Rajoy y la demagogia en los contratos indefinidos

Una de las últimas propuestas estrella que lanzó el presidente del Gobierno hace unos días ha sido la de proponer eximir de cotizar en la Seguridad Social a los primeros 500 euros de los nuevos empleados que se contraten por tiempo indefinido durante los primeros cuatros años (actualmente son sólo dos). Con esto se pretende favorecer el empleo y que éste sea indefinido. Grandes objetivos para campañas electorales, pero que en el fondo evidencian el defectuoso sistema institucional que nos obliga a ser uno de los países con una mayor tasa de paro.

Clama al cielo que siga sin corregirse uno de los más graves problemas de nuestro sistema fiscal: de acuerdo con un reciente informe de la OCDE el 58% de los impuestos grava el trabajo. Una penalización que, unida a toda una serie de rigideces y obstáculos administrativos, obliga a una parte de la población a no poder ofrecer puestos de trabajo y a otra a no poder aceptarlos, con el consiguiente paro estructural. Drama que ahora, en plena apoteosis delectoral, se pretende arreglar liberando durante un par de años más esa parte de los salaríos de la pesada carga fiscal.

La conexión entre las cotizaciones efectuadas y las pensiones es tan nimia como cierto es que este sistema de previsión está abocado a ser un puro sistema asistencial

Se trata de una medida muy limitada si la comparamos con los objetivos que persigue. Se dirá que más no se puede hacer, dada la debilidad de nuestro sistema de pensiones. Sin embargo, la conexión entre las cotizaciones efectuadas y las pensiones es tan nimia como cierto es que este sistema de previsión está abocado a ser un puro sistema asistencial y de redistribución forzosa intergeneracional, que más que de las cotizaciones se nutre de impuestos (o con nuevos impuestos, como proponen PSOE y Podemos) y que, para colmo, es constantemente precarizado (aumento de la edad de jubilación, aplicar revalorizaciones que sibilinamente no cubran el IPC, ampliación de los años de cotización, o llamamientos de la OCDE para que se complemente con ahorro privado).

En definitiva, esta medida es tan insuficiente y limitada que, más que un progreso, pretende, cómo no, ganar votos. Pese a todo, conviene detenerse en sus intrincadas consecuencias económicas, que las tiene.

Consecuencias económicas

En primer lugar, es una clara continuidad de la distorsión que los gobiernos aplican al mercado laboral y al proceso de asignación de los recursos, siempre escasos. Bonificar esa parte del sueldo no es una subvención, sino una liberación fiscal que tiene obvios efectos positivos en el sentido de facilitar la contratación oficial de trabajadores, especialmente los menos cualificados. Pero al mismo tiempo crea incentivos para que los sueldos de esos mismos trabajadores graviten hacia esa cantidad bonificada. Es decir, que los trabajadores cuya productividad o sueldo estén un poco por encima de esta bonificación, o sean expulsados del mercado laboral o se les reducirá el sueldo, a no ser que el propio pacto entre empresario y trabajador contrarrese estos incentivos perversos. Pero no solo perjudica a determinados trabajadores, también incentiva la creación de negocios de poca productividad y valor, como tiendas o pequeños minoristas, en detrimento de negocios más productivos. Los recursos son escasos, por lo que incentivar a unos afecta a otros.

Promover el empleo con medidas tan específicas, tan de bisturí es un caso más de esa fatal arrogancia que describiera Hayek

Por otra parte, dicen desde el PP que con esta medida pretenden promover el empleo, sin embargo es una medida temporal. ¿Qué ocurrirá cuando desaparezca la bonificación? La mayoría de nuestro tejido empresarial son pymes o micropymes, y con la rigidez y burocracia laboral que soportan, ¿van a contratar a más empleados por un coste que se va a incrementar a los cuatro años, cuando no es ni mucho menos seguro que su productividad se incremente en la misma magnitud? De hacerlo, podrían encontrarse con una plantilla sobredimensionada que redujera el valor que ofrecen al consumidor. Lo que, para aquellas empresas que en situación precaria, podría desembocar en la quiebra, dejando en muchos casos sin pagar ni sueldos, ni Seguridad Social, ni mantener una beneficiosa actividad. Promover el empleo con medidas tan específicas, tan de bisturí es un caso más de esa fatal arrogancia que describiera Hayek.

Por otro lado, bonificar a los nuevos contratados supone perjudicar en términos relativos a los ya contratados. Por ejemplo, si en lugar de contratar a un nuevo trabajador lo lógico y eficiente para una empresa fuera remunerar una mayor productividad de la plantilla actual, ¿por qué incrementarla? El objetivo no debería ser crear empleo de manera artificial. Precisamente, lo que esta crisis ha puesto de manifiesto es que el empleo artificial termina por desaparecer. Lo importante no es contratar a toda costa sino hacerlo sobre bases sólidas, con actividad económica, productividad y valor ofrecido, no mediante medidas que vician los verdaderos mecanismos que deberían promover la creación de empleo.

El otro gran objetivo de la medida es favorecer la contratación indefinida. Este objetivo, hoy en día, es un grave error que subrepticiamente nos induce a pensar que todo empleo debe ser indefinido. Es obvio que tener una fuente de ingresos segura y continua es mejor que la temporalidad. Pero asemejar ‘indefinido’ con ‘seguro’ lleva aparejado creer que han de existir empresas inmortales y negocios vitalicios. Hasta que no aprueben decretos y leyes que nos quiten el poder de decisión sobre a quién comprar y adquirir productos y servicios, las empresas están obligadas a preocuparse de lo que realmente necesitamos y a satisfacer la demanda de la población, y en caso de no hacerlo, a desaparecer. Algo que a veces sucede, porque las necesidades y gustos varían. Las empresas no son perfectas y el entorno es complejo.

Pretender desde arriba que el mercado continúe con las mismas trazas que el mercado laboral industrial de la Inglaterra de comienzos del XIX no parece la solución

Añadamos ahora un mundo que está sufriendo la tercera revolución industrial, la emersión de nuevos modelos de negocio con Internet como herramienta clave, con una propagación velocísima de la información y el conocimiento, y con un entorno extremadamente cambiante. ¿Realmente tendemos a que los trabajos sean ‘indefinidos’ o ‘vitalicios’? La respuesta la darán millones de personas decidiendo en el mercado. Pretender desde arriba que el mercado continúe con las mismas trazas que el mercado laboral industrial de la Inglaterra de comienzos del XIX, incentivando que las relaciones laborales sean matrimonios forzosos y sin posibilidad de disolución, convirtiendo a los trabajadores en peones e impidiendo que algunos sean contratados y otros no puedan prosperar gracias a la movilidad laboral, no parece ser la solución.

Conclusión

La reforma fiscal aprobada por el Gobierno fue una oportunidad perdida para acometer realmente un cambio en nuestro sistema fiscal para que éste no caiga a plomo sobre la contratación y el empleo. Las medidas de tocomocho y de bisturí en campañas electorales son, en realidad, demagogia, y no deberían sustituir a las reformas que sí tuvieron oportunidad de aplicar y no quisieron.

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