Archivo mensual: junio 2015

Twitter y la politización de nuestras vidas

(Artículo publicado en Vozpólui.)

Los lamentables mensajes en Twitter de algunos concejales de Manuela Carmena ilustran lo peligroso que es politizar la vida de los ciudadanos. Esas ansias de confrontación no sólo provienen de la propia naturaleza del ser humano, sino de malas instituciones sociales y formas de organizar la sociedad que incentivan ese tipo de comportamientos. Mezclar ciertas ideas instintivas con el Poder puede conducir a males de los que desgraciadamente el hombre ha sido testigo más de una vez, no sólo en Europa en el siglo pasado, sino también ahora en países como Venezuela.

Un hecho que parece inocuo, pero no lo es en absoluto, es la inquebrantable fe que gran parte de la población tiene en los políticos como solucionadores de problemas

Tanto Ada Colau como Manuela Carmena se han ocupado muy mucho de contar en reiteradas ocasiones, en sus discursos de investidura por ejemplo, anécdotas personales con votantes y simpatizantes que les abordaban en la calle para agradecerlas, abrazarlas o apoyarlas. Aparte de su uso demagógico, éstas escenas encierran la idea de depositar la esperanza –como ya ocurriera con esa fiebre irracional por Barack Obama en 2009– en personas, de carne y hueso, que son aupadas a altares místicos por ocupar un cargo político. Un hecho que parece inocuo, pero no lo es en absoluto, es la inquebrantable fe que gran parte de la población tiene en los políticos como solucionadores de problemas. Problemas que, por otra parte, parecen creados para que sólo los políticos puedan fingir resolverlos.

La constitución de los ayuntamientos españoles, especialmente aquellos formados por Podemos, sus satélites y PSOE, no hace sino intensificar esta situación de confrontación dado que su gen ideológico es politizar la sociedad hasta el absurdo. Circunstancia esta que surge de la nada, sino de una tendencia muy asentada a lo largo de los años, como ocurrió en el periodo de entreguerras y que lúcidamente describió Friedrick Hayek en su Camino de Servidumbre. Y precisamente ese ha sido el mayor error del PP: no despolitizar la vida de los ciudadanos. Y mantener intacto un elefantiásico Estado.

Los desahucios, la malnutrición infantil, la financiación de proyectos sociales, la educación para niños de cero a tres años, etc., todas estas cuestiones se conciben como problemas que deben solucionarse únicamente a través de la acción política, no estableciendo un marco institucional sencillo y estable, sino aplicando políticas únicas desde un órgano centralizado, en este caso desde el ayuntamiento. Y cuando el plan único se impone, por lógica los demás planes alternativos que podrían emerger espontáneamente desde la sociedad desaparecen. Esta imposición, que de manera institucional se aplica a través de los ayuntamientos y demás administraciones públicas, también se expande socialmente, a través, por ejemplo, de las redes sociales, de los famosos tweets de Guillermo Zapata, Soto, etc. Para mayor abundamiento, el propio Zapata reconoció que la decisión de cesar en su cargo del gobierno madrileño se había tomado “de manera colectiva”. Y es que esa colectivización y su imposición se encuentran en la retórica neomarxista y revolucionaria de Podemos, y también, aunque con menor intensidad, en el resto de partidos.

La historia nos brinda muchos ejemplos de cómo las sociedades son capaces de organizarse por sí mismas para ofrecer soluciones colectivas de manera descentralizada

A propósito de esta compulsión por diseñar y aplicar planes para resolver problemas que surgen en la comunidad, la historia nos brinda muchos ejemplos de cómo las sociedades son capaces de organizarse por sí mismas para ofrecer soluciones colectivas de manera descentralizada, a través de mecanismos correctores que surgen expontáneamente sin necesidad de ser planificados por un Poder establecido, soluciones que además se perfeccionan constantemente a través de la prueba y el error. Ejemplos recientes son los de PayPal o eBay, y otro tipo de procedimientos de pago y de compensación creados para facilitar los intercambios y el florecimiento de nuevos mercados, o los complejos sistemas para prevenir el fraude antes de que este se produzca en el comercio electrónico.

Aunque la deuda o los límites legales de los ayuntamientos maniaten la política económica de los nuevos gobernantes municipales, no hay que olvidar sus posibles consecuencias destructivas. Y pese a que Carmena y demás hayan podido posponer sus medidas más estrambóticas, como la creación del banco público o la re-municipalización de los servicios públicos (algo parecido a lo que sería una nacionalización a nivel estatal), no hay que olvidar que siempre les quedará la más temible de todas las herramientas: los impuestos.

En Madrid y Barcelona cobra especial importancia el Impuesto sobre Actividades Económicas (el IAE), que hasta la fecha goza de una exención para las empresas con una cifra de negocio inferior al millón de euros. En estas ciudades es donde mayor poder recaudador y distorsionador tendrá su eventual subida, dado que suelen ser sedes de grandes empresas y multinacionales. Además de perjudicar el efecto tracción que estas empresas tienen sobre otras mercantiles y proveedores, y afectar a la productividad laboral, que suele ser mayor en este tipo de corporaciones, una subida del IAE a las grandes compañías también perjudicará a trabajadores y Pymes que menos valor puedan aportar. De hecho, el impacto de una previsible subida de este impuesto se intentará trasladar, por parte de la empresa, a aquellos con los que económicamente se relaciona, ya sea a los clientes a través de subidas del precio de sus servicios, a los trabajadores menos valiosos, a los proveedores con menor poder de negociación, o a los accionistas, que en muchas ocasiones son pequeños inversores. La incidencia de los impuestos casi nunca recae solamente sobre aquellos a los que legalmente se les aplican. Por otro lado, el IBI, otro de los impuestos locales que pueden subir los nuevos alcaldes antimercado, y que ya incrementó el PP, acarrea un empobrecimiento automático para las familias y empresas a través de la capitalización de este tributo (el impuesto se descuenta automáticamente del valor de los inmuebles).

El mayor intervencionismo es la consecuencia lógica de una mentalidad estatista de muy largo recorrido

Visto todo lo anterior, conviene señalar que el aumento de la politización en la que ya estamos incursos no sólo tiene su origen en los nuevos partidos políticos sino también en la deriva de los viejos. La confrontación y el mayor intervencionismo serán pues la consecuencia lógica de una mentalidad estatista de muy largo recorrido que, desgraciadamente, va a seguir prosperando.

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Incertidumbre estatista

Hemos cargado con Zapatero, con Rajoy y Montoro. Ahora toca Podemos. Cuando parece que el modelo productivo está orientándose en la buena dirección, la economía debe cargar, una vez más, con otra amenaza que algunos están empezando a vislumbrar en el horizonte: la incertidumbre política. Especialmente tras el resultado electoral que confirma la deriva estatista de la política española iniciada en los últimos años.

Se ha dicho que la necesidad de llegar a pactos y la dificultad de garantizar la “gobernabilidad” están incrementando la incertidumbre. Como si la dificultad de los partidos de repartirse los centros de Poder, o el no conocer qué partidos gobernarán finalmente, sea la fuente de incertidumbre. El propio Rajoy no ha cesado de repetir penosamente que se necesita estabilidad política (la que él ofrece, claro) para garantizar la recuperación.

La estabilidad de los Gobiernos no es el elemento fundamental del problema. Cuba ha gozado de una gran estabilidad política en los últimos tiempos y mantiene una economía de miseria

Sin embargo, la estabilidad de los Gobiernos no es, a mi juicio, el elemento fundamental del problema. Cuba ha gozado de una gran estabilidad política en los últimos tiempos y mantiene una economía de miseria, por no hablar de Corea del Norte. Lo verdaderamente relevante es la clase de políticas que protagonizan esa estabilidad, y eso es lo que supondrá mayor o menor incertidumbre. Desde esta perspectiva, el auge de Podemos, y su fuerza tractora sobre el resto de formaciones, tiene un papel fundamental.

Incertidumbre sobre el régimen: la deriva estatista

La inversión desde un punto de vista global puede ser muy sensible a la política económica. El coste más importante puede significar un efecto depresivo sobre la inversión. Y es esta esencialmente (y no tanto el consumo) lo que impulsará el tan manido cambio de modelo productivo que acabe con el drama del paro.

Un ejemplo lo tenemos en la Gran Depresión americana que asoló EEUU en la década de los 30. De acuerdo con la tesis defendida por el economista Robert Higgs, la razón por la que la profunda depresión se extendiera durante tanto tiempo se explica en gran parte por el timorato comportamiento de la inversión privada. Una extraña evolución causada, según el economista americano, por los continuos ataques contra el sistema económico protagonizados por el Presidente Franklin D. Roosevelt, a través de sus múltiples medidas liberticidas: el New Deal y el intervencionismo económico con su política fiscal (de creación de impuestos y subidas fiscales y de recaudación), regulatoria, nacionalizaciones, leyes anti-trust, las políticas igualitarias de rentas, la limitación de los derechos de propiedad, y un largo etcétera.

Medidas que tuvieron un enorme impacto en la economía, como protestaría el economistaBenjamin Anderson, y que, además, causaron un mal mayor: los agentes económicos comenzaron a temer al propio régimen político y económico y su deriva hacia el socialismo. Los inversores dudaban de que pudieran llegar a obtener el fruto de sus esfuerzos, deteriorándose de ese modo la actividad económica. Esa incertidumbre sobre el régimen capitaneada por aquellos políticos y burócratas fue, en opinión de Higgs, lo que impactó enormemente sobre la inversión, lastrándola, retrasándola y alargando la depresión económica de EEUU.

La incertidumbre puede llegar a ser tan grave como en Gracia si las políticas que se adopten son contrarias a la propiedad privada y apuestan por la colectivización de la actividad vital de los ciudadanos

Un régimen más estatista

El camino que sigue España es similar, sólo diferenciándose en cuestión de grados. Si todavía la incertidumbre no es tan relevante (como en Grecia, por ejemplo), lo puede llegar a ser en la medida en que las políticas que se adopten sean contrarias a la propiedad privada y apuesten por la colectivización de la actividad vital de los ciudadanos. La reciente publicación de un artículo de Pablo Iglesias en la New Left Review, y que ha inquietado bastante a algunos inversores institucionales, es un ejemplo de una piedra más en la mochila que debe soportar la economía y la sociedad que, de momento, está aplaudiendo mayoritariamente este inoportuno cargamento.

El proceso de repartición del Poder no es tan importante cuanto el propio Poder resultante. Que Carmena, Colau u Oltra pretendan plagar de huertos las grandes urbes españolas no es sino algo distractor. Son más importantes sus medidas sobre el mercado del alquiler y la deuda, porque distorsionan nuestras expectativas y el sistema de precios. Y, fundamentalmente, su efecto arrastre sobre el resto de partidos con opciones de gobierno: ¿hay alguno que defienda la propiedad privada y que los políticos dejen en paz a los ciudadanos?

El ideario colectivista en auge en la política española es el que puede disparar la incertidumbre en función de lo que llegue a percibirse que inevitablemente se aplicará, para el cual la propiedad privada y la iniciativa autónoma de cooperación individual estarán siempre sometidas al “interés general” del Pueblo, del Estado. No en vano, uno de los gurús de Podemos y sobre el que, en parte, elaboran su visión y estrategia política es el neomarxista Ernesto Laclau, un autor que reivindicó el populismo y esa estrategia de alcanzar el Poder a través de la construcción de un ser colectivo, “el pueblo”, que sustituya a las élites. Esa es la latinoamericanización que defienden, pero no con las ideas liberales de Vargas Llosa y Octavio Paz o el libertarismo de Jorge Luis Borges, sino con su colectivismo, que no es exclusivo del Sur sino también del Norte, y que en su día sufrieron los estadounidenses durante la Gran Depresión.

La incertidumbre y sus efectos sobre la economía no sólo proviene de la crisis del régimen, sino de su rumbo: mayor colectivización y politización de nuestra vida privada, y mayor concentración del Poder en las viejas y nuevas élites.

La actividad económica puede verse de nuevo paralizada en la medida en que el resultado de lo que hemos elegido en las urnas se traduzca en medidas más estatistas y liberticidas

Conclusión

La economía española ha terminado asumiendo, a la fuerza y por la gracia de quienes nos gobiernan, enormes losas: mayores impuestos y un enorme aparato Estatal prácticamente intacto… Y aun así, hemos logrado empezar a caminar por la otimista senda de la recuperación. Lamentablemente, ahora puede que tengamos que enfrentarnos a la incertidumbre que los viejos y nuevos partidos traen consigo.

No es sólo que los grandes inversores estén preocupándose con las aportaciones de Pablo Iglesias en la New Left Review o su éxito electoral, sino que nosotros mismos podemos vernos obligados a paralizar nuestra actividad económica en la medida en que el resultado de lo que hemos elegido en las urnas aplique medidas más estatistas y liberticidas, como ya ocurriera en la Gran Depresión americana.

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Hoy elecciones, mañana impuestos

El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Pero, ¿vigilamos? ¿El qué? Los oligarcas del BOE, actuales, pasados y futuros, cada vez evacúan más y más normas. Una de las características de los Estados más intervencionistas es la falta de transparencia a la que someten a la población: la Administración crea una ingente cantidad de información legal desconocida en gran parte por la sociedad. Es difícil y costoso que los ciudadanos conozcamos cada desarrollo legislativo que aprueban. Por ejemplo, la legislación tributaria. Racionalmente ignoramos todas estas reglamentaciones porque el coste de conocerlas no compensa el beneficio que podamos obtener de dicho conocimiento. Pero, ¿su desconocimiento debe conducirnos a su automática aceptación? ¿No nos compensa más vigilar que no toquen nuestra libertad, propiedad y privacidad?

Si uno acude a un vendedor de bienes de segunda mano y no le convence su ofrecimiento, lo normal es que no compre la mercancía

Si uno acude a un vendedor de bienes de segunda mano y no le convence su ofrecimiento, lo normal es que no compre la mercancía. La información limitada no es óbice para que no se tomen buenas decisiones. Es decir, carecer de información no debería conducirnos a aceptar malas propuestas. Parece que no ocurre lo mismo en la arena de la política fiscal.

Si aceptamos el argumento del economista Brian Caplan sobre los sesgos anti-mercado del votante, se explicaría que ante una política fiscal compleja y difícil de conocer no la rechacemos, precisamente porque infravaloramos las distorsiones económicas y los efectos liberticidas de la fiscalidad; no se le da tanta importancia como a la oportunidad de castigar al partido del Gobierno, aunque ello suponga, paradójicamente, premiar esa misma política (fiscal) que es ofrecida por sus sustitutos.

De hecho, esta “baja guardia” del electorado es aprovechada por casi todos los partidos para plantear medidas, en consecuencia, populares, como la lucha contra el fraude fiscal que, oh casualidad, amplían más y más su ámbito de poder; en lugar de pensar que es precisamente y principalmente el nivel impositivo el causante del incumplimiento fiscal (véase los trabajos de uno de los mayores expertos en la materia, F. Schneider). Al fin y al cabo, el coste privado de asumir o respaldar esas medidas puede ser imperceptible para el votante: total, quien se supone que sufrirá esas consecuencias no es el votante medio, sino los ricos evasores. Sin embargo, el coste social sí es muy elevado, y afecta a todos los “contribuyentes”, porque cada vez cedemos más áreas de nuestra vida a la Administración. Por ejemplo, en las elecciones de este domingo.

De la redistribución de la renta a la fiscalización de todo

Las propuestas de la mayoría de partidos en competencia con el PP ha sido… ofrecer más de lo mismo: reordenaciones de la estructura fiscal para recaudar más y programas antifraude para radiografiarnos mejor. Ninguno ha propuesto deshacer la política impositiva del PP.

Parece como si Thomas Piketty hubiera diseñado el espíritu de la política fiscal de casi todos los partidos usando las prescripciones contenidas en su Capital en el siglo XXI

Parece como si Thomas Piketty hubiera diseñado el espíritu de la política fiscal de casi todos los partidos usando las prescripciones contenidas en suCapital en el siglo XXI (capítulo 15). Especialmente con la reinstauración de los impuestos sobre la riqueza (el de Patrimonio, Sucesiones…, competencia de las Autonomías). En los eslóganes para ganar elecciones sólo afectará a unos pocos,pero es el caballo de Troya para incrementar la imposición a capas más amplias. Son impuestos que reducen la inversión y la formación de capital, disminuyen los salarios y el empleo y, como muestran algunos estudios, no sólo reducen la renta a “los ricos” sino que impactan de lleno sobre la clase media, cercenando los ingresos de la población con menos recursos. ¿Quiere la maltrecha clase media y los más modestos sacrificar una parte de su renta para que los más adinerados paguen un 10-15% más? Todavía se hace presente esa tendencia observada por Tocqueville de querer igualar la renta hacia abajo, en lugar de centrarse en hacer ricos a los más pobres.

Pero, en el fondo, ¿por qué reinstaurar o no eliminar al 100% (para aquellos que se vanaglorian de bonificarlo al 99%) el Impuesto sobre el Patrimonio, o el de Sucesiones y Donaciones? ¿Para recaudar? Para controlar. Estos impuestos no se caracterizan por su capacidad recaudatoria o sus efectos redistributivos (como el IRPF, por ejemplo). Lo más importante es “ejercer un mayor control” y tener más información de nosotros, que es, precisamente, otra de las propuestas de Piketty. Ya no es sólo redistribuir la renta, sino emprender políticas más invasivas en más áreas de nuestra vida.

De hecho, el debate fiscal durante la campaña se ha centrado en los tipos impositivos y las exenciones, y no tanto el modo en que la Administración gestiona, inspecciona o recauda los impuestos, más allá de la coletilla de luchar contra el fraude fiscal. Es cierto que las comunidades autónomas y municipios no tienen la mayoría de estas competencias, pero son propuestas que deben tenerse ya en cuenta porque tratarán de impulsarlas desde estos ámbitos que además están más cerca del ciudadano.

Las propuestas de “control” tributario de los partidos siguen el camino trazado por el PP: desequilibrar aún más el poder de la Administración frente al administrado

Incrementando la desigualdad… entre Administración y obligado tributario

Las propuestas de “control” tributario de los partidos siguen el camino trazado por el PP: desequilibrar aún más el poder de la Administración frente al administrado, el “sujeto pasivo”. No hace falta que el gran filósofo Anthony de Jasay resalte el gran desequilibrio existente entre el Estado y el individuo para que podamos observarlo. Bajo la sacrosanta bandera de acabar con el fraude fiscal, las propuestas de casi todos los partidos tienden a desequilibrar más y más esa desigual relación, quedándose los derechos del contribuyente en un artículo figurativo: la ampliación de la duración de las inspecciones y el incremento de las potestades investigadoras de Hacienda, la ampliación de la prescripción o plazo para comprobar nuestras declaraciones, la limitación o prohibición del uso de dinero en efectivo para un todavía mayor control y vigilancia de nuestras transacciones, y demás medidas restrictivas y liberticidas. Hoy ha sido una filtración ilegal de la declaración de la renta de Esperanza Aguirre, pero las mismas propuestas políticas y la ley siguen esta tendencia.

En definitiva, los partidos políticos aprovechan y optan por una mayor fiscalización de nuestras vidas porque no les penaliza en las urnas, el voto de castigo y nuestros sesgos parecen eclipsar este tipo de medidas. Obvian proponer medidas que impliquen descentralizar el Poder y devolverlo a sus ciudadanos. Por ejemplo, mejorando y reequilibrando esa desigual relación entre Administración y obligado tributario (véanse investigaciones como la de Feld y Frey en las que se afirma que el comportamiento prepotente de la Administración y el sometimiento del obligado tributario en una relación jerárquica incentiva el incumplimiento fiscal).

No deberíamos aceptar medidas fiscales farragosas y liberticidas ni premiar a otros políticos que, al menos en materia fiscal, continúan la deriva que hemos sufrido durante esta crisis

Conclusión

Se entiende que las próximas elecciones sean usadas por los votantes para castigar a los políticos que han ocupado el Poder. Pero eso no debería hacernos aceptar medidas fiscales farragosas y liberticidas ni premiar a otros políticos que, al menos en materia fiscal, continúan la deriva que hemos sufrido durante esta crisis. El debate impositivo se suele centrar en los impuestos; mientras, subterráneamente y escondidos tras la maleza técnico-tributaria, los partidos de todos los colores con opciones a gobernar, o pactar,aprovechan los sesgos de los votantes y el voto de castigo para proponer medidas que vayan comiendo más y más el terreno al obligado tributario, al “sujeto pasivo”.

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Podemos: el efecto trinquete del PP

Suele decirse que uno de los errores más graves del Gobierno del PP ha sido el de traicionar a sus votantes y haberles engañado aplicando medidas económicas contrarias a las que propugnaron para acceder al poder. O el haber perdido la oportunidad histórica de, con todo el respaldo de la población, realizar las necesarias reformas liberalizadoras de la economía y de reducción del mastodóntico Estado.

Cada crisis desplaza al Estado no sólo hacia un mayor tamaño, sino hacia un mayor alcance y poder

Siendo esto así, hay todavía otra grave consecuencia de la política económica del PP y ha sido la de protagonizar lo que el último premio Juan de Mariana, Robert Higgs, describe como efecto trinquete (ratchet effect): el Estado crece en épocas de crisis o emergencia nacional y se contrae cuando esa amenaza disminuye o se disipa, pero sin llegar nunca al nivel anterior a la emergencia, de tal manera que cada crisis desplaza al Estado no sólo hacia un mayor tamaño, sino hacia un mayor alcance y poder.

Las alternativas al Gobierno del PP son partidos políticos que ofrecen al votante (con sus matices) ese mismo pensamiento único de un Estado más grande, con más alcance y con más poder. Y por ello, el efecto trinquete se presenta ante nosotros de manera más acusada: de superarse la crisis, no se vislumbra reducción alguna del tamaño del Estado (que apenas ha sufrido variación) sino un incremento de su alcance y poder. Y un ejemplo de ello es Podemos, alumno aventajadodel PP en lo que apolítica fiscal se refiere.

Con su propuesta impositiva de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, Podemos aspira a una fuerte reinstauración e incremento de multitud de impuestos (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados, el tramo autonómico del IRPF y los impuestos medioambientales, etc.) no sólo a través de la elevación de tipos impositivos, sino ampliando las bases imponibles (un argumento utilizado por otros partidos), limitando y restringiendo mínimos exentos, deducciones y bonificaciones.  Una de las maneras en la que se observa la visión fiscal de este partido es su uso estatalizador del lenguaje (aquí a partir de 1:06:02): el Estado o la Comunidad Autónoma “se gasta”, “regala”, las deducciones o exenciones. Es decir, nuestra propiedad es en realidad del Estado, que generosamente nos deja poseerla… por el momento.

La armonización fiscal también suele ser habitual entre las propuestas fiscales de los partidos. Pero Podemos va más allá. Pretenden armonizar todos los impuestos para evitar una competencia fiscal entre Comunidades Autónomas

La armonización fiscal también suele ser habitual entre las propuestas fiscales de los partidos, pero Podemos va más allá. Pretenden armonizar todos estos impuestos para evitar una competencia fiscal “desleal” de las Comunidades Autónomas “no cooperativas”. Es decir, igualarlos todos al alza (el mismo estilo que la UE, por cierto, en su proceso de crear un supra gobierno europeo), evitando la posibilidad de que las administraciones ofrezcan un entorno institucional diferente para atraer actividad económica y prosperidad, y erradicando la idea de que se puedan reducir los impuestos, por ejemplo, por un gasto público más productivo y eficiente.

Pero para conocer en mayor medida las propuestas fiscales que Podemos trataría de implantar en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos en los que gobernara, es necesario acudir al programa fiscal  elaborado por uno de sus círculos más influyentes (el Círculo 3E). En este programa, Podemos no sólo contempla enormes subidas fiscales, sino un mayor poder fiscalizador del Estado. Es decir, no sólo se propone eliminar deducciones o bonificaciones y subir o reinstaurar impuestos, sino que la propuesta más importante de Podemos –de lo que deriva todo lo anterior– es la esencia misma de un Gobierno Omnipotente: incrementar la autoridad del Estado. Esta es la propuesta fundamental de Podemos, y por eso, la vía para hacerlo no consiste sólo en subir los impuestos, sino en incrementar el poder fiscalizador y controlador del Estado, a costa de un mayor control del individuo y, por tanto, de la sociedad.

A pesar de que el Gobierno del PP ha logrado la triste hazaña en plena Gran Recesión de incrementar la recaudación a través de las inspecciones y sanciones hasta llegar al 1% del PIB (en torno a 10.500 millones de euros), y a través de innumerables medidas fiscalizadoras y restrictivas, Podemos va más allá. No sólo se propone mantener la prohibición a las transacciones en efectivo superiores a 2.500 euros, sino la “restricción de todo pago en efectivo”. Se propone igualmente prohibir el uso de los billetes de 200 y 500 euros. También se propone incrementar el tiempo que duren las inspecciones tributarias (hasta dos años y medio); ampliar el número de años en los que puede inspeccionarse al obligado tributario (la prescripción), hasta 10 años; agravar las penas de cárcel para el delito fiscal, delito cuya cuantía (importe no ingresado al Fisco) quieren reducir a 50.000 euros, al mismo tiempo que se proponen sancionar con dureza las conductas cuyo único fin sea la búsqueda del ahorro fiscal.

El control tributario que Podemos pretende no consiste en controlar a los ricos evasores, sino en ampliar el control al conjunto de la sociedad

Son todas ellas medidas de control que siguen la misma inercia restrictiva que las emprendidas por otros Gobiernos o las propuestas por otros partidos, en ese intento por parte de todos ellos de incrementar el control del Estado. En definitiva, el efecto trinquete en el plano fiscal (o, el efecto “trinque” dicho más llanamente) no solo se observa en el avance de medidas evidentes como las subidas de tipos impositivos o la creación de impuestos, sino en otras más difusas destinadas a fortalecer el sistema de control del Estado sobre los ciudadanos. Al igual que en los impuestos, en donde más que redistribución de ricos a pobres se impone una redistribución de todos sobre todos, en el control tributario que Podemos pretende no consiste en controlar a los ricos evasores, sino en ampliar el control al conjunto de la sociedad.

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