Archivo mensual: noviembre 2015

Contraterrorismo descentralizado

Los terribles atentados en París han supuesto víctimas mortales y heridos, familias y vidas destrozadas, pánico, inseguridad, situaciones de guerra y, especialmente, una constatación de una mayor vulnerabilidad.

Más allá de la obvia respuesta para detener a los responsables y castigarlos (intelectuales y materiales, nacionales y extranjeros), también se discuten -y aplicarán- medidas que rearmarán al Estado para mejorar la eficacia de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, estas no son las únicas medidas contraterroristas. También el propio diseño institucional y la forma en la que se organiza una sociedad, en su vertiente política, económica o social, pueden hacernos más o menos vulnerables frente a los ataques terroristas. En concreto, la existencia de una mayor o menor centralización o descentralización política, económica y social.

Una sociedad compuesta por multitud de centros de poder político, económicos o sociales, puede ser menos vulnerable frente ataques terroristas

Una sociedad compuesta por multitud de centros de poder político, económicos o sociales, puede ser menos vulnerable frente ataques terroristas porque distribuye en mayor medida la importancia del todo. Por ejemplo, la centralización o concentración máxima del poder político o espiritual en los presidentes de los Gobiernos o el Papa, les hace más vulnerables en el sentido de que atentar contra estos puede ser enormemente perjudicial y traumático y, por tanto, aumenta los perversos incentivos de los terroristas. Por eso se establecen mecanismos que eviten el vacío o merma de poder (mecanismos de sucesión, vicepresidentes, etc.). Pero son medidas que pretenden corregir, precisamente, esa vulnerable centralización.

Al contrario, la organización de gobiernos como los existentes en un país mucho más descentralizado como Suiza, formados por un grupo de personas con los mismos poderes cada una de ellas, hace que ante un atentado a una o varias de estas partes, el resto pueda encajar el golpe (como ocurrió en el atentado en el parlamento cantonal de Zug, Suiza, en 2001). Lo mismo ocurrió  con los atentados contra las Torres Gemelas, que no tuvieron unas consecuencias económicas catastróficas (sin contar las medidas de politica economica que se adoptaron posteriormente), porque la economía, por definición, es un sistema enormemente descentralizado y compuesto por millones de personas. Por tanto, un sistema compuesto de diferentes centros es más estable debido a su variedad, que permite que ante el ataque a uno de ellos, el resto respondan coordinadamente, cooperen, suplan o ayuden al atacado.

Desde este punto de vista de la vulnerabilidad, la deriva legislativa tras los atentados del 11-S como los de París son preocupantes, porque se ha optado por centralizar más el poder en el Estado. Y esto no sólo se refleja simbólicamente con la escenificación y personificación de todo un país, e incluso continente, en un sólo hombre, el presidente de la República francesa (incluso con imágenes de cómo se dirige andando al parlamento, al más puro estilo Putin), sino en la exigencia y fomento a respaldar esa centralización por una mal entendida unidad que implica la ausencia de una visión autocrítica constructiva, reflexiva y exigente de responsabilidades por las carencias y errores que se hayan podido cometer en la provisión de seguridad estatal. Confiar ciega y acríticamente en la seguridad del Estado, y permitir su crecimiento, sin su correspondiente escrutinio racional puede conducirnos a terminar por no ser conscientes de lo que cuesta mantener la libertad, y de la responsabilidad y deber moral de mantenerla. Y eso es lo que supone reformar de manera acelerada las constituciones y leyes para incrementar el control de la Administración.

Es aquí donde se ubica el debate de la libertad y seguridad, es decir, de las  implicaciones de que el Estado tenga una mayor facilidad en irrumpir en recintos y domicilios, espiar y obtener datos de la población, etc. Está claro que sin seguridad puede no haber libertad, pero la única manera de tener seguridad no es reduciendo precisamente la libertad que se pretende asegurar. Dictaduras y estados policiales como la cubana garantizan la seguridad general, pero no la libertad individual.

Para muchos, estas palabras quedan huecas y vacías si se consigue evitar centenares de muertos en atentados en discotecas y demás lugares donde se aglomera la gente. Pero no hay que olvidar que estas reformas que se aprobaron la década pasada, y aprobarán en las próximas semanas y años, crean incentivos que pueden ser perversos y dar pie a más vulnerabilidades. Igual detendremos este tipo de ataques ahora, pero los terroristas se adaptarán para aprovecharse de esas nuevas vulnerabilidades, como apuntaba ayer el primer ministro francés: “La imaginación macabra de los cerebros terroristas no tiene límites”.

Uno de los incentivos que permite la descentralización es el surgimiento y la posibilidad de comparar diversas maneras de hacer las cosas

Al fin y al cabo, las amenazas terroristas siempre pueden llegar a producirse, porque están enraizadas, desgraciadamente, en la personalidad de algunos seres humanos, y su lucha es una carrera de fondo que necesita de buenos incentivos para protegernos y minimizar sus efectos. Y no podemos juzgar un sistema de incentivos si no tenemos otro alternativo con el que compararlo. En este sentido, uno de los incentivos que permite la descentralización es el surgimiento y la posibilidad de comparar diversas maneras de hacer las cosas por parte de esas unidades en las que se ha descentralizado el poder o la provisión de un servicio (en este caso, la seguridad). Permite sopesar estrategias diferentes para optar por la que mejor resultado dé. Esto, obviamente, exige a los ciudadanos tomar decisiones de manera crítica y responsable, para tratar de seleccionar las maneras de protegerse que crean mejores.

Y la máxima descentralización de decisiones nos conduce a que puedan ser los ciudadanos los que adopten activamente esas decisiones. No se trata únicamente, como comentaba el magnífico escritor Arturo Pérez Reverte, que ante la irrupción de un terrorista armado debamos abalanzarnos desarmados sobre él, sino que esto lo podamos hacer armados. No sólo ni necesariamente nosotros mismos (con el legítimo debate del derecho a poseer armas), sino otros ciudadanos a los que les demandemos esa tarea de protección. Esta demanda de protección sería, por tanto, más activa que la actual, y nuestras preferencias, las de millones de posibles usuarios, influirían más y mejorarían estos servicios.

No estaríamos, por tanto, obligados a confiar únicamente en las ideas de seguridad de unos pocos individuos que forman las fuerzas de seguridad del Estado, aunque sean expertos y puedan realizar acciones heroicas. Es decir, el derecho de la población a poder decidir e influir de una manera más directa en los servicios de seguridad demandados es una manera de hacernos más fuertes ante los terroristas y también de generar mayor variedad de medidas de protección para poder elegir la mejor. Es lo que Friedrich Hayek llamó el proceso de descubrimiento: la cooperación competitiva de millones de seres humanos hace que se descubran bienes y servicios, cada vez mejores, más variados y complejos. No se pretende que no haya ninguna seguridad provista por el Estado, eso supondría imitar el modo en que precisamente el Estado toma decisiones, sino en que el juicio, el ensayo y el error, configure ese mix adecuado de provisión de mejores servicios de seguridad.

¿Qué hubiera ocurrido en Bataclan si algunos ciudadanos honrados hubieran llevado armas con las que defenderse?

¿Qué hubiera ocurrido en Bataclan si algunos ciudadanos honrados hubieran llevado armas con las que defenderse, o si la sala de fiestas hubiera provisto a sus usuarios de medidas de seguridad más adecuadas conforme a lo que creían necesario siendo una zona con amenazas? ¿Por qué no permitir que las salas de conciertos, y cualquier persona, de la manera en que estimen conveniente, puedan organizar su seguridad más libremente, sujetos siempre, eso sí, a los principios del Derecho? ¿Por qué debatir únicamente en la necesidad de que los diversos servicios de seguridad se concentren y centralicen, todos ellos, en el Estado, para lo que se reformarán leyes y constituciones, que sólo ofrece una única solución, un modo de hacer las cosas? No es sólo cuestión de reducir la libertad, sino que la libertad es más eficaz.

Estos son temas que, aunque espinosos, sensibles y complejos, su discusión y debate debería enriquecerse, en mi opinión, no sólo con la reflexión sobre las medidas más tradicionales, como las reformas legales que rearman al Estado con el consiguiente riesgo sobre la libertad individual, o como las medidas bélicas de bombardear o no bombardear, sino analizando nuestra propia organización y diseño institucional y su concentración o centralización del Poder y de las soluciones en unos pocos, y no en muchos.

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Podemos creará élites extractivas con impuestos

Ante una avalancha de propuestas y programas electorales es habitual que algunas de ellas no cobran el protagonismo merecido o pasan desapercibidas. En cuanto a los impuestos, como la mayoría de partidos quiere mantenerlos en su elevado nivel o incrementarlos, resulta difícil reiterar las críticas a estos amantes de lo ajeno que ahora buscan nuestros votos. Pero la fiscalidad no es sólo subir o bajar tal o cual impuesto, tipo impositivo o exención, hay detrás un entramado profuso y complejo, tejido por infinidad de normas que a veces parecen más una tela de araña cuya tendencia es, poco a poco, atrapar y apropiarse no sólo de más propiedad del contribuyente sino de su intimidad y derechos, si es que son términos indisociables.

A este fin controlador y fiscalizador el PP puede enorgullecerse de ser uno de sus campeones. Con las sucesivas subidas y reformas fiscales que ha ido aprobando, ha apuntalado un sistema fiscal más jerarquizado y menos cooperativo (si es que eso es posible), basándose en una mayor desigualdad en la relación Poder Tributario-individuo.

Lo que puede parecer un perjuicio muy concreto y localizado, supone volver más rígida la economía y hacerla más torpe en su constante y necesario cambio

Y entre esas medidas, a veces desapercibidas, es donde encontramos un fuerte trasfondo que se adentra aun más en la filosofía política. Por ejemplo: la propuesta de Podemos (pendiente de aprobarse oficialmente) de fijar dos tipos impositivos a las sociedades, uno del 30% a los beneficios distribuidos a los accionistas y otro más bajo, del 25% para los beneficios reinvertidos productivamente en la empresa(en bienes de equipo e I+D+i) a condición de que sea “verificado por la administración y los representantes de los trabajadores”.

Acaso lo menos importante sea la clara distorsión entre los dos supuestos: distribuir beneficios o reinvertir. Por ejemplo, si el empresario estima que puede sacar una mayor rentabilidad en otros proyectos empresariales porque estime que la tendencia económica va por esos derroteros y trate de adaptarse para dar servicio a esas nuevas necesidades, se verá penalizado con un 5% más de coste fiscal. Y eso que puede parecer un perjuicio muy concreto y localizado, supone volver más rígida la economía y hacerla más torpe en su constante y necesario cambio. La rigidez económica es empobrecimiento y paro.

Pero quizá un aspecto más importante es el de pervertir desde los poderes públicos, una vez más, las relaciones sociales entre los agentes económicos, entre las personas. En este caso, entre empresarios y representantes sindicales e, indirectamente, otros sujetos económicos.

Viciar las relaciones que se dan libremente en el mercado es un peligroso juego en el que últimamente participan los sistemas fiscales para recabar información de los súbditos tributarios: no la extraen de los propios ciudadanos interesados sino de terceros, en una suerte de red de ciudadanos convertidos obligatoriamente en chivatos, a través de las declaraciones informativas de operaciones con terceras personas y de todo tipo, las retenciones, etc., materia prima con la que cruzar datos. Con la información que se suministra, la Administración puede saber sobre la vida (económica) del administrado, sin que éste haya dado permiso para ello, algo que en otras áreas atenta contra la ley de protección de datos y demás normas.

La propuesta de Podemos, aunque parezca inocua, ahonda en esta filosofía y va más allá, pues supone otorgar a los representantes sindicales un poder coactivo sobre otros

La propuesta de Podemos, aunque parezca inocua, ahonda en esta filosofía y va más allá, pues supone otorgar a los representantes sindicales un poder coactivo sobre otros. Implanta la obligación de que sean estos agentes, al igual que la Administración, quienes fiscalicen la propiedad y la actividad económica de otros sujetos económicos, de otras personas.Se instaura, en definitiva, un control burocrático-sindical de las empresas potenciado por el marco normativo.

Este tipo de legislaciones, de aprobarse, traerían como consecuencia la conformación de unas instituciones económicas pervertidas que generarían incentivos económicos perversos. Parte de esos efectos negativos serían la pura captura o extracción de renta y riqueza de un conjunto de la sociedad (empresarios, accionistas, proveedores, trabajadores y desempleados) a fin de beneficiar a un determinado subconjunto de la sociedad (representantes sindicales, sus organizaciones y sus miembros).

La extracción de rentas no es algo ajeno a la economía: desde el momento en que la organización económica adquiere complejidad y especialización, pueden darse multitud de acuerdos o subcontrataciones mercantiles o laborales para la realización de distintos trabajos: la contratación de un intermediario o un distribuidor, la contratación de ejecutivos y directivos para que gestionen la empresa por parte de sus accionistas… En estas situaciones a veces surgen problemas porque los intereses del contratante no concuerden completamente con el contratado, lo que se conoce en economía como problema principal-agente. Es decir, puede producirse un conflicto de intereses.

Sin entrar en detalle, en el mercado surgen soluciones (aunque puede que no sean perfectas) que van tratando de corregir y alinear esos intereses. Pero el problema es que las propuestas fiscales como la de Podemos crean de manera artificial y perversa esta problemática: la fiscalización por parte de los representantes sindicales creará incentivos económicos para tratar de capturar o extraer la renta de la empresa a cambio de “verificar” que cumplen la normativa y pueden aplicarse el tipo impositivo inferior. No sólo se capturan rentas sino que se hace bajo “chantaje”.

Se dice que el demonio está en los detalles, pero en el ámbito fiscal está en los impuestos y en la prolija legislación que le acompaña

Por tanto, ese 5% de diferencia entre un tipo impositivo y otro no sólo no puede capturarse o extraerse por parte del control burocrático-sindical al que conduce la medida de Podemos, sino que también puede arrojar otra serie de consecuencias más dañinas y perniciosas: un mayor control y poder sobre los proyectos empresariales no sólo de Hacienda sino también de los representantes sindicales. Lo que puede suponer no sólo viciar las relaciones laborales que existan sino las decisiones económicas que puedan tomarse, como desincentivar las inversiones, la distorsión en la fijación de precios, salarios, etc. Todo ello repercutiendo, al final, en menos actividad económica, menor empleo y de menor productividad, es decir, salarios y beneficios más bajos, caldo de cultivo para que aquellos quienes han provocado todo lo anterior vuelvan a salir a la palestra para aportar ese tipo de “soluciones”.

Se dice que el demonio está en los detalles, pero en el ámbito fiscal está en los impuestos y la prolija legislación que le acompaña que, en el caso de Podemos, puede llegar a engendrar nuevas élites extractivas que sangren, aún más, la creación de riqueza y bienestar.

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