Rajoy, todavía está a tiempo, ¡atrévase!

Hace unos días el Bundesbank recomendó a España que se “cobijara bajo el paraguas” del rescate total, no sólo el concedido al sector financiero. De acuerdo con el Banco Central alemán, los mercados acogerían positivamente extender a toda la economía las condiciones macroeconómicas ligadas a tal ayuda. Algo que, con la prima de riesgo disparada y alcanzando cotas nunca vistas, parecería una solución. Sin embargo, España no necesitaría la intervención total si el Gobierno se atreviera a creer en la libertad económica y aplicara una política de reducción inteligente del gasto público y de los impuestos, más la creación de nuevos espacios para la actividad económica, en lugar de vivir agobiado por la deuda como un mal estudiante ante los exámenes.

En parte, se han empezado a hacer las cosas bien con el último plan de ajuste, donde el Ejecutivo se ha decidido a racionalizar algunas partidas de gasto. Pero ni son suficientes ni se han reducido todo lo necesario para poder pagar la deuda, y eso es lo que ven los inversores. El país necesita una gran revisión de las funciones y tamaño del sector público.

Medidas que no deberían pasar por subir los impuestos, una actuación típicamente exigida por la troika como contrapartida a los rescates, que naturalmente se asemejan más a las que exigiría un acreedor al que sólo le interesa cobrar las deudas –aun a costa de liquidar la sociedad– que a las que aplicaría un buen gobernante cuyo objetivo sea devolver lo prestado fomentando la competitividad y permitiendo el saneamiento de las cuentas públicas y privadas. Por el contrario, nada de esto se conseguirá elevando la presión fiscal, que no recaudará lo previsto y además incrementará la incertidumbre para hacer negocios en este país –la fuente de nuestra recuperación–, ahogando a familias y empresas.

Y es que, cuando el país requiere una catarsis total que cambie la mentalidad económica en todos los ámbitos, no es de recibo que la respuesta del Gobierno sea subir impuestos, algo tan original como suicida. No porque no sea necesario reducir el déficit público, sino porque el otro gran problema se encuentra en la economía, que necesita reajustarse, dinamizarse para amortizar la ingente cantidad de deuda acumulada –privada y pública–, algo más duro con impuestos más altos.

Subir los tipos impositivos es fácil, pero las consecuencias son desastrosas e injustas: empobrece a toda la población a golpe de decreto y atrasa su capacidad de sanearse y crecer. Una opción, por tanto, que el Gobierno debería repensar y optar por un verdadero rediseño del sector público que racionalice su estructura, disminuya su tamaño y elimine duplicidades, en lugar de subir impuestos.

En contra están los que claman contra las consecuencias negativas que estos recortes tendrían sobre el PIB, sin darse cuenta de que en este indicador hay una parte productiva y otra, a todas luces, improductiva. Así, los estratosféricos sueldos de los alcaldes, las endeudadas televisiones públicas, las infinitas dádivas políticas, las duplicidades y gastos superfluos, etc., son partidas que contribuyen al PIB, pero de ningún modo son deseables. Es por ello por lo que incluso deberíamos alegrarnos de que el PIB se reduzca al eliminarse todas estas partidas para poder sanear la situación, en lugar de alegrarnos de no caer un punto o dos más a costa de alargar nuestro estado de sufrimiento zombi.

Y si el miedo a la caída del PIB para sanearlo subsiste, no debería olvidar el Gobierno que este indicador podría elevarse no ya fomentando la actividad económica sino simplemente permitiéndola, evitando sobrecargar de impuestos, costes y trabas a las empresas y dejando que exista la actividad económica cuando el vendedor y consumidor quieran reunirse libremente y cerrar una operación. Son, por tanto, las reformas liberalizadoras la herramienta para contrarrestar los posibles efectos negativos sobre el PIB de eliminar los derroches de un Estado sobredimensionado que creció a lomos de la burbuja.

Los críticos arguyen que esta estrategia no puede implementarse, dado que la crisis de deuda no da el tiempo necesario. Pero no nos olvidemos de cómo han respondido las llamadas zonas económicas especiales, territorios donde se ha liberalizado la economía y han experimentado un crecimiento explosivo. Además, los inversores prefieren reformas a medio plazo a otras que nos aboquen al impago. Por otra parte, los propios objetivos de déficit se han relajado tanto, y van a ser tan incumplidos, que al final transcurrirán años hasta que las finanzas públicas se equilibren, un tiempo durante el que se habría podido aplicar una política de Estado que incremente la competitividad de la economía española, reduciendo el gasto público, los impuestos y permitiendo que crezca la economía.

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Archivado bajo Artículos en La Gaceta, Economía, Fiscalidad

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