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El plan original de Varufakis para impagar la deuda de Grecia

(Artículo publicado en Libre Mercado.)

El ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varufakis, tenía muy claro cómo impagar la deuda pública helena antes de llegar al Gobierno, y esta particular hoja de ruta es la que ha intentado defender ante la troika.

El polémico economista lleva tiempo planteando una serie de medidas que, según él, podrían aplicarse sin modificar tratados ni leyes europeas, ni implantar la unión fiscal ni transferencias de dinero público entre Estados. De ahí su humilde título, Una propuesta modesta, que, por cierto, también fue usado por el célebre escritor Jonathan Swift –Los viajes de Gulliver– para titular un relato satírico de 1729 en el que ofrecía como solución para acabar con la situación de los pobres irlandeses que vendieran sus hijos como alimento.

El plan se basa en recurrir, precisamente, a gran parte de las ideas que contribuyeron a agravar y alargar la crisis de Grecia: la mutualización de la deuda, usando un esquema que recuerda a la ingeniera financiera del boom y sus titulizaciones (es decir, más y más deuda), la aplicación de un New Deal a escala europea, y el rescate banco a banco por parte delFondo europeo de rescate (MEDE).

De acuerdo con el ministro griego, para reducir el endeudamiento, los Estados miembros transferirían al BCE su deuda por valor del 60% del PIB, el límite fijado por el Tratado de Maastricht. El BCE no compraría la deuda transferida, ya que no puede legalmente monetizarla. Sería como un apunte contable. El BCE, para hacer frente a los intereses de esa deuda asumida se endeudaría, a su vez, emitiendo bonos a un tipo de interés libre de riesgo.

Los Estados miembros pagarían los intereses de esos bonos emitidos por el BCE. De ahí que a dicho plan se le denomine Programa de Conversión de la Deuda Limitado (el BCE pagaría los intereses de la deuda, y los Estados -el Estado griego en este caso- los intereses de los bonos emitidos por el BCE).

El beneficio para Atenas sería reducir el coste de la deuda y quitarse de encima la presión ejercida por los inversores para que aplique las reformas que garanticen que devolverá lo prestado. No obstante, el famoso economista no menciona los incentivos perversos que crearía al estimular el endeudamiento de los bancos con el BCE para adquirir sus propios bonos, o la degradación del balance de la institución monetaria con la consiguiente depreciación del euro (un impuesto a todos los europeos).

Una vez el problema de la deuda estuviera bajo control (no a base de reestructurar el atrofiado Estado del Bienestar griego sino sobre la base de endosar y difuminar su deuda tóxica al resto de Europa), Varufakis propone llevar a cabo un gran plan europeo de gasto público, obviamente, no con su dinero (que no tienen) sino con el que, teóricamente, sería capaz de levantar instituciones como el Fondo Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Inversiones, respaldados, en última instancia, por dinero de los contribuyentes europeos.

La estrategia del ministro griego sería utilizar a estos organismos paragastar más, pero usando el dinero de otros. Como si la causa de gran parte de los males no estribara, precisamente, en el enorme gasto público y control gubernamental que todo lo acapara en el país heleno, y en el gran protagonismo de las políticas keynesianas.

Ciertamente, el ministro acierta al apuntar al descalabro de la inversión como uno de los hechos destacados de la crisis griega (así como la española, por cierto), pero para resolver el problema aboga por la sempiterna política socialista basada en vestir de poder a los políticos y funcionarios para que sean ellos (y no los inversores, empresarios y consumidores) los iluminados desde sus despachos para determinar qué empresas, sectores e industrias deberían existir y ser receptoras de la ingente cantidad de gasto.

Finalmente, otra de las grandes patas del plan inicial de Varufakis consiste en rescatar a los bancos caso por caso. La propuesta, en este sentido, pasa por usar de nuevo el MEDE para que adquiera un paquete accionarial del banco en dificultades y pase a nombrar, junto con el BCE, un Consejo de Administración para gestionar la entidad, priorizando la protección de los depósitos, pero sin excluir la posibilidad de liquidar la entidad.

Tras dicha gestión, el MEDE podría vender sus acciones y tratar de recuperar el desembolso. Y todo ello, sin que los Estados tuvieran que asumir ningún tipo de deuda adicional por los rescates financieros. Es decir, que el coste del rescate financiero no recaiga exclusivamente sobre los contribuyentes griegos, sino sobre el conjunto de los contribuyentes europeos.

La propuesta original de Varufakis para solventar los problemas de Grecia consiste, por tanto, en que el resto de Europa se haga cargo de una parte de la deuda pública helena, exigir un gran plan de gasto e inversión pública financiado por el resto de europeos, así como compartir la factura de los rescates bancarios de Grecia con el resto de europeos. En resumen,dinero, dinero y más dinero…

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El ‘corralito fiscal’ de Montoro dificultará el cambio de modelo productivo en España

(Artículo publicado en Libre Mercado.)

 

La reforma fiscal contiene un auténtico cepo a la inversión productiva en España, que algunos empresarios y expertos no han dudado en calificar como una especie de corralito a nivel impositivo. Se trata de la nueva tributación en el IRPF de las plusvalías latentes (no realizadas) en caso de cambio de residencia a otro país, es decir, un impuesto de salida oexit tax.

Un gravamen que no puede ser peor para la regeneración de la economía y que, desde un punto de vista fiscal, ha sido perseguido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, limitando o anulado su aplicación. La pregunta entonces es: ¿hacía falta golpear más a los inversores y a la actividad económica con un impuesto de una más que dudosa legalidad y una clara restricción a la libertad de movimiento de las personas?

El impuesto de salida castiga a las personas que han invertido en una empresa y quieren emigrar. El problema es que dicho coste se descontará antes de realizar una inversión, de modo que quien quiera invertir en España, ya sea nacional o extranjero, tendrá una señal de advertencia: si entra, le costará más salir. Así pues, se exigirá más rentabilidad a las inversiones para llevarlas a cabo, y esto conduce a que muchas de ellas no se hagan, con el consiguiente perjuicio para el empleo y el crecimiento.

Si este coste no se tiene en cuenta en el momento de realizar la inversión (por ejemplo, para todos aquellos que han aguantado y resistido la crisis hasta la entrada en vigor de la reforma), no será sino un obstáculo más para la actividad económica, a la que someterá y hará más improductiva, ralentizando la recuperación. El impuesto de salida, por tanto, es unimpuesto al imprescindible cambio de modelo productivo.

Y por esta razón la medida del Gobierno también perjudicará a aquella necesaria inversión protagonizada por los emprendedores, pero no por cualquiera de ellos, sino aquellos que empiecen a ver cómo sus proyectos se confirman en el mercado, empiezan a recibir una valoración económica significativa y a tener la necesidad estratégica de reorientar su crecimiento para ampliar mercados e internacionalizase.

¿No es ése, precisamente, el cambio de modelo económico que queremos? Son pocos los políticos a los que no se les ve hincharse su caja torácica cuando hablan de la necesaria internacionalización de nuestra economía y empresas. Y, sin embargo, no cesan de maquinar nuevas maneras de sangrarnos fiscalmente y ponernos obstáculos de todo tipo.

Menor crecimiento y creación de empleo

Por otra parte, cuantos más impedimentos se impongan a la inversión, más efectos negativos se sentirán para la contratación de factores productivos. Empezando por el empleo, cuya creación será mucho más lenta de lo que podría ser sin estos impuestos, pero también otros activos igualmente fundamentales para quienes viven de sus rentas o servicios, repercutiendo finalmente en toda la economía: menor ahorro que conducirá a una menor amortización de deuda y a una menor inversión, menor consumo, mayor parálisis económica, etc. Un círculo vicioso cuya intensidad dependerá de múltiples factores (muchos de ellos ya de por sí negativos en una situación de crisis o frágil recuperación).

Igualmente, el impuesto de salida también tiene una consecuencia mucho más sutil, pero enormemente perniciosa. Es un efecto intangible: el deevitar que nuestra economía entreteja lazos con el exterior, accediendo a la red de conocimientos, contactos y actividades con otros agentes de mercados extranjeros, evitando que nos expongamos todo lo posible a la dura competencia extranjera que nos haría más fuertes, e incentivando una suave autarquía que redundará en nuestra ineficiencia, en nuestra debilidad económica y en una falta de competitividad y cultura empresarial.

En suma, el impuesto de salida contenido en el IRPF de la reforma fiscal aporta su granito de arena particular para hacer más rígida la economía,en momentos en los que se necesita flexibilidad para hacerla menos frágil y más dinámica. Una medida insensata cuya mayor recaudación será aquella que nunca veremos: lo que podríamos haber creado en términos de actividad económica, empleo y riqueza si no hubiera existido este impuesto.

Los erróneos argumentos del Gobierno

El Gobierno, sin embargo, lo ha defendido empleando varios argumentos. Uno de ellos, el tan manido mantra de que otros estados también lo aplican en sus jurisdicciones (Alemania, Francia, Holanda, Estados Unidos, entre otros). Aprovechan que sus economías son más ricas y capitalizadas que las del entorno, pero no deja de ser un chantaje para todos aquellos que quieran sumarse a esa riqueza de intercambios comerciales en esos mercados.

El problema es que España va por detrás, tiene una economía necesitada de cambio de modelo productivo, de entrada y realización de nuevas inversiones, nuevas empresas para crear sectores de la nada. Y con un cepo se ahuyenta a parte de la inversión potencial que podría estar entrando.

Además, gravar una ganancia no efectuada es 100% confiscatorio.Hacienda exige un pago por una renta que todavía no existe, puesto que las acciones no se han vendido. Por tanto, el obligado al pago debería sustraer de otras rentas el dinero para pagar el impuesto o malvender activos que posea, afectando a la generación de todas sus rentas futuras.

Igualmente, se asume que la propiedad de dichas acciones acarrearán finalmente un beneficio a quien las posee, cuando puede suceder que, al final, su poseedor registre incluso pérdidas (como ocurre con muchas empresas).

Por otro lado, aunque se conceda un aplazamiento al pago, éste debe ser avalado (por las propias acciones o por otros bienes), y dichas garantías no son gratuitas, impiden obtener financiación e inyectar más recursos al propio proyecto, etc… Y ello, sin contar que son restrictivas de la libertad de establecimiento, tal y como dictaminó el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en una famosa sentencia de 2004 (el caso Hughes de Laysterie du Saillant), tildándola de desproporcionada en otra de 2006 (el caso N).

La otra cantinela utilizada por el Gobierno para justificar este impuesto es que va dirigida a aquellos que emigran con sus jugosas plusvalías bajo el brazo y se aprovechen de tipos impositivos foráneos más ventajosos.

Sin embargo, ni siquiera puede admitirse este argumento, puesto que cualquiera que emigre no tiene por qué hacerlo para eludir el pago de impuestos, como así resaltó el TJUE en la ya mencionada sentencia de 2004: no puede justificarse una restricción a la libertad de movimientos sobre la base de esta premisa. Además, en caso de ser ésta la razón, elexit tax es desproporcionado y deberían implementarse medidas mucho menos radicales y proporcionadas, añadió el Tribunal.

Por otra parte, escudarse en que el impuesto está diseñado para “los ricos”, usa, una vez más, la clásica demagogia barata de maltratar a quien es rico por el mero hecho de serlo, agrupándolos en una misma entelequia -como a animales-, y considerando el dinero como algo intrínsecamente malo.

Eso sí, según la reforma fiscal, si el emigrante se desplaza a otro país con el que se tenga suscrito un tratado fiscal con intercambio de información, se aplaza avalando el pago de la deuda. Pero esta gracia sólo se concede si el traslado es temporal (5 ó 10 años). Esta argumentación suena a una especie de permiso penitenciario, como si España fuera una cárcel fiscaldel algún tipo.

Las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo

Algunos de los defensores de este impuesto señalan que el Ejecutivo ha sido muy respetuoso con las sentencias del TJUE, órgano que en ocasiones destaca por su pendularidad -unas veces dice una cosa y otras matiza en extremo-, porque permite la no tributación en caso de traslado temporal a territorios que no tengan la consideración de paraísos fiscales.

Sin embargo, lo que se está penalizando es, en definitiva, todo cambio definitivo de residencia (no temporal) por el mero hecho de realizarse. Que se aplace o avale el pago del citado tributo no oculta la flagrante restricción a la libertad de movimiento de los ciudadanos por el mero hecho de querer vivir en otro lugar.

Ese atribuido respeto a las sentencias del Tribunal Europeo se basa, al menos parcialmente, en su resolución de 2006 (aunque no en la de 2004), donde justifica la imposición a las plusvalías latentes antes de la emigración por el legítimo poder fiscal de cada Estado en su territorio en un entorno sin armonización fiscal: podrían gravarse en el país en el que se han generado dichas plusvalías.

Dejando a un lado el error técnico que consujo al Tribunal a esa contraproducente conclusión, tampoco es ésta una excusa para que el Estado que tenga derecho a imponer dicho tributo, efectivamente, lo aplique. Lo lógico y sensato desde el punto de vista económico y de la libertad es que el Estado en cuestión no grave esas ganancias ficticias y que, por tanto, proteja la actividad económica que se realiza en su territorio. En su lugar, se abusa del poder territorial, una vez más, sin importar la libertad, la economía o ni siquiera los votantes.

Asimismo, se corre el enorme riesgo de sufrir una doble imposición en caso de que en el país de destino también se graven esas plusvalías latentes, o bien carezca de medidas correctoras o aplique diferentes métodos de valoración de los activos, etc.

Esto obligaría a una armonización fiscal para evitar esa doble imposición, que, eventualmente, y especialmente en los Estados más ricos, deriva en una eliminación de la competencia fiscal y en un cartelismo gubernamental para asegurar una imposición similar y, por tanto, igualmente lesiva, en un creciente número de países.

Lo mismo ocurre si no se toman medidas para tener en cuenta las minusvalías que se generen o podrían generarse después de haberse liquidado el impuesto de salida, algo claramente constitutivo de ilegalidad, declarado reiteradamente por el TJUE como contrario al ordenamiento comunitario (véase la sentencia de 2006). Y éste es, precisamente, el caso de la reforma fiscal en vigor, cuyas posibles minusvalías se toman en cuenta a posteriori, para liquidaciones futuras, no para calcular la propia liquidación del exit tax.

Otros efectos negativos

Otras consideraciones sobre los efectos negativos de esta medida son las siguientes:

  • La valoración de las acciones y, por ende, de la plusvalía, es contraria a la naturaleza jurídica de los implicados. Valorar las acciones en función del patrimonio neto de la empresa o de la capitalización de sus beneficios pasados (incluidos los beneficios que no se han distribuido, las reservas) (95 Bis. 3 b) es romper la distinta naturaleza legal de la empresa (persona jurídica) y el accionista o partícipe (persona física), jurídicamente diferentes. ¿Por qué ha de tributar una persona por los beneficios obtenidos y mantenidos en otra persona jurídicamente diferente? Todo ello lo convierte en una especie de transparencia fiscal encubierta.
  • Se discrimina entre los residentes y aquellos que dejan de serlo. En el caso de que sigan siendo súbditos fiscales se les impone un impuesto sobre la renta obtenida por las plusvalías, mientras que si dejan de serlos, el impuesto se transforma en uno que no recae sobre la renta, sino sobre plusvalías ficticias o teóricas, no reales.
  • Dicha tasa también cae en una especie de provincianismo europeístaal aliviar la carga fiscal cuando el sujeto se traslada a otro Estado Miembro de la UE.
  • Por último, el Ejecutivo afirma que para evitar que sea confiscatoriono se exigirá el impuesto cuando el traslado se haga a otro Estado Miembro de la UE. Es decir, que la confiscatoriedad del impuesto no depende de imponer un tributo por el traslado sino por no imponerlo a una parte de los destinos. ¿Y a los que sí se les impone porque se trasladan a los lugares no deseados por los políticos? No en vano, el emprendedor que quiera emigrar a Silicon Valley (EEUU) para tratar de fortalecer su proyecto y sacar adelante su empresa no dejará de sufrir una confiscación porque el creador de otra startup se mude a Irlanda y haya sido beneficiario de la gracia gubernamental.

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El capital riesgo comienza a revivir en España

(Artículo publicado en Libre Mercado.)

El cambio de modelo económico no es sólo una cantinela cacareada por nuestro políticos, también es un camino por la que debería transcurrir la economía española si quiere prescindir del ladrillo como “crecimiento” burbujístico.

La elevada bancarización de la economía española no es la respuesta para la necesaria creación de nuevas industrias y sectores. Se requieren inversiones que creen nueva actividad y, por tanto, que asuman un riesgo elevado que no debería ser asumido por los bancos sino por el ahorro y la inversión privada. Es el papel que debería asumir, en parte, el Capital Riesgo, pero sus volúmenes de inversión son todavía reducidos y muy lejos de los años previos a la crisis económica (especialmente en las primeras etapas de los proyectos empresariales).

Parece que 2014 será un mejor año para este sector, tanto en volúmenes de inversión, como en captación de nuevos fondos. No obstante, parte de esta mejoría de las cifras proviene de las inyecciones de capital del Gobierno que, aunque no es la peor política económica, sí supone distorsionar este importante sector y alejarlo de su versión más desarrollada de países como Reino Unido, Irlanda o Suiza (con mucha menor intervención) y desincentivar una dinámica sana.

Lenta mejoría esperanzadora

En 2013 el capital riesgo tocó fondo y comenzó a levantarse. Tanto es así que el volumen de inversión provenientes de este tipo de capital, de acuerdo con las cifras de ASCRI y webcapitalriesgo.com, supuso apenas la mitad de lo invertido en 2005 (donde se alcanzó el máximo), suponiendo una caída del 8% con respecto al año anterior. Cierto es que el 80% de esta cifra se consiguió en el segundo semestre del año, hecho que explica no sólo la fuerte caída en el primer semestre sino la mejoría en 2014. Así, en el primer semestre de este año el volumen de inversión ha crecido un 132%. El 90% fueron inversiones de menos de cinco millones de euros, y más del 70% de menos de un millón.

No obstante, el importante papel de este sector como motor de cambio del modelo económico español es apenas del 0.2% del PIB (unos 2.300 millones de euros, en 2013, aunque muy superior en 2014, si se confirma la tendencia). Esto supuso, en 2013, el 3,5% del total de la inversión de Capital Riesgo de Europa, muy lejos de Reino Unido, Alemania y Suiza (32,9%, 18,8% 10,6%) e incluso menos de la mitad que un país mucho más pequeño como Países Bajos (8,2%). Estamos tres países por debajo de la media europea:

Fuente: Asociación Europea de Capital Riesgo o EVCA.

Inversión por fases

Tradicionalmente, el capital riesgo se ha hecho más presente en las compras o buyouts de empresas (que desde 2010 tiene un fuerte peso, en torno al 60% por volumen de inversión). No obstante, durante la crisis, la inversión en etapas de crecimiento se ha hecho un hueco importante (sobre todo en 2008-2009) y según las perspectivas de ASCRI y webcapitalriesgo.com, en el primer semestre de 2014 el volumen de inversión en estas fases de crecimiento se ha incrementado un 45% hasta alcanzar el 41% de la inversión total, acaparando casi un 60% de las operaciones realizadas.

 

grafico

Fuente: Elaboración propia con datos de EVCA.

En cualquier caso, la inversión en las primeras etapas o venture capital (semilla, startup y últimas fases de emprendimiento) están lejos de los dos dígitos que se alcanzaron en 2008 y 2009. Estas no son inversiones de grandes importes por su propia naturaleza, pero su importe total está muy lejos de los países ya mencionados o incluso de Austria, Irlanda o Finlandia, situándose en el pelotón de cola. Además, parece que durante el primer semestre del año está experimentando cierta caída hasta el 2,4% del volumen total de inversión, según los datos de  con ASCRI/webcapitalriesgo.com. Quizá el sector se esté centrando en impulsar el crecimiento de inversiones pasadas.

Sectores

Por sectores, Informática, Productos y Servicios Industriales, Productos de Consumo o Biotecnología son los que tanto el año pasado como la primera mitad del actual están acaparando el mayor número de operaciones (destacando notablemente el primero). Por volumen de inversión, este año se está invirtiendo más en Productos de Consumo, Hostelería y Ocio, frente a Productos y Servicios Industriales o Servicios Financieros el año anterior.

Captación de fondos

Tras una crisis en la que se estaban agotando los recursos levantados con anterioridad, la captación de fondos para invertir (fundraising) a lo largo del primer semestre de este año ha crecido un 315%, superando los 2.134 millones de euros (en 2013 creció sólo un 11%), de acuerdo con los datos de ASCRI/webcapitalriesgo.com. Algo más de la mitad fueron captados por operadores nacionales privados, el 41% extranjeros, y el 5% por operadores nacionales públicos.

Estas son buenas noticias si tenemos en cuenta que durante la crisis, los países del Sur de Europa siguen estando a la cola en la captación de capital riesgo, muy al contrario que el Reino Unido e Irlanda:

Y aunque es cierto que el interés internacional ha vuelto, el notable cambio de tendencia se explica en una buena parte por el papel del Fond-ICO Global, que tiene intención de inyectar al Capital Riesgo español 1.200 millones de euros entre 2014 y 2017 en cerca de 40 gestoras (de momento se estima que ha inyectado casi 500 millones a 14 entidades). La intervención del Gobierno, también en esta industria, es común en el Sur de Europa (que suele rondar un 30%), en la que se prefiere desviar fondos públicos para este sector en lugar de liberalizar la economía. En España, la intervención estatal se ha hecho notar durante la crisis, especialmente en 2009 que pasó de un 2% a un 14%) y en 2012 y 2013, en donde se situó en un 27-26%.  Es un modelo totalmente diferente al seguido por los países con el Capital Riesgo más desarrollado (Reino Unido, Irlanda, Alemania o Suiza):

Por otra parte, el segundo tipo de inversor con mayor peso en 2013 en levantar capital fueron las personas, con un 15%, recuperando e incluso sobrepasando su peso de 2007. Los bancos ocupan el tercer lugar y han descendido acusadamente su participación durante la crisis: de un 44% en 2009 a un 13% en 2013. Los inmediatos seguidores son los fondos de pensiones, de inversión y family offices.

Positivo incremento de las desinversiones

En cuanto a las desinversiones, una parte fundamental para recuperar el capital (más ganancias) que permitirá reiniciar el ciclo, el primer semestre de 2014  experimentó el doble de volumen de desinversión que en el mismo periodo de 2013. La mitad de las operaciones fueron “Venta a tercero”, un tercio “Venta en Bolsa” y casi un 10% “Venta a otra entidad de Capital Riesgo”.

 

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¿Hacia dónde apuntará el ‘bazuca’ de Draghi?

En su última rueda de prensa, Mario Draghi constató la comodidad del Consejo de Gobierno del BCE ante la posibilidad de adoptar en junio nuevas medidas de política monetaria no convencional (compra masiva de activos). Las últimas informaciones hablan de que la institución monetaria podría inyectar al sistema hasta 200.000 millones de euros, aunque también cabría la posibilidad de que todo quedara en meras declaraciones. ¿Actuará finalmente? Y, en tal caso, ¿qué medidas podría adoptar?

De todas las opciones que se han barajado queda la impresión de que el BCE no espera que los estados liberalicen la economía y podría aprovechar la baja inflación para depreciar el euro y fomentar las exportaciones, una recuperación basada en quitar valor a la moneda de los ciudadanos en lugar de ofrecer valor y productividad.

El caldo de cultivo previo

La justificación para emplear este tipo de medidas sería la de no “resignarse a mantener una tasa de inflación demasiado baja durante demasiado tiempo”, según aclaró el propio Draghi en rueda de prensa, cayendo, sin embargo, en una contradicción con el propio comunicado del banco central, ya que el organismo considera que los riesgos de inflación están “equilibrados en líneas generales”.

En este sentido, las previsiones de inflación para 2014 y 2015 son claramente inferiores al 2% (objetivo de límite máximo del BCE, según estatutos). Pero, en cualquier caso, aunque sean los niveles más bajos en 25 años, no es un supuesto de deflación, sino de escasa inflación (0,7% último dato de abril).

Probablemente, haya otros hechos que estén pesando más en el Consejo de Gobierno de la institución monetaria: un lento y débil ritmo de salida de la crisis (que no se espera que cambie sobremanera), un euro que se mantendrá fuerte según las previsiones, y el hecho de que las medidas de expansión del balance tomadas hace un par de años por el BCE se estén revirtiendo porque las entidades financieras estándevolviendo la financiación prestada, al contrario de lo que ocurre con la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, entre otros (en el gráfico, la evolución del balance de estos dos bancos y del BCE, respectivamente).

Por tanto, aprovechando este escenario, lo que pretende el BCE sería, fundamentalmente, reactivar la economía (algo que, por cierto, no es objetivo del banco) buscando la depreciación del euro y, así, fomentar las exportaciones (tampoco el tipo de cambio está entre los objetivos del banco central, aunque políticos que ahora se presentan a las elecciones como el de centro derecha Jean Claude Juncker propongan incluirlo entre sus cometidos).

Es decir, dado que no espera que los estados liberalicen la economía, aprovecha la baja inflación para tratar de depreciar la moneda. Pero,¿qué medidas podría adoptar?

1. Rebaja del interés y tipos negativos

Parece que esta opción sería la más probable. Las últimas informaciones hablan de un recorte de los tipos de refinanciación y de depósito del BCE de entre 10 y 15 puntos básicos.

Esto significaría que a los bancos les costaría menos financiarse en el BCE y, al mismo tiempo, les costaría dinero mantener reservas en la institución monetaria (por primera vez habría tipos negativos). El objetivo de ambas medidas sería fomentar que el dinero salga del circuito interno bancario hacia la economía real.

Sin embargo, se estaría perjudicando a aquellos bancos que quieren mantener su liquidez en el BCE para mantener sus balances más saneados. Si los bancos no prestan a la economía real no es por inquina o animadversión, sino por la falta de solvencia de la demanda de crédito y la de los propios bancos. Entorpecer la recuperación de la solvencia de ambas partes alarga la crisis.

Por el contrario, se beneficiaría a aquellos prestamistas netos (especialmente bancos periféricos y franceses) e, indirectamente, a los gobiernos cuya deuda compran (gobiernos que no aprovechan estas facilidades para reducir el gasto y los impuestos, medidas que mejorarían la solvencia de la economía real).

Con todo, algunos analistas recuerdan que cuando los tipos negativos se han aplicado en otros países han solido ser más efectivos comomecanismos para depreciar la moneda que como una manera de estimular el crédito al sector real.

2. Préstamos a empresas

Otra posibilidad que se baraja es que el BCE empiece a financiar a las pymes. Sin embargo, no está del todo claro cómo se realizaría, si como lo hace Reino Unido, con financiación a los bancos para que éstos presten (el Funding for Lending Scheme), o mediante préstamos directos a las empresas.

Como han señalado algunos analistas, para que una política monetaria expansiva fuera sana debería estar destinada a que las empresas, mientras están reestructurándose, puedan afrontar sus restricciones momentáneas de liquidez. Una manera es la de financiar crédito comercial (a corto plazo) y de calidad con tipos de interés superiores a los del mercado. Es decir, tener una línea de liquidez ilimitada, pero que cueste más que el mercado y que sea deuda a corto plazo y de calidad (que se repague pasado ese corto plazo).

El cómo se acerquen finalmente las medidas que aplicará el BCE a esta manera de proveer liquidez a las empresas es lo que determinaría su utilidad y conveniencia. Cuanto más a largo plazo fueran los préstamos concedidos las empresas, más riesgo asumiría el banco central y mayor sería la distorsión (insolvencia e inestabilidad) en su balance y en el de los demás agentes del sistema. Además, a través de quién se otorguen los préstamos también influiría en el riesgo asumido.

3. Comprar acciones

Otra posibilidad sería que el BCE adquiera acciones de las empresaseuropeas. Con esto se elevaría la financiación de estas empresas, que podrían realizar nuevos proyectos de inversión. Al mismo tiempo, el incremento del valor de estas acciones beneficiaría los balances de aquellos bancos que posean estos títulos.

Son medidas que se implementaron en 1998 en Hong Kong o, actualmente, en Suiza, cuyo banco central destina el 10% de su balance a la compra de acciones.

Sin embargo, este tipo de medidas tienen riesgos obvios para el BCE, más allá de cómo se seleccionarían las empresas y a través de quién. Además, los efectos no serían tan directos sobre las pymes (que se supone que es una de las principales preocupaciones del banco), pues, probablemente, serían acciones de grandes empresas, aunque sí se beneficiarían de manera indirecta (las grandes empresas tiran de las pequeñas).

4. Compra de deuda pública a largo plazo

Si la autoridad monetaria hiciera efectiva la amenaza de comprar sin límite deuda pública, la OMT (Outright Monetary Transactions, cuya legalidad está pendiente de decisión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), una posibilidad (eso sí, muy baja) sería la implementada por la Reserva Federal: comprar deuda pública a largo plazo.

Incluso algunos han propuesto que, en lugar de comprar deuda pública europea se comprara deuda pública de Estados Unidos (así se evitarían los problemas legales de este tipo de compras y se conseguiría la depreciación del euro).

Sin embargo, el Banco Internacional de Pagos ha publicado diversos trabajos en los que alerta de las grandes distorsiones que esto está creando y las dificultades de salir de este tipo de políticas de compra de deuda pública a largo, como están experimentando la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, y de cómo la crisis se está alargando por estas medidas.

Algunas de las adversas consecuencias de este tipo de políticas son la distorsión insostenible de la curva de tipos de interés (rendimiento de los activos según los plazos). Por ejemplo, modificando los rendimientos de la deuda soberana a más largo plazo, lo que, a su vez, provoca reasignaciones de las inversiones internacionales en este tipo de activos, influyendo no sólo en sus precios (y en los balances de los agentes que los poseen, los bancos, por ejemplo), sino también en los tipos de cambio.

De seguir por este camino, además, se estaría incrementando lainterdependencia entre bancos centrales y estados, puesto que su separación ya ni siquiera sería oficial: la política monetaria y fiscal estarían obligadas a coordinarse y la una sería determinante sobre la otra, y viceversa.

5. Compra de deuda a corto y medio plazo

Otra posibilidad es la compra de deuda pública a 3 años o menos, algo que también se ha propuesto por parte de diversos analistas. Esto seríamenos dañino para el balance del BCE que el anterior y minoraría los problemas de salida. Sería una manera de comprar tiempo para que los estados hicieran las reformas estructurales (liberalizaciones) que son las que realmente incentivarán el crecimiento económico.

Es entonces cuando surge una pregunta. ¿Por qué el BCE va a comprar tiempo si los estados (entre ellos España) no están liberalizando sus mercados? La respuesta sería similar al por qué del rescate del BCE en 2012: la reiterada esperanza en que economía crezca y ello salvara la papeleta a los estados.

Eso sí, puede que el BCE no esterilice la compra de deuda pública(es decir, que retire de la circulación las misma cantidad de dinero que se inyecta al mercado con la compra de bonos), y así intente depreciar el euro para aumentar las exportaciones -su gran objetivo, en última instancia-.

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Los españoles trabajan hasta el 12 de junio para el Estado

(Artículo publicado en Libre Mercado.)

Europa sigue subiendo los impuestos a los trabajadores. El trabajador medio europeo ha visto cómo debía pagar el 43,99% de su sueldo bruto en impuestos en 2010, a un 45,27% en 2014, de acuerdo con los cálculosrealizados por la fundación New Direction (que incluyen las cuotas a la Seguridad Social, el Impuesto sobre la Renta y el IVA que grava el consumo de los trabajadores).

De hecho, gran parte del incremento de la tributación del trabajador medio en Europa se debió a subidas del IVA. Un total de 19 de los 28 estados miembro subieron el IVA desde 2009, siendo las más importantes las subidas en Hungría, Reino Unido y España, con incrementos de más del 30%.

Día de la liberación fiscal

Lo anterior se traduce en que el día de la liberación fiscal en España es el 12 de junio: todo lo que gana el trabajador medio español durante los primeros seis meses del año va destinado a pagar impuestos al Estado, a partir del 12 de junio es cuando empezaría a ganar dinero para sí mismo.

De este modo, el empleado medio español paga un 44,56% de su salario bruto en impuestos, lo que equivale a decir que el trabajador que gana 18.407 euros al año, en realidad ha obtenido 33.200 euros del empresario, la diferencia se la queda el Estado a través de los impuestos mencionados. Dicho de otro modo, para que el trabajador medio gane 1 euro, el empleador debe desembolsar más de dos en Bélgica o Francia, y 1,68 euros en el caso de España (véase el siguiente cuadro).

Y ese sobrecoste, aunque sea desembolsado por el empleador, al final se traslada al trabajador, que termina por cobrar menores sueldos (a no ser que sean trabajadores más cualificados o menos prescindibles).

Opacidad en la fiscalidad al trabajo

Pero no sólo es elevada la fiscalidad sobre el trabajo, y no sólo no deja de subir, sino que, además, en la mayoría de países europeos dichatributación se hace a escondidas a través de las cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador, o a través del IVA, sin que el propio empleado lo vea reflejado en su nómina ni, por tanto, sea consciente de todos los impuestos que termina pagando. Una manera de calcular esa falta de transparencia de la tributación al trabajo es el peso que tiene las cuotas a la SS a cargo del empleador.

Así, a partir de los datos del informe, puede calcularse que España se encuentra entre los 9 países con mayor peso de las cuotas socialesa cargo del empleador, en concreto, un 23% del salario bruto, que excepto Francia, que sobresale en ocultación con un 34%, se encuentra entre los niveles más elevados, al contrario que Alemania con un 16% y Reino Unido e Irlanda con un 10%. Un porcentaje que llega al 40% si le añadimos las retenciones en forma de cuotas a la SS a cargo del empleado e IRPF (resultados similares a los de otros analistas).

No obstante, hay que tener en cuenta que la otra pata menos visible de la tributación es el IVA, y para dicho impuesto el estudio ha realizado un supuesto muy conservador, al considerar que sólo el 32,5% de la renta del trabajador está gravada por el IVA. De ser mayor la proporción que el trabajador medio destina al consumo, sus impuestos serían muy superiores al 44,56% calculado en el estudio.

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Los impuestos se comen casi la mitad de la renta de un mileurista

 

(Artículo publicado en Libre Mercado.)

En Una revolución liberal para España, Juan Ramón Rallo realiza una estimación sobre la fiscalidad que soportan mayoritariamente los trabajadores y el resultado es lacerante: la carga fiscal de un mileurista es casi del 50% (35% en imposición directa y 10% en indirecta).

Obviamente, la situación descrita por el autor no se sostendría sin el beneplácito de la población gravada. Pero, sin duda, esto es más fácil que ocurra cuando el Estado extrae la renta por los medios y técnicas más ocultos: a través de retenciones, de impuestos indirectos y de trasladar su función recaudadora a los obligados tributarios para que se recauden unos a otros (y así ser más invisible, más tolerado por la población).

45% de tributación en el salario más frecuente

En su libro, Rallo comienza señalando que el salario bruto más frecuente en España es de 15.500 euros. Sin embargo, ya aquí debemos hacer una triste corrección, como realiza el autor, dado que el sueldo real que hubiera percibido el trabajador sería de 20.100 euros, de no haberse extraído la cotización a la Seguridad Social que abona el empresario. Es decir, deja de percibir 4.600 euros.

Tras esta primera mordida en el sueldo de un mileurista, el impuesto de la Seguridad Social volvería a quitar al empleado otros 1.000 euros, como cotización a la Seguridad Social a cuenta del empleado.

Aquellos que consideran que, en realidad, estas cuotas no son un impuesto sino más bien un seguro, esgrimen el principio contributivo de este tipo de pagos: las cuotas se ingresan para, posteriormente, obtener determinados servicios. Sin embargo, en la práctica, este nexo ha desaparecido (dichos servicios se financian con cargo a impuestos generales, al presupuesto). Y, aunque lo existiera, no dejaría de ser una imposición, por lo que escaparía de la consideración de contribución, entendida como un pago (voluntario) por un servicio.

Después de que la Seguridad Social haya rebajado todo un tercio del sueldo del trabajador, un nuevo impuesto al trabajo, el IRPF, hace acto de presencia cercenando el salario en otros 1.500 euros, más de un 7% de retención (asumiendo determinadas circunstancias, como que no hay cargas familiares, estado civil, y otras). Hasta aquí, el Estado ya ha extraído directamente más de un tercio de la renta del mileurista (el 35%). Y lo ha hecho, antes de que el propio trabajador reciba el fruto de su esfuerzo y trabajo.

Sin embargo, aquí no acaba la mordida fiscal, puesto que el obligado tributario mileurista consume (consume para vivir y porque vive), y dicho consumo también lleva incorporada una carga fiscal en forma deimpuestos indirectos (como el IVA, Impuestos Especiales, y otros), que ascienden a 2.100 euros en los cálculos de Rallo. Es decir, que tras la imposición directa y la indirecta, el Estado se ha quedado el 45% de lo que ha ganado el trabajador con el salario más habitual en España.

Dicho de otro modo, sin esta sangría fiscal el mileurista del ejemplo casi habría duplicado su salario y habría pasado a manejar 9.000 euros más al año. ¿Les gusta y prefieren que ese dinero lo maneje Rajoy, Montoro, Ana Mato (que se entretiene programando por ley la conducta de nuestros propios niños en nuestras propias casas) o el correspondiente cacique autonómico que nos toque?

El arte de desplumar al ganso sin que se entere

Como ya dijera Jean Babtiste Colbert, ministro de finanzas del rey de Francia Luis XIV, “recaudar impuestos es el arte de desplumar al ganso sin que el ganso se entere”. El modo en que el Estado trata de hacerlo es evitando que la exacción fiscal no se haga de una manera clara, transparente y de una vez. Todo lo contrario, se hace de la mejor manera posible para que el obligado tributario no perciba a la sanguijuelatributaria.

La imposición sobre el consumo suele tener la característica de ser algo más oculta que la tributación directa (como el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades), y en parte por ello los Estados están tendiendo a incrementar gradualmente la imposición indirecta. Normalmente, los precios mostrados al consumidor no incluyen el IVA u otros impuestos indirectos (los Impuestos Especiales) o no lo hacen de manera visible ni desglosada. Y en otras ocasiones, estos impuestos suelen girarse sobre los propios impuestos, por ejemplo en el caso de la gasolina, en el que se aplica un impuesto (el IVA) sobre otro impuesto (los Impuestos Especiales) dando lugar a una flagrante sobreimposición.

Pero la estrategia del Estado no termina aquí, puesto que la parte más elevada de imposición en la realidad que desgrana Juan Ramón Rallo enUna revolución liberal para España es la que corresponde a la imposición directa (IRPF, SS). Y para ello se echa mano de la figura de lasretenciones: extrayendo una parte del sueldo mensual del empleado antes de que éste lo cobre, de manera fraccionada, se atenúa el que el trabajador se dé cuenta de la cantidad total que, de otro modo, habría pagado de una sola vez, algo mucho más fácil de reconocer y cuantificable.

Y si, además, las propias leyes enturbian la realidad de las cosas estableciendo que los impuestos los paguen unos cuando, en realidad, los pagan otros (como ocurren con las cuotas a la Seguridad Social a cargo del empresario que, en el fondo, está pagando el trabajador), todavía se logra ocultar en mayor medida esta salvaje fiscalidad.

De lo que se trata, al final, con mucho sentido común desde el punto de vista estatal, es que los gansos se desplumen entre ellos en beneficio delcocinero. La respuesta estatista lógica es ocultarse, de nuevo, entre cargas y vilipendios a “los más ricos”.

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El PP castiga a las empresas con la mayor subida de impuestos de Europa

(Artículo publicado en Libre Mercado.)

España no sólo tiene el dudoso honor de contar con los tipos marginales del IRPF de los más altos del mundo, sino que también ostenta el no menos dudoso honor de tener una de las fiscalidades empresariales más elevadas . Y esto se debe a la subida estratosférica de la carga fiscal que soportan las empresas padecida en 2012, el mayor incremento de la fiscalidad de las empresas en Europa.

El Gobierno de Mariano Rajoy ya tiene otro récord fiscal que añadir a sus dos primeros años de legislatura, el de haber incrementado en 19,9 puntos porcentuales la fiscalidad a las empresas, si tomamos los cálculos realizados por el informe anual Paying Taxes 2014 sobre fiscalidad empresarial (de la variedad de impuestos que soporta una empresa) elaborado por PwC.

También aquí se muestra en parte los caminos totalmente opuestos que han seguido los países bálticos y nuestro país, y por qué ellos están creciendo y corrigiendo desequilibrios mientras nosotros nos arrastramos en el estancamiento. Así, en general, los bálticos suelen estar en torno a la media europea en tributación empresarial, y si están muy por encima, como es el caso de Estonia, llevan el camino de rebajarla.

Este fuerte incremento de la tributación empresarial en España proviene, fundamentalmente, de las múltiples y reiteradas subidas del Impuesto sobre Sociedades, en donde se han limitado o eliminado multitud de deducciones, principalmente aquéllas referidas a gastos que la empresa realmente tiene (y no sólo a beneficios fiscales), con la consecuencia de pagar por beneficios que no ha tenido. Por otra parte, la subida de impuestos a las empresas se ha producido en un contexto global en el que los impuestos sobre los beneficios han decrecido significativamente durante los últimos 9 años (línea negra).

Esto supone que la pérdida de competitividad, ya de por sí elevada a causa de la subida fiscal, es todavía superior por la rebaja de impuestos en el resto del mundo. Aquellas empresas que deban competir en nuevos mercados y en los que la carga fiscal empresarial sea muy inferior o haya ido decreciendo, todavía tendrán más dificultades para ser competitivos y colocar sus productos. Cobra más mérito, por tanto, el esfuerzo que están realizando las empresas para orientarse hacia el exterior a pesar de las trabas que el Gobierno les impone en territorio patrio.

Se da la circunstancia, además, de que este estudio se aplica especialmente a las empresas de tamaño medio. Por tanto, elevar la fiscalidad sobre las empresas medianas significa imponer más barreras a que las empresas pequeñas crezcan, más carga fiscal, en definitiva. Y el tamaño de las empresas es una característica esencial para mejorar la competitividad en el exterior del tejido productivo español.

Tercera fiscalidad empresarial más agresiva

Todo lo anterior explica cómo el nivel de tributación empresarial en España, que, tradicionalmente, se venía situando un poco por encima de la media europea, ahora pase a ser el tercer país de Europa en donde las empresas soportan mayores impuestos, alcanzando el 58,6% de los beneficios.

La parte de la carga fiscal que recae sobre los beneficios (columna negra) ha crecido en España hasta el 21,2%. Y es importante resaltar que éste es un porcentaje sobre los beneficios totales, antes de cualquier impuesto. Una magnitud muy superior a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o al beneficio contable, en el que pueden haberse descontado en forma de gastos algunos impuestos soportados por la empresa que no pueden recuperarse. Por tanto, este beneficio es más real y más grande, por lo que un porcentaje de impuestos mayor sobre este beneficio significa un nivel de tributación muy superior.

Para hacernos una idea de la magnitud de este porcentaje, sólo hay que observar los países que cuentan con tributaciones similares por este concepto, como los dos países de las socialdemocracias nórdicas, Dinamarca y Noruega, o el de Reino Unido, Alemania e Italia. Sin embargo, todos estos países, salvo Italia, soportan una fiscalidad empresarial en conjunto inferior a la española, siendo países mucho más ricos. Italia, el país más similar a España, prefirió optar por el camino opuesto al seguido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, aun atravesando una situación económica parecida, y rebajó la tributación empresarial total en casi dos puntos porcentuales.

Además, también es importante destacar que en los resultados del informe no se incluye el IVA. Éste es un impuesto sobre el consumo, pero, si tras subirlo las empresas no trasladan este incremento al consumidor, entonces, se convierte en un impuesto sobre los beneficios, parecido al actual Impuesto sobre Sociedades. Con lo cual, si se incluyera la subida del IVA ,que, además, penaliza la liquidez y solvencia de las empresas, la carga fiscal sería muy superior a la mostrada en el gráfico, pues no toda la subida del año pasado se trasladó al consumidor.

Carga fiscal sobre el trabajo

Por otro lado, el trabajo está fuertemente penalizado en la mayoría de sistemas fiscales, pero especialmente en Europa, en donde casi el 65% de la imposición empresarial proviene de la tributación al trabajo. España cuenta con una de las fiscalidades empresariales por el factor trabajo más elevadas. En concreto, supone una carga fiscal para la empresa del 36,8% del beneficio, es decir, el 63% de toda la carga fiscal empresarial. Y eso que en el estudio no se tienen en cuenta la parte de las cotizaciones sociales a cargo del empleado ni tampoco las retenciones de la nómina por IRPF.

Es cierto que el total de las cargas sociales al trabajo son soportadas, principalmente, por el propio trabajador (menor remuneración), aunque las pague a cuenta, en su mayor parte, la empresa. Pero eso no significa que las empresas no se vean obligadas también a afrontar costes laborales superiores y costes añadidos por las obligaciones formales que la fiscalidad al trabajo conlleva.

Un mes para cumplir el ‘papeleo’

Por último, el tiempo destinado por las empresas a cumplir las obligaciones fiscales también es una carga a las empresas, ya que deben destinar recursos y energías a tal fin. En España, el tiempo de cumplimiento de las obligaciones formales sigue siendo de 167 horas, igual que el año anterior.

Dicho en otros términos, estamos hablando de más de 20 jornadas laborales de ocho horas. O dicho de otro modo, lo que se trabajaría un mes (sin contar fines de semana, y ocho horas laborables al día). Es decir, las empresas tendrían un mes menos al año para crear riqueza, empleo y valor, porque deben dedicarlo a obligaciones fiscales (si no son las propias empresas, destinar recursos en asesores u otras empresas subcontratadas para tal fin), además de pagar una carga empresarial de casi el 60% de sus beneficios.

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