desde que comenzó la crisis el gobierno español implementó en 2008-2009 paquetes de estímulo fiscal discrecional (supuestamente para favorecer el crecimiento y el empleo) que sólo son comparables en el mundo occidental a los de EEUU, con un tamaño cercano al 2,3% del PIB en 2009, y ello sin contar los grandes desembolsos por prestaciones al desempleo. Ninguno de los dos países ha logrado recuperar su mercado laboral.
  • Mientras, Alemania, sin recurrir a este tipo de políticas keynesianas, ha mantenido una cifra reducida de paro y ofrece mejores perspectivas económicas para los próximos años.

El OCE considera profundamente equivocada la dicotomía entre consolidación fiscal y mejora de la situación económica. Para que exista una recuperación sostenida, apoyada en buenos fundamentos, el desarrollo del sector privado es esencial, para lo cual es importante que las Administraciones Públicas no pongan excesivas trabas. Tampoco parece acertado calificar a un Gobierno de “austero” cuando trata de ajustar sus desequilibrios financieros intentando recaudar más –detrayendo recursos y lastrando al sector privado–, en lugar de reducir sus gastos para hacerlos compatibles con la nueva realidad.

Aumento deuda pública sobre el PIB desde 2007 (2007=100)

Fuente: FMI, Fiscal Monitor, Abril 2012

Pese a las fuertes críticas a una supuesta “austeridad draconiana” en Europa, lo cierto es que los niveles de gasto público en estos momentos superan con creces los del comienzo de la crisis. Así, el gasto gubernamental en la Eurozona en términos del PIB se colocó en el 49,4% en 2011, cuando en 2007 estaba en el 46% (aunque llegó a tocar el 51% en 2009).

En términos absolutos y nominales, España –país que se ha puesto como ejemplo por sus supuestos grandes recortes– gastó en 2011 un 13% más que en 2007. Si ampliamos la perspectiva temporal, observamos que el gasto de todas las Administraciones Públicas españolas en 2011 fue casi dos veces superior que el del año 2000.

Entre 2008 y 2009 la mayor parte de los gobiernos de los países desarrollados, con Estados Unidos y España a la cabeza, implementaron significativos paquetes de estímulo fiscal. El balance de estas expansiones del gasto público está lejos de ser positivo:

  • En primer lugar, pese a que España y Estados Unidos siguieron un enfoque keynesiano similar en los primeros compases de la Gran Recesión, sus trayectorias han sido diferentes. Por tanto, no parece adecuado atribuir el relativo y matizado mayor éxito en la recuperación de la economía estadounidense a la política fiscal expansiva, como algunos analistas han defendido. Más aún cuando tenemos en cuenta el contraste con Alemania, país cuyo déficit público máximo en el periodo fue sólo del 4,3% (2010), y que no aplicó un paquete de estímulo fiscal significativo.
  • En España, huelga decir que los planes de estímulo de la demanda por la vía de la política fiscal no consiguieron en 2008-2009 evitar la sangría laboral. Lo que sí consiguieron fue mantener la expansión del número de empleados públicos, que solo se ha empezado a reducir a finales de 2011. De igual manera que en Estados Unidos, aunque aquí de forma más abrupta, el ajuste en el empleo ha descansado totalmente sobre los trabajadores del sector privado.
  • Además de haberse mostrado ineficaces para mejorar la situación del empleo, lo más grave es el coste que han supuesto estos paquetes de estímulo. Primero, en términos del fuerte crecimiento de la deuda y deterioro de las finanzas públicas –que han absorbido buena parte del escaso crédito del sistema financiero, generando un efecto crowding-out– y la situación financiera del conjunto de la economía española. El sector público es responsable de que ni en 2010 ni en 2011 la economía española haya podido dejar la financiación externa, llegando a presentar una necesidad de financiación en 2011 de 91.420 millones de euros, frente a unas necesidades de financiación del total de la economía española de 36.226 millones de euros en el mismo año.

Financiación a sectores no financieros España (tasa de variación interanual)

Fuente: Banco de España

  • Segundo, y no menos importante, el gasto público ha contribuido a sostener algunos sectores de forma artificial y ha impedido (o frenado y pospuesto) el necesario ajuste de la estructura productiva, la liquidación de malas inversiones, y el desapalancamiento de la economía en su conjunto.

La estrategia de solucionar una crisis de excesivo endeudamiento privado con endeudamiento público, es netamente perjudicial y, en el mejor de los casos, inefectiva. En contra de lo defendido por la teoría keynesiana, el problema fundamental en la parte recesiva del ciclo no es estabilizar a toda costa la demanda agregada (y, para ello, el nivel de endeudamiento); sino, por un lado, que la estructura de la producción se reajuste para alinearse con la demanda, y por otro, que mejoren las deterioradas posiciones financieras de los distintos agentes económicos, reduciendo deuda y aumentando el ahorro o fondos propios.

Por todo ello, el boletín del OCE concluye que abandonar el ajuste fiscal para aplicar las mal llamadas “políticas de crecimiento”, consistentes en estímulos de gasto, no es el camino a seguir. Al contrario, Europa –y particularmente España- debe profundizar en la vía de la austeridad presupuestaria a través de un recorte considerable del gasto público, priorizando las partidas más superfluas de las más delicadas. Todo esto, por supuesto, debe complementarse con políticas que retiren trabas al funcionamiento y crecimiento del sector privado.
Descargar la nota de prensa en pdf

Ver el boletín de Coyuntura Económica (Junio 2012)

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Los excesos del nuevo plan contra el fraude fiscal

El plan contra el fraude fiscal que se completará con la aprobación de la ley anunciada el pasado abril -ahora mismo en fase de Anteproyecto– está repleto de duras y estrictas medidas que podrían suponer, en opinión de diversos autores, la reducción de la necesaria seguridad jurídica y certidumbre del contribuyente en su relación con el Fisco.

Este plan ve con ojos recelosos la masiva salida de fondos patrios hacia el exterior y crea la obligación de informar de este tipo de activos, so pena de excesivas y desproporcionadas sanciones que pueden dar lugar, al menos teóricamente, a situaciones verdaderamente injustas.

Ésta es una estrategia de control tributario que también incrementará enormemente los poderes de la inspección de tributos, pero sin disponer un adecuado contrapeso. Y todo esto sin olvidar los incentivos que el Anteproyecto crea para que las sociedades en dificultades paguen a Hacienda antes que a nadie –incluso antes que a los trabajadores o proveedores, que son los que verdaderamente aportan valor al proyecto empresarial y ligan su destino a su supervivencia-.

Bienes o derechos en el extranjero

El Anteproyecto prevé la obligación de informar sobre los bienes y derechos situados o depositados en el extranjero, como cuentas bancarias, títulos, valores, acciones o bienes inmuebles. Llama la atención la obligatoriedad de informar sobre los fondos de inversión que inviertan en títulos extranjeros, aunque se gestionen desde España. Es un supuesto claramente excesivo y que cargará al contribuyente-inversor con un mayor coste administrativo, puesto que la Agencia Tributaria ya tiene actualmente información suficiente sobre este tipo de fondos de inversión.

Aun así, “su incumplimiento conllevará una sanción específica”, sentenciaba Montoro cuando explicó la medida. Estas sanciones son a todas luces desproporcionadas, puesto que podrían imponerse 10.000 euros (mínimo) de sanción a una persona que mantenga, por ejemplo, una cuenta en el extranjero con un saldo medio reducido -100 euros, por ejemplo- y que por cualquier motivo olvide informar sobre ella. Además, la sanción será aplicable incluso si la omisión se limita a un dato o se trata de una aportación incompleta de la información.

La desproporción de esta medida podría haberse corregido, en opinión de autores como el catedrático de Derecho Tributario Falcón y Tella, a través de la introducción de un límite por debajo del cual no se requiriera este tipo de obligación. Sin embargo, lejos de contemplar algún tipo de exoneración, el Anteproyecto declara esta obligación imprescriptible.

La prescripción -o caducidad- es un concepto jurídico fundamental en todo sistema fiscal que se precie de tener un cierto nivel de garantías para el contribuyente, de modo que le permita relacionarse con la Administración con seguridad jurídica y certidumbre. Aun así, el Anteproyecto considerará como ganancias no justificadas de patrimonio todos los bienes o derechos que no se hayan declarado, independientemente de que el plazo general -cuatro años- que tiene la Administración para liquidar al contribuyente haya finalizado.

Certidumbre y vigencia

El Anteproyecto rompe de esta manera con una figura que el Tribunal Supremo justificó en varias sentencias por “la necesidad de otorgar certidumbre a las relaciones jurídicas”. Este concepto sólo fue quebrado, como apunta el profesor Falcón y Tella, en los juicios de Nüremberg, en el caso de crímenes de lesa humanidad.

Además, la modificación del Anteproyecto es de tal magnitud que no se excluyen los casos en los que no ha habido defraudación o evasión, puesto que esos bienes o derechos no declarados han podido ser obtenidos en operaciones no gravadas por los impuestos españoles porque así lo disponen las propias leyes fiscales españolas.

Es más, de confirmarse la consideración automática de lo no declarado en “ganancia no justificada” podría incurrirse en una gravosa y, a todas luces, injusta sobreimposición puesto que es posible que esos bienes o derechos no declarados sí hayan tributado previamente en España a través del IRPF, el Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones o el Impuestos sobre Sociedades. Es decir, podría penalizarse automáticamente la no declaración, independientemente de que el contribuyente ya haya liquidado sus cuentas con el Fisco.

Embargos preventivos

Por otra parte, las modificaciones introducidas por el Gobierno suponen un notable incremento de los poderes de la inspección tributaria, una medida que cobra mayor relevancia, si cabe, porque no se ha creado al mismo tiempo un adecuado contrapeso que permita al contribuyente tener derecho a evitar a priori posibles abusos o errores.

De esta manera, se faculta a la inspección a adoptar cualquier medida cautelar, no solo la retención de devoluciones, cuya posibilidad ya existía, sino los embargos administrativos preventivos, como ocurre, por ejemplo, cuando existe una instrucción penal en curso o cuando el procedimiento no se ha iniciado a instancias de la Administración. Es decir, se sustituyen facultades anteriormente reservadas a los jueces para ahora conferírselas a los inspectores de Hacienda. La Administración, por tanto, podría perfectamente aplicar embargos preventivos sin esperar la decisión del juez, con el consiguiente daño potencial al interesado y el desprestigio a los procedimientos judiciales de este tipo y a los jueces.

Falta de colaboración

También se incrementan las sanciones por la falta de colaboración con los inspectores durante una inspección tributaria. De salir adelante lo redactado en el Anteproyecto, se sancionará, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros, la resistencia, obstrucción o negativa de un contribuyente que esté siendo objeto de inspección que no ejerza actividades económica -esto se aplicaría a los trabajadores, puesto que los empresarios o profesionales tienen sanciones específicas- .

  • Ejemplo 1: puede suceder que a un trabajador, por el mero hecho de no atender el tercer requerimiento de la inspección para comparecer o facilitar información, se le imponga una sanción de 10.000 euros, más todos los intereses, sanciones y cuotas que procedan.
  • Ejemplo 2: también podría ocurrir, teóricamente, que un trabajador que no informe de una cuenta bancaria de, por ejemplo, 100 euros, vea caer sobre sí una sanción a todas luces desproporcionada de 10.000 euros, más intereses, cuotas y sanciones que correspondan. Y hay que tener en cuenta que muchas veces se dan fallos -no atribuibles al contribuyente- de errores en las notificaciones, y otras tantas veces es difícil o imposible recabar el dato o información requerida por la inspección porque no se tenía la obligación de conservarlo.

La responsabilidad limitada

El Anteproyecto contempla ampliar la responsabilidad subsidiaria del administrador de cualquier sociedad cuando no se paguen “reiteradamente” al fisco las retenciones o cuotas repercutidas y, además, “pueda acreditarse” que no existe “una intención real de cumplir la obligación tributaria”. Estos pagos se refieren a las cantidades que retiene la sociedad de los sueldos de los trabajadores o los honorarios de los profesionales externos o las cuotas del IVA repercutidas a clientes.

Según la redacción del artículo del Anteproyecto, en el supuesto de que una empresa solicite el aplazamiento del IVA del primer trimestre, pague el segundo trimestre y no pague en el tercero ni la declaración ni lo aplazado, el responsable del pago de dichas cuotas del IVA sería automáticamente el administrador.

Esta derivación de responsabilidad automática hará que las empresas en dificultades reordenen las prioridades de sus pagos para anteponer el pago de impuestos, puesto que de lo contrario será el administrador el que responda personal e ilimitadamente de las deudas. Se relega a un segundo plano -es decir, lo sobrante después de liquidar con Hacienda- el pago de partidas tan importantes como las nóminas y las deudas con los proveedores o las entidades financieras.

Por otra parte, dado que el Gobierno todavía no ha modificado lo prometido acerca del criterio de pago del IVA -ingresar el impuesto cuando se ha cobrado- puede acontecer la sangrante situación de que el administrador de una empresa en dificultades priorice el ingreso a Hacienda de un IVA que no ha cobrado, antes que pagar las nominas de sus trabajadores o proveedores.

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