Archivo mensual: junio 2013

La banca central alerta sobre la gran burbuja de deuda pública

(Artículo publicado en el periódico Libre Mercado.)

Los gobiernos infravaloran sus problemas presupuestarios. La ingente acumulación de deuda pública representa una amenaza a la solvencia de las cuentas públicas, sobre todo si se añade el incremento del gasto público futuro por el envejecimiento de la población. Todo ello obliga a que los estados deban realizar ajustes mucho más fuertes en su política fiscal, por la vía de reducir el gasto y no incrementar los impuestos. Éstas son algunas de las alertas y conclusiones que el Banco de Pagos Internacional (BIS, por sus siglas en inglés) lanza en su último informe anual.

Envejecimiento de la población y más ajustes

El llamado banco de bancos centrales alerta en el capítulo de política fiscal de su informe anual sobre el impacto de las promesas que están haciendo los gobiernos en cuanto a incremento del gasto público en las próximas décadas como, por ejemplo, en el capítulo de pensiones o el gasto sanitario. De ahí la necesidad de realizar todavía ajustes sustanciales en los presupuestos (en concreto, al saldo primario subyacente –underlying primary balance-, saldo presupuestario sin considerar intereses de la deuda y ajustado por el ciclo económico).

Para obtener la cuantía de ese ajuste “sustancial”, la institución se pregunta qué nivel de deuda es sostenible, puesto que simplemente estabilizar la deuda no es suficiente para garantizar una solvencia a largo plazo. Ha de tenerse en cuenta que si en época de paz se alcanzan records absolutos de deuda pública, una recaída u otra crisis financieraimprevista conduciría a transformar las aparentes y frágiles posiciones fiscales sostenibles de los países en insostenibles.

El coste de los altos niveles de deuda pública

Incluso aunque no se dieran estas eventualidades, mantener niveles elevados de deuda pública es costoso por diversos motivos. Primero, porque estar sumamente endeudados eleva la prima de riesgo que deben pagar los agentes que buscan financiación (sector público, pero también privado) dado que una intensificación de la crisis financiera o un nuevo shock negativo volvería a situar a algunos países en situación de insolvencia probable o expansión monetaria inflacionaria.

 

En segundo lugar, los altos niveles de deuda pública incrementan la incertidumbre sobre la futura política fiscal de gasto público y de impuestos, que modifica la conducta de empresas y familias. A este respecto, el BIS menciona solamente una disminución del consumo, a lo que cabría añadir la inversión (que tiene mayor peso en la economía), puesto que también se vería perjudicada por la incertidumbre en torno a la política fiscal. Por último, altos niveles de deuda pública que persisten en el tiempo significan cuantiosos pagos de intereses que deben ser financiados con impuestos distorsionadores de la actividad económica, según advierte el informe.

Objetivo de deuda y cuantiosos ajustes

En suma, este organismo internacional se fija como objetivo necesario que deberían seguir los gobiernos el de reducir los niveles de deuda. Para ello se hace eco de diversos estudios empíricos que fijan en un 80% el umbral de deuda pública que no hay que superar para no restar crecimiento a la economía -por cierto, entre los estudios que citan no están los polémicos Reinhart y Rogoff-.

Sin embargo, este organismo prefiere utilizar el 60% de PIB como objetivo de deuda pública para no sólo no restar crecimiento sino poder resistir acontecimientos y turbulencias financieras inesperadas (nuevas crisis financieras u otros shocks). Se trata de un umbral que, en la actualidad, rebasan en mucho casi la totalidad de los países desarrollados que engloban la OCDE, especialmente, los gobiernos de la zona euro.

La siguiente tabla muestra los ajustes fiscales que serían necesarios en opinión del BIS para que de aquí al 2040 se alcancen unos niveles de deuda pública del 60%, teniendo en cuenta que el gasto público derivado del envejecimiento de la población (pensiones, sanidad, etc.) se mantiene constante -primera columna-, si dicho gasto público se incrementa -segunda columna- y, por último, si ambas situaciones se dan teniendo en cuenta una moderación de los tipos de interés de la deuda pública al 1% (algo que dependerá en gran medida de la credibilidad de los gobiernos en dificultades, especialmente en países como España) -tercera y cuarta columna-:

Los importantes ajustes sugeridos por el BIS son los siguientes:

  • Aun considerando el poco probable caso de un gasto público por envejecimiento de la población constante, las economías avanzadas deberían hacer ajustes muy considerables en su saldo primario subyacente (sin considerar el servicio de la deuda) de hasta 13,3 puntos porcentuales del PIB en Japón, 7,8 en España o 7,4 en Reino Unido.
  • Si no se acometen medidas para frenar el incremento de gasto público derivado del envejecimiento poblacional (por ejemplo, reformas que minoren su coste o incrementen su eficiencia), los ajustes que deberán hacer estos países, y también Estados Unidos, serían enormes: España hasta un 10,4% (véase la segunda columna).
  • Si pensáramos en una estabilidad financiera internacional suficiente como para ir reduciendo los costes de la deuda a un moderado 1% -algo difícil de asegurar hoy en día-, los ajustes igualmente serían de cuantía considerable. Por ejemplo, España debería realizar un ajuste del 7,3%, teniendo en cuenta el aumento de gasto público en pensiones y sanidad por el envejecimiento poblacional. Atención aparte merecen los enormes ajustes que deberían realizar Japón, Estados Unidos y Reino Unido (un 19,6%, 16,1% y 14%, respectivamente).

Sobre la conveniencia y tipos de ajustes

El informe cierra el capítulo recordando a los críticos de los ajustes fiscales que hay una incertidumbre considerable sobre el supuesto impacto negativo que tales ajustes tienen en la economía, sobre todo porque este impacto (los multiplicadores fiscales) dependerá también de la calidad del ajuste y si se implementan, al mismo tiempo, medidas estructurales. De hecho, el riesgo de insolvencia, motivo por el que se aplican estos ajustes, conlleva un impacto adverso mucho mayor.

Por otra parte, los argumentos de ralentizar los ajustes fiscales se basan en que el impacto negativo de estos será menor en el futuro o en que habrá mayor crecimiento económico (o no tanto decrecimiento). Sin embargo, si estas tendencias no se materializan, al final el resultado es no haber hecho los ajustes y sí haberse endeudado mucho más, haciendo necesarios ajustes futuros mucho más severos y prolongados.

Y en cuanto a la calidad de los ajustes, el BIS recuerda que no es lo mismo ajustar por la vía de reducir el gasto que por la de incrementos de impuestos. La reducción de gasto suele ser más efectiva, libera recursos y permite futuras rebajas impositivas, además de ser menos reversibles. Las subidas fiscales, por el contrario, son más fáciles de adoptar a corto plazo, crean mayores distorsiones y reducen el PIB potencial (sobre todo en países con altos niveles de tributación).

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Impuestos sobre la estructura productiva

(Artículo publicado en el Instituto Juan de Mariana.)

Desde un punto de vista agregado, las interconexiones entre las distintas inversiones que se realizan en una economía suele resumirse en la expresión “estructura productiva”, tan familiar para los economistas austriacos. La producción se realiza a lo largo del tiempo, por lo que, dentro de esa concepción agregada, se concibe esa estructura compuesta de distintas etapas en función de su cercanía al consumo final, que representan el flujo de bienes y servicios “reales” y el dinero.

Según el comportamiento de diversas variables agregadas como el ahorro y el tipo de interés, o la asignación y reasignación de los factores productivos, la forma de la estructura productiva si la representáramos gráficamente con el famoso triángulo hayekiano será diferente: más alargada (con más etapas productivas) y, por tanto, más capitalizada; o más achatada, con menor número de etapas (menos capitalizada). En el primer caso se producirán más y mejores bienes y servicios de producción y de consumo (mayor bienestar para la población), todo lo contrario que en el segundo caso.

Con esta panorámica agregada, la escuela austriaca ha explicado el proceso de capitalización de la economía (la forma de la estructura productiva), tanto de una manera sana (basado en el ahorro) o insana (promovida por la expansión artificial del crédito por los bancos centrales).

No obstante, también la estructura productiva puede modificarse forzosamente por el Gobierno por otras vías: los impuestos sobre la actividad económica (por ejemplo, el Impuesto sobre Sociedades, el IRPF-rendimiento de actividades económicas, o el IVA, entre los más importantes). El gravamen en los beneficios achata la estructura de producción. Dos ejemplos:

Achatamiento de la estructura productiva por gravar los beneficios de cada etapa productiva

Los beneficios son una señal para el arbitraje empresarial entre los precios de los productos y el precio de los factores productivos empleados. Ante mayores márgenes relativos de una etapa con respecto a otra, se producirá una sana afluencia de empresarios y capital para aprovecharse de esos márgenes al tiempo que se satisface más y mejor al consumidor. En cada etapa puede haber diferente nivel de beneficios (o pérdidas). Los impuestos sobre la renta de la actividad económica atacan precisamente estos beneficios, reduciéndolos.

Imaginemos que el desarrollo de la economía lleva a que en una etapa productiva se generen jugosos beneficios. Gravar estos beneficios detendrá la necesaria afluencia comentada provocando multitud de distorsiones. En primer lugar, se limita la producción de los productos intermedios que deberían crearse en dicha etapa, por la vía de impedir un mayor número de empresas que podrían fabricarlos o, sin reducirlo, por hacerlas más improductivas (a causa del mayor coste que supone el impuesto). Esto puede provocar la merma en el suministro de estos bienes y servicios, pero también en el de aquellos producidos por las etapas colindantes (aquellas que, a su vez, suministran y adquieren los productos de la etapa con altos beneficios gravados). Es decir, una interrupción de la coordinación acompasada de las distintas etapas. El resultado es que se infrautilizarán todas estas etapas productivas (sobre la que recae el impuesto y las colindantes), cabiendo la posibilidad de crearse, a corto plazo (antes de que modifiquen sus precios y se reubiquen) recursos forzosamente ociosos (por ejemplo, paro). Como resultado, a causa de los impuestos pueden crearse pequeñas crisis parciales en las etapas más afectadas, lo que provocará un achatamiento de la estructura productiva y a la descoordinación temporal, magnificado si la economía está también fuertemente regulada en otros ámbitos (como el laboral, ya mencionado, o el de la competencia, etc.).

Achatamiento de la estructura productiva por gravar los beneficios que cubren el coste del capital en cada etapa

Otro problema que surge es que gravar la renta (el beneficio contable en el Impuesto sobre Sociedades, o el valor añadido en el IVA) generada en cada etapa productiva también contiene el coste del capital o tipo de interés (es decir, el coste de oportunidad de los inversores). Dicho de otro modo, el beneficio contable no sólo contiene el beneficio puro empresarial (que tenderá a reducirse con la competencia) sino la recompensa a los inversores por la financiación (fondos propios o deuda). Esto es de vital importancia porque poder generar valor para remunerar este interés significa que la actividad se realiza de acuerdo con la preferencia temporal, la aversión al riesgo y la preferencia por la liquidez de los agentes. Es decir, con el coste que les supone la espera hasta obtener la producción que financian. De ser así, habrá una coordinación intertemporal de la actividad económica, compleja y generadora de valor.

Gravar el beneficio que cubre el tipo de interés conlleva otra serie de problemática, comenzando por la destrucción de cualquier actividad que no pudiera modificar su estructura operativa sin querer dejar de remunerar a los inversores. Esta capacidad de supervivencia y adaptación dependerá de la empresa, y se hace tristemente más evidente hoy en día con las continuas subidas de impuestos.

Por ejemplo, las empresas más ilíquidas (con más activo fijo o con más pasivo exigible a corto) tendrán más difícil esa adaptación, motivo por el que quizá se vean abocadas a cerrar (piénsese en el efecto que ha tenido el IVA en los teatros o cines, cuyo valor añadido es otro tipo de renta gravada). Al contrario, las empresas más liquidas podrán capear el impuesto con cargo a reservas, descapitalizándose para ganar tiempo, o bien con cargo a sus activos más líquidos pero en detrimento de no poder destinar esa liquidez a otro tipo de activos (fijos, a largo plazo) que ofrecen mayores rentabilidades. Es decir, un achatamiento de la estructura productiva.

Puede ocurrir, además, que el empresario, aunque obtenga beneficios después de impuestos, no se dé cuenta de que estos no cubren el coste del capital. Ha de tenerse en cuenta que este coste incluye la remuneración de la deuda pero también la de los fondos propios, que pueden provenir del mismo empresario (sobre todo en economías con mucha microempresa). Si el beneficio (o el valor añadido) después de impuestos no cubre todo el coste de oportunidad más difícilmente visible de los fondos propios, se estará quebrando el sentido capitalista de la actividad económica, esto es, la coordinación intertemporal de la producción con vistas a generar valor a lo largo del tiempo. Otra manera de achatar (gráficamente) la estructura productiva.

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