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PSOE: demagogia y subidas de impuestos

El PSOE hizo pública ayer la política impositiva que tiene intención de aplicar en caso de que llegue al Gobierno. En esencia, las medidas planteadas siguen la misma tendencia que la política fiscal aplicada durante esta crisis por el gobierno estatal y comunidades autónomas del PP: subir impuestos. El PP lo hizo cuando más sufríamos los rigores de la crisis, y el PSOE lo haría coincidiendo con una economía incursa en un proceso de recuperación titubeante.

Y digo en esencia porque una de las últimas medidas que aprobó el PP, la reforma de la Ley General Tributaria, afianza la persecución de lo que se conoce como economía de opción, que es lo que la propuesta de Pedro Sánchez y Jordi Sevillapretenden combatir. La economía de opción no es más que la planificación fiscal, es decir, que los contribuyentes hagan uso de las leyes que son más ventajosas para sus intereses. Opción esta que, según el catedrático Pont Clemente, lejos de ser ilegal, siempre se ha considerado un ejercicio de prudencia de quien busca gastar menos mediante la realización de elecciones inteligentes, y que en el ámbito tributario se traduce como deseo de reducir la carga tributaria.

El PSOE pretende forzar al contribuyente a que ignoer parte de nuestro ordenamiento jurídico, precisamente aquella que le permite reducir su carga fiscal

El mero hecho de utilizar tal o cual deducción, bonificación o crédito fiscal, todos ellos legales, no deja de ser una búsqueda del ahorro fiscal como muestra de racionalidad económica, que todo el mundo trata de aplicar cuando mejor puede, desde el trabajador, pasando por el pensionista hasta las pyme y las grandes empresas. Sin embargo, el programa electoral del PSOE recoge la intención de acabar con la elusión fiscal, que es, precisamente, esa economía de opción o planificación fiscal. Una vía que el PP consolidó con su última reforma fiscal, y que supone, de facto, obligar al contribuyente a que ignore parte de nuestro ordenamiento jurídico, precisamente aquella que le permite reducir su carga fiscal. En resumen, quieren imponer un impuesto contra la planificación fiscal “agresiva”. ¿No es más agresivo impedir al contribuyente aplicar las leyes vigentes? ¿Para qué las promulgan entonces?

Subida de impuestos a las Sociedades y al uso racional de los recursos

¿Y cómo se traduce el ataque a este principio de economía de opción o planificación fiscal? Por ejemplo, subir el Impuesto sobre Sociedades al exigir que las empresas tributen un mínimo del 15% de los beneficios, una de las propuestas estrella del Sánchez y Sevilla, al mismo tiempo que gravarlas en un 35% si aplican lo que demagógica e ideológicamente denominan planificación fiscal “agresiva”. La excusa es que las grandes empresas tributan, en realidad, al 5% por lo que debe obligárselas a pagar más. Sin embargo, esto es falso como ya se ha puesto de manifiesto en diversos artículos. La tributación depende de una variedad de tratamientos fiscales contemplados por la Ley aprobada por el Parlamento que permite, por ejemplo, que las empresas internacionalizadas reduzcan la sobre imposición (pagar dos o más veces por lo mismo aquí o en el extranjero), se compensen pérdidas pasadas o de otras empresas del grupo. ¿Qué hay cuando un pequeño contribuyente se aplica la única deducción que tiene al alcance, por ejemplo la deducción de los planes de pensiones? ¿Es una planificación fiscal agresiva porque hace uso del 100% de posibilidades legales de reducir su carga fiscal? Si las empresas hacen uso de todas las posibilidades de reducir su carga fiscal, lo cual hace que paguen, de media, mucho más del 5%, ¿demuestran “agresividad”? Es por ello que exigirles el 15% o el 35% (ojo a la arbitrariedad: ¿qué es planificación fiscal “agresiva”?), no es más que, en muchos casos, obligarlas a sufrir una doble imposición, a no poder compensarse las pérdidas que sufrieron, o no poder hacer uso de una deducción por insuficiencia de cuota, etc., en definitiva, a no hacer un uso racional de sus recursos.

Y ¿qué consecuencias tendrá el fomento del mal uso de los recursos? ¿Acabar con los malvados ricos? No, perjudicar a los pequeños accionistas de esas grandes empresas (una mayoría), perjudicar a sus trabajadores, a sus proveedores, a sus clientes, a sus inversiones, a la creación de empleo, a la productividad… a nosotros. Más que redistribuir la recuperación económica, uno de sus eslóganes, lo que lograrán es redistribuir sus propias subidas fiscales.

Subida del Impuesto sobre el Patrimonio y Sucesiones

Otra derivada que se descuelga de atacar ese principio es el de exigir otro mínimo de tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio o sobre las Sucesiones, lo que de facto es imponerlos en toda España, impidiendo la competencia fiscal para ese tramo de carga fiscal mínima que se exigirá, esto es, impidiendo los frutos de la competencia fiscal que en algunas Comunidades Autónomas había posibilitado bonificar hasta el 99% estos impuestos. De hecho, no es sino pervertir la competencia fiscal porque, sin necesidad de armonizar, permite que los gobiernos regionales no sólo tengan garantizada un mínimo de recaudación por esta vía impositiva (de poco montante) sino a liberarse de la presión de tener que esforzarse en ofrecer leyes atractivas a la acumulación de riqueza, capital y, en definitiva, prosperidad.

Seguimos deslizándonos por la misma peligrosa pendiente que en su día denunció Alexis de Tocqueville: querer igualar nuestras rentas por la vía de empobrecernos a todos

Porque de eso tratan los impuestos sobre el patrimonio, ya sea anual o en el momento del fallecimiento: de volver a tributar por aquello por lo que ya se pagaron impuestos durante toda la vida, de reducir el ahorro (pues el patrimonio y la herencia es una de las fuentes más importantes de ahorro y su transmisión), lo que significa reducir la inversión, los empleos, los salarios y el crecimiento de la economía. En un estudio efectuado por la Tax Foundation a raíz de la propuesta del economista francésPiketty (por cierto, gurú de Podemos) de implantar un fuerte Impuesto sobre el Patrimonio, cuantificaron el desastre que la aplicación de tal medida tendría en EEUU: reducción del 13,3% del stock de capital, reducción de los salarios del 4,2%, eliminación de casi un millón de empleos, reducción de casi un 5% del PIB. Todos los grupos de renta, desde los más modestos a los más ricos, verían reducida su renta. Pero, ¿vale la pena reducir un 7% la renta de los más pobres para ver reducir la renta de los más ricos un 10%?  De nuevo, al igual que en el Impuesto sobre Sociedades, hacer demagogia contra “el rico” es empobrecernos a todos, especialmente a los que tienen menos recursos y margen de maniobra. Seguimos deslizándonos por la misma peligrosa pendiente que en su día denunció Alexis de Tocqueville: querer igualar nuestras rentas por la vía de empobrecernos a todos, en lugar de enriquecer a los más pobres.

Conclusión

Es difícil destacar en incremento de impuestos tras la era Montoro-Rajoy, pero el PSOE podría llegar a realizar tal sangrante hazaña. El demagógico ataque a los ricos basándose en maniatar al contribuyente y sus posibilidades legales significa subir los impuestos a las empresas y patrimonios, lo que perjudicará indirecta y significativamente a los más modestos.

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El ‘corralito fiscal’ de Montoro dificultará el cambio de modelo productivo en España

(Artículo publicado en Libre Mercado.)

 

La reforma fiscal contiene un auténtico cepo a la inversión productiva en España, que algunos empresarios y expertos no han dudado en calificar como una especie de corralito a nivel impositivo. Se trata de la nueva tributación en el IRPF de las plusvalías latentes (no realizadas) en caso de cambio de residencia a otro país, es decir, un impuesto de salida oexit tax.

Un gravamen que no puede ser peor para la regeneración de la economía y que, desde un punto de vista fiscal, ha sido perseguido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, limitando o anulado su aplicación. La pregunta entonces es: ¿hacía falta golpear más a los inversores y a la actividad económica con un impuesto de una más que dudosa legalidad y una clara restricción a la libertad de movimiento de las personas?

El impuesto de salida castiga a las personas que han invertido en una empresa y quieren emigrar. El problema es que dicho coste se descontará antes de realizar una inversión, de modo que quien quiera invertir en España, ya sea nacional o extranjero, tendrá una señal de advertencia: si entra, le costará más salir. Así pues, se exigirá más rentabilidad a las inversiones para llevarlas a cabo, y esto conduce a que muchas de ellas no se hagan, con el consiguiente perjuicio para el empleo y el crecimiento.

Si este coste no se tiene en cuenta en el momento de realizar la inversión (por ejemplo, para todos aquellos que han aguantado y resistido la crisis hasta la entrada en vigor de la reforma), no será sino un obstáculo más para la actividad económica, a la que someterá y hará más improductiva, ralentizando la recuperación. El impuesto de salida, por tanto, es unimpuesto al imprescindible cambio de modelo productivo.

Y por esta razón la medida del Gobierno también perjudicará a aquella necesaria inversión protagonizada por los emprendedores, pero no por cualquiera de ellos, sino aquellos que empiecen a ver cómo sus proyectos se confirman en el mercado, empiezan a recibir una valoración económica significativa y a tener la necesidad estratégica de reorientar su crecimiento para ampliar mercados e internacionalizase.

¿No es ése, precisamente, el cambio de modelo económico que queremos? Son pocos los políticos a los que no se les ve hincharse su caja torácica cuando hablan de la necesaria internacionalización de nuestra economía y empresas. Y, sin embargo, no cesan de maquinar nuevas maneras de sangrarnos fiscalmente y ponernos obstáculos de todo tipo.

Menor crecimiento y creación de empleo

Por otra parte, cuantos más impedimentos se impongan a la inversión, más efectos negativos se sentirán para la contratación de factores productivos. Empezando por el empleo, cuya creación será mucho más lenta de lo que podría ser sin estos impuestos, pero también otros activos igualmente fundamentales para quienes viven de sus rentas o servicios, repercutiendo finalmente en toda la economía: menor ahorro que conducirá a una menor amortización de deuda y a una menor inversión, menor consumo, mayor parálisis económica, etc. Un círculo vicioso cuya intensidad dependerá de múltiples factores (muchos de ellos ya de por sí negativos en una situación de crisis o frágil recuperación).

Igualmente, el impuesto de salida también tiene una consecuencia mucho más sutil, pero enormemente perniciosa. Es un efecto intangible: el deevitar que nuestra economía entreteja lazos con el exterior, accediendo a la red de conocimientos, contactos y actividades con otros agentes de mercados extranjeros, evitando que nos expongamos todo lo posible a la dura competencia extranjera que nos haría más fuertes, e incentivando una suave autarquía que redundará en nuestra ineficiencia, en nuestra debilidad económica y en una falta de competitividad y cultura empresarial.

En suma, el impuesto de salida contenido en el IRPF de la reforma fiscal aporta su granito de arena particular para hacer más rígida la economía,en momentos en los que se necesita flexibilidad para hacerla menos frágil y más dinámica. Una medida insensata cuya mayor recaudación será aquella que nunca veremos: lo que podríamos haber creado en términos de actividad económica, empleo y riqueza si no hubiera existido este impuesto.

Los erróneos argumentos del Gobierno

El Gobierno, sin embargo, lo ha defendido empleando varios argumentos. Uno de ellos, el tan manido mantra de que otros estados también lo aplican en sus jurisdicciones (Alemania, Francia, Holanda, Estados Unidos, entre otros). Aprovechan que sus economías son más ricas y capitalizadas que las del entorno, pero no deja de ser un chantaje para todos aquellos que quieran sumarse a esa riqueza de intercambios comerciales en esos mercados.

El problema es que España va por detrás, tiene una economía necesitada de cambio de modelo productivo, de entrada y realización de nuevas inversiones, nuevas empresas para crear sectores de la nada. Y con un cepo se ahuyenta a parte de la inversión potencial que podría estar entrando.

Además, gravar una ganancia no efectuada es 100% confiscatorio.Hacienda exige un pago por una renta que todavía no existe, puesto que las acciones no se han vendido. Por tanto, el obligado al pago debería sustraer de otras rentas el dinero para pagar el impuesto o malvender activos que posea, afectando a la generación de todas sus rentas futuras.

Igualmente, se asume que la propiedad de dichas acciones acarrearán finalmente un beneficio a quien las posee, cuando puede suceder que, al final, su poseedor registre incluso pérdidas (como ocurre con muchas empresas).

Por otro lado, aunque se conceda un aplazamiento al pago, éste debe ser avalado (por las propias acciones o por otros bienes), y dichas garantías no son gratuitas, impiden obtener financiación e inyectar más recursos al propio proyecto, etc… Y ello, sin contar que son restrictivas de la libertad de establecimiento, tal y como dictaminó el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en una famosa sentencia de 2004 (el caso Hughes de Laysterie du Saillant), tildándola de desproporcionada en otra de 2006 (el caso N).

La otra cantinela utilizada por el Gobierno para justificar este impuesto es que va dirigida a aquellos que emigran con sus jugosas plusvalías bajo el brazo y se aprovechen de tipos impositivos foráneos más ventajosos.

Sin embargo, ni siquiera puede admitirse este argumento, puesto que cualquiera que emigre no tiene por qué hacerlo para eludir el pago de impuestos, como así resaltó el TJUE en la ya mencionada sentencia de 2004: no puede justificarse una restricción a la libertad de movimientos sobre la base de esta premisa. Además, en caso de ser ésta la razón, elexit tax es desproporcionado y deberían implementarse medidas mucho menos radicales y proporcionadas, añadió el Tribunal.

Por otra parte, escudarse en que el impuesto está diseñado para “los ricos”, usa, una vez más, la clásica demagogia barata de maltratar a quien es rico por el mero hecho de serlo, agrupándolos en una misma entelequia -como a animales-, y considerando el dinero como algo intrínsecamente malo.

Eso sí, según la reforma fiscal, si el emigrante se desplaza a otro país con el que se tenga suscrito un tratado fiscal con intercambio de información, se aplaza avalando el pago de la deuda. Pero esta gracia sólo se concede si el traslado es temporal (5 ó 10 años). Esta argumentación suena a una especie de permiso penitenciario, como si España fuera una cárcel fiscaldel algún tipo.

Las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo

Algunos de los defensores de este impuesto señalan que el Ejecutivo ha sido muy respetuoso con las sentencias del TJUE, órgano que en ocasiones destaca por su pendularidad -unas veces dice una cosa y otras matiza en extremo-, porque permite la no tributación en caso de traslado temporal a territorios que no tengan la consideración de paraísos fiscales.

Sin embargo, lo que se está penalizando es, en definitiva, todo cambio definitivo de residencia (no temporal) por el mero hecho de realizarse. Que se aplace o avale el pago del citado tributo no oculta la flagrante restricción a la libertad de movimiento de los ciudadanos por el mero hecho de querer vivir en otro lugar.

Ese atribuido respeto a las sentencias del Tribunal Europeo se basa, al menos parcialmente, en su resolución de 2006 (aunque no en la de 2004), donde justifica la imposición a las plusvalías latentes antes de la emigración por el legítimo poder fiscal de cada Estado en su territorio en un entorno sin armonización fiscal: podrían gravarse en el país en el que se han generado dichas plusvalías.

Dejando a un lado el error técnico que consujo al Tribunal a esa contraproducente conclusión, tampoco es ésta una excusa para que el Estado que tenga derecho a imponer dicho tributo, efectivamente, lo aplique. Lo lógico y sensato desde el punto de vista económico y de la libertad es que el Estado en cuestión no grave esas ganancias ficticias y que, por tanto, proteja la actividad económica que se realiza en su territorio. En su lugar, se abusa del poder territorial, una vez más, sin importar la libertad, la economía o ni siquiera los votantes.

Asimismo, se corre el enorme riesgo de sufrir una doble imposición en caso de que en el país de destino también se graven esas plusvalías latentes, o bien carezca de medidas correctoras o aplique diferentes métodos de valoración de los activos, etc.

Esto obligaría a una armonización fiscal para evitar esa doble imposición, que, eventualmente, y especialmente en los Estados más ricos, deriva en una eliminación de la competencia fiscal y en un cartelismo gubernamental para asegurar una imposición similar y, por tanto, igualmente lesiva, en un creciente número de países.

Lo mismo ocurre si no se toman medidas para tener en cuenta las minusvalías que se generen o podrían generarse después de haberse liquidado el impuesto de salida, algo claramente constitutivo de ilegalidad, declarado reiteradamente por el TJUE como contrario al ordenamiento comunitario (véase la sentencia de 2006). Y éste es, precisamente, el caso de la reforma fiscal en vigor, cuyas posibles minusvalías se toman en cuenta a posteriori, para liquidaciones futuras, no para calcular la propia liquidación del exit tax.

Otros efectos negativos

Otras consideraciones sobre los efectos negativos de esta medida son las siguientes:

  • La valoración de las acciones y, por ende, de la plusvalía, es contraria a la naturaleza jurídica de los implicados. Valorar las acciones en función del patrimonio neto de la empresa o de la capitalización de sus beneficios pasados (incluidos los beneficios que no se han distribuido, las reservas) (95 Bis. 3 b) es romper la distinta naturaleza legal de la empresa (persona jurídica) y el accionista o partícipe (persona física), jurídicamente diferentes. ¿Por qué ha de tributar una persona por los beneficios obtenidos y mantenidos en otra persona jurídicamente diferente? Todo ello lo convierte en una especie de transparencia fiscal encubierta.
  • Se discrimina entre los residentes y aquellos que dejan de serlo. En el caso de que sigan siendo súbditos fiscales se les impone un impuesto sobre la renta obtenida por las plusvalías, mientras que si dejan de serlos, el impuesto se transforma en uno que no recae sobre la renta, sino sobre plusvalías ficticias o teóricas, no reales.
  • Dicha tasa también cae en una especie de provincianismo europeístaal aliviar la carga fiscal cuando el sujeto se traslada a otro Estado Miembro de la UE.
  • Por último, el Ejecutivo afirma que para evitar que sea confiscatoriono se exigirá el impuesto cuando el traslado se haga a otro Estado Miembro de la UE. Es decir, que la confiscatoriedad del impuesto no depende de imponer un tributo por el traslado sino por no imponerlo a una parte de los destinos. ¿Y a los que sí se les impone porque se trasladan a los lugares no deseados por los políticos? No en vano, el emprendedor que quiera emigrar a Silicon Valley (EEUU) para tratar de fortalecer su proyecto y sacar adelante su empresa no dejará de sufrir una confiscación porque el creador de otra startup se mude a Irlanda y haya sido beneficiario de la gracia gubernamental.

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Los españoles trabajan hasta el 12 de junio para el Estado

(Artículo publicado en Libre Mercado.)

Europa sigue subiendo los impuestos a los trabajadores. El trabajador medio europeo ha visto cómo debía pagar el 43,99% de su sueldo bruto en impuestos en 2010, a un 45,27% en 2014, de acuerdo con los cálculosrealizados por la fundación New Direction (que incluyen las cuotas a la Seguridad Social, el Impuesto sobre la Renta y el IVA que grava el consumo de los trabajadores).

De hecho, gran parte del incremento de la tributación del trabajador medio en Europa se debió a subidas del IVA. Un total de 19 de los 28 estados miembro subieron el IVA desde 2009, siendo las más importantes las subidas en Hungría, Reino Unido y España, con incrementos de más del 30%.

Día de la liberación fiscal

Lo anterior se traduce en que el día de la liberación fiscal en España es el 12 de junio: todo lo que gana el trabajador medio español durante los primeros seis meses del año va destinado a pagar impuestos al Estado, a partir del 12 de junio es cuando empezaría a ganar dinero para sí mismo.

De este modo, el empleado medio español paga un 44,56% de su salario bruto en impuestos, lo que equivale a decir que el trabajador que gana 18.407 euros al año, en realidad ha obtenido 33.200 euros del empresario, la diferencia se la queda el Estado a través de los impuestos mencionados. Dicho de otro modo, para que el trabajador medio gane 1 euro, el empleador debe desembolsar más de dos en Bélgica o Francia, y 1,68 euros en el caso de España (véase el siguiente cuadro).

Y ese sobrecoste, aunque sea desembolsado por el empleador, al final se traslada al trabajador, que termina por cobrar menores sueldos (a no ser que sean trabajadores más cualificados o menos prescindibles).

Opacidad en la fiscalidad al trabajo

Pero no sólo es elevada la fiscalidad sobre el trabajo, y no sólo no deja de subir, sino que, además, en la mayoría de países europeos dichatributación se hace a escondidas a través de las cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador, o a través del IVA, sin que el propio empleado lo vea reflejado en su nómina ni, por tanto, sea consciente de todos los impuestos que termina pagando. Una manera de calcular esa falta de transparencia de la tributación al trabajo es el peso que tiene las cuotas a la SS a cargo del empleador.

Así, a partir de los datos del informe, puede calcularse que España se encuentra entre los 9 países con mayor peso de las cuotas socialesa cargo del empleador, en concreto, un 23% del salario bruto, que excepto Francia, que sobresale en ocultación con un 34%, se encuentra entre los niveles más elevados, al contrario que Alemania con un 16% y Reino Unido e Irlanda con un 10%. Un porcentaje que llega al 40% si le añadimos las retenciones en forma de cuotas a la SS a cargo del empleado e IRPF (resultados similares a los de otros analistas).

No obstante, hay que tener en cuenta que la otra pata menos visible de la tributación es el IVA, y para dicho impuesto el estudio ha realizado un supuesto muy conservador, al considerar que sólo el 32,5% de la renta del trabajador está gravada por el IVA. De ser mayor la proporción que el trabajador medio destina al consumo, sus impuestos serían muy superiores al 44,56% calculado en el estudio.

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Los impuestos se comen casi la mitad de la renta de un mileurista

 

(Artículo publicado en Libre Mercado.)

En Una revolución liberal para España, Juan Ramón Rallo realiza una estimación sobre la fiscalidad que soportan mayoritariamente los trabajadores y el resultado es lacerante: la carga fiscal de un mileurista es casi del 50% (35% en imposición directa y 10% en indirecta).

Obviamente, la situación descrita por el autor no se sostendría sin el beneplácito de la población gravada. Pero, sin duda, esto es más fácil que ocurra cuando el Estado extrae la renta por los medios y técnicas más ocultos: a través de retenciones, de impuestos indirectos y de trasladar su función recaudadora a los obligados tributarios para que se recauden unos a otros (y así ser más invisible, más tolerado por la población).

45% de tributación en el salario más frecuente

En su libro, Rallo comienza señalando que el salario bruto más frecuente en España es de 15.500 euros. Sin embargo, ya aquí debemos hacer una triste corrección, como realiza el autor, dado que el sueldo real que hubiera percibido el trabajador sería de 20.100 euros, de no haberse extraído la cotización a la Seguridad Social que abona el empresario. Es decir, deja de percibir 4.600 euros.

Tras esta primera mordida en el sueldo de un mileurista, el impuesto de la Seguridad Social volvería a quitar al empleado otros 1.000 euros, como cotización a la Seguridad Social a cuenta del empleado.

Aquellos que consideran que, en realidad, estas cuotas no son un impuesto sino más bien un seguro, esgrimen el principio contributivo de este tipo de pagos: las cuotas se ingresan para, posteriormente, obtener determinados servicios. Sin embargo, en la práctica, este nexo ha desaparecido (dichos servicios se financian con cargo a impuestos generales, al presupuesto). Y, aunque lo existiera, no dejaría de ser una imposición, por lo que escaparía de la consideración de contribución, entendida como un pago (voluntario) por un servicio.

Después de que la Seguridad Social haya rebajado todo un tercio del sueldo del trabajador, un nuevo impuesto al trabajo, el IRPF, hace acto de presencia cercenando el salario en otros 1.500 euros, más de un 7% de retención (asumiendo determinadas circunstancias, como que no hay cargas familiares, estado civil, y otras). Hasta aquí, el Estado ya ha extraído directamente más de un tercio de la renta del mileurista (el 35%). Y lo ha hecho, antes de que el propio trabajador reciba el fruto de su esfuerzo y trabajo.

Sin embargo, aquí no acaba la mordida fiscal, puesto que el obligado tributario mileurista consume (consume para vivir y porque vive), y dicho consumo también lleva incorporada una carga fiscal en forma deimpuestos indirectos (como el IVA, Impuestos Especiales, y otros), que ascienden a 2.100 euros en los cálculos de Rallo. Es decir, que tras la imposición directa y la indirecta, el Estado se ha quedado el 45% de lo que ha ganado el trabajador con el salario más habitual en España.

Dicho de otro modo, sin esta sangría fiscal el mileurista del ejemplo casi habría duplicado su salario y habría pasado a manejar 9.000 euros más al año. ¿Les gusta y prefieren que ese dinero lo maneje Rajoy, Montoro, Ana Mato (que se entretiene programando por ley la conducta de nuestros propios niños en nuestras propias casas) o el correspondiente cacique autonómico que nos toque?

El arte de desplumar al ganso sin que se entere

Como ya dijera Jean Babtiste Colbert, ministro de finanzas del rey de Francia Luis XIV, “recaudar impuestos es el arte de desplumar al ganso sin que el ganso se entere”. El modo en que el Estado trata de hacerlo es evitando que la exacción fiscal no se haga de una manera clara, transparente y de una vez. Todo lo contrario, se hace de la mejor manera posible para que el obligado tributario no perciba a la sanguijuelatributaria.

La imposición sobre el consumo suele tener la característica de ser algo más oculta que la tributación directa (como el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades), y en parte por ello los Estados están tendiendo a incrementar gradualmente la imposición indirecta. Normalmente, los precios mostrados al consumidor no incluyen el IVA u otros impuestos indirectos (los Impuestos Especiales) o no lo hacen de manera visible ni desglosada. Y en otras ocasiones, estos impuestos suelen girarse sobre los propios impuestos, por ejemplo en el caso de la gasolina, en el que se aplica un impuesto (el IVA) sobre otro impuesto (los Impuestos Especiales) dando lugar a una flagrante sobreimposición.

Pero la estrategia del Estado no termina aquí, puesto que la parte más elevada de imposición en la realidad que desgrana Juan Ramón Rallo enUna revolución liberal para España es la que corresponde a la imposición directa (IRPF, SS). Y para ello se echa mano de la figura de lasretenciones: extrayendo una parte del sueldo mensual del empleado antes de que éste lo cobre, de manera fraccionada, se atenúa el que el trabajador se dé cuenta de la cantidad total que, de otro modo, habría pagado de una sola vez, algo mucho más fácil de reconocer y cuantificable.

Y si, además, las propias leyes enturbian la realidad de las cosas estableciendo que los impuestos los paguen unos cuando, en realidad, los pagan otros (como ocurren con las cuotas a la Seguridad Social a cargo del empresario que, en el fondo, está pagando el trabajador), todavía se logra ocultar en mayor medida esta salvaje fiscalidad.

De lo que se trata, al final, con mucho sentido común desde el punto de vista estatal, es que los gansos se desplumen entre ellos en beneficio delcocinero. La respuesta estatista lógica es ocultarse, de nuevo, entre cargas y vilipendios a “los más ricos”.

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El PP castiga a las empresas con la mayor subida de impuestos de Europa

(Artículo publicado en Libre Mercado.)

España no sólo tiene el dudoso honor de contar con los tipos marginales del IRPF de los más altos del mundo, sino que también ostenta el no menos dudoso honor de tener una de las fiscalidades empresariales más elevadas . Y esto se debe a la subida estratosférica de la carga fiscal que soportan las empresas padecida en 2012, el mayor incremento de la fiscalidad de las empresas en Europa.

El Gobierno de Mariano Rajoy ya tiene otro récord fiscal que añadir a sus dos primeros años de legislatura, el de haber incrementado en 19,9 puntos porcentuales la fiscalidad a las empresas, si tomamos los cálculos realizados por el informe anual Paying Taxes 2014 sobre fiscalidad empresarial (de la variedad de impuestos que soporta una empresa) elaborado por PwC.

También aquí se muestra en parte los caminos totalmente opuestos que han seguido los países bálticos y nuestro país, y por qué ellos están creciendo y corrigiendo desequilibrios mientras nosotros nos arrastramos en el estancamiento. Así, en general, los bálticos suelen estar en torno a la media europea en tributación empresarial, y si están muy por encima, como es el caso de Estonia, llevan el camino de rebajarla.

Este fuerte incremento de la tributación empresarial en España proviene, fundamentalmente, de las múltiples y reiteradas subidas del Impuesto sobre Sociedades, en donde se han limitado o eliminado multitud de deducciones, principalmente aquéllas referidas a gastos que la empresa realmente tiene (y no sólo a beneficios fiscales), con la consecuencia de pagar por beneficios que no ha tenido. Por otra parte, la subida de impuestos a las empresas se ha producido en un contexto global en el que los impuestos sobre los beneficios han decrecido significativamente durante los últimos 9 años (línea negra).

Esto supone que la pérdida de competitividad, ya de por sí elevada a causa de la subida fiscal, es todavía superior por la rebaja de impuestos en el resto del mundo. Aquellas empresas que deban competir en nuevos mercados y en los que la carga fiscal empresarial sea muy inferior o haya ido decreciendo, todavía tendrán más dificultades para ser competitivos y colocar sus productos. Cobra más mérito, por tanto, el esfuerzo que están realizando las empresas para orientarse hacia el exterior a pesar de las trabas que el Gobierno les impone en territorio patrio.

Se da la circunstancia, además, de que este estudio se aplica especialmente a las empresas de tamaño medio. Por tanto, elevar la fiscalidad sobre las empresas medianas significa imponer más barreras a que las empresas pequeñas crezcan, más carga fiscal, en definitiva. Y el tamaño de las empresas es una característica esencial para mejorar la competitividad en el exterior del tejido productivo español.

Tercera fiscalidad empresarial más agresiva

Todo lo anterior explica cómo el nivel de tributación empresarial en España, que, tradicionalmente, se venía situando un poco por encima de la media europea, ahora pase a ser el tercer país de Europa en donde las empresas soportan mayores impuestos, alcanzando el 58,6% de los beneficios.

La parte de la carga fiscal que recae sobre los beneficios (columna negra) ha crecido en España hasta el 21,2%. Y es importante resaltar que éste es un porcentaje sobre los beneficios totales, antes de cualquier impuesto. Una magnitud muy superior a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o al beneficio contable, en el que pueden haberse descontado en forma de gastos algunos impuestos soportados por la empresa que no pueden recuperarse. Por tanto, este beneficio es más real y más grande, por lo que un porcentaje de impuestos mayor sobre este beneficio significa un nivel de tributación muy superior.

Para hacernos una idea de la magnitud de este porcentaje, sólo hay que observar los países que cuentan con tributaciones similares por este concepto, como los dos países de las socialdemocracias nórdicas, Dinamarca y Noruega, o el de Reino Unido, Alemania e Italia. Sin embargo, todos estos países, salvo Italia, soportan una fiscalidad empresarial en conjunto inferior a la española, siendo países mucho más ricos. Italia, el país más similar a España, prefirió optar por el camino opuesto al seguido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, aun atravesando una situación económica parecida, y rebajó la tributación empresarial total en casi dos puntos porcentuales.

Además, también es importante destacar que en los resultados del informe no se incluye el IVA. Éste es un impuesto sobre el consumo, pero, si tras subirlo las empresas no trasladan este incremento al consumidor, entonces, se convierte en un impuesto sobre los beneficios, parecido al actual Impuesto sobre Sociedades. Con lo cual, si se incluyera la subida del IVA ,que, además, penaliza la liquidez y solvencia de las empresas, la carga fiscal sería muy superior a la mostrada en el gráfico, pues no toda la subida del año pasado se trasladó al consumidor.

Carga fiscal sobre el trabajo

Por otro lado, el trabajo está fuertemente penalizado en la mayoría de sistemas fiscales, pero especialmente en Europa, en donde casi el 65% de la imposición empresarial proviene de la tributación al trabajo. España cuenta con una de las fiscalidades empresariales por el factor trabajo más elevadas. En concreto, supone una carga fiscal para la empresa del 36,8% del beneficio, es decir, el 63% de toda la carga fiscal empresarial. Y eso que en el estudio no se tienen en cuenta la parte de las cotizaciones sociales a cargo del empleado ni tampoco las retenciones de la nómina por IRPF.

Es cierto que el total de las cargas sociales al trabajo son soportadas, principalmente, por el propio trabajador (menor remuneración), aunque las pague a cuenta, en su mayor parte, la empresa. Pero eso no significa que las empresas no se vean obligadas también a afrontar costes laborales superiores y costes añadidos por las obligaciones formales que la fiscalidad al trabajo conlleva.

Un mes para cumplir el ‘papeleo’

Por último, el tiempo destinado por las empresas a cumplir las obligaciones fiscales también es una carga a las empresas, ya que deben destinar recursos y energías a tal fin. En España, el tiempo de cumplimiento de las obligaciones formales sigue siendo de 167 horas, igual que el año anterior.

Dicho en otros términos, estamos hablando de más de 20 jornadas laborales de ocho horas. O dicho de otro modo, lo que se trabajaría un mes (sin contar fines de semana, y ocho horas laborables al día). Es decir, las empresas tendrían un mes menos al año para crear riqueza, empleo y valor, porque deben dedicarlo a obligaciones fiscales (si no son las propias empresas, destinar recursos en asesores u otras empresas subcontratadas para tal fin), además de pagar una carga empresarial de casi el 60% de sus beneficios.

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“Activos fiscales”, la última argucia contable para ayudar a bancos y cajas

Las nuevas regulaciones financieras nacionales e internacionales conllevan una doble presión para los bancos españoles: están obligados a elevar el nivel de capital de sus balances y también su calidad. Esto significa deducir de su capital, por ejemplo, gran parte de los activos de baja calidad, como los activos fiscales (pérdidas compensables o deducciones futuras).

Y no por casualidad, desgraciadamente, los bancos españoles están cargados de este activo (alrededor de un 30% de su patrimonio neto). Lo que significa que su deducción del capital impactará muy negativamente en la solvencia de sus balances, y requerirá mayores dosis de capitalización urgente. Por tanto, menos capacidad de financiación para la economía.

Por ello, crecen las presiones e intereses de banca y autoridades de aliviar esta situación a través de ciertas argucias contables y fiscales que minorarían este impacto y elevarían la capitalización bancaria. Una solución implementada ya por Italia.

El problema de la capitalización

La obligada recapitalización de los bancos está siendo un ejercicio lento y muy difícil por la propia situación de la banca y la calamitosa posición de sus clientes, demandantes de capital. De hecho, parte de su capacidad para prestar capital a la economía real la han reservado para atender a las obligaciones legales de incrementar las ratios de capital.

Con todo, los bancos están reduciendo las necesidades de capital mínimo legalmente exigido, a tenor de los últimos datos expuestos por el comité de supervisión de Basilea III. Sin embargo, y en concreto en España, las necesidades de capital de la banca todavía son notables.

A lo que hay que sumar la poca capacidad de la banca de generar capital vía beneficios, dado que, según algunas estimaciones (Credit Suisse), las entidades financieras españolas todavía necesitarían activar provisiones durante los próximos dos años y medio de unos 23.000 millones de euros.

Mucho más presentes en la banca española

Por ello, en los países más afectados, España e Italia, se está barajando la posibilidad de acometer cambios de tipo contable y fiscal que podrían significar una gran bocanada de oxígeno que modifique algo el estado zombi de nuestra banca.

Los activos fiscales (activos por impuestos diferidos) representan, básicamente, la posibilidad de pagar menos impuestos en el futuro y, por tanto, tener más beneficios con los que nutrir los fondos propios de la entidad. El ejemplo más claro son las pérdidas acumuladas que pueden compensarse con futuros beneficios y así pagar menos impuestos. También están las deducciones que temporalmente se harán efectivas en ejercicios futuros.

Gran parte de estos activos se generaron como consecuencia de la dotación de cuantiosas provisiones en 2012, y suponen alrededor del 37% del Capital Ordinario de Nivel 1 (el denominado TIER I: acciones, preferentes, deuda sin pagar, híbridos) de la banca española.

El problema es que, de acuerdo con la normativa Basilea III, estos activos fiscales no pueden computar como capital. Eso significa que entre 2014 y 2018 los bancos deberán ir deduciendo gradualmente estos activos del capital TIER I, es decir, minorándolo. Sin embargo, al mismo tiempo, y, simplificando, las entidades están obligadas a aumentar este capital hasta el 10,5%.

Por tanto, la banca afronta unas medidas que apretarán más las tuercas a los muy débiles bancos españoles y, por ende, a la economía. No en vano, las estimaciones más conservadoras cifran el valor de estos activos en unos 50.000 millones en términos netos (aproximadamente el 5% del PIB). Tan sólo dos de los bancos nacionalizados que se pretenden vender cuentan con unos 5.000 millones de este tipo de activos. La deducción de este tipo de activos del capital de las entidades españolas se dejará sentir mucho más que en el resto de países europeos, pues nuestros bancos albergan en sus balances muchos más activos de este tipo:

Por qué no pueden considerarse capital

La explicación de por qué no pueden considerarse capital es bastante lógica, y es que no son activos de alta calidad, puesto que, por ejemplo, necesitan beneficios para poder aplicarse. Además, ante shocks importantes no tendrían ninguna capacidad para absorber las pérdidas en caso de insolvencia de la entidad financiera. Es decir, que son activos que no tienen una calidad equiparable al capital, debido al plazo de maduración y al riesgo que conllevan, por tanto, no sanean convenientemente el balance de un banco.

La solución italiana

Una posible solución ya implementada en Italia recientemente seria convertir estos activos en créditos fiscales (que pueden compensarse con otros impuestos e incluso venderse) que sí computarían como capital bajo Basilea III. Pero no todo el activo fiscal podría convertirse, tan sólo los que hayan surgido por deferencias temporales (las deducciones fiscales españolas a las que el banco podrá optar en ejercicios futuros). Es decir, no podrían computarse los 50.000 millones, pero sí una cantidad considerable.

Sin embargo, en opinión del FMI en su último informe sobre la banca española, la capacidad de hacer tal conversión estaría condicionada a los esfuerzos del banco para sanear su balance: no distribuir dividendos durante un periodo de años, emitir nuevas acciones (ampliar capital), acometer planes de reestructuración…

Según algunas estimaciones, la conversión podría suponer incrementar en más de un punto porcentual el capital de los bancos españoles, un alivio bastante difícil de conseguir a través de los mecanismos habituales (cuenta de resultado o ampliación de capital) en las condiciones actuales del mercado.

Una banca privilegiada

El problema de fondo es que el sistema bancario es un sector privilegiado por el Estado en el que se permite legalmente que las entidades financieras puedan operar con unos balances totalmente descompensados, en el que el activo y el pasivo no casan en plazo ni riesgo. De hecho, cualquier otra empresa estaría obligada a presentar concurso de acreedores si tuviera unas ratios de capital tan bajos como los de la banca. El privilegio ha conducido a un desequilibrio de estas entidades que no están sometidas a la necesidad de auto regularse prudentemente como el resto de empresas

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La fiscalidad real de las grandes empresas oscila entre el 13% y el 27%

(Artículo publicado en Libre Mercado.)

En los últimos días se ha venido afirmando en diversos medios e incluso desde la Agencia Tributaria que las grandes empresas tributan tan sólo a un 4,13% de sus beneficios. Cifra que, obviamente, se utiliza para justificar reiteradas subidas de impuestos a estas empresas y para contraponer la injusta diferencia de tributación de las grandes corporaciones frente a las Pymes y así subir impuestos a las primeras (en lugar de bajarlos a las Pymes).

Sin embargo, las grandes empresas no pagan sólo esta proporción. En realidad, y tras usar una corrección en los cálculos (una metodología utilizada por la propia Dirección General de Tributos), los grupos consolidados habrían pagado en 2012 más del 13% y las grandes empresas el 27%. Porcentajes muy lejos de la versión oficial de los partidos políticos y la mayoría de medios de comunicación.

Pagan más del 4,13%

En primer lugar, lo que torticeramente se llama grandes empresas que apenas pagan impuestos, en realidad son las empresas que aplican un régimen especial de consolidación fiscal. Pero a este régimen pueden acogerse los grupos de empresas grandes y pymes, aunque sean mayoría las primeras. Al mismo tiempo, no todas las grandes empresas forman grupos consolidados. Luego, no es correcto y es demagógico afirmar que las grandes empresas pagan apenas el 4% de impuestos.

Por otra parte, la cifra del 4,13% se explica atendiendo a las estimaciones contenidas en el Informe Económico y Financiero que acompaña al proyecyo de ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2014. Según este informe, las subidas de impuesto del Gobierno han elevado en 2012 la tributación efectiva de estas empresas un 18% en comparación al ejercicio 2011, año en el que, según el último Informe Anual de Recaudación de la Agencia Tributaria, estas empresas pagaron tan sólo el 3,5% de sus beneficios.

No obstante, tampoco es cierto que sólo pagaran el 3,5% de sus beneficios, como dice la Agencia. El motivo es que este cálculo omite una necesaria corrección del tipo efectivo que permitiría hallar una medida de tributación efectiva más realista. Por cierto, esta corrección es utilizada por los técnicos de la propia Dirección General de Tributos en sus análisis de la recaudación fiscal de cada año.

La tributación efectiva corregida

La mencionada corrección se basa en descontar el efecto de las deducciones que corrigen la doble imposición. La doble imposición se produce cuando se tributa dos veces por la misma renta. Por ejemplo, los beneficios de una empresa derivados de haber recibido dividendos de una participada están sujetos al impuesto. Sin embargo, esos dividendos fueron beneficios que ya pagaron en la empresa que los distribuyó. Se produce así una imposición en la empresa que los recibe y en la que los distribuyó.

Para corregir este efecto, el Impuesto permite aplicar estas “deducciones por doble imposición” a las empresas que reciben esas rentas que ya tributaron en su momento, y así evitar pagar dos o más veces por lo mismo. Tradicionalmente, éstas son las deducciones más elevadas que aplican las empresas, sobre todo las grandes, porque están más internacionalizadas y tienen más vínculos de propiedad con otras empresas.

El problema es que estas deducciones distorsionan enormemente el cálculo del tipo efectivo. En palabras de la Dirección General de Tributos (página 205 del documento enlazado), las deducciones por doble imposición son “minoraciones técnicas que no persiguen eximir de tributación ciertas rentas, sino evitar gravar dos o más veces los mismos beneficios”. Es decir, con estas deducciones no se pretende favorecer o reducir los impuestos a las empresas, no es una concesión que privilegia a las entidades, sino que se pretende evitar que se pague dos o más veces por lo mismo.

Aislar esta distorsión a la hora de calcular la tributación efectiva de las empresas conduce a que debamos excluir estas minoraciones por doble imposición del cálculo del tipo efectivo (que es lo que realmente se paga en impuestos respecto al beneficio o resultado contable). Y el resultado es que el tipo efectivo descontando esta corrección, aumenta.

Lo que realmente pagan en impuestos

Tras excluir las minoraciones por doble imposición, y teniendo en cuenta los datos del Informe Anual de Recaudación 2012 de la Agencia Tributaria, obtenemos una tributación efectiva corregida para los grupos consolidados para el ejercicio 2011 de poco más del 11% aproximadamente, en lugar del 3,5% mostrado por la Agencia. Si a esto le añadimos el 18% de incremento anunciado en el Informe Económico y Financiero, obtenemos que los grupos tributarán a poco más del 13% en 2012.

Es decir, las medidas del Gobierno habrían incrementado los impuestos a estos grupos más del triple de lo anunciado a bombo y platillo por la Agencia, los partidos políticos y algunos medios. Y si aun así puede parecer poco el nivel de tributación efectiva, ésta se debe en muy buena medida a las pérdidas (compensables fiscalmente) que estos grupos han acumulado durante la crisis.

Respecto a las grandes empresas (que no consolidan), la tributación efectiva corregida ascendería aproximadamente a más del 23% en 2011. Si, hipotéticamente, aplicamos el mismo incremento del 18% para las grandes empresas y no sólo a las consolidadas (aunque aquí nos faltan detalles que expliquen este incremento), obtendríamos una tributación efectiva corregida para las grandes empresas del 27% en 2012. Así pues, ambas cifras están muy alejadas de la tradicional propaganda utilizada para subir los impuestos.

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