Archivo mensual: diciembre 2015

Elecciones: Hacienda siempre gana

Los debates electorales, los mítines y las entrevistas siempre tienen un apartado para que el candidato exponga la modificación de tipos que va a hacer por allí, las deducciones que creará por allá, y cómo eso le permitirá gastar y redistribuir… por nuestro bien.

Pero suelen pasar desapercibidas sus propuestas para aplicar esos impuestos, es decir, ‘las formas’ del sistema tributario, esas leyes que suelen aprobarse por la puerta de atrás. El problema es que estas medidas que se proponen en los programas electorales de los cuatro partidos con opciones de gobierno son extremadamente similares y siguen la tendencia a aumentar el poder absoluto del Estado frente al individuo, sin salvaguardias ni contrapesos, encaminadas a favorecer a Hacienda en contra de los contribuyentes. Ninguno se ha replanteado por qué es necesario que nuestro sistema fiscal siga esta deriva para poder recaudar.

Los partidos proponen revisar las infracciones administrativas y delitos. En concreto incrementar las penas de prisión por delitos fiscales

Lo que sigue es lo que se votará este domingo y lo que terminará aprobándose en el parlamento:

Cárcel, delitos e infracciones

Los partidos proponen revisar (para ampliar, recaudar y disuadir) las infracciones administrativas y delitos (PSOE-61). En concreto incrementar las penas de prisión por delitos fiscales (PSOE-163). Asegurarse de que se cumplan tales privaciones de libertad aunque se ingrese el dinero y las multas (Ciudadanos-110). Aumentar su imprescriptibilidad hasta los 10 años (PSOE-163, Podemos-38). Reducir el umbral para considerarse delito a 50.000 euros y aplicar a todos estos delitos las penas más graves que ya fijó el PP (Podemos-39). O hacer públicas las identidades no ya por delitos sino por infracciones (!) superiores a 30.000 euros (PSOE-61), compitiendo con el Estado de sitio fiscal del PP.

Sin embargo, por muy mala prensa que tengan estos delitos (o incluso infracciones), se trata de delitos económicos, de cantidades de dinero que se han dejado de ingresar. La desproporción entre no entregar un dinero y la privación de la libertad, uno de los principios más sagrados de nuestra civilización, se incrementaría con este tipo de medidas represivas. En todo caso, la imposición de más multas parecería el intento más proporcionado para castigar este tipo de delitos. Parece que otro tipo de delincuentes tengan más garantías que quienes no pagan impuestos.

Además, de aprobarse estas medidas, siempre existirá el riesgo de que ello sea la antesala para extenderlas. Si hoy se impone y amplía la prisión por no pagar, mañana será fácil que también se aplique para cada vez más infracciones. Un proceso muy habitual en este tipo de leyes.

El delirio fiscal total: además de los patrios, más impuestos desde fuera

PSOE y PP quieren impulsar una Unión Fiscal en la UE  para dotarla de “dimensión fiscal”. En otras palabras, para que pueda gastar más, ejercer un mayor control y fiscalización, crear impuestos y obligar a su uniformidad en el territorio europeo. Más intercambio de información entre haciendas, elaborar lista negra de empresas que cometen fraude fiscal y planificación fsical “agresiva” (PSOE-176, PP-73). Un Tesoro europeo significa más impuestos… europeos.

Y en esta línea, el delirio total podemita, fiscalizador y controlador, llega a pretender una agencia fiscal internacional bajo el auspicio de la ONU contra la elusión, competencia fiscal, con capacidad sancionadora y la posibilidad de crear más impuestos globales, uno sobre la riqueza, sobre las transacciones financieras, modificar la normativa interna de los paraísos fiscales (lo que equivale a invadirlos fiscalmente, Podemos-47)… y hasta ahí, de momento.

Llama la atención hasta dónde quieren los partidos aumentar su alcance y poder con su estrategia intrusiva

Mayor intrusión fiscalizadora

Llama la atención hasta dónde quieren los partidos aumentar su alcance y poder con su estrategia intrusiva. Hasta el punto de metersedentro de las Pymes y estandarizar la facturación de las Pymes (PSOE-163) o simplificar su contabilidad, sin estudiar las consecuencias de tal cambio en el lenguaje de las empresas, por motivos de control (Ciudadanos-106).

El PP limitó el uso del dinero en efectivo para vigilar nuestras transacciones, y el PSOE continua por esta senda para incrementar “la trazabilidad de las transacciones electrónicas” (PSOE-174).

El Gran Hermano socialista de todos los partidos no se detiene ahí y tanto PSOEcomo PP, en ese uso abusivo del oxímoron, pretenden hacer que la relación de la Administración y el administrado sea más cooperativa. ¿Cómo? Obligando a las empresas a que informen obligatoriamente a la AEAT de la estrategia fiscal, que la propia Agencia califique como agresiva, y riesgos fiscales (PP-78), o a soportar incrementos de impuestos (PSOE-164).

Quizá por cooperación se refieran a la mayor fiscalización a través del eufemismo “intercambio de la información” del administrado entre administraciones. Información que es privada y confidencial, que el ciudadano se ve obligado a entregar en sus relaciones con el Estado, pero a órganos determinados, no a todos los funcionarios de España (Podemos-37, PSOE-62/127, PP-79, Ciudadanos-106). Fiscalización intrusiva que salta a colonizar nuevas áreas económicas como la economía colaborativa (PSOE-174, Podemos-54).

Fortalecer a Hacienda

Todos los partidos pretenden continuar fortaleciendo a Hacienda. El PSOE parece querer incentivar a la agencia fijando su presupuesto como si fuera un sistema de reparto del botín: función de lo que liquiden a los obligados tributarios (página de su programa PSOE-163). Podemos apuesta explícitamente por un incremento gradual del personal (Podemos-38) y Ciudadanos es el más original de todos: más dotación presupuestaria redunda en una mayor recaudación, ocho euros de cada uno invertido (Ciudadanos-110). Sin embargo, no hay que olvidar que lo que consideran ingresos para calcular su rentabilidad pueden ser cantidades pendientes de resolver firmemente si han sido defraudadas o no. La AEAT no deja de ser parte, y no juez, en la contienda con el administrado, por mucho que tenga oficinas jurídicas, grandes técnicos, etc. Y, finalmente, el PP ya incrementó el último año su presupuesto en un 5% y las inversiones realizadas por el Ministerio de Hacienda.

Ampliar los procedimientos de Hacienda

Ciudadanos propone medidas cautelares y usar la tecnología para asegurarse la recaudación (“evitando procesos individualizados y manuales”, Ciudadanos-110). La tecnología también es invocada por el PP para hacer más rápidas las comprobaciones de las declaraciones, a lo que se añade las ampliaciones del plazo de duración de inspecciones y demás potestades investigadoras de Hacienda que aprobaron en la legislatura pasada y que todos los partidos refrendan porque en ninguno de sus programas lo pretenden derogar. De hecho, el PSOE incluso quiere alargar el plazo que tiene la Administración para fiscalizar a los contribuyentes (la prescripción, PSOE-163), cosa que ya hizo el PP, y que también propone Podemos igualmente hasta 10 años para delitos fiscales (Podemos-38).

El fin aducido en general es incrementar la seguridad jurídica. El resultado, incrementar la seguridad jurídica de que la Administración cobrará y, además, con recargos o multa

El fin aducido en general es incrementar la seguridad jurídica. El resultado, incrementar la seguridad jurídica de que la Administración cobrará y, además, con recargos o multas. Por tanto, los votantes van a votar, sin elección, a lo que va a mermarles su moral fiscal y a desequilibrar aun más esa desigual relación Hacienda-contribuyente. Investigaciones como la de  Feld y Frey afirman que cuanto mayor prepotencia y poder tenga la Administración y sometimiento el obligado tributario en una relación jerárquica, mayor incentivo para el incumplimiento fiscal, que no proviene por una supuesta intrínseca alma fraudulenta del contribuyente español.

Contra las elecciones prudentes e inteligentes del contribuyente

Son constantes en todos los programas los ataques contra la elusión fiscal, que no es más que cumplir las leyes del mejor modo para el administrado (minimizando legalmente el pago de impuestos). Pretende evitarse este ejercicio prudente e inteligente del contribuyente, tratando de prohibirlo (como ha hecho el PP), o limitándolo con leyes uniformizadoras de armonización fiscal al alza entre comunidades o internacionalmente (PSOE-114/177 y Ciudadanos-102, Podemos-58,)

Medidas que se proponen con la excusa de la proteger la unidad de mercado. Pero nada fomentaría más tal unidad que bajar impuestos y que alguna Comunidad Autónoma fuera amigable a las empresas, que así les sería más fácil expandirse por todo el mercado nacional e internacional. Mayor unificación es mayor centralización del poder y menores alternativas al obligado tributario.

Además de criminalizar la economía de opción (también conocida como elusión fiscal), ésta suele asociarse a la ilegal evasión fiscal. Y bajo la excusa de reducir la elusión fiscal se propone revisar hasta los tratados internacionales (Podemos-38), acuerdos bastante rígidos y difíciles de modificar, lo que no hará más que generar trabas a la aplicación de deducciones que muchas veces buscan disminuir la doble tributación, como ya hiciera el PP durante la pasada legislatura.

Conclusión

Puede que el votante busque regeneración, continuidad, aire fresco, cambio, pero lo que seguro van a elegir el próximo domingo, independientemente del parido al que voten, es el incremento del Poder fiscal, sin alternativa y sin contrapoderes.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Artículos en Vozpópuli, Uncategorized

Rajoy y la demagogia en los contratos indefinidos

Una de las últimas propuestas estrella que lanzó el presidente del Gobierno hace unos días ha sido la de proponer eximir de cotizar en la Seguridad Social a los primeros 500 euros de los nuevos empleados que se contraten por tiempo indefinido durante los primeros cuatros años (actualmente son sólo dos). Con esto se pretende favorecer el empleo y que éste sea indefinido. Grandes objetivos para campañas electorales, pero que en el fondo evidencian el defectuoso sistema institucional que nos obliga a ser uno de los países con una mayor tasa de paro.

Clama al cielo que siga sin corregirse uno de los más graves problemas de nuestro sistema fiscal: de acuerdo con un reciente informe de la OCDE el 58% de los impuestos grava el trabajo. Una penalización que, unida a toda una serie de rigideces y obstáculos administrativos, obliga a una parte de la población a no poder ofrecer puestos de trabajo y a otra a no poder aceptarlos, con el consiguiente paro estructural. Drama que ahora, en plena apoteosis delectoral, se pretende arreglar liberando durante un par de años más esa parte de los salaríos de la pesada carga fiscal.

La conexión entre las cotizaciones efectuadas y las pensiones es tan nimia como cierto es que este sistema de previsión está abocado a ser un puro sistema asistencial

Se trata de una medida muy limitada si la comparamos con los objetivos que persigue. Se dirá que más no se puede hacer, dada la debilidad de nuestro sistema de pensiones. Sin embargo, la conexión entre las cotizaciones efectuadas y las pensiones es tan nimia como cierto es que este sistema de previsión está abocado a ser un puro sistema asistencial y de redistribución forzosa intergeneracional, que más que de las cotizaciones se nutre de impuestos (o con nuevos impuestos, como proponen PSOE y Podemos) y que, para colmo, es constantemente precarizado (aumento de la edad de jubilación, aplicar revalorizaciones que sibilinamente no cubran el IPC, ampliación de los años de cotización, o llamamientos de la OCDE para que se complemente con ahorro privado).

En definitiva, esta medida es tan insuficiente y limitada que, más que un progreso, pretende, cómo no, ganar votos. Pese a todo, conviene detenerse en sus intrincadas consecuencias económicas, que las tiene.

Consecuencias económicas

En primer lugar, es una clara continuidad de la distorsión que los gobiernos aplican al mercado laboral y al proceso de asignación de los recursos, siempre escasos. Bonificar esa parte del sueldo no es una subvención, sino una liberación fiscal que tiene obvios efectos positivos en el sentido de facilitar la contratación oficial de trabajadores, especialmente los menos cualificados. Pero al mismo tiempo crea incentivos para que los sueldos de esos mismos trabajadores graviten hacia esa cantidad bonificada. Es decir, que los trabajadores cuya productividad o sueldo estén un poco por encima de esta bonificación, o sean expulsados del mercado laboral o se les reducirá el sueldo, a no ser que el propio pacto entre empresario y trabajador contrarrese estos incentivos perversos. Pero no solo perjudica a determinados trabajadores, también incentiva la creación de negocios de poca productividad y valor, como tiendas o pequeños minoristas, en detrimento de negocios más productivos. Los recursos son escasos, por lo que incentivar a unos afecta a otros.

Promover el empleo con medidas tan específicas, tan de bisturí es un caso más de esa fatal arrogancia que describiera Hayek

Por otra parte, dicen desde el PP que con esta medida pretenden promover el empleo, sin embargo es una medida temporal. ¿Qué ocurrirá cuando desaparezca la bonificación? La mayoría de nuestro tejido empresarial son pymes o micropymes, y con la rigidez y burocracia laboral que soportan, ¿van a contratar a más empleados por un coste que se va a incrementar a los cuatro años, cuando no es ni mucho menos seguro que su productividad se incremente en la misma magnitud? De hacerlo, podrían encontrarse con una plantilla sobredimensionada que redujera el valor que ofrecen al consumidor. Lo que, para aquellas empresas que en situación precaria, podría desembocar en la quiebra, dejando en muchos casos sin pagar ni sueldos, ni Seguridad Social, ni mantener una beneficiosa actividad. Promover el empleo con medidas tan específicas, tan de bisturí es un caso más de esa fatal arrogancia que describiera Hayek.

Por otro lado, bonificar a los nuevos contratados supone perjudicar en términos relativos a los ya contratados. Por ejemplo, si en lugar de contratar a un nuevo trabajador lo lógico y eficiente para una empresa fuera remunerar una mayor productividad de la plantilla actual, ¿por qué incrementarla? El objetivo no debería ser crear empleo de manera artificial. Precisamente, lo que esta crisis ha puesto de manifiesto es que el empleo artificial termina por desaparecer. Lo importante no es contratar a toda costa sino hacerlo sobre bases sólidas, con actividad económica, productividad y valor ofrecido, no mediante medidas que vician los verdaderos mecanismos que deberían promover la creación de empleo.

El otro gran objetivo de la medida es favorecer la contratación indefinida. Este objetivo, hoy en día, es un grave error que subrepticiamente nos induce a pensar que todo empleo debe ser indefinido. Es obvio que tener una fuente de ingresos segura y continua es mejor que la temporalidad. Pero asemejar ‘indefinido’ con ‘seguro’ lleva aparejado creer que han de existir empresas inmortales y negocios vitalicios. Hasta que no aprueben decretos y leyes que nos quiten el poder de decisión sobre a quién comprar y adquirir productos y servicios, las empresas están obligadas a preocuparse de lo que realmente necesitamos y a satisfacer la demanda de la población, y en caso de no hacerlo, a desaparecer. Algo que a veces sucede, porque las necesidades y gustos varían. Las empresas no son perfectas y el entorno es complejo.

Pretender desde arriba que el mercado continúe con las mismas trazas que el mercado laboral industrial de la Inglaterra de comienzos del XIX no parece la solución

Añadamos ahora un mundo que está sufriendo la tercera revolución industrial, la emersión de nuevos modelos de negocio con Internet como herramienta clave, con una propagación velocísima de la información y el conocimiento, y con un entorno extremadamente cambiante. ¿Realmente tendemos a que los trabajos sean ‘indefinidos’ o ‘vitalicios’? La respuesta la darán millones de personas decidiendo en el mercado. Pretender desde arriba que el mercado continúe con las mismas trazas que el mercado laboral industrial de la Inglaterra de comienzos del XIX, incentivando que las relaciones laborales sean matrimonios forzosos y sin posibilidad de disolución, convirtiendo a los trabajadores en peones e impidiendo que algunos sean contratados y otros no puedan prosperar gracias a la movilidad laboral, no parece ser la solución.

Conclusión

La reforma fiscal aprobada por el Gobierno fue una oportunidad perdida para acometer realmente un cambio en nuestro sistema fiscal para que éste no caiga a plomo sobre la contratación y el empleo. Las medidas de tocomocho y de bisturí en campañas electorales son, en realidad, demagogia, y no deberían sustituir a las reformas que sí tuvieron oportunidad de aplicar y no quisieron.

Deja un comentario

Archivado bajo Artículos en Vozpópuli, Uncategorized