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Rajoy, todavía está a tiempo, ¡atrévase!

Hace unos días el Bundesbank recomendó a España que se “cobijara bajo el paraguas” del rescate total, no sólo el concedido al sector financiero. De acuerdo con el Banco Central alemán, los mercados acogerían positivamente extender a toda la economía las condiciones macroeconómicas ligadas a tal ayuda. Algo que, con la prima de riesgo disparada y alcanzando cotas nunca vistas, parecería una solución. Sin embargo, España no necesitaría la intervención total si el Gobierno se atreviera a creer en la libertad económica y aplicara una política de reducción inteligente del gasto público y de los impuestos, más la creación de nuevos espacios para la actividad económica, en lugar de vivir agobiado por la deuda como un mal estudiante ante los exámenes.

En parte, se han empezado a hacer las cosas bien con el último plan de ajuste, donde el Ejecutivo se ha decidido a racionalizar algunas partidas de gasto. Pero ni son suficientes ni se han reducido todo lo necesario para poder pagar la deuda, y eso es lo que ven los inversores. El país necesita una gran revisión de las funciones y tamaño del sector público.

Medidas que no deberían pasar por subir los impuestos, una actuación típicamente exigida por la troika como contrapartida a los rescates, que naturalmente se asemejan más a las que exigiría un acreedor al que sólo le interesa cobrar las deudas –aun a costa de liquidar la sociedad– que a las que aplicaría un buen gobernante cuyo objetivo sea devolver lo prestado fomentando la competitividad y permitiendo el saneamiento de las cuentas públicas y privadas. Por el contrario, nada de esto se conseguirá elevando la presión fiscal, que no recaudará lo previsto y además incrementará la incertidumbre para hacer negocios en este país –la fuente de nuestra recuperación–, ahogando a familias y empresas.

Y es que, cuando el país requiere una catarsis total que cambie la mentalidad económica en todos los ámbitos, no es de recibo que la respuesta del Gobierno sea subir impuestos, algo tan original como suicida. No porque no sea necesario reducir el déficit público, sino porque el otro gran problema se encuentra en la economía, que necesita reajustarse, dinamizarse para amortizar la ingente cantidad de deuda acumulada –privada y pública–, algo más duro con impuestos más altos.

Subir los tipos impositivos es fácil, pero las consecuencias son desastrosas e injustas: empobrece a toda la población a golpe de decreto y atrasa su capacidad de sanearse y crecer. Una opción, por tanto, que el Gobierno debería repensar y optar por un verdadero rediseño del sector público que racionalice su estructura, disminuya su tamaño y elimine duplicidades, en lugar de subir impuestos.

En contra están los que claman contra las consecuencias negativas que estos recortes tendrían sobre el PIB, sin darse cuenta de que en este indicador hay una parte productiva y otra, a todas luces, improductiva. Así, los estratosféricos sueldos de los alcaldes, las endeudadas televisiones públicas, las infinitas dádivas políticas, las duplicidades y gastos superfluos, etc., son partidas que contribuyen al PIB, pero de ningún modo son deseables. Es por ello por lo que incluso deberíamos alegrarnos de que el PIB se reduzca al eliminarse todas estas partidas para poder sanear la situación, en lugar de alegrarnos de no caer un punto o dos más a costa de alargar nuestro estado de sufrimiento zombi.

Y si el miedo a la caída del PIB para sanearlo subsiste, no debería olvidar el Gobierno que este indicador podría elevarse no ya fomentando la actividad económica sino simplemente permitiéndola, evitando sobrecargar de impuestos, costes y trabas a las empresas y dejando que exista la actividad económica cuando el vendedor y consumidor quieran reunirse libremente y cerrar una operación. Son, por tanto, las reformas liberalizadoras la herramienta para contrarrestar los posibles efectos negativos sobre el PIB de eliminar los derroches de un Estado sobredimensionado que creció a lomos de la burbuja.

Los críticos arguyen que esta estrategia no puede implementarse, dado que la crisis de deuda no da el tiempo necesario. Pero no nos olvidemos de cómo han respondido las llamadas zonas económicas especiales, territorios donde se ha liberalizado la economía y han experimentado un crecimiento explosivo. Además, los inversores prefieren reformas a medio plazo a otras que nos aboquen al impago. Por otra parte, los propios objetivos de déficit se han relajado tanto, y van a ser tan incumplidos, que al final transcurrirán años hasta que las finanzas públicas se equilibren, un tiempo durante el que se habría podido aplicar una política de Estado que incremente la competitividad de la economía española, reduciendo el gasto público, los impuestos y permitiendo que crezca la economía.

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No nos engañemos

La prima de riesgo bajando, la Bolsa en verde. ¿Estamos salvados? Parecería que los problemas de España o Italia se han resuelto y que los acuerdos alcanzados por Mariano Rajoy y su homólogo italiano han supuesto la ansiada solución a todos nuestros males.

Sin embargo, los acuerdos de la Cumbre europea no son una solución a la crisis de deuda sino un alivio, y además temporal, puesto que no atajan el verdadero problema de fondo que no es otro que el de la credibilidad que ofrecen estos países para devolver las deudas presentes y en las que tendrán que incurrir en el futuro para no quebrar.

Como viene siendo habitual, muchos serán los que achaquen a la austeridad el origen de estos problemas, pues impide el crecimiento con el que pagar la deuda. Sin embargo, si por austeridad se entiende la sobriedad o sencillez en las Administraciones Públicas –es decir, una reducción de su tamaño para ajustarse a la nueva realidad–, el análisis de las cuentas públicas indica que lo que ha habido es, en realidad, una falsa austeridad.

Así, el gasto público se mantiene en niveles superiores a los del último año de la burbuja (en 2011 se aumentó un 4,4% el gasto público respecto a 2007) y no se está logrando reducir el déficit en lo que va de año –pues a fecha de mayo y según las últimas informaciones, ya se está alcanzando el objetivo de déficit anual, y eso sin contar con los datos de las comunidades autónomas y corporaciones locales–. Por otra parte, la subida de impuesto no se compadece con una auténtica austeridad o disminución del tamaño del Estado al igual que ha hecho el sector privado. Aparte de que las subidas de impuestos no sólo son negativas económicamente al ralentizar el crecimiento económico, la recolocación del empleo y provocar un empobrecimiento inmediato de la población, no están proporcionando los recursos esperados con los que contaban las Administraciones Públicas.

Es esto, y no un afán cruel, lo que están penalizando los inversores, no castigando a España sino, simple y llanamente, no prestándonos su dinero que, suponemos, también les habrá costado ganar como a cualquier hijo de vecino, y que no tienen ninguna obligación de prestarnos.

Por tanto, la posibilidad de que los fondos de rescate compren deuda soberana aliviará la crisis de deuda, pero, no nos engañemos, no será sino un paréntesis momentáneo puesto que no tienen una capacidad ilimitada y los problemas reales persistirán a menos que se tomen las medidas adecuadas. Algo imprescindible no sólo para salir del atolladero, sino porque hoy la Eurozona es más débil que ayer, dado que parte de los problemas financieros de los países en dificultades se está trasladando a los países más sanos. Y es que el dinero de los contribuyentes noreuropeos está destinándose cada vez en mayores proporciones a sufragar los desmanes de los Gobiernos del Sur adquiriendo deuda de dudosa calidad.

Y no sólo deuda, puesto que el rescate a la Banca española, que ahora no pasará por el Estado español para no elevar 10 puntos la deuda pública sino que se hará directamente a los bancos rescatados, también supone 100.000 millones de euros añadidos que debilitarán aún más a los contribuyentes europeos. Algo difícil de entender cuando los rescates bancarios –no sólo el español, sino también el chipriota y los que vengan– podrían haberse realizado en el seno de los bancos, es decir, a través de rescates internos o bail-in, consistentes en que los accionistas –cual fuera su nacionalidad– hicieran frente a las pérdidas de su (voluntaria) inversión, y que los acreedores con deudas a más largo plazo o preferentes pasasen a ser los nuevos propietarios. Con este tipo de mecanismo no habría sido necesario imponer a las castigadas espaldas de los contribuyentes europeos 100.000 millones de euros adicionales que, sin duda, debilitarán un poco más la Eurozona y el euro.

Y, aunque la capacidad de aguante de Alemania, Finlandia u Holanda está por ver, el Gobierno no debería perder esta enésima oportunidad para actuar de acuerdo con la gravedad de la situación. Como anteriormente, todo depende de sus decisiones, no de las de otros. Entre otras, una reducción drástica del gasto público, pero no solamente para pagar los desmanes de un Estado sobredimensionado –es decir, los intereses de la deuda– sino para adelgazarlo y bajarlo a una realidad que ya no corre a lomos de una burbuja. Con este tipo de reducciones del gasto público podrían reducirse los impuestos e incrementarse la recaudación a través de la dinamización de la economía. Sin olvidar las urgentes reformas estructurales en el sector energético, inmobiliario, farmacéutico, I+D+i y ciencia, el sector educativo, de telecomunicaciones o la tan ansiada ley de emprendedores. Hoy, como ayer, es el Gobierno el que debe emprender las necesarias reformas. No nos engañemos.

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El estímulo de las reformas

Merkel ha anunciado que no es suficiente la austeridad y que uno de los objetivos de la próxima cumbre de la Unión Europea de junio será el de diseñar y ejecutar una agenda del crecimiento para Europa. De inmediato, políticos como Hollande o Rubalcaba se han apresurado a sacar pecho y esgrimir sus conocidas recetas para el crecimiento: más gasto público, más déficit y más sector público. Parece que la austeridad provoca en los políticos y correligionarios más intervencionistas algo así como un síndrome de abstinencia que agota pronto su paciencia. Y todo ello teniendo en cuenta que la llamada austeridad que nos ha impuesto Merkel no ha supuesto más que ralentizar el crecimiento del gasto y déficit públicos, porque –con toda la deuda que ya existe– los Gobiernos continúan gastando más de lo que ingresan, acumulando más y más deuda. Aun así, se incrementan las presiones para que se abra la veda a una nueva tanda de políticas, dicen, de crecimiento, es decir, de estímulo de la demanda agregada, del consumo.

Esto de que el consumo sea lo más importante es una idea de rancio abolengo que, tras economistas como Mandeville o Malthus, la profesión se había encargado de desmontar. No obstante, con Keynes estas teorías revivieron y fueron abrazadas por los economistas y políticos intervencionistas como maná caído del cielo. De acuerdo con las teorías del subconsumo, es la insuficiencia del consumo la causa de que las empresas no consigan vender y quiebren, provocando la crisis y el desempleo. La única solución sería fomentar el consumo para revertir esa tendencia. Se cimenta, así, el camino para que el Gobierno tome las riendas, acuda cual salvador al rescate del ciudadano y justifique su existencia porque cuida de sus súbditos.

Sin embargo, en el ámbito político, no se habla lo suficiente de la carga que están suponiendo los Gobiernos precisamente por este tipo de políticas keynesianas y de estímulo del consumo, tan bien seguidas en Grecia tanto en la época de auge como de recesión. Déficit abultados que quitan la financiación al sector privado, subidas de impuestos que elevan la carga que soportan los contribuyentes, y entramados de regulaciones, servicios públicos e infraestructuras de pésima calidad y tremendamente costosos de producir, que volatilizan ingentes cantidades de riqueza y que podrían producirse mucho más eficientemente por el sector privado.

Por otra parte, las voces socialistas que claman por políticas de estímulo del consumo no contemplan que, económicamente, para consumir es necesario, previamente, producir y vender bienes o servicios, y a cambio de estos se obtiene el dinero con el que adquirir los productos que demandemos. Y para producir debemos invertir –en trabajadores, en horas de formación, en bienes intermedios, etcétera– y esto sólo se consigue si previamente hemos ahorrado.

Y es el ahorro, la inversión y la producción lo que se ha ido olvidando desde que se iniciara la crisis. A través de subidas de impuestos se ha penalizado el ahorro y con las reducciones moderadas del gasto público se ha minorado el crecimiento del Estado pero no su peso, cuando lo que necesitamos es que este se aparte y deje pasar a la economía para que resuelva sus problemas y crezca de nuevo, como siempre hace si no se la estrangula. ¿Cómo? A través de reformas estructurales que dinamicen el sector productivo de Europa. Cierto que en España se han iniciado algunas reformas, como la laboral, que han ido por el buen camino, pero son insuficientes y se necesitan más para reestructurar el marco jurídico que permita un rápido saneamiento del sector privado y garantice su recuperación sin impedimentos.

Una reforma de la Administración General del Estado es necesaria, pero sólo es útil para acabar con el despilfarro público, no para hacer que la economía sea verdaderamente competitiva. Para ello es necesario liberalizar el sector energético, urbanístico, financiero, infraestructuras, etcétera, que abarate los recursos y nos haga más competitivos, así como fomentar que los servicios públicos entren en competencia con quien privadamente quiera ofrecerlos y pagarlos. Son este tipo de reformas las necesarias para dinamizar la economía, dejar que los recursos –incluido el trabajo– e infraestructuras ruinosas se reubiquen a lo largo de la estructura productiva y vuelvan a contar en los nuevos planes empresariales que satisfagan la demanda presente y futura.

Son, por tanto, las reformas estructurales y la liberalización económica la estrategia que deberían seguir los políticos europeos. Una agenda del crecimiento digna de tal nombre debería consistir en disminuir los problemas que nos causan los Gobiernos con sus ineficiencias y déficit, y dejar más espacio al sector privado del que deriva toda la riqueza de la sociedad, que siempre ha crecido allí donde ha brillado la libertad.

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Los inversores demandan reformas de calado

Los mercados vuelven a empujar contra las cuerdas al Gobierno, esta vez de otro signo político. Y es que a quienes podrían prestarnos su dinero, los inversores, les da igual el color del Ejecutivo de turno siempre que éste asegure la viabilidad de las cuentas públicas y el pago de la deuda. Es precisamente la desconfianza en que la estrategia global seguida hasta ahora por el Gobierno pueda lograr estos objetivos lo que ha hecho dispararse la prima de riesgo y teñirse de rojo día tras día la bolsa española.

Los inversores, por tanto, exigen al Ejecutivo español que modifique su estrategia para combatir la crisis, no sólo en lo que se refiere a los Presupuestos de las Administraciones Públicas –con ajustes y límites de gasto-, sino en cuanto a la estructura y tamaño de un sobredimensionado Estado.

En efecto, los inversores están juzgando del todo insuficientes las cuentas públicas presentadas por el Gobierno. Estos Presupuestos están basados en hipótesis de recaudación muy alejadas de la realidad, sobre todo si tenemos en cuenta una economía en recesión a la que, además, se le ha incrementado su pesada carga con reiteradas subidas fiscales. Las cifras de recaudación de los primeros meses del año ya atestiguan un empeoramiento de los ingresos públicos con respecto a los presupuestados. Y es que, el problema de base de estos presupuestos es su escaso margen de maniobra: a poco que los ingresos confirmen una caída de poco más de un 3%, nuestro déficit se alejará entre un 8-10% del objetivo.

Igualmente, las estadísticas de los últimos meses ya están alertando de que partidas tan importantes como las prestaciones por desempleo, afiliaciones a la Seguridad Social o pensiones, van a comportarse mucho peor de lo presupuestado. A ello se le suma lo poco ambicioso que ha sido el Ejecutivo a la hora de reducir gran cantidad de gasto público superfluo, que algunos analistas cifran en 39.000 millones de euros.

Pero no sólo la desconfianza se ha adueñado de quienes nos podrían prestar su dinero por unas defectuosas previsiones presupuestarias en un contexto recesivo. Su temor va más allá y nace de la falta de una verdadera reforma que aplique un auténtico lavado de cara al Sector Público y a la economía productiva. Respecto a ésta última, es necesaria una progresiva y acelerada liberalización que tan buenos resultados ha dado en otros países, en términos de crecimiento y empleo. Respecto al Sector Público, los inversores demandan una urgente reforma del Estado de las Autonomías que ponga auténticas bridas a los 17 mini-estados y elimine de raíz duplicidades e ineficiencias producidas por la descentralización que se ha llevado a cabo.

De no producirse estas reformas de calado, lo peor no será que nos rescaten, sino que nuestra economía persistirá en un estado zombi, en el que la reducción del nivel de vida que hemos experimentado no será algo momentáneo sino prolongado. En manos de Rajoy está el hacer que un sobredimensionado Estado y las rigideces económicas no sean más un pasivo sino un activo a contabilizar con las necesarias reformas que los inversores están esperando de su mandato.

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Hacia una reforma inteligente del Impuesto sobre Sociedades

Durante las últimas semanas, analistas y medios de comunicación habían barajado la opción de que la próxima reforma tributaria que emprenda el Gobierno del PP sea la del Impuesto sobre Sociedades, pero no para reducirlo, como parecería consecuente, sino para incrementarlo. Es este, pues, un muy buen momento para reflexionar sobre las implicaciones de este tributo y sobre cuál sería su modificación más inteligente. La tributación de las sociedades es una pieza estratégica en la política exterior de un país que pretenda atraer inversión extranjera y dinamizar la actividad económica. Hay diversos ejemplos de naciones que han experimentado un crecimiento económico sin precedentes en poco tiempo, hecho que en la jerga económica les ha granjeado el apelativo de tigres, siendo sus garras y colmillos un sistema jurídico –especialmente las leyes fiscales– que apuesta por la libertad económica. Hong Kong, Singapur y otros países asiáticos son ejemplos a los que debería mirar un Gobierno cuyo máximo objetivo sea el rápido crecimiento económico para su país. Singapur, en concreto, tiene un sistema fiscal envidiablemente sencillo con un tipo impositivo en el impuesto sobre sociedades del 17%.

Pero si el Ejecutivo no quiere mirar tan lejos, en Europa también disponemos de evidencias claras de países que han revolucionado la fiscalidad en materia de sociedades, no sólo para atraer inversión foránea, sino para que sus propias empresas se desarrollen de una manera más competitiva. Sabedores de que sus economías no resultan de por sí atractivas por cuanto en su entorno hay otras más ricas en oportunidades, algunos países están entendiendo que el futuro pasa por destacarse en algún campo. Si no se tiene la elevada tecnología alemana o la marca británica, hace falta ofrecer un valor añadido que los diferencie positivamente de sus competidores: un bajo y moderado impuesto sobre las ganancias empresariales. Ejemplo claro y obligado es el de Irlanda, con un tipo impositivo del 12,5%. España no debería estar en fuera de juego y aplicar una audaz reforma de su Impuesto sobre Sociedades rebajando drástica y urgentemente su tipo impositivo.

Al igual que la reforma laboral se ha aprobado asumiendo que sus efectos serán visibles más bien a medio plazo, tres cuartos de lo mismo habría que plantearse a propósito de la recaudación tributaria por sociedades. No hay que olvidar que este impuesto ha sido el que más ha sufrido con la actual crisis, un reflejo de que las durísimas condiciones a las que han tenido que enfrentarse nuestras empresas no permiten tener un gravamen de este tipo tan elevado como el actual.

No sirve escudarse en que la tributación efectiva en España de nuestras sociedades está en la media de otros países si dichos países son más ricos, más dinámicos, más competitivos y más productivos que el nuestro. Además, parte de estos indicadores que muestran esa favorable tributación de nuestras empresas se basa en gran medida en que España ha aplicado medidas tendentes no a reducir la carga total del impuesto sino a diferir su pago en el tiempo –un ejemplo sería la libertad de amortización para la inversión en activos fijos nuevos, vigente desde 2009 con la condición de mantenimiento de empleo, y sin dicha condición desde el 2011–. Igualmente, el hecho de que las empresas españolas hayan acumulado fuertes pérdidas en estos ejercicios de crisis también ha hecho que su tributación efectiva se haya reducido.

La elevación de la tributación en este impuesto, acordada ayer por el Gobierno, no traerá más que dificultades añadidas y un todavía peor comportamiento recaudatorio. Por el contrario, la decidida reducción del tipo impositivo, junto con el resto de reformas estructurales que requiere la economía española, haría incrementar su recaudación a lo largo de la legislatura por la vía de la dinamización de la economía productiva. El Gobierno podría mostrar a Bruselas unas cuentas públicas totalmente saneadas y una de las recuperaciones más rápidas de toda Europa.

En definitiva, si el Gobierno quiere incrementar la rentabilidad empresarial en nuestro país de un plumazo, no tiene más que reducir drásticamente el Impuesto sobre Sociedades. Siendo un impuesto que afecta enormemente a la competitividad de nuestras pymes, la reducción de este gravamen permitiría incrementar la competitividad internacional de nuestras empresas. La explosión de nuevas compañías, unida a una futura y adecuada Ley de Emprendedores, mejoraría de manera muy sustancial la deriva económica de nuestro país, lo que a su vez repercutiría positivamente sobre el empleo y el bienestar de la población en general.

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El 4,4% está a nuestro alcance

Como El Cid, Zapatero sigue dando guerra después de muerto, pero en este caso para perder batallas. Ayer conocimos que el déficit conjunto de las Administraciones Públicas españolas, lejos de ubicarse en el 6% del PIB como el calamitoso líder socialista había prometido ante Bruselas, se situó en el elevadísimo 8,51%, en especial por el absoluto descontrol de los gastos autonómicos.
En medio de una de las peores crisis de liquidez de la historia, el Estado gastó 90.000 millones de euros más de lo que ingresó; una enorme brecha que hubo de ser cubierta mediante la correspondiente emisión de deuda pública, que obviamente contribuyó a agravar todavía más la sequedad del crédito para nuestras sufridas pymes y emprendedores.

A este respecto, llama la atención la ficticia dimensión en la que vive nuestra clase política: mientras que el sector privado lleva años de verdadero ajuste, hasta el punto de que su endeudamiento en los últimos tres años se ha reducido en más de 85.000 millones de euros, las Administraciones Públicas, entre falaces proclamas de austeridad, lo han incrementado en 300.000 millones. Una mareante cifra que se añadirá a la ya de por sí cargada espalda del contribuyente mediante nuevas y más gravosas subidas de impuestos.

Sorprende, pues, que sigan siendo legión quienes acusen a la austeridad de haberse llevado por delante los brotes verdes y la ansiada recuperación. Pero, a la luz de este déficit del 8,51% del PIB, apenas siete décimas inferior al de 2010, ¿de qué ajustes estamos hablando? Sólo en 2010 redujimos tres veces más el agujero en nuestras cuentas públicas sin que el crecimiento se resintiera en modo alguno; y ello por no hablar de Alemania, país que con apenas un déficit del 1% del PIB cerró 2011 con un fulgurante crecimiento del 3%.

Queda, por consiguiente, muchísimo por recortar. Viendo con algo de detalle las manirrotas cuentas públicas destacan los abultados déficits de las comunidades autónomas, que más que duplicaron el objetivo previsto del 1,3% del PIB, hasta alcanzar el 2,94%. Es cierto que no todas se comportaron del mismo irresponsable modo: la Comunidad de Madrid sí cumplió el objetivo –con un déficit del 1,13% de su PIB–, pero su positiva cifra apenas constituye un oasis en el mar rojo de las restantes comunidades, tristemente abanderadas por la de Castilla-La Mancha –que en parte habrá aprovechado para contabilizar facturas ocultas por el Ejecutivo de Barreda–, la cual ha llegado a un 7,3% de su PIB (seguida por Extremadura, Murcia o Cantabria, que superaron el 4% de sus respectivos PIB).

El resultado de la Comunidad de Madrid debería servir a algunos para despojarse de la excusa de la crisis como causante de los déficits crónicos. Con una buena y austera gestión de los servicios públicos el resto de comunidades debería ser capaces, como la madrileña, de alcanzar unos déficits algo menos bochornosos que los actuales. Sin embargo, mejorar la gestión de los servicios públicos de las comunidades autónomas no será suficiente para sanear nuestras finanzas.

Se hace urgente revisar la legislación estatal básica en materia de servicios sociales que obliga a las comunidades autónomas a incurrir en una serie de gastos muy superiores a los ingresos con los que cuentan para financiarlos, separándose aquello que nunca debe separarse: la corresponsabilidad fiscal, a saber, que las comunidades autónomas sufraguen con sus ingresos los servicios que presten.

Pero, sobre todo, clama al cielo la cantidad de gastos y dispendios que han crecido como setas al albur de los nuevos cortijos autonómicos. En este sentido, resulta obligada la mención al estudio elaborado por la Fundación UPyD sobre el coste de las duplicidades del Estado Autonómico: 26.000 millones de euros anuales que podríamos ahorrarnos en caso de que los Gobiernos regionales suprimieran las redundancias y las ineficiencias de su Administración. 26.000 millones, sí, justo la cifra en la que en 2011 se desvió el déficit público con respecto al objetivo marcado por Bruselas.

El PP está tratando de renegociar con Bruselas el compromiso de déficit para este año. En realidad, si procediéramos a repensar nuestro Estado Autonómico y de Bienestar, ni siquiera sería necesario. La mastodóntica estructura de este reino de taifas autonómico, compuesta no sólo por los órganos necesarios para llevar a cabo las tareas que antes realizaba el Estado –una estricta descentralización–, sino por inútiles agencias y cuerpos adicionales que han ido creando por el camino los virreyes regionales para incrementar su poder y sus redes clientelares, está contribuyendo decisivamente a inflar nuestros gastos de un modo insostenible. Procedamos, pues, a una revisión completa del mismo: no sólo lo agradecerán nuestros acreedores internacionales, sino también, y sobre todo, el conjunto de los contribuyentes españoles.

*Adrià Pérez Martí es socio fundador del Instituto Juan de Mariana y analista fiscal.

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