PSOE: demagogia y subidas de impuestos

El PSOE hizo pública ayer la política impositiva que tiene intención de aplicar en caso de que llegue al Gobierno. En esencia, las medidas planteadas siguen la misma tendencia que la política fiscal aplicada durante esta crisis por el gobierno estatal y comunidades autónomas del PP: subir impuestos. El PP lo hizo cuando más sufríamos los rigores de la crisis, y el PSOE lo haría coincidiendo con una economía incursa en un proceso de recuperación titubeante.

Y digo en esencia porque una de las últimas medidas que aprobó el PP, la reforma de la Ley General Tributaria, afianza la persecución de lo que se conoce como economía de opción, que es lo que la propuesta de Pedro Sánchez y Jordi Sevillapretenden combatir. La economía de opción no es más que la planificación fiscal, es decir, que los contribuyentes hagan uso de las leyes que son más ventajosas para sus intereses. Opción esta que, según el catedrático Pont Clemente, lejos de ser ilegal, siempre se ha considerado un ejercicio de prudencia de quien busca gastar menos mediante la realización de elecciones inteligentes, y que en el ámbito tributario se traduce como deseo de reducir la carga tributaria.

El PSOE pretende forzar al contribuyente a que ignoer parte de nuestro ordenamiento jurídico, precisamente aquella que le permite reducir su carga fiscal

El mero hecho de utilizar tal o cual deducción, bonificación o crédito fiscal, todos ellos legales, no deja de ser una búsqueda del ahorro fiscal como muestra de racionalidad económica, que todo el mundo trata de aplicar cuando mejor puede, desde el trabajador, pasando por el pensionista hasta las pyme y las grandes empresas. Sin embargo, el programa electoral del PSOE recoge la intención de acabar con la elusión fiscal, que es, precisamente, esa economía de opción o planificación fiscal. Una vía que el PP consolidó con su última reforma fiscal, y que supone, de facto, obligar al contribuyente a que ignore parte de nuestro ordenamiento jurídico, precisamente aquella que le permite reducir su carga fiscal. En resumen, quieren imponer un impuesto contra la planificación fiscal “agresiva”. ¿No es más agresivo impedir al contribuyente aplicar las leyes vigentes? ¿Para qué las promulgan entonces?

Subida de impuestos a las Sociedades y al uso racional de los recursos

¿Y cómo se traduce el ataque a este principio de economía de opción o planificación fiscal? Por ejemplo, subir el Impuesto sobre Sociedades al exigir que las empresas tributen un mínimo del 15% de los beneficios, una de las propuestas estrella del Sánchez y Sevilla, al mismo tiempo que gravarlas en un 35% si aplican lo que demagógica e ideológicamente denominan planificación fiscal “agresiva”. La excusa es que las grandes empresas tributan, en realidad, al 5% por lo que debe obligárselas a pagar más. Sin embargo, esto es falso como ya se ha puesto de manifiesto en diversos artículos. La tributación depende de una variedad de tratamientos fiscales contemplados por la Ley aprobada por el Parlamento que permite, por ejemplo, que las empresas internacionalizadas reduzcan la sobre imposición (pagar dos o más veces por lo mismo aquí o en el extranjero), se compensen pérdidas pasadas o de otras empresas del grupo. ¿Qué hay cuando un pequeño contribuyente se aplica la única deducción que tiene al alcance, por ejemplo la deducción de los planes de pensiones? ¿Es una planificación fiscal agresiva porque hace uso del 100% de posibilidades legales de reducir su carga fiscal? Si las empresas hacen uso de todas las posibilidades de reducir su carga fiscal, lo cual hace que paguen, de media, mucho más del 5%, ¿demuestran “agresividad”? Es por ello que exigirles el 15% o el 35% (ojo a la arbitrariedad: ¿qué es planificación fiscal “agresiva”?), no es más que, en muchos casos, obligarlas a sufrir una doble imposición, a no poder compensarse las pérdidas que sufrieron, o no poder hacer uso de una deducción por insuficiencia de cuota, etc., en definitiva, a no hacer un uso racional de sus recursos.

Y ¿qué consecuencias tendrá el fomento del mal uso de los recursos? ¿Acabar con los malvados ricos? No, perjudicar a los pequeños accionistas de esas grandes empresas (una mayoría), perjudicar a sus trabajadores, a sus proveedores, a sus clientes, a sus inversiones, a la creación de empleo, a la productividad… a nosotros. Más que redistribuir la recuperación económica, uno de sus eslóganes, lo que lograrán es redistribuir sus propias subidas fiscales.

Subida del Impuesto sobre el Patrimonio y Sucesiones

Otra derivada que se descuelga de atacar ese principio es el de exigir otro mínimo de tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio o sobre las Sucesiones, lo que de facto es imponerlos en toda España, impidiendo la competencia fiscal para ese tramo de carga fiscal mínima que se exigirá, esto es, impidiendo los frutos de la competencia fiscal que en algunas Comunidades Autónomas había posibilitado bonificar hasta el 99% estos impuestos. De hecho, no es sino pervertir la competencia fiscal porque, sin necesidad de armonizar, permite que los gobiernos regionales no sólo tengan garantizada un mínimo de recaudación por esta vía impositiva (de poco montante) sino a liberarse de la presión de tener que esforzarse en ofrecer leyes atractivas a la acumulación de riqueza, capital y, en definitiva, prosperidad.

Seguimos deslizándonos por la misma peligrosa pendiente que en su día denunció Alexis de Tocqueville: querer igualar nuestras rentas por la vía de empobrecernos a todos

Porque de eso tratan los impuestos sobre el patrimonio, ya sea anual o en el momento del fallecimiento: de volver a tributar por aquello por lo que ya se pagaron impuestos durante toda la vida, de reducir el ahorro (pues el patrimonio y la herencia es una de las fuentes más importantes de ahorro y su transmisión), lo que significa reducir la inversión, los empleos, los salarios y el crecimiento de la economía. En un estudio efectuado por la Tax Foundation a raíz de la propuesta del economista francésPiketty (por cierto, gurú de Podemos) de implantar un fuerte Impuesto sobre el Patrimonio, cuantificaron el desastre que la aplicación de tal medida tendría en EEUU: reducción del 13,3% del stock de capital, reducción de los salarios del 4,2%, eliminación de casi un millón de empleos, reducción de casi un 5% del PIB. Todos los grupos de renta, desde los más modestos a los más ricos, verían reducida su renta. Pero, ¿vale la pena reducir un 7% la renta de los más pobres para ver reducir la renta de los más ricos un 10%?  De nuevo, al igual que en el Impuesto sobre Sociedades, hacer demagogia contra “el rico” es empobrecernos a todos, especialmente a los que tienen menos recursos y margen de maniobra. Seguimos deslizándonos por la misma peligrosa pendiente que en su día denunció Alexis de Tocqueville: querer igualar nuestras rentas por la vía de empobrecernos a todos, en lugar de enriquecer a los más pobres.

Conclusión

Es difícil destacar en incremento de impuestos tras la era Montoro-Rajoy, pero el PSOE podría llegar a realizar tal sangrante hazaña. El demagógico ataque a los ricos basándose en maniatar al contribuyente y sus posibilidades legales significa subir los impuestos a las empresas y patrimonios, lo que perjudicará indirecta y significativamente a los más modestos.

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EEUU-Pacífico: ¿acuerdo de libre comercio?

Ahora mismo, burócratas y políticos de Bruselas y Washington están negociando secretamente sobre el acuerdo de libre comercio entre EEUU y la Unión Europea. La opacidad y falta de transparencia en la negociación es una de sus características más sobresalientes y, a lo sumo, sólo se conoce información a través de filtraciones. Parece que cuestiones referidas a la protección de datos, con una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el espionaje de la NSA o el reciente caso Volkswagen, han enturbiado las negociaciones entre nuestros burócratas y políticos y los suyos, hasta el punto de encallarlas.

Y aunque no sepamos el devenir de estas conversaciones, las consecuencias derivadas de aprobarse finalmente este Tratado nos afectarán enormemente. La reciente firma del acuerdo de libre comercio entre doce países del pacífico (el TTP, por sus siglas en inglés), entre los que destacan EEUU y Japón, nos da pistas de lo que podría llegar a firmarse en relación al comercio entre la UE y EEUU. Es más, el propio TTP nos afectará tan pronto entre en vigor. No en vano, cubre el 40% del comercio mundial y eso significará que los flujos del comercio, las inversiones, los consumidores y las exportaciones, también españolas, tendrán que adaptarse a ese nuevo y enorme marco jurídico.

El verdadero libre comercio no se negocia, simplemente deja de obstaculizarse

Sin embargo, el verdadero libre comercio no se negocia, simplemente deja de obstaculizarse. Como dijo Murray N. Rothbard: “el genuino libre comercio no requiere de un tratado”. Idealmente, tampoco es necesaria ninguna condición de reciprocidad, sino una práctica unilateral en favor de la libertad del ser humano. Pero la realidad es que dependemos de los políticos para tener derechos. Si los eurócratas y sus homólogos Washington no se ponen de acuerdo, no podremos comerciar máslibremente con otras personas que viven al otro lado del charco. Lo que equivale a decir que, cuando se firme el acuerdo, como ha pasado con el TTP, los líderes se colgarán medallas y mostrarán su victoria al electorado, usando ese sempiterno lenguaje político orwelliano en el que dejar de imponer trabas políticas es ‘luchar’ por ‘crear’ el libre comercio, como cuando subir impuestos es ‘reducir el déficit’, o cuando el obligado tributario es el ‘contribuyente‘, etc.

El tratado que se negocia entre EEUU y la UE adolecerá, como el TTP, de los efectos propios de aprobar medidas legales asimétricas, es decir: algunos sectores se verán beneficiados y otros no. Reducirá algunas barreras al libre comercio, pero también impondrá otras nuevas extendiendo las regulaciones gubernamentales más allá de las fronteras, en el ámbito laboral, medioambiental y de la inversión. Algo que ya vio Ludwig von Mises en su libro Gobierno omnipotente: “En un régimen de intervención gubernamental en la economía el gobierno dispone de innumerables medios para castigar la importación. Podrán ser de menos fácil manejo, pero pueden ser no menos eficaces que los aranceles”.

La producción y el comercio, una vez más, se verán dirigidos y modificados por la mano del homo politicus electo y de su fiel compañero el homo tecnocratusno electo. Los beneficios del libre comercio parcial que se permite con este tipo de acuerdos (se estima un incremento de la renta para los vietnamitas, por ejemplo, de hasta el 10,5% en 2025), son menores que si reamente se permitiera un libre comercio total.

El TTP puede suponer una seria amenaza a un sector y lugar de encuentro comercial y vital que ha posibilitado la tercerarevolución industrial,creativa y humana: Internet

El TTP contiene 22 capítulos, que van desde las telecomunicaciones hasta el textil, y, por tanto, infinidad de regulaciones, en materias tan variopintas como la propiedad intelectual, la producción agraria, la transmisión de datos o las fusiones y adquisiciones. El lobby farmacéutico se verá beneficiado porque se impone la legislación estadounidense de incrementar los años de propiedad intelectual de las patentes, también lo será ese gran donante del Partido Demócrata que es Hollywood.

Igualmente, parece que el TTP (se desconoce el texto completo), y quizá en el futuro el acuerdo entre EEUU y la UE, puede suponer una seria amenaza a un sector y lugar de encuentro comercial y vital que ha posibilitado la tercera revolución industrial,creativa y humana: Internet. Entre las restricciones: limitar una de las esencias de Internet, la información u opinión. Por ejemplo, las quejas de usuarios a comportamientos empresariales, que, precisamente, es uno de los mecanismo de mejora para las propias empresas, especialmente para la creación de reputación. U obligar a las empresas suministradoras de Internet a vigilar la actividad de sus usuarios, con posibles amenazas de cortar los servicios. Es decir, estrategias que van conformándose dentro de megatratados a nivel internacional que copian las estrategias fiscales y financieras: obligar a los bancos a suministrar información de sus clientes, obligar a los ciudadanos a suministrar información de sus conciudadanos o a delatarse, amenazar con el escarnio público para que se paguen los impuestos…

Conforme crece la complejidad de la economía, los gobiernos van a la zaga y tratan de mantener o ampliar sus áreas de poder y control. No existe el imperialismo económico, sino el imperialismo político que, desgraciada e indefectiblemente, conduce a negativas consecuencias económicas y a privilegiar a unos en detrimento de otros. Precisamente algunos críticos destacan la herramienta política del TTP para contrarrestar la influencia china en el Pacífico. El propio Obama lo resumiócon una declaración con alta carga política, es decir, intervencionista, y colectivista: “No podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global. Nosotros deberíamos escribir esas reglas, abriendo nuevos mercados a los productos estadounidenses, mientras establecemos altos estándares para la protección de los trabajadores y la preservación de nuestro medio ambiente.”

Esas regulaciones son la manifestación visible de la lucha constante que existe entre las acciones diarias de millones de personas y los gobiernos

Dicho todo lo anterior, estos acuerdos pueden ser, en términos generales, un paso en la buena dirección. No son el establecimiento del libre cambio ideal sino un acercamiento, un segundo óptimo. Y ello no porque nuestros gobernantes sean adalides de la libertad y el comercio, sino por la creciente presión que ejercen sobre ellos la propia integración económica y, en definitiva, humana, a nivel global, siendo el libre comercio un ejemplo. Y, aun siendo un segundo óptimo, los matices son múltiples como variadas son las ingentes nuevas regulaciones que va a haber. Esas regulaciones son la manifestación visible de la lucha constante que existe entre las acciones diarias de millones de personas, que en su día a día establecen relaciones comerciales y de toda índole, libres y voluntarias, con otras personas sean de donde sean; y los gobiernos que, desbordados ante ese incremento de la globalización, tratan de mantener o incrementar su control y poder sin recurrir a un gobierno global pero sí con nuevas regulaciones, armonizaciones de leyes… Veremos qué aspectos negativos se aprueban finalmente y las consecuencias que engendrarán, y en qué grado contrarrestarán o ralentizarán el libre comercio, esto es, la positiva interacción económica y social entre seres humanos de distintos lugares del planeta.

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Sube la recaudación, ¿debemos alegrarnos?

El Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, comparecía en el Senado este miércoles y daba a conocer los datos de recaudación en lo que va de año: los ingresos tributarios en términos homogéneos (corregidos por devoluciones e ingresos fuera de plazo) están acelerándose a un ritmo de un 5,2% hasta agosto y superan el escenario previsto por el Gobierno. No han sido pocas las muestras de satisfacción por parte del Ministerio de Hacienda en los últimos meses ante esta evolución, de la que sacan pecho y por la que se sienten orgullosos.

Y es que estas noticias suelen contemplarse, y sobre todo ofrecerse, como un hecho positivo y beneficioso por sí mismo. Mi opinión, no obstante, es que todos aquellos que recelamos de que nos impongan cómo debemos organizar nuestras vidas y las de nuestros hijos, deberíamos estar enormemente preocupados, pues la mayor recaudación supone no sólo dar cada año más poder a quienes nos gobiernan, sino regalar nuestra muy preciada capacidad de decisión y autonomía.

Somos más pobres moral y materialmente: no podemos decidir directamente sobre cómo usar nuestras propiedades y dejamos de disponer de ellas

Es habitual que los análisis académicos y periodísticos, o los sesudos informes que los gobiernos encargan a expertos para reformar el sistema fiscal, dejen de lado, precisamente, uno de los aspectos más perniciosos de todos: la cantidad total recaudada. De hecho, cuanto más elevada sea ésta, más se intensifican los efectos económicos distorsionadores de la fiscalidad y aquellos que más pauperizan a la población. Que los ingresos tributarios crezcan significa, en primer lugar, que somos más pobres moral y materialmente: no podemos decidir directamente sobre cómo usar nuestras propiedades y dejamos de disponer de ellas. Es decir, se limita nuestra capacidad de actuar, de desarrollarnos personal y socialmente. Disponer de una menor capacidad de decisión nos acostumbra a no tener que tomar, precisamente, decisiones, impidiéndonos aprender de nuestros errores y superarnos. Todo lo ello supone acostumbrarnos a ejercer una menor responsabilidad, lo que repercute, también, en la calidad de nuestras instituciones y valores.

Y, en segundo lugar, se está resumiendo en un sólo dato el hecho de que las relaciones económicas y sociales que entretejen los ciudadanos espontáneamente están siendo distorsionadas cada vez más, año tras año. La modificación de los precios, del valor de los activos, los proyectos económicos que se han esfumado y los empleos productivos –es decir, que directamente dependen de satisfacer al consumidor, no al político– que han dejado de crearse.

Estos anuncios por parte del Ministerio de Hacienda y del Gobierno distraen al contribuyente porque lo sitúa en una posición artificial: la de analizar este resultado, la mayor recaudación, desde el punto de vista del Estado y no desde el punto de vista individual. Esto, en primer lugar, supone asegurarse el apoyo del gobernado. Si recauda más, será mejor, da igual que ellos suponga acrecentar el desequilibrio que pueda haber entre el poder de uno y el del otro, o el grado de concentración de dicho poder en la Administración.

Igualmente, estas noticias de la recaudación agregada distrae al ciudadano de valorarla desde el punto de vista del coste de oportunidad que ha supuesto a nivel individual, aquello a lo que se ha renunciado y que tan bien explicó Frédéric Bastiaten Lo que se ve y lo que no se ve, cuando explica la falacia de la ventana rota: si un niño rompe el cristal de un comercio esto beneficiaría a la sociedad porque obliga al comerciante a comprar otro cristal, lo cual beneficia al cristalero, que con el dinero comprará pan al panadero, beneficiándolo, y éste, a su vez, comprará a un tercero, que se verá beneficiado, etc. La destrucción crearía riqueza. Sin embargo, ¿qué hubiera podido comprar el comerciante si no hubiera tenido que destinar recursos a reponer el cristal? En realidad, de no haberse roto el cristal, la sociedad tendría el cristal más otras cosas.

El Gobierno prevé recaudar unos ingresos tributarios de 193.523 millones de euros en 2016, 18.533 millones de euros más que en 2014

El Gobierno prevé recaudar unos ingresos tributarios de 193.523 millones de euros en 2016, 18.533 millones de euros más que en 2014. ¿Qué se ha dejado de hacer con esta cantidad? Imposible de calcular, pero si tenemos en cuenta que para resolver los innumerables problemas a los que nos enfrentamos es mejor disponer de una variedad de soluciones que compitan en eficacia y satisfacción al consumidor (lo que ofrece la sociedad a través del mercado), y no una única solución rígida, ineficiente e impuesta, que apenas cambia a pesar de que sí cambian las circunstancias de la vida (que es lo que ofrece la Administración y su burocracia), podría afirmarse que estamos renunciando a mucho.

Además, Ferre ha afirmado que el IVA está creciendo al 6% en términos homogéneos. Es decir, que no sólo no vemos, ni siquiera imaginamo, las consecuencias que ese dinero hubiera podido tener en nuestras vidas y proyectos, sino la propia ilusión fiscal que este dato conlleva: el impacto del IVA a nivel personal es más difícil, acaso imposible, de cuantificar, para ello habría que sumar todos los IVA que hemos soportado en nuestras compras diarias, por lo que el contribuyente no percibe realmente lo que paga. No sólo es que en los precios a veces no figure el IVA, esté algo oculto o no lo calculemos para realizar la compra (por ejemplo, por el esfuerzo cognitivo que ello supone) sino que, aunque lo hiciéramos, no sabemos cuánto pagamos al mes en IVA.

Dice el Secretario de Estado que son las Pymes y los autónomos de donde más se está recaudando por IVA, un 11,4% más, y en el caso de estos últimos, también por pagos fraccionados del IRPF (actividades económicas), a los que se está extrayendo la renta un 12,6% más con respecto al año anterior. El sistema vuelve a jugar al despiste, con nuestra tácita aquiescencia: el IVA de un pequeño empresario o profesional no siempre lo paga su cliente o el consumidor final, sino también ellos mismos que no son capaces de trasladar en precios el impuesto, más teniendo en cuenta la inflación baja o deflación que tenemos. Respecto a los pagos fraccionados, qué decir de una obligación que no es sino una financiación gratuita al Estado por parte de los sufrientes autónomos que tan mal lo están pasando estos años.

Socializar el perjuicio de las subidas fiscales supone una pérdida de votos inferior a la de centrar los ajustes en grandes grupos concretos y organizados que dependen directamente del Presupuesto

Ferre ha utilizado también otro de los argumentos a los que, pomposa y mecánicamente, echan mano los políticos cuando anuncian bajadas de impuestos: gracias a la rebaja fiscal [sic] se ha incentivado el crecimiento y la actividad económica, hecho que ha propiciado el incremento de la recaudación. Sin embargo, ¿dónde estaba esa rebaja fiscal cuando España era un páramo económico, un desierto de actividad productiva? La idea de que no se podía reducir los impuestos cuando llegaron al poder porque debían atender a los gastos públicos, no sólo no se tiene en pie por el volumen inmenso e improductivo de gasto público, pues había y hay margen para reducirlo, ni tampoco por la urgencia de disponer de fondos, puesto que fue el BCE quien realmente evitó la quiebra del Estado español en 2012. Quizá la respuesta a esta política económica se encuentre en que socializar el perjuicio de las subidas fiscales supone una pérdida de votos inferior a la de centrar los ajustes en grandes grupos concretos y organizados que dependen directamente del Presupuesto.

Finalmente, nunca está de más citar la lúcida reflexión de Jean Baptiste Colbert, ministro de finanzas del rey de Francia Luis XIV: “recaudar impuestos es el arte de desplumar al ganso sin que el ganso se entere”. Que no nos tomen por gansos.

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La nueva redistribución… de inmigrantes

La crisis de los refugiados ha puesto en evidencia no sólo el drama humano que supone que familias enteras huyan de la guerra y recorran miles de kilómetros en pésimas condiciones, también ha mostrado algunos errores y debilidades a nivel político y social de las sociedades occidentales.

Sentenciaba Rajoy, y otros líderes, con tono campanudo que el problema está en los países de origen y que es ahí donde deberían centrarse los esfuerzos. A mi entender, el problema también se encuentra en los países de destino. La lentitud y torpeza de la Administración también ha sido una nota altisonante en este drama, y ha ido a remolque de la sociedad civil, que de manera dispersa y descentralizada ha ido gestando una respuesta más rápida, especialmente en Alemania y Austria.

¿Qué hay de los que ansían ganarse la vida y huyen de la falta de libertad y la miseria de sus lugares de origen? Ya no son “refugiados”, estos no tienen pancarta de bienvenida

Obviamente, ante el drama de la foto del niño muerto en la playa han sido pocos los políticos que no han querido dejar escapar la oportunidad de ofrecer hasta su casa para los refugiados que, por cierto, ¿no son inmigrantes? ¿Ya no se les llama así? ¿Será para diferenciarlos de los africanos que se encaraman a la valla de Ceuta o Melilla, o mueren a cientos ahogados en las pateras? ¿O es que sólo se admiten a personas que ansían ganarse la vida cuando provienen de una situación de guerra? ¿Qué hay de los que ansían ganarse la vida y huyen de la falta de libertad y la miseria de sus lugares de origen? Ya no son “refugiados”, estos no tienen pancarta de bienvenida.

No es sólo por las guerras, o porque sean pobres, o porque den lástima, por lo que debería dejárseles entrar, y no sólo porque veamos una terrible imagen del niño ahogado en la playa -¿alguien desconoce que estas tragedias ocurran continuamente?-. No debería prohibirse la entrada de inmigrantes porque sencillamente son personas que merecen un trato moral igual que cualquier otra. Existen multitud de problemas que pueden surgir no sólo debido a un flujoconstante de inmigración sino especialmente a un éxodo motivado por una guerra, pero la solución a dichos problemas no pasa por clasificar a los seres humanos como a reses, sino por analizar si estas complejidades tienen más que ver con el propio sistema institucional de los países de destino.

Y ante la complejidad y problemas derivados de la llegada de tanta gente no se gestiona con una política de inmigración decidida por cinco o seis próceres políticos que se intercambian, como cartas, cupos y cuotas de centenares de personas y familias, redistribuyéndolas entre países. La información necesaria para poder realizar esta tarea no está en manos de Merkel, Rajoy o Cameron, ni de sus ejércitos de burócratas. La información valiosa para la integración adecuada de los inmigrantes es la que nace de la relaciones humanas que puedan llegar a existir entre estos y los nativos. Y esta información está dispersa y descentralizada, creada por los miles de personas que podrían contratar a las otras personas que llegan desde estos países diezmados por la guerra y la brutalidad, o por aquellos que quieran acogerlos en sus casas bajo los más nobles motivos de caridad y solidaridad, o por aquellos que quieran intercambiar bienes y servicios con ellos o, incluso, por los futuros consumidores o empleados de los negocios que en el medio plazo puedan llegar a crear la gente que viene de fuera. Y esta respuesta ágil, realista y eficaz se da de manera, como decía, descentralizada, y no está ofrecida por las decisiones de un reducido grupo de personas que benévolamente, o no, mueven a patosas e ineficientes Administraciones, ni tampoco está motivada porque la clase media de votantes que dará el Poder, a uno u otro político, se conmueva ante la brutalidad de una imagen.

Cómo afrontar esta situación con mercados tan regulados y rígidos como los actuales, especialmente el mercado laboral, que hará más difícil incorporar a la nueva fuerza laboral

Pero aquí nos topamos con otro problema: cómo afrontar esta situación con mercados tan regulados y rígidos como los actuales, especialmente el mercado laboral, que hará más difícil incorporar a la nueva fuerza laboral. El problema no es el número de personas (más allá del corto plazo) sino el pobre dinamismo que tienen las economías más reguladas. El trabajo no es un factor productivo homogéneo, sino heterogéneo y diverso, y la inmigración también favorece una mayor diversidad y especialización laboral, así como una diferenciación más acusada, que permite aprovechar más y mejor los recursos existentes y los inexistentes hasta el momento, además de ser más flexibles que muchos nativos a la hora de moverse geográficamente. Como escribió F. A. Hayek en La fatal arrogancia, “No es el simple aumento de la población, sino una mayor diversidad de los individuos, lo que ha facilitado el acceso a una mayor productividad“.

El miedo a que nos quiten el empleo es tan infundado como ignorante de la heterogeneidad de trabajos que existen y de la creatividad humana, sólo impedida por los límites que le imponen las legislaciones que la coartan. Además, no todos los inmigrantes van a ser demandantes de empleo, habrá otros tantos que en el medio plazo emprendan sus propios negocios y promuevan la actividad económica. Más que decidir cuántas personas van a poder intentar volver a empezar en Europa y como se reparten geográficamente, los políticos debería flexibilizar la economía y liberalizarla. El ‘efecto llamada’ se acabaría cuando no se generara suficiente actividad económica, como ocurría antaño.

No debería financiarse la inmigración a través de subsidios con cargo a impuestos, sino liberalizar la actividad productiva

Y el problema cultural que pueda darse también tiene su reflejo en la propia cultura de los países de destino. El nivel de dinamismo cultural que exista y los principios que rijan el marco jurídico de una sociedad es la que hará que la llegada de foráneos sea más o menos conflictiva. Si los pilares de una sociedad son la libertad, la propiedad y el respeto al prójimo, los procesos para resolver los problemas que surjan serán variados, dinámicos y finalmente más eficientes que si, por el contrario, lo que impera son soluciones únicas centralizadas, que tienden a uniformizar con un pensamiento único estatista, basado en que unos tienen el derecho a decidir sobre las haciendas y proyectos vitales de otros sin su consentimiento –ya sea a través de los impuestos que coactivamente se extraen para redistribuir, regular y dictar centralizadamente cómo debemos vivir, ya sea por votación parlamentaria, etc.–. En este caso sí se generarán y ampliarán los problemas propios del sistema actual estatalizado que se ve más incapaz ante la mayor diversidad, y además sí produce un ‘efecto llamada’. Por ello, no debería financiarse la inmigración a través de subsidios con cargo a impuestos, es decir, renta que se ha extraído coactivamente a otras personas; sino liberalizar la actividad productiva que, en su caso, promoverá subsidios pero voluntarios. Tampoco debería usarse el presupuesto como la lona de la lucha de clases para que tal o cual lobby o grupo potencial de electores pueda vivir del dinero público.

En definitiva, al igual que las reformas y la liberalización son una de las vías para salir de la crisis y tener un crecimiento sostenible, también en una crisis migratoria se hace necesario abrir las fronteras, abrir los mercados y dejar pasar a la libertad.

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¿IVA cultural o cultura de impuestos bajos?

Hace unos días, el Ministro de Economía Luis de Guindos sentenciaba que el Gobierno no va a rebajar el IVA cultural, a pesar de las continuas presiones a lo largo de esta legislatura por parte de las asociaciones e interlocutores del sector del cine o del teatro, o incluso por parte del Partido Popular en estas últimas semanas, que anda elaborando su programa electoral.

Cualquier mecanismo de presión para que el Gobierno baje los impuestos es bienvenido por quien cree que el dinero debería estar en manos de la sociedad civil, que es muy capaz de organizarse para crear los bienes y servicios que necesita, también para nutrirse de películas u obras teatrales. Sin embargo, no todas las presiones se ejercen desde esta bienintencionada óptica liberal, y más que pretender que se bajen los impuestos para todos, lo que buscan son prebendas y privilegios. A nadie se le escapa que los procesos políticos de las democracias occidentales para elaborar las ingentes y crecientes legislaciones que aprueban sus parlamentos se basan y se someten a todo tipo de presiones de los lobbies de los sectores afectados, que buscan tratos de favor. Batallas de intereses creados para hacer uso del Poder y el Presupuesto a beneficio propio con un claro resultado parasitario.

Pedir que se rebaje el IVA de un sector determinado muchas veces representa, esta vez sí, la lucha de clases trasladada a la confección de los presupuestos estatales

Pedir que se rebaje el IVA de un sector determinado muchas veces representa, esta vez sí, la lucha de clases trasladada a la confección de los presupuestos estatales. Una clase determinada y organizada pretende alzarse sobre el resto para tratar de salir beneficiada con impuestos menores puesto que por diversos motivos, normalmente incuestionables, son ellos los que deberían ser mejor tratados por el Estado, pero no aplican el mismo rasero para el resto, que sí deberían sufragar sus privilegios o soportar un mal trato regulatorio mayor, dado que ellos no son… ‘equis’.

Una de las recurrentes excusas del Ejecutivo durante su mandato ha sido el de respaldar sus innumerables subidas fiscales porque eran necesarias para salvar España de la crisis y que, tras su efectiva salvación, se eliminarían. Contra esto los interesados claman, con razón, que el IVA del cine o del teatro no nos ha sacado de la crisis, pero es que tampoco lo han hecho las inmensas cantidades extraídas con los sablazos fiscales generales de este Gobierno (117.714 millones de euros según los datos del propio Gobierno durante su mandato). Ya comentamos en otra columna que, al contrario, hizo más difícil el duro y obligado proceso de desendeudamiento que ha seguido la economía española durante esta Gran Recesión. Y tampoco lo harán las enormes volúmenes de recursos que nos extraerán en los próximos años por las subidas fiscales que aprobaron (69.366 millones de euros en 2016-2017), incluso teniendo en cuenta la tan mencionada reforma fiscal que se supone ha devuelto a los españoles el coactivo esfuerzo añadido que nos ha impuesto Rajoy.

Ante las insistentes preguntas sobre la esperada bajada del IVA cultural, el nuevo Ministro de Cultura se defendió afirmando que este no era el problema de España y que hay asuntos más acuciantes. Obviamente, no es el problema más urgente pero es una parte del problema: el poder destructivo de los impuestos se ejemplifica en este tipo de sectores, al igual que en otros, en donde el coste fiscal ha acabado de dar la puntilla a muchas Pymes y llevar al traste muchos proyectos económicos, vitales e ilusiones.

Desde 2008 hasta 2014, la parte del valor añadido bruto creado por las empresas destinado a pagar el IVA y otros impuestos indirectos se ha incrementado en un impactante 424,1%

Porque el IVA no es sólo un impuesto sobre el consumo, lo es, y mucho, sobre la producción. Su traslado al consumidor por parte de los productores es mucho más difícil en una recesión de balances en la que predomina una inflación muy baja o incluso deflación. Una subida tan brutal como la aplicada por Montoro es casi imposible de trasladar al consumidor, con lo que los márgenes se estrechan o se amplían las pérdidas, que se trasladan a lo largo de la cadena de valor destruyendo empresas, puestos de trabajo, industria y eficiencia en general. El teatro y el cine, especialmente, han sufrido esta circunstancia fiscal y, además, han evidenciado las rigideces propias no sólo de estos sectores sino, en general, de nuestra economía: rigideces a nivel cultural, institucional y regulatorio que impiden el ajuste nominal de los costes y precios para apoyarse sobremanera en destrucción económica a base de quiebras y despidos, al mismo tiempo que deben enfrentarse a la irrupción de las nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y, también, al tema de la piratería.

Que el IVA sea un gran impuesto sobre el consumo y la producción, y que haya hecho un enorme daño a una variedad de sectores también se manifiesta atendiendo a los datos de la Contabilidad Nacional de España ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística. Así, desde 2008 hasta 2014, la parte del valor añadido bruto creado por las empresas destinado a pagar el IVA y otros impuestos indirectos (el rubro “Impuesto sobre producción menos subvenciones”) se ha incrementado en un impactante 424,1% (!). Un incremento más grave si cabe si tenemos en cuenta que el propio valor añadido en dicho periodo ha decrecido casi un 4%, y que la parte de la renta destinada a remunerar a los asalariados también lo ha hecho en un 16,1%.

Por tanto, lo que unos piden para sí y su sector, debería aplicarse para todos, puesto que a todos se daña. Protestar por merecer un IVA inferior al resto por ser…”cultura” (un concepto algo más amplio y rico en matices) es no ver que el error no se basa en maltratar la cultura, sino basarse en un sistema que necesita maltratarnos a todos con impuestos, que deberían rebajarse porque cada uno tiene su propio proyecto vital a desarrollar en cualquier sector.

Y aunque un trato igualitario de las disposiciones fiscales evita distorsiones por no incentivar la producción de uno u otro sector, no debe olvidarse que los impuestos no son soportados efectivamente de la misma manera por los agentes económicos, por lo que los patrones de producción ya se ven distorsionados de múltiples maneras aunque el tipo impositivo del IVA sea igual para todos. Además, contando con que los niveles de este impuesto son desorbitados, una bajada en unos sectores daría posibilidad de reacción a los agentes económicos para poder emprender proyectos empresariales y creación de riqueza en esas industrias menos maltratados fiscalmente.

No debería rechazarse de plano la bajada de tipos a un sector económico, siempre que luego se bajen al resto

Esta idea de que los agentes económicos pudieran realizar maniobras evasivas –como las de un submarino– hacia estos sectores, una idea mencionada reiteradamente por el gran economista francés Jean Baptiste Say en suTratado de Economía Política, no es más que ganar eficiencia por parte del sector privadoexiliándose hacia los lugares menos coaccionados fiscalmente. Lo que ocurre es que esta eficiencia ganada no resuelve la distorsión en la producción creada por la propia existencia de los impuestos, y además, por ser estos muy elevados. Por tanto, no debería rechazarse de plano la bajada de tipos a un sector económico, siempre que luego se bajen al resto, por preferir un tipo único y muy elevado para todos, y más por motivos de estricta eficiencia. El problema ético que surgiría entonces sería por qué empezar por un sector y no otro. Problema que se resuelve bajándolos a todos. Desgraciadamente, Gobierno y algunos lobbies discuten la bajada del IVA cultural, en lugar de compartir la cultura de los impuestos bajos.

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La recuperación: ¿gracias al PP?

Como sabemos, el PP lo fía todo a la economía. Dado que la economía está recuperándose y mejorando sus indicadores, el PP lo ha hecho bien y su política es la acertada. Esa es, al menos, la idea que el Gobierno machaconamente ha repetido, repite y repetirá hasta el día de las urnas. No obstante, si la economía va bien no es por el actual Consejo de Ministros, con su jefe a la cabeza, sino muy a pesar de ellos.

Gracias a un titánico esfuerzo, España es el país que más ha reducido su endeudamiento privado desde 2011 a 2014: un 14% del PIB en el caso de los hogares, y del 30% de reducción de deuda bancaria en el caso de las empresas

El enorme esfuerzo privado español

La Gran Recesión sufrida se ha caracterizado por lo que se denomina una recesión de balances. Los agentes económicos entraron en la crisis con los mayores niveles de deuda, sólo por detrás de Portugal e Irlanda. Pero gracias a un titánico esfuerzo, España es el país que más ha reducido su endeudamiento privado desde 2011 a 2014: un 14% del PIB en el caso de los hogares, y de 30% de reducción de deuda bancaria en el caso de las empresas (sin contar bancos ni deuda interempresarial). Y ello se ha conseguido gracias a que empresas y familias han tenido que incrementar sus niveles de ahorro para poder pagar sus deudas, por supuesto, dejando de invertir y tratando de mantener algo de dinero para capear la creciente incertidumbre.

Además, este fuerte desendeudamiento ha detraído grandes cantidades de dinero de la circulación del sistema económico creándose un entorno de moderada inflación o incluso deflación, lo que ha atornillado todavía más las tuercas a la situación porque ha incrementado el valor real de las deudas. Igualmente, la inversión ha caído fuertemente, lo que explica la contracción económica que, en España, al tener un mercado laboral tan intervenido y una legislación concursal tan deficiente, se ceba en la mortalidad de empresas y en la destrucción de puestos de trabajo. Todo lo cual ha endurecido, más si cabe, la capacidad de las empresas y familias de contar con ingresos con los que honrar las deudas contraídas durante la burbuja.

Es decir, que, a diferencia de otros países que han acometido un esfuerzo de desapalancamiento similar (como el Reino Unido o Irlanda), en España se ha devuelto la deuda no con inflación ni con cierto crecimiento económico (o al menos sin una fuerte contracción), sino a las bravas: devolviendo céntimo a céntimo las deudas en un entorno económico grave, reestructurándolas o con quiebras e impagos (todo ello bajo una de las contracciones crediticias más agudas sufridas en la Eurozona, sólo por detrás de Chipre o Portugal).

Y, ¿qué significa este esfuerzo? ¿Por qué se llevó a cabo? Ante unas deudas sobredimensionadas, lo obligado es hacerlas sostenibles. Es un proceso que no cabe sortear, ni puede mirarse a otro lado. Es la cruda realidad a la que han debido enfrentarse millones de personas. No lo iba a hacer el Gobierno por ellas (realmente ha hecho lo contrario, endeudarse).

Lo que ha hecho el gobierno ha sido poner más obstáculos al ahorro, a la inversión y a la flexibilización de la economía evitando que se recomponga más rápidamente

¿Y qué ha hecho el Gobierno?

Lo que ha hecho el gobierno ha sido poner más obstáculos al ahorro, a la inversión y a la flexibilización de la economía evitando que se recomponga más rápidamente. Es decir, debería haber facilitado el proceso de desendeudamiento en lugar de minarlo con impuestos y más deuda.

De hecho, de acuerdo con los datos que el propio Gobierno aporta periódicamente a Bruselas a través de las actualizaciones que realiza de sus Programas de Estabilidad trianuales (el último para 2015-2018), las subidas fiscales que ha soportado el sector privado durante la legislatura popular (2012-2015) han ascendido a la friolera de 117.714 millones de euros. Casi el equivalente a todo el desendeudamiento que han realizado en las condiciones más adversas las familias desde 2011 a 2014 (!).

Si sólo contamos el dinero de los rejonazos fiscales más directos de Montoro (IRPF, IS, IVA y cotizaciones a la Seguridad Social), el importe asciende a 84.795 millones de euros, lo que supone casi el 20% de todo el desendeudamiento bancario que con sangre, sudor y lágrimas han realizado tanto familias como empresas de 2011 a 2014, según las Cuentas Financieras de la Economía Española.

Y, ¿para qué? ¿Acaso 120 mil millones han sido tan determinantes para un gasto público total durante esos cuatro años de casi 2 billones de euros? Es más que razonable dudar que estas “necesarias” subidas fiscales del PP hayan ayudado a evitar la quiebra de las finanzas públicas de un Gobierno que, por otra parte, sólo ha recortado el gasto en apenas un 0,8% con respecto a la administración Zapatero. Es decir, para que Mario Dragui y el BCE fuese realmente quien evitó la quiebra de las cuentas públicas, ¿hacía falta dificultar, obstaculizar y ralentizar el imprescindible proceso de desendeudamiento de familias y empresas? Esas subidas fiscales cobran mayor importancia si las ubicamos dentro de un necesario proceso de desendeudamiento previo a la recuperación económica. Hubieran venido muy bien a familias y empresas y habrían acortado la lenta agonía recesiva. Sangrar fiscalmente a los agentes económicos en esas circunstancias todavía honra más su esfuerzo.

Mermar la renta disponible de familias y empresas no ayudó a que ahorraran lo necesario para desendeudarse, e imposibilitó que la inversión productiva apareciera antes para poder detener la caída del PIB

Lo que podría parecer sensato desde el punto de vista de un gobernante que accede al poder en plena recesión de balances hubiera sido el de favorecer ese proceso de desapalancamiento para acortarlo en el tiempo en la medida de los posible. ¿Cómo? Favoreciendo el ahorro, la inversión y la flexibilidad de los factores productivos. Mermar la renta disponible de familias y empresas no ayudó a que ahorraran lo necesario para desendeudarse, e imposibilitó que la inversión productiva apareciera antes para poder detener la caída del PIB. Por otra parte, la falta de liberalizaciones (a excepción, en cierto grado, del mercado laboral) no permitió que la estructura productiva se reconvirtiera y que sus variables se reajustaran no por la vía del desempleo o las quiebras, sino por la vía del ajuste nominal de precios y costes. Sobre todo en un país que tiene tanto margen para liberalizar y hacer más rápida su economía. Por el contrario, gracias a la postura poco original adoptada por el Gobierno (no tocar el aparato estatal, socializar pérdidas, subir impuestos y en definitiva, no modificar elstatu quo), todavía estamos esperando el famoso cambio de modelo productivo.

Conclusión

Que el Gobierno lo fie todo a la economía y proclame que ha mejorado gracias a su gestión, es demasiado simplista e injusto. Su política fiscal ha hecho más difícil la travesía por la crisis de millones de personas. De hecho, este razonamiento demagógico utilizado por el PP recuerda al empleado por el monarca absoluto en un pasaje de “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry: era tan absoluto y universal que era capaz de que el sol le obedeciera cuando le ordenaba que se pusiera, con el pequeño detalle de que sólo daría esa orden cuando anocheciera. Rajoy, con su (ahora) gran sonrisa barbuda y bonachona, parece decirnos cual monarca universal en un patio de colegio: “Mira, la economía va mejor, luego lo he hecho bien… Vótame”.

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La descentralización que no quiere Mas ni Rajoy

La crisis ha removido algunas fuerzas que tratan de ampliar las estructuras y alcance de los Estados y el Poder político. En Europa, la manera de resolver las crisis de deuda soberana, especialmente la griega, ha hecho que algunas voces clamen por una mayor unión política, y que se avance hacia un Gobierno federal europeo. En nuestro ámbito patrio, la incapacidad de nuestros gobernantes y las propias deficiencias del diseño institucional, como el sistema de financiación autonómica, están siendo usadas también para tales fines. Por ejemplo, por el Gobierno de la Generalidad catalana que, tras el mantra nacionalista, trata de crear una Hacienda propia que cimente la hipotética implantación de un Estado catalán. Pero otras comunidades sin tamañas ínfulas nacionalistas, como la de Valencia, se están añadiendo y también reclaman su Hacienda propia.

El sistema de financiación autonómico es ciertamente defectuoso, crea incentivos perversos como desligar el gasto público del esfuerzo necesario para financiarlo, los impuestos

El sistema de financiación autonómico

El sistema de financiación autonómico es ciertamente defectuoso, crea incentivos perversos como desligar el gasto público del esfuerzo necesario para financiarlo, los impuestos. Hace que comunidades con una renta per cápita inferior a la media (Valencia) aporten más de lo que reciben, o que otras comunidades, como la extremeña o canaria, cuenten como unas de sus principales industrias la recepción de dinero del resto de comunidades.

Sin embargo, las críticas a favor y en contra de la modificación de este sistema suelen centrase en el gasto y en proteger esa capacidad de dispendio: debe preservarse la “solidaridad interterritorial” (es decir, proteger la capacidad de gastar más de lo que se ingresa), o bien, debe gastarse más porque se recauda más (de lo contrario, “[España] nos roba”, “nos obligan a recortar”, etc.). En cualquiera caso, la crítica más escuchada no es la protestar contundentemente contra el sistema por no permitir recaudar menos o bajar los impuestos.

Y es que la intención de Mas y sus colaboradores con la Hacienda propia catalana no es tratar de dar más libertad a los ciudadanos catalanes o incrementar escrupulosamente el respeto a la propiedad privada, sino transformar el Estado actual por el suyo propio, dotar a los políticos catalanes de una estructura de Estado.

La Hacienda propia… de Mas

La propuesta independentista de Hacienda propia y la smart region con smart taxes(sorprende que no les baste la lengua de Mercè Rodoreda o Espriu para referirse a ‘región o impuestos inteligentes’) no tiene por qué suponer un sistema fiscal, en lo esencial, diferente al actual español. Parece que quieran basarse en el sistema sueco, aunque no sabemos si lo que quieren importar de dicho modelo es el sistema de declaraciones cruzadas, es decir, una especie de chivatismo (valga la expresión) obligado e institucionalizado mediante el cual se convierte al ciudadano en el liquidador fiscal del otro, que suministra la información de cuánto ha ganado el prójimo, reduciendo la intimidad al mínimo y aumentando la desnudez del individuo ante el Estado y el burócrata.

El ‘Govern’ habla de usar las nuevas tecnologías para obtener más información, un control fiscal que no tiene por qué diferir del actual español, pero con la alarmante diferencia de que ese control recaería sobre los ciudadanos de manera más directa

El ‘Govern’ habla de usar las nuevas tecnologías para obtener más información, es decir, buscan un control fiscal que no tiene por qué diferir del actual español, pero con la notable y alarmante diferencia de que en el caso de una Agencia tributaria catalana ese control y su diseño recaería sobre los ciudadanos de una manera más directa, más cercana. Algo que, a mi juicio y en lo que se refiere a este punto, debería intranquilizar a todo catalán amante de la libertad y de su propiedad.

La descentralización ideal: las jurisdicciones concurrentes

Con todo lo anterior, lo que sí es cierto es que la propuesta de Mas de crear una Hacienda propia -o incluso las demandas recientes del gobierno valenciano-, aunque sea por motivos espurios como el de conseguir más Poder, oculta y confunde tras la bandera nacionalista lo que podría ser una excelente mejora del sistema de organización política actual: la descentralización.

Haciendo el casi imposible ejercicio de desligar la cuestión nacionalista de la propiamente hacendística, la división del Poder Fiscal permitiría a los ciudadanos tratar de reducir su factura fiscal. Cuantas más comunidades autónomas lo hicieran, tanto mejor porque reduciríamos el Poder Fiscal respecto al contribuyente. Parte de este juego puede observarse ya con la deslocalización de empresas con sede en Barcelona hacia Madrid, por cuestiones fiscales y de incertidumbre.

Pero para que esta descentralización fuera más efectiva, y descentralizara aun más el Poder, con un mayor respeto a la libertad de asociación individual a la comunidad política a la que se pertenece, esa descentralización debería hacerse mediantejurisdicciones concurrentes.

Hay diversos ejemplos actualmente, con sus aciertos e imperfecciones. La integración europea en sus orígenes se basó en esta idea, o los distritos especiales en EEUU, pero Suiza es un ejemplo más completo. El país helvético cuenta con una variedad de jurisdicciones funcionales y superpuestas que compiten entre sí. Jurisdicciones porque se rigen por el sistema democrático tradicional: autoridad legal sobre sus ciudadanos y poder impositivo. Funcionales porque cada jurisdicción (o unidad administrativa) se ocupa de una tarea. Superpuestas porque como no dependen de la geografía (sino de su función) pueden coincidir en un mismo ámbito o lugar. Y en competencia porque un ciudadano puede elegir someterse a una u otra, y pagar los impuestos correspondientes.

El suizo es un ejemplo muy superior a nuestro reino de taifas que además ha contado con el respaldo de la ciudadanía

Por ejemplo en Zúrich hay 171 comunidades compuestas por órganos democráticos que se dedican a funciones específicas, por ejemplo educativas (escuelas de primaria o institutos), sanitarias (responsables de los hospitales), de gestión del agua, cementerios, planificación regional, etc., con capacidad de imponer y recaudar tributos para financiar sus específicas actividades. Una estructura similar se da en otros cantones (Glarus o Thurgau, por ejemplo). El hecho de que hablemos de zonas tan delimitadas facilita esa competencia entre ellas: ya no hace falta que un ciudadano emigre de un país a otro para optar por otra jurisdicción, o de una comunidad autónoma a otra, puede hacerlo de una zona o ciudad a otra.

La situación ideal sería la de jurisdicciones más especializadas y sofisticadas que reducirían el coste de elegir entre ellas sin necesidad de alejarse del lugar de residencia en donde se ha tejido una valiosa red de relaciones personales y profesionales. El suizo es un ejemplo muy superior a nuestro reino de taifas que además ha contado con el respaldo de la ciudadanía que lo ha mantenido a pesar de los intentos centralizadores de algunos políticos autóctonos.

Desgraciadamente, los movimientos actuales tratan de crear y replicar estructuras de estado (de manera centralizadora -en el caso europeo- o descentralizadora -caso catalán-) porque se basan en la idea del Estado-nación (el control político de un territorio): crear un gran Estado europeo, o crear un mini Estado catalán, en lugar de definir la entidad política según la función o servicio a desempeñar.

Una mejor descentralización no debería contentarse sólo con desgajar trozos de un Estado fallido e ineficiente y replicarlos en mini Estados pequeños, o proceder a una división errónea y disfuncional entre una administración central y una regional, sino en transformar el inmenso sistema burocrático y político actual en unidades administrativas delimitadas en función de la tarea que deban realizar (seguridad en una determinada área, el control aéreo de aeropuertos estrechamente conectados, y otros múltiples supuestos), ya impliquen un ámbito más o menos extenso (no es lo mismo, actualmente, la defensa que la educación). Y tampoco el proceso descentralizador debería detenerse ahí. Ahondar en estas ideas debería llevar a la máxima descentralización jurisdiccional: que las tareas de las jurisdicciones pasaran a la sociedad civil (al mercado libre).

La nación es algo más cultural, social y “subterráneo” que lo que la política continuamente pretende manipular

Obviamente, esta idea no vendrá de la mano de los nacionalistas, pues choca frontalmente con esa idea de nación estatalizada y estatalizadora. En realidad, bajo este diseño institucional uno sería ciudadano de una jurisdicción u otra (como en el caso suizo). Y parece lógico, porque la nación es algo más cultural, social y “subterráneo” que lo que la política continuamente pretende manipular. Tampoco vendría de la mano del resto de políticos patrios con los que contamos. Tanto a unos como a otros esta propuesta de descentralización les restaría Poder y les exigiría mayor transparencia, centrarse más en la gestión y en su mejora, y más competencia entre ellos.

Conclusión

No estaría de más que esa disfunción del actual sistema de financiación autonómico actual y que algunos usan para ampliar sus áreas de Poder, sirviera, en realidad, para iniciar un debate hacia una ambiciosa descentralización en unidades administrativas en competencia dedicadas a funciones específicas con autonomía para su financiación. Evitaríamos entrar en disputas pasionales, divisiones sociales y daños incalculables de diverso tipo además de dejar de crear problemas donde no debieran existir, como ejemplifica el caso catalán de Artur Mas. Los obligados al pago de impuestos lo agradeceríamos con la posibilidad de elegir entre administraciones más eficientes y menos costosas, y con políticos más sujetos a nuestro control, y no al revés.

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