Podemos creará élites extractivas con impuestos

Ante una avalancha de propuestas y programas electorales es habitual que algunas de ellas no cobran el protagonismo merecido o pasan desapercibidas. En cuanto a los impuestos, como la mayoría de partidos quiere mantenerlos en su elevado nivel o incrementarlos, resulta difícil reiterar las críticas a estos amantes de lo ajeno que ahora buscan nuestros votos. Pero la fiscalidad no es sólo subir o bajar tal o cual impuesto, tipo impositivo o exención, hay detrás un entramado profuso y complejo, tejido por infinidad de normas que a veces parecen más una tela de araña cuya tendencia es, poco a poco, atrapar y apropiarse no sólo de más propiedad del contribuyente sino de su intimidad y derechos, si es que son términos indisociables.

A este fin controlador y fiscalizador el PP puede enorgullecerse de ser uno de sus campeones. Con las sucesivas subidas y reformas fiscales que ha ido aprobando, ha apuntalado un sistema fiscal más jerarquizado y menos cooperativo (si es que eso es posible), basándose en una mayor desigualdad en la relación Poder Tributario-individuo.

Lo que puede parecer un perjuicio muy concreto y localizado, supone volver más rígida la economía y hacerla más torpe en su constante y necesario cambio

Y entre esas medidas, a veces desapercibidas, es donde encontramos un fuerte trasfondo que se adentra aun más en la filosofía política. Por ejemplo: la propuesta de Podemos (pendiente de aprobarse oficialmente) de fijar dos tipos impositivos a las sociedades, uno del 30% a los beneficios distribuidos a los accionistas y otro más bajo, del 25% para los beneficios reinvertidos productivamente en la empresa(en bienes de equipo e I+D+i) a condición de que sea “verificado por la administración y los representantes de los trabajadores”.

Acaso lo menos importante sea la clara distorsión entre los dos supuestos: distribuir beneficios o reinvertir. Por ejemplo, si el empresario estima que puede sacar una mayor rentabilidad en otros proyectos empresariales porque estime que la tendencia económica va por esos derroteros y trate de adaptarse para dar servicio a esas nuevas necesidades, se verá penalizado con un 5% más de coste fiscal. Y eso que puede parecer un perjuicio muy concreto y localizado, supone volver más rígida la economía y hacerla más torpe en su constante y necesario cambio. La rigidez económica es empobrecimiento y paro.

Pero quizá un aspecto más importante es el de pervertir desde los poderes públicos, una vez más, las relaciones sociales entre los agentes económicos, entre las personas. En este caso, entre empresarios y representantes sindicales e, indirectamente, otros sujetos económicos.

Viciar las relaciones que se dan libremente en el mercado es un peligroso juego en el que últimamente participan los sistemas fiscales para recabar información de los súbditos tributarios: no la extraen de los propios ciudadanos interesados sino de terceros, en una suerte de red de ciudadanos convertidos obligatoriamente en chivatos, a través de las declaraciones informativas de operaciones con terceras personas y de todo tipo, las retenciones, etc., materia prima con la que cruzar datos. Con la información que se suministra, la Administración puede saber sobre la vida (económica) del administrado, sin que éste haya dado permiso para ello, algo que en otras áreas atenta contra la ley de protección de datos y demás normas.

La propuesta de Podemos, aunque parezca inocua, ahonda en esta filosofía y va más allá, pues supone otorgar a los representantes sindicales un poder coactivo sobre otros

La propuesta de Podemos, aunque parezca inocua, ahonda en esta filosofía y va más allá, pues supone otorgar a los representantes sindicales un poder coactivo sobre otros. Implanta la obligación de que sean estos agentes, al igual que la Administración, quienes fiscalicen la propiedad y la actividad económica de otros sujetos económicos, de otras personas.Se instaura, en definitiva, un control burocrático-sindical de las empresas potenciado por el marco normativo.

Este tipo de legislaciones, de aprobarse, traerían como consecuencia la conformación de unas instituciones económicas pervertidas que generarían incentivos económicos perversos. Parte de esos efectos negativos serían la pura captura o extracción de renta y riqueza de un conjunto de la sociedad (empresarios, accionistas, proveedores, trabajadores y desempleados) a fin de beneficiar a un determinado subconjunto de la sociedad (representantes sindicales, sus organizaciones y sus miembros).

La extracción de rentas no es algo ajeno a la economía: desde el momento en que la organización económica adquiere complejidad y especialización, pueden darse multitud de acuerdos o subcontrataciones mercantiles o laborales para la realización de distintos trabajos: la contratación de un intermediario o un distribuidor, la contratación de ejecutivos y directivos para que gestionen la empresa por parte de sus accionistas… En estas situaciones a veces surgen problemas porque los intereses del contratante no concuerden completamente con el contratado, lo que se conoce en economía como problema principal-agente. Es decir, puede producirse un conflicto de intereses.

Sin entrar en detalle, en el mercado surgen soluciones (aunque puede que no sean perfectas) que van tratando de corregir y alinear esos intereses. Pero el problema es que las propuestas fiscales como la de Podemos crean de manera artificial y perversa esta problemática: la fiscalización por parte de los representantes sindicales creará incentivos económicos para tratar de capturar o extraer la renta de la empresa a cambio de “verificar” que cumplen la normativa y pueden aplicarse el tipo impositivo inferior. No sólo se capturan rentas sino que se hace bajo “chantaje”.

Se dice que el demonio está en los detalles, pero en el ámbito fiscal está en los impuestos y en la prolija legislación que le acompaña

Por tanto, ese 5% de diferencia entre un tipo impositivo y otro no sólo no puede capturarse o extraerse por parte del control burocrático-sindical al que conduce la medida de Podemos, sino que también puede arrojar otra serie de consecuencias más dañinas y perniciosas: un mayor control y poder sobre los proyectos empresariales no sólo de Hacienda sino también de los representantes sindicales. Lo que puede suponer no sólo viciar las relaciones laborales que existan sino las decisiones económicas que puedan tomarse, como desincentivar las inversiones, la distorsión en la fijación de precios, salarios, etc. Todo ello repercutiendo, al final, en menos actividad económica, menor empleo y de menor productividad, es decir, salarios y beneficios más bajos, caldo de cultivo para que aquellos quienes han provocado todo lo anterior vuelvan a salir a la palestra para aportar ese tipo de “soluciones”.

Se dice que el demonio está en los detalles, pero en el ámbito fiscal está en los impuestos y la prolija legislación que le acompaña que, en el caso de Podemos, puede llegar a engendrar nuevas élites extractivas que sangren, aún más, la creación de riqueza y bienestar.

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