Archivo mensual: septiembre 2013

El futuro de la Tasa Tobin, queda en entredicho

(Artículo publicado en Libre Mercado.)

 

La tasa Tobin no está teniendo una aprobación fácil y ha tenido otra oposición en su propia casa. No sólo una gran mayoría de países no la quiere aplicar sino que los propios servicios legales del Consejo de la Unión Europea han dictaminado la ilegalidad del impuesto de acuerdo con las leyes europeas. Algo que ha reforzado las dudas y las posiciones contrarias a la aplicación del tributo.

Si, aun con estos argumentos, finalmente se implementara el gravamen, estaremos ante un nuevo escenario en el que los Gobiernos de la UE podrán formar grupitos para crear impuestos sin necesidad de tener que alcanzar la unanimidad, que hasta ahora actuaba como freno.

Informe contrario del Consejo de la UE

Los propios abogados del Consejo de la UE emitieron hace unas semanas un informe en el que se concluía que la actual configuración del impuesto iba en contra del derecho comunitario. En concreto, se habla de la ilegalidad de la cláusula sobre la “residencia asimilada” que confiere a este impuesto un carácter extraterritorial (que afecta a los países que no lo aplican).

De acuerdo con esta medida, aunque una entidad financiera radique en un país que no imponga este impuesto deberá someterse a él cuando la otra parte de la transacción sí sea residente de un país que aplique el impuesto. Según los abogados del Consejo, esta medida no se justifica por la probable re-localización que habría de las operaciones, tampoco es proporcionada y discrimina las operaciones transfronterizas dependiendo de los Estados europeos implicados.

A lo que cabría añadir las consecuencias económicas no mencionadas por los abogados, como la destrucción de empleo, la traslación del impuesto vía precios a los consumidores, la distorsión sobre la oferta y demanda del crédito, y, por ende, en la economía, etc.

Una mayoría de países, en contra

Desde el principio, la mayoría de países no estuvo a favor de la aplicación de este impuesto. De hecho, tan sólo 11 de los 28 Estados Miembro decidieron aplicarlo. Tal fue la falta de consenso, que estos 11 Estados (entre ellos, España) tuvieron que solicitar un procedimiento especial conocido como “cooperación reforzada“, que evita la unanimidad y permite la adopción de acuerdos entre un subgrupo de países de la UE siempre que, entre otras condiciones, lleven a una integración superior de los miembros que lo suscriben y no perjudiquen el comercio interior ni la cohesión económica y social. Algo que ahora se pone en duda.

El resto de gobiernos que no aplicarán el impuesto (especialmente, Suecia, Luxemburgo, Países Bajos, y República Checa) se divide entre aquellos sabedores (hasta la fecha) de las nefastas consecuencias económicas del impuesto, y aquellos que esperan el experimento de los 11 para sopesar si posteriormente se suman a la iniciativa.

Ha sido Reino Unido, con su potente sector financiero, el que ha abanderado una postura claramente contraria a la aplicación del impuesto, fundamentalmente por dos razones. La primera, evitar que recaiga sobre la City un impuesto desastroso. Además, si realmente llega a aplicarse en los demás países de la UE, Londres se verá beneficiada acogiendo las ingentes cantidades de transacciones que se relocalizarán hacia suelo británico. La segunda razón es algo más técnica: el Reino Unido quiere evitar por todos los medios la extraterritorialidad, es decir, que sus instituciones financieras tengan que someterse al impuesto aun siendo británicas.

Por ello, el Gobierno de Londres presentó un recurso en abril ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evite la aplicación de la tasa, argumentando, básicamente, que perjudica a los Estados Miembros no participantes, que la cooperación reforzada en este asunto perjudicará a los países no integrantes, y que es un impuesto que no se atiene a la reglas internacionales de fiscalidad.

La Comisión seguirá adelante y EEUU mira de reojo

Aun con todas estas discrepancias, el Comisario para asuntos fiscales de la CE rechazó la postura de los servicios legales del Consejo y aseguró que los trabajos relacionados con el impuesto seguirían adelante. Esto podría explicarse por la determinación de los países promotores de este impuesto, especialmente Alemania. La postura del país germano se basa en tratar que los Estados europeos con mayores dificultades económicas obtengan más ingresos con los que hacer frente a sus agujeros presupuestarios, en lugar de ser Berlín el garante último de toda la Unión.

Sin embargo, incluso la postura de los países que en un principio quieren aplicar el impuesto no es tan clara, algunos Gobiernos de esta minoría tampoco se ponen de acuerdo en cómo recaudar y distribuir el impuesto. Todo ello ha propiciado que, antes de iniciar el verano se anunciara un retraso en la introducción del gravamen (prevista para mediados de 2014). Eso sí, para algunos analistas, en caso de que finalmente se implemente con éxito sería un modelo rápidamente a seguir por otros gobiernos como Estados Unidos.

¿Menos frenos para crear impuestos?

Al final, otra importantísima cuestión que se está poniendo encima de la mesa sin ser muy noticiosa es la relativa a si los países de la UE podrán evitar tener que ponerse de acuerdo para fijar impuestos.

Dicho de otra manera, si el procedimiento de cooperación reforzada entre un subgrupo de Estados de la UE es válida legalmente con el propósito de crear impuestos. Algo que rompería la dinámica legal de la propia UE y que evitaría llegar a las difíciles unanimidades que, hasta ahora, actuaban como freno en numerosas cuestiones

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El envilecimiento fiscal internacional

(Artículos publicado en el Instituto Juan de Mariana.)

La crisis económica no sólo ha servido a Montoro para subirnos los impuestos en España. En el ámbito internacional hay una enorme cantidad de técnicos y burócratas en las estructuras paraestatales (OCDE, etc.) al servicio de los Gobiernos (especialmente del G20) para que estos aseguren sus recaudaciones fiscales en los niveles más elevados posibles.

Estas organizaciones, al mandato de sus gobiernos, han estado ideando un plan (todavía no concluido) con tres pilares fundamentales: cambiar las reglas de la tributación fiscal internacional (proyecto BEPS), implementar mecanismos para el intercambio automático de información financiera entre Estados, y la realización de una revisión del cumplimiento de estas medidas por parte de un gran número de países (no sólo ellos).

Poner en marcha estos planes a nivel internacional no es tarea fácil, y está siendo posible por el interés y necesidad de los manirrotos y anquilosados Gobiernos de los países más ricos (especialmente los europeos), que buscan nuevas maneras para recaudar urgentemente más dinero de la población. Es decir, que lo que ocurre “a nivel” Montoro está ocurriendo en los países e instituciones más socialistas del mundo desarrollado.

En cuanto a los cambios en la fiscalidad, destaca el modo en que los Estados van a tratar de gravar la economía digital. Internet está permitiendo una increíble y radical modificación de los modelos de negocio. Y esto tiene sus consecuencias para los Estados, que ven cómo la actividad de las empresas llega a sus territorios pero sin necesariamente haber una presencia (física) de la empresa, algo que permitiría un claro mordisco fiscal. También pretenden fiscalizar y auditar a las empresas para que no separen y deslocalicen los ingresos, del valor que los genera, ideando para ello métodos administrativos costosos e invasivos que podrían llegar a dictar dónde se crea el valor para así gravarlo.

Precisamente, la fiscalización y el control de la información es lo que todo Estado fuerte necesita. Y este otro pilar es lo que están impulsando (en parte ya se ha aprobado), de modo que se establezcan mecanismos de intercambio de información que en lugar de realizarse a petición de las administraciones y de sus burócratas (como hasta ahora), se haga de manera automática. Para ello colonizarán en mayor medida a las entidades financieras, que estarán obligadas a “colaborar“, e incluso están pensando en obligar a las empresas a declarar al Fisco la estrategia fiscal que diseñen. (Por cierto que este tema también se relaciona con el big data y el espionaje del Estado).

Y, ¿cuáles son las razones, si quiera de cara a la galería, para justificar estos cambios? Según los últimos informes de la OCDE, el organismo que está diseñando estas políticas, existe “una creciente percepción” (sic) de que los Gobiernos están perdiendo ingresos fiscales por la panificación fiscal de las empresas. Y es una “percepción” porque al mismo tiempo admiten su incapacidad para cuantificar esta menor recaudación. De ahí la necesidad de fiscalizar y controlar toda la información para poder monitorizarnos y cuantificarnos. Por otra parte, la propia OCDE recoge en otros trabajos que la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades ha ido creciendo desde 1965, salvo el descalabro producido durante la actual crisis. Es decir, que quitando el efecto de la crisis, la recaudación media de los países de la OCDE se ha ido incrementando.

En cualquier caso, con esta “percepción” han aireado y ayudado a propagar acusaciones interesadas contra empresas como Google, Amazon, Starbucks, Adobe, etc. (sobre todo en EEUU y Reino Unido), con el fin de manipular a la población y mostrar que estas empresas han poco menos que evadido impuestos, lo que explicaría su poco nivel de tributación. No hay más que ver el vergonzoso interrogatorio que soportó Tim Cook, el CEO de Apple, en el Senado de EEUU (por cierto, únicamente defendido por Rand Paul), que no se cansó de reiterar que pagaban lo que debían legalmente, y que el sistema fiscal yanqui crea muchas desventajas a Apple.

Y es que es así. En primer lugar, las empresas multinacionales suelen pagar lo que dicta la ley. Hecho que han reiterado todas las empresas acusadas, Google, Starbucks, Adobe, etc., aunque luego hayan tenido, motu proprio, que pagar más (Starbucks) para evitar el descrédito que están creando los burócratas y periodistas socialistas. Es decir, que no hace falta incumplir la ley (la ley de los gobiernos) para rebajar la mordida fiscal.

Lo que ocurre es que la propia operativa de las empresas conduce o facilita este hecho. Aquí en España, las mayores deducciones fiscales las encontramos en las deducciones por doble imposición internacional. Es decir, las empresas grandes se deducen grandes cantidades para no pagar dos veces (!). Y esto es posible porque son las multinacionales las que tienen diversificados los mercados y operan en más de una jurisdicción. Es decir, la mayor eficiencia operativa de una gran empresa también se refleja en el tema fiscal. Sobre todo en el coste fiscal, que es el peor de todos, pues no es un input que cree valor a la operativa, sino un peaje, un chantaje, para poder relacionarse con los consumidores de un territorio. De ahí que las empresas, ciertamente, modifiquen sus modelos de negocio para rebajar su factura fiscal y poder llegar a todos sus destinatarios de la mejor manera posible, rendir las mejores cuentas a sus propietarios, y ser más eficientes en un entorno de presión competitiva global.

Y esa eficiencia fiscal no sólo la buscan las grandes multinacionales, también cualquier persona que en su IRPF opta por un beneficio fiscal. Y si no lo hace por miedo, es por evitarse “líos” (es decir, el miedo a pagar finalmente más). Por tanto, la denominada economía de opción se ejerce en todas partes y es natural al obligado tributario (pues es obligado). No debería ser perseguida y no es algo que las malvadas compañías grandes busquen por su ruin naturaleza. Que, por cierto, se habla de grandes corporaciones, pero estas suelen tener propietarios pequeños, sus accionistas. Aun así, se aplican medidas progresivas (es decir, más agresivas) hacia estas cuando sus propietarios pueden ser más bien pequeños ahorradores. Son estos ahorradores y, en general, toda la población, la que debería desacreditar y señalar a los burócratas y gobiernos cuando se embarcan en ofensivas fiscales que no ayudan a la economía, y mucho menos a su recuperación, en lugar de competir sanamente por rebajar esas barreras a empresas y personas.

 

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