No nos engañemos

La prima de riesgo bajando, la Bolsa en verde. ¿Estamos salvados? Parecería que los problemas de España o Italia se han resuelto y que los acuerdos alcanzados por Mariano Rajoy y su homólogo italiano han supuesto la ansiada solución a todos nuestros males.

Sin embargo, los acuerdos de la Cumbre europea no son una solución a la crisis de deuda sino un alivio, y además temporal, puesto que no atajan el verdadero problema de fondo que no es otro que el de la credibilidad que ofrecen estos países para devolver las deudas presentes y en las que tendrán que incurrir en el futuro para no quebrar.

Como viene siendo habitual, muchos serán los que achaquen a la austeridad el origen de estos problemas, pues impide el crecimiento con el que pagar la deuda. Sin embargo, si por austeridad se entiende la sobriedad o sencillez en las Administraciones Públicas –es decir, una reducción de su tamaño para ajustarse a la nueva realidad–, el análisis de las cuentas públicas indica que lo que ha habido es, en realidad, una falsa austeridad.

Así, el gasto público se mantiene en niveles superiores a los del último año de la burbuja (en 2011 se aumentó un 4,4% el gasto público respecto a 2007) y no se está logrando reducir el déficit en lo que va de año –pues a fecha de mayo y según las últimas informaciones, ya se está alcanzando el objetivo de déficit anual, y eso sin contar con los datos de las comunidades autónomas y corporaciones locales–. Por otra parte, la subida de impuesto no se compadece con una auténtica austeridad o disminución del tamaño del Estado al igual que ha hecho el sector privado. Aparte de que las subidas de impuestos no sólo son negativas económicamente al ralentizar el crecimiento económico, la recolocación del empleo y provocar un empobrecimiento inmediato de la población, no están proporcionando los recursos esperados con los que contaban las Administraciones Públicas.

Es esto, y no un afán cruel, lo que están penalizando los inversores, no castigando a España sino, simple y llanamente, no prestándonos su dinero que, suponemos, también les habrá costado ganar como a cualquier hijo de vecino, y que no tienen ninguna obligación de prestarnos.

Por tanto, la posibilidad de que los fondos de rescate compren deuda soberana aliviará la crisis de deuda, pero, no nos engañemos, no será sino un paréntesis momentáneo puesto que no tienen una capacidad ilimitada y los problemas reales persistirán a menos que se tomen las medidas adecuadas. Algo imprescindible no sólo para salir del atolladero, sino porque hoy la Eurozona es más débil que ayer, dado que parte de los problemas financieros de los países en dificultades se está trasladando a los países más sanos. Y es que el dinero de los contribuyentes noreuropeos está destinándose cada vez en mayores proporciones a sufragar los desmanes de los Gobiernos del Sur adquiriendo deuda de dudosa calidad.

Y no sólo deuda, puesto que el rescate a la Banca española, que ahora no pasará por el Estado español para no elevar 10 puntos la deuda pública sino que se hará directamente a los bancos rescatados, también supone 100.000 millones de euros añadidos que debilitarán aún más a los contribuyentes europeos. Algo difícil de entender cuando los rescates bancarios –no sólo el español, sino también el chipriota y los que vengan– podrían haberse realizado en el seno de los bancos, es decir, a través de rescates internos o bail-in, consistentes en que los accionistas –cual fuera su nacionalidad– hicieran frente a las pérdidas de su (voluntaria) inversión, y que los acreedores con deudas a más largo plazo o preferentes pasasen a ser los nuevos propietarios. Con este tipo de mecanismo no habría sido necesario imponer a las castigadas espaldas de los contribuyentes europeos 100.000 millones de euros adicionales que, sin duda, debilitarán un poco más la Eurozona y el euro.

Y, aunque la capacidad de aguante de Alemania, Finlandia u Holanda está por ver, el Gobierno no debería perder esta enésima oportunidad para actuar de acuerdo con la gravedad de la situación. Como anteriormente, todo depende de sus decisiones, no de las de otros. Entre otras, una reducción drástica del gasto público, pero no solamente para pagar los desmanes de un Estado sobredimensionado –es decir, los intereses de la deuda– sino para adelgazarlo y bajarlo a una realidad que ya no corre a lomos de una burbuja. Con este tipo de reducciones del gasto público podrían reducirse los impuestos e incrementarse la recaudación a través de la dinamización de la economía. Sin olvidar las urgentes reformas estructurales en el sector energético, inmobiliario, farmacéutico, I+D+i y ciencia, el sector educativo, de telecomunicaciones o la tan ansiada ley de emprendedores. Hoy, como ayer, es el Gobierno el que debe emprender las necesarias reformas. No nos engañemos.

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Archivado bajo Artículos en La Gaceta, Economía

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