‘Emma’ la gran novela que enriquece nuestra vida

La gran novelista inglesa, autora de otras obras acaso más conocidas como Orgullo y Prejuicio o Sentido y sensibilidad, siempre trae a la mente del lector actual esas escenas decimonónicas, con el vestuario de época y una trama surtida únicamente de romances, casamientos y finales felices, al que las adaptaciones cinematográficas tanto han contribuido a asentar.

Sin embargo, la lectura de un gran libro va más allá de su disfrute inmediato, también ofrece una valiosa oportunidad de extraer, a ese microcosmos en el que uno se zambulle, una utilidad práctica con el que enriquecer el acervo vital del lector. Y, ¿qué ofrece Emma? La imaginación casi científica de su protagonista, su buenismo invasivo y manipulador -tan de actualidad en nuestra sociedad a través, por ejemplo, de la política-, pero también su capacidad de redención y espíritu de superación, el elogio a la cotidianidad, y otros muchos temas clave…

La imaginadora

Uno de los primeros ejemplos sobre el que podemos reflexionar es el que ofrece la protagonista de la novela y que le da título: Emma Woodhouse. Una persona con una poderosa imaginación, pero no fantástica sino casi científica: estudia a las personas que le rodean y elabora posibilidades acerca de sus afectos, e incluso trata de validar las hipótesis que formula con sus maniobras y estrategias, algo que los lectores habrán podido experimentar o podrían ver en quienes les rodean.

En realidad, Emma podría ser vista como la propia Jane Austen, y como muchas otras personas, unacreadora de historias sobre la vida de los demás. Aunque con una diferencia: a esta innata predisposición cabalística acerca de los demás no le acompaña el percibir realmente lo que la rodea, no sabe leer entre líneas y además llega a ser, en algunos momentos, bastante ingenua. Todo lo cual nos lleva a una conclusión: la imaginación (de Emma) puede ser una virtud, pero también un peligro pues es sólo una parte de la personalidad. Si se complementa, por ejemplo, con la ingenuidad o superioridad, y se aplica a temas tan delicados, puede resultar contraproducente y perjudicial.

El buenismo invasivo

Con la novela de Austen, el lector tiene la oportunidad de vivir el ejercicio práctico de un buenismo invasivo y manipulador. Interesante en estos tiempos que corren en donde la política tiene un papel tan importante en nuestra sociedad actual.

Austen dejó escrito que la protagonista de su novela no iba a caer muy bien a sus lectores y que sólo gozaría de la simpatía de ella misma, su creadora. La razón, sus defectos y errores. En realidad no es así porque la gran maestría de esta formidable escritora pone al lector de parte de Emma, aun con sus virtudes (que las tiene) y defectos.

Empieza describiéndola como una joven inteligente, bella y rica, una aparente perfección que va desvirtuándose a lo largo de las páginas centrales de la novela. Es decir, un personaje realista y, por tanto, con una personalidad en ocasiones contradictoria y que no siempre toma las mismas decisiones a lo largo del tiempo. Es la heroína que se equivoca, imperfecta y que comete errores, algunos graves, en su continuo afán de aplicar esa imaginación, con carencias, a los demás. En concreto, en tratar de arreglarles la vida, por ejemplo, a esa amiga correcta y amable, Harriet Smith, que sólo necesita más conocimiento y elegancia, es decir, su conocimiento y elegancia, y que aprecia su superioridad. ¿Cómo? Buscándole el marido que ella considera adecuado, y evitar que se contente con cualquiera. Emma aprecia realmente el valor intrínseco de su amiga, y sus cualidades -por tanto, no son sus no son malas-, pero cree que ella desea ser guiada, por lo que quiere serle útil. Un rico ejemplo del buenismo que se torna invasivo y que acarrea la posibilidad de sufrir nefastas consecuencias, como casi le ocurre a Harriet.

La regeneración

La otra cara de la moneda de esas imperfecciones es un ejemplo de lacapacidad del ser humano de luchar por encontrar de nuevo la luz, de su capacidad de redención, una idea clave y fundamental a extraer de toda la historia. La emancipación de esa mala conducta, de ese autoengaño (creerse superiores a sí mismo y los fines diseñados para la otra persona) a través de un proceso de arrepentimiento verdadero y del propósito de enmienda. Y no es un proceso claro, sino con altibajos, incompleto al principio, abierto, pues Emma no abandona sus buenas e invasivas intenciones abruptamente, sino de una manera realista, esto es, con un arrepentimiento y una recaída, pero con una línea de mejora, no sin altibajos claros (como la excursión hacia el final del a Box Hill y sus malas palabras a la señorita Bates, de las que se arrepiente y por las que quiere disculparse de corazón).

Un proceso que le lleva a experimentar un desarrollo personal considerable y, además, mucho más valioso si tenemos en cuenta que en el pueblo no tiene iguales, ella ocupa la posición social más elevada, por lo que nada ni nadie le obliga a realizar tal proceso, sino que nace de ella y es ella la que debe examinarse a sí misma. Es un entrenamiento personal y reflexivo, más allá de los actualmente famosos coach. Verdaderamente importante para cualquier ser humano porque supone una actitud autocrítica de un modo constructiva, que busca la mejora y la superación.

Elogio al día a día, a la cotidianeidad

Austen crea un entorno sencillo en esta novela, probablemente pensando en su propia realidad vital y la de sus lectores: situaciones cotidianas, en las que lo más importante es cómo gestionar el día a día y el ocio de sus protagonistas. Ese control le permite desarrollar sus diálogos, la trama y los temas más importantes. Y precisamente este es uno de los temas, aparentemente poco importante, pero vital para la mayoría de los (posibles) lectores del libro: el tributo al día a día, a la posibilidad de encontrar y desarrollar la felicidad en las cosas cotidianas, en la mera organización y gestión del ocio, las reuniones sociales o de las actividades aparentemente más banales. Gozar la vida sin tener que ser un héroe o un personaje público.

En definitiva, Emma, como otras novelas de Jane Austen, no es sólo una historia de romances y amoríos, que también, sino una oportunidad de estar frente a frente ante temas muy comunes y relevantes para todos, de los que no sólo disfrutar durante su lectura sino también enriquecer nuestra vida.

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Caso Nóos: ¿Hacienda somos todos?

El juicio por el “caso Nóos” es algo más que un caso de corrupción. Aparte de las consideraciones morales y penales sobre el aprovechamiento de la posición social para apropiarse de dinero público, en el juicio se están dirimiendo cuestiones tan importantes como la delación de unos ciudadanos a otros como arma indirecta de represión para el pago de impuestos o el uso de la propaganda y adoctrinamiento acrítico con el Estado con el fin de legitimarlo, independientemente de lo justo que sea.

La acusación popular en delitos fiscales es una peligrosa características más de la deriva que está siguiendo nuestro sistema fiscal

El papel de la acusación popular en delitos fiscales

Para tratar de eximir a la Infanta de un juicio o de enjuiciarla, se está discutiendo el papel de la acusación popular en los procesos penales en los casos de delito fiscal. En este sentido, y dejando aparte la trama de corrupción del caso Nóos, permitir que la sola acusación popular baste para sentar en el banquillo a alguien que no ha satisfecho una deuda fiscal es lo mismo que dejar que un grupo de personas, una turba, denuncie a alguien con quien no mantiene ninguna relación acreedora por una deuda insatisfecha. La acusación popular en delitos fiscales es una peligrosa características más de la deriva que está siguiendo nuestro sistema fiscal que ha conseguido, sin apenas resistencia, que los propios ciudadanos se apliquen la coacción fiscal: suministrando al Estado la información privada que unos tienen de otros, haciéndole el trabajo de recaudación aplicándose mutuamente retenciones que ingresarán al Fisco, fomentando la delación y actitudes chivatas como las denuncias tributarias anónimas, o prestándose a aplaudir el escarnio público que el Estado les ofrece, cual carnaza, cuando publica la lista de los famosos morosos a su Hacienda.

¿Sí a la acusación popular por ser la Hacienda Pública un bien colectivo?

Pero el caso de la Infanta también lleva a debate la doctrina mayoritaria del Tribunal Supremo, manifestada, por ejemplo, en el “caso Atutxa”, que permite que la sola acusación popular siente en el banquillo al acusado en aquellos delitos “que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual”. Pero, ¿es la Hacienda Pública un bien colectivo a proteger? Más que un bien colectivo, la Hacienda Pública es una mera depositaria de la ingente cantidad de recursos que coactivamente, es decir, a través del uso de la fuerza, se expropia a los ciudadanos. Independientemente de que el Estado se base en la legitimidad, la costumbre, la aceptación tácita o la obediencia de la población, nada puede desnaturalizar la figura impositiva: los impuestos son impuestos, coactivamente extraídos. Por tanto, la Hacienda Pública no es un bien colectivo sino una organización coercitiva de recaudación, por lo que esto no justifica dar entrada a la acusación popular en delitos fiscales.

¿Sí a la acusación popular porque no pagar impuestos perjudica a todos?

Se aduce el posible perjuicio que la insatisfacción de la deuda tributaria por parte de una persona supone para el resto de la población. De hecho, la acusación popular (Manos Limpias) se justifica con que “lo que la Infanta pudo defraudar en 2007 y 2008 nos afecta a todos”, o como manifiestan insignes juristas: afecta “también al interés colectivo de los españoles en tener una buena asistencia sanitaria o en que se paguen puntualmente los subsidios de desempleo o las pensiones de jubilación”. Incluso el propio TS en sentencia de 2014 afirma: “Es cierto que al final el perjuicio es económico, pero no puede olvidarse que la justificación de la pena específica radica en la inadmisible vulneración de los principios de solidaridad tributaria inexcusables en una sociedad democrática”. Por tanto, la justificación de dar entrada a la acusación popular, como un comisario político propio de una sociedad totalitaria (otra medida represiva de todo el entramado de normas con consecuencias tributarias), se basa, en última instancia, en que no pagar impuestos perjudica a todos pues el que unos no paguen impuestos provocaque el resto deba pagar más para sufragar los gastos públicos. Pero tal aseveración es falsa.

El bienestar de los demás puede promoverse de otra manera que financiando una monstruosa cantidad de regulaciones que alumbra el Congreso año tras año

De ser cierta, ¿si se bajan los impuestos un año, no deberían los obligados tributarios seguir pagando los mismos impuestos que anteriormente para sostener el gasto público? ¿Están los obligados tributarios obligados (de nuevo) a ignorar las leyes fiscales que contemplan deducciones o bonificaciones porque de lo contrario se provoca que los que no se las aplican tendrían que pagar más? Además, ¿no es contradictorio que si se sustrae coactivamente renta al obligado tributario, trabajará o producirá menos, por lo que dejará de generar bases imponibles y, por tanto, pagará menos impuestos?

Por otra parte, el bienestar de los demás puede promoverse de otra manera que financiando una monstruosa cantidad de regulaciones que alumbra el Congreso año tras año y que, por cierto, muchas promueven la desigualdad económica beneficiando a unos (grupos de presión) o, directamente, perjudican a otros a través servicios públicos ineficientes (por ejemplo, el educativo, que a muchos condena a salir al mercado sin serles útiles lo estudiado)? Por tanto, podría incluso defenderse que, si realmente nos preocupa el bien común, deberíamos guardarnos de entregar nuestro dinero a un proveedor tan ineficiente como el estatal. Por lo que pensar que no pagar impuestos nos perjudica a todos es, de nuevo, falso. La única manera de ser un buen ciudadano no es exigirle pagar impuestos a Montoro, Monedero, Francisco de la Torre o Zapatero? El Estado no tiene el monopolio de la bondad.

El argumento de que si uno no paga impuestos nadie lo haría no es cierto

El argumento de que si uno no paga impuestos nadie lo haría no es cierto. Si uno no quiere los servicios públicos no significa que todos no los quieran. Estos últimos podrían adquirirlos y financiarlos por medio de tasas (a excepción de, por ejemplo, servicios más problemáticos como la defensa, o el mantenimiento del orden, actividades que consumen la minoría del gasto público y que exigirían impuestos mucho más bajos). La financiación vía tasas no implica que todos deban pagar la misma tasa. En el mercado también se ofrecen esquemas de precios teniendo en cuenta el nivel de renta. Si no se promueve este sistema es precisamente porque ello daría pie a la organización de la sociedad basada en la voluntariedad y cooperación, y no en el sometimiento al poder político.

Porque, ¿para ser civilizados no hay más remedio que pagar impuestos? Todo lo contrario: son el precio de la incivilización porque se asientan en la organización coactiva de la sociedad. Con los últimos avances empresariales en áreas como la educación y la sanidad, cada vez es más difícil pensar que no podría haber una industria educativa o sanitaria, libre, vanguardista y eficiente que, por supuesto, contemple infinidad de mecanismos para integrar a los menos favorecidos (becas, seguros, empresas sociales y del tercer sector, economía colaborativa, Internet, vías por descubrir, etc.).

Acción popular no por malversación de fondos públicos sino por no pagar impuestos

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no parece sensato justificar aplicar penas de cárcel, dar entrada a la acusación de cualquiera, reducir los derechos del obligado tributario, etc., por lo que el propio TS califica como, al final, un “perjuicio económico”, es decir, la no satisfacción de una deuda por parte del súbdito fiscal, algo que puede ser muy discutible, como muestra este artículo.

Además, llama poderosamente la atención que los partidarios de introducir la acusación popular para enjuiciar a la Infanta busquen, no que determinadas personas no se apropien del dinero de los impuestos sino en asegurarse de que paguen impuestos.

Que no queramos organizarnos libremente no significa que debamos enorgullecernos de hacerlo basándonos en la coacción

Conclusión

En lo que sí tiene razón la abogada del Estado del caso Nóos es en que “Hacienda somos todos” es pura propaganda de una falsedad. Como diría Anthony de Jasay, esa es la auténtica educación para la ciudadanía: en lugar de adquirir conocimiento, se inculca los valores del Estado que, por supuesto, no incluyen tener una visión siempre crítica y examinadora del nivel de impuestos, de la justicia de las leyes (fiscales) y la vigilancia sobre el poder (que siempre tiende a aumentar). Que no queramos organizarnos libremente no significa que debamos enorgullecernos de hacerlo basándonos en la coacción, impuestos, y en usar métodos represivos como la acusación popular para enjuiciar a conciudadanos por no satisfacer la deuda al Estado.

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La lista de morosos: hacia un régimen podemita

La publicación de la lista de morosos con Hacienda consuma el giro dado por el PP, con la venia del resto de partidos, a las costumbres franquistas de la Ley General Tributaria de 1963 contra el secreto tributario (la confidencialidad y reserva de la información tributaria). Estos sujetos cuyas identidades se publicita no tienen por qué haber incurrido en delito fiscal alguno, ni tan siquiera haber cometido una infracción, tan sólo no haber ingresado el dinero en las arcas del Fisco en el periodo de tiempo por éste determinado, por estar en situación de quiebra, por estar litigando, etc.

Derechos del contribuyente… a autoinculparse, a no tener secreto tributario, a la arbitrariedad

En teoría, el artículo 35 de la Ley General Tributaria dispone el secreto y sigilo administrativo de la información fiscal, pero de una manera tan laxa que recuerda a lo que dice el filósofo Anthony de Jasay de las Constituciones y su capacidad para fijar los límites del poder político: contrariamente a lo deseado, éstas no son, en absoluto, un freno ni una contención puesto que pueden, y son, modificadas a conveniencia para dar cabida a continuas ampliaciones del aparato estatal. Prueba de ello es los a vaivenes en la evolución de estos derechos, especialmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y principios de este.

Vituperar los derechos del contribuyente de este modo no sólo afecta al ámbito tributario sino que lo excede, porque supone una flagrante vulneración de derechos fundamentales

Vituperar los derechos del contribuyente de este modo no sólo afecta al ámbito tributario sino que lo excede, porque supone una flagrante vulneración de un surtido ramillete de derechos fundamentales. Al quebrantamiento del derecho a la intimidad y al derecho a la protección de datos de carácter personal, se le añade la anulación del derecho a no autoinculparse, es decir, no usar información adquirida coactivamente para fundamentar una pena que, en este caso, es el castigo vía escarnio público.

Igualmente, mina de un plumazo lo que el propio y cuestionado Tribunal Constitucional sentenciara hace unas décadas (ahora se ve la ingenuidad): que el deber de sigilo es un contrapeso de los deberes decolaboración del contribuyente, dicho claramente: se obliga a “colaborar” con cierta confidencialidad.

Al final, una organización que impone estas normas anómalas lo que hace es crear una cultura de gestión interna tendente a alejarse de estos derechos. Hoy es esta medida fiscal rimbombante, mañana serán disposiciones mucho más específicas que pasarán totalmente inadvertidas, incluso para algunos especialistas.

Trasvase de poderes y evolución del régimen: del PP a Podemos

Lo que además incrementa la medida fiscal del PP es la inseguridad del individuo de no poder prever los casos en los que el Estado puede entrometerse en su ámbito de actuación -no ya saber que efectivamente ocurrirá, que ya es grave, sino en qué casos y situaciones -, incrementando de ese modo la arbitrariedad de la Administración.

Porque, en el fondo, ¿qué supone esta medida, que tan poca resistencia social ha tenido y, menos de los partidos de la “oposición”? Lo que Albert Jay Nock alertó en la época de entreguerras: la conversión del poder social (de la sociedad, del individuo, descentralizado) en poder estatal (poder político). Este es un caso concreto: desequilibrar, más si cabe, la relación entre la Administración y el individuo. Es una punta de lanza de nuestro sistema jurídico, que va abriéndose hacia una mayor intervención sobre nuestra esfera privada. Y es que éstas no son normas temporales o accidentales, sino que perdurarán, porque se engarzan en áreas en donde impera el más absoluto consenso (los programas de los partidos en cuanto a gestión del sistema tributario eran casi idénticos).

No hace falta un golpe de estado bolivariano para cambiar el sistema, sino este tipo de medidas. La democracia no es sólo la alternancia en el poder. El Estado también tiene sus propias dinámicas, que también influyen en la población. Aunque en un caso gane el PP y luego el PSOE, el sistema institucional cambia, y esos cambios dan cabida a otros partidos que poco a poco reciben más apoyos de la sociedad, como Podemos.

Si aceptamos medidas más intrusivas, más posibilidades habrá de tener partidos liberticidas

¿Cómo? Los electores no se plantan ante las urnas con las mismas ideas. La gente desarrolla su hábito de conformidad. Aceptamos los cambios institucionales, aunque sean para mal y por la puerta de atrás, del mismo modo mecánico en que aceptamos el entorno. Si aceptamos medidas más intrusivas, más posibilidades habrá de tener partidos liberticidas (viejos o nuevos).

Pensamos que las normas que regulan el Estado son de nuestra creación, cuando han sido aprobadas por un grupo de políticos que usan lo que James Madison denominara en 1794: “el viejo truco de convertir cada eventualidad en una fuerza de poder para el gobierno”. Las situaciones de crisis sirven para incrementar el poder y alcance del Estado. Observamos los fallos y actos ilícitos del Estado con el ojo de un padre, dándole el beneficio de un código ético especial, como por ejemplo el escarnio público de algunas personas por su demora en el ingreso de una obligación tributaria vulnerando sus derechos fundamentales -aunque al final termine por justificarse con cabriolas jurídicas-. Total, a la inmensa mayoría de votantes no les afecta esa situación… directamente.

Porque sí lo hace indirectamente. No en vano, se nos va adaptando a esas nuevas normas más restrictivas y, al final, terminamos por votarlas: “las elecciones colectivas nunca son independientes de lo que una cantidad importante de individuos quieren que éstas sean” (Jasay). La técnica de estratificar la sociedad desde arriba en buenos (a proteger) y malos (los que han de pagar), la luchas de clases del BOE, es una manera eficaz de intentar dar apariencia de que el sistema se asienta en algo justo que es que quien más tiene, que pague, cuando en realidad es la clase media la que sostiene el enorme entramado estatal.

Porque, ¿de eso se trata, de una medida ejemplarizante usando a “los ricos”? En mi opinión, lo que se ejemplifica es, precisamente, el castigo. Es decir, de nuevo nuestro sistema legal se adentra más y más en una relación jerárquica y de sometimiento sobre el súbdito. Tampoco se trata de publicitar a los grandes contribuyentes, es una contradicción pues han sido obligados a contribuir, sino de adoptar medidas menos opresivas y restrictivas que traten de restar agresividad a este sistema tributario y permitan, dentro de lo posible, la elección, la planificación fiscal del individuo de manera inteligente y prudente, con seguridad jurídica. La morosidad fiscal, en Grecia se ha visto claramente, también depende de las formas del sistema.

Podemos no es solo una contestación al PP y PSOE, sino también su producto

Conclusión

En suma, Podemos no es solo una contestación al PP y PSOE, sino también su producto. Medidas como la lista negra de morosos hacen evolucionar el régimen hacia un sistema más intrusivo, cosa que es asumida por capas más amplias de la población que termina por apoyar a partidos que quieren aplicar éstas o, incluso, medidas más liberticidas.

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Elecciones: Hacienda siempre gana

Los debates electorales, los mítines y las entrevistas siempre tienen un apartado para que el candidato exponga la modificación de tipos que va a hacer por allí, las deducciones que creará por allá, y cómo eso le permitirá gastar y redistribuir… por nuestro bien.

Pero suelen pasar desapercibidas sus propuestas para aplicar esos impuestos, es decir, ‘las formas’ del sistema tributario, esas leyes que suelen aprobarse por la puerta de atrás. El problema es que estas medidas que se proponen en los programas electorales de los cuatro partidos con opciones de gobierno son extremadamente similares y siguen la tendencia a aumentar el poder absoluto del Estado frente al individuo, sin salvaguardias ni contrapesos, encaminadas a favorecer a Hacienda en contra de los contribuyentes. Ninguno se ha replanteado por qué es necesario que nuestro sistema fiscal siga esta deriva para poder recaudar.

Los partidos proponen revisar las infracciones administrativas y delitos. En concreto incrementar las penas de prisión por delitos fiscales

Lo que sigue es lo que se votará este domingo y lo que terminará aprobándose en el parlamento:

Cárcel, delitos e infracciones

Los partidos proponen revisar (para ampliar, recaudar y disuadir) las infracciones administrativas y delitos (PSOE-61). En concreto incrementar las penas de prisión por delitos fiscales (PSOE-163). Asegurarse de que se cumplan tales privaciones de libertad aunque se ingrese el dinero y las multas (Ciudadanos-110). Aumentar su imprescriptibilidad hasta los 10 años (PSOE-163, Podemos-38). Reducir el umbral para considerarse delito a 50.000 euros y aplicar a todos estos delitos las penas más graves que ya fijó el PP (Podemos-39). O hacer públicas las identidades no ya por delitos sino por infracciones (!) superiores a 30.000 euros (PSOE-61), compitiendo con el Estado de sitio fiscal del PP.

Sin embargo, por muy mala prensa que tengan estos delitos (o incluso infracciones), se trata de delitos económicos, de cantidades de dinero que se han dejado de ingresar. La desproporción entre no entregar un dinero y la privación de la libertad, uno de los principios más sagrados de nuestra civilización, se incrementaría con este tipo de medidas represivas. En todo caso, la imposición de más multas parecería el intento más proporcionado para castigar este tipo de delitos. Parece que otro tipo de delincuentes tengan más garantías que quienes no pagan impuestos.

Además, de aprobarse estas medidas, siempre existirá el riesgo de que ello sea la antesala para extenderlas. Si hoy se impone y amplía la prisión por no pagar, mañana será fácil que también se aplique para cada vez más infracciones. Un proceso muy habitual en este tipo de leyes.

El delirio fiscal total: además de los patrios, más impuestos desde fuera

PSOE y PP quieren impulsar una Unión Fiscal en la UE  para dotarla de “dimensión fiscal”. En otras palabras, para que pueda gastar más, ejercer un mayor control y fiscalización, crear impuestos y obligar a su uniformidad en el territorio europeo. Más intercambio de información entre haciendas, elaborar lista negra de empresas que cometen fraude fiscal y planificación fsical “agresiva” (PSOE-176, PP-73). Un Tesoro europeo significa más impuestos… europeos.

Y en esta línea, el delirio total podemita, fiscalizador y controlador, llega a pretender una agencia fiscal internacional bajo el auspicio de la ONU contra la elusión, competencia fiscal, con capacidad sancionadora y la posibilidad de crear más impuestos globales, uno sobre la riqueza, sobre las transacciones financieras, modificar la normativa interna de los paraísos fiscales (lo que equivale a invadirlos fiscalmente, Podemos-47)… y hasta ahí, de momento.

Llama la atención hasta dónde quieren los partidos aumentar su alcance y poder con su estrategia intrusiva

Mayor intrusión fiscalizadora

Llama la atención hasta dónde quieren los partidos aumentar su alcance y poder con su estrategia intrusiva. Hasta el punto de metersedentro de las Pymes y estandarizar la facturación de las Pymes (PSOE-163) o simplificar su contabilidad, sin estudiar las consecuencias de tal cambio en el lenguaje de las empresas, por motivos de control (Ciudadanos-106).

El PP limitó el uso del dinero en efectivo para vigilar nuestras transacciones, y el PSOE continua por esta senda para incrementar “la trazabilidad de las transacciones electrónicas” (PSOE-174).

El Gran Hermano socialista de todos los partidos no se detiene ahí y tanto PSOEcomo PP, en ese uso abusivo del oxímoron, pretenden hacer que la relación de la Administración y el administrado sea más cooperativa. ¿Cómo? Obligando a las empresas a que informen obligatoriamente a la AEAT de la estrategia fiscal, que la propia Agencia califique como agresiva, y riesgos fiscales (PP-78), o a soportar incrementos de impuestos (PSOE-164).

Quizá por cooperación se refieran a la mayor fiscalización a través del eufemismo “intercambio de la información” del administrado entre administraciones. Información que es privada y confidencial, que el ciudadano se ve obligado a entregar en sus relaciones con el Estado, pero a órganos determinados, no a todos los funcionarios de España (Podemos-37, PSOE-62/127, PP-79, Ciudadanos-106). Fiscalización intrusiva que salta a colonizar nuevas áreas económicas como la economía colaborativa (PSOE-174, Podemos-54).

Fortalecer a Hacienda

Todos los partidos pretenden continuar fortaleciendo a Hacienda. El PSOE parece querer incentivar a la agencia fijando su presupuesto como si fuera un sistema de reparto del botín: función de lo que liquiden a los obligados tributarios (página de su programa PSOE-163). Podemos apuesta explícitamente por un incremento gradual del personal (Podemos-38) y Ciudadanos es el más original de todos: más dotación presupuestaria redunda en una mayor recaudación, ocho euros de cada uno invertido (Ciudadanos-110). Sin embargo, no hay que olvidar que lo que consideran ingresos para calcular su rentabilidad pueden ser cantidades pendientes de resolver firmemente si han sido defraudadas o no. La AEAT no deja de ser parte, y no juez, en la contienda con el administrado, por mucho que tenga oficinas jurídicas, grandes técnicos, etc. Y, finalmente, el PP ya incrementó el último año su presupuesto en un 5% y las inversiones realizadas por el Ministerio de Hacienda.

Ampliar los procedimientos de Hacienda

Ciudadanos propone medidas cautelares y usar la tecnología para asegurarse la recaudación (“evitando procesos individualizados y manuales”, Ciudadanos-110). La tecnología también es invocada por el PP para hacer más rápidas las comprobaciones de las declaraciones, a lo que se añade las ampliaciones del plazo de duración de inspecciones y demás potestades investigadoras de Hacienda que aprobaron en la legislatura pasada y que todos los partidos refrendan porque en ninguno de sus programas lo pretenden derogar. De hecho, el PSOE incluso quiere alargar el plazo que tiene la Administración para fiscalizar a los contribuyentes (la prescripción, PSOE-163), cosa que ya hizo el PP, y que también propone Podemos igualmente hasta 10 años para delitos fiscales (Podemos-38).

El fin aducido en general es incrementar la seguridad jurídica. El resultado, incrementar la seguridad jurídica de que la Administración cobrará y, además, con recargos o multa

El fin aducido en general es incrementar la seguridad jurídica. El resultado, incrementar la seguridad jurídica de que la Administración cobrará y, además, con recargos o multas. Por tanto, los votantes van a votar, sin elección, a lo que va a mermarles su moral fiscal y a desequilibrar aun más esa desigual relación Hacienda-contribuyente. Investigaciones como la de  Feld y Frey afirman que cuanto mayor prepotencia y poder tenga la Administración y sometimiento el obligado tributario en una relación jerárquica, mayor incentivo para el incumplimiento fiscal, que no proviene por una supuesta intrínseca alma fraudulenta del contribuyente español.

Contra las elecciones prudentes e inteligentes del contribuyente

Son constantes en todos los programas los ataques contra la elusión fiscal, que no es más que cumplir las leyes del mejor modo para el administrado (minimizando legalmente el pago de impuestos). Pretende evitarse este ejercicio prudente e inteligente del contribuyente, tratando de prohibirlo (como ha hecho el PP), o limitándolo con leyes uniformizadoras de armonización fiscal al alza entre comunidades o internacionalmente (PSOE-114/177 y Ciudadanos-102, Podemos-58,)

Medidas que se proponen con la excusa de la proteger la unidad de mercado. Pero nada fomentaría más tal unidad que bajar impuestos y que alguna Comunidad Autónoma fuera amigable a las empresas, que así les sería más fácil expandirse por todo el mercado nacional e internacional. Mayor unificación es mayor centralización del poder y menores alternativas al obligado tributario.

Además de criminalizar la economía de opción (también conocida como elusión fiscal), ésta suele asociarse a la ilegal evasión fiscal. Y bajo la excusa de reducir la elusión fiscal se propone revisar hasta los tratados internacionales (Podemos-38), acuerdos bastante rígidos y difíciles de modificar, lo que no hará más que generar trabas a la aplicación de deducciones que muchas veces buscan disminuir la doble tributación, como ya hiciera el PP durante la pasada legislatura.

Conclusión

Puede que el votante busque regeneración, continuidad, aire fresco, cambio, pero lo que seguro van a elegir el próximo domingo, independientemente del parido al que voten, es el incremento del Poder fiscal, sin alternativa y sin contrapoderes.

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Rajoy y la demagogia en los contratos indefinidos

Una de las últimas propuestas estrella que lanzó el presidente del Gobierno hace unos días ha sido la de proponer eximir de cotizar en la Seguridad Social a los primeros 500 euros de los nuevos empleados que se contraten por tiempo indefinido durante los primeros cuatros años (actualmente son sólo dos). Con esto se pretende favorecer el empleo y que éste sea indefinido. Grandes objetivos para campañas electorales, pero que en el fondo evidencian el defectuoso sistema institucional que nos obliga a ser uno de los países con una mayor tasa de paro.

Clama al cielo que siga sin corregirse uno de los más graves problemas de nuestro sistema fiscal: de acuerdo con un reciente informe de la OCDE el 58% de los impuestos grava el trabajo. Una penalización que, unida a toda una serie de rigideces y obstáculos administrativos, obliga a una parte de la población a no poder ofrecer puestos de trabajo y a otra a no poder aceptarlos, con el consiguiente paro estructural. Drama que ahora, en plena apoteosis delectoral, se pretende arreglar liberando durante un par de años más esa parte de los salaríos de la pesada carga fiscal.

La conexión entre las cotizaciones efectuadas y las pensiones es tan nimia como cierto es que este sistema de previsión está abocado a ser un puro sistema asistencial

Se trata de una medida muy limitada si la comparamos con los objetivos que persigue. Se dirá que más no se puede hacer, dada la debilidad de nuestro sistema de pensiones. Sin embargo, la conexión entre las cotizaciones efectuadas y las pensiones es tan nimia como cierto es que este sistema de previsión está abocado a ser un puro sistema asistencial y de redistribución forzosa intergeneracional, que más que de las cotizaciones se nutre de impuestos (o con nuevos impuestos, como proponen PSOE y Podemos) y que, para colmo, es constantemente precarizado (aumento de la edad de jubilación, aplicar revalorizaciones que sibilinamente no cubran el IPC, ampliación de los años de cotización, o llamamientos de la OCDE para que se complemente con ahorro privado).

En definitiva, esta medida es tan insuficiente y limitada que, más que un progreso, pretende, cómo no, ganar votos. Pese a todo, conviene detenerse en sus intrincadas consecuencias económicas, que las tiene.

Consecuencias económicas

En primer lugar, es una clara continuidad de la distorsión que los gobiernos aplican al mercado laboral y al proceso de asignación de los recursos, siempre escasos. Bonificar esa parte del sueldo no es una subvención, sino una liberación fiscal que tiene obvios efectos positivos en el sentido de facilitar la contratación oficial de trabajadores, especialmente los menos cualificados. Pero al mismo tiempo crea incentivos para que los sueldos de esos mismos trabajadores graviten hacia esa cantidad bonificada. Es decir, que los trabajadores cuya productividad o sueldo estén un poco por encima de esta bonificación, o sean expulsados del mercado laboral o se les reducirá el sueldo, a no ser que el propio pacto entre empresario y trabajador contrarrese estos incentivos perversos. Pero no solo perjudica a determinados trabajadores, también incentiva la creación de negocios de poca productividad y valor, como tiendas o pequeños minoristas, en detrimento de negocios más productivos. Los recursos son escasos, por lo que incentivar a unos afecta a otros.

Promover el empleo con medidas tan específicas, tan de bisturí es un caso más de esa fatal arrogancia que describiera Hayek

Por otra parte, dicen desde el PP que con esta medida pretenden promover el empleo, sin embargo es una medida temporal. ¿Qué ocurrirá cuando desaparezca la bonificación? La mayoría de nuestro tejido empresarial son pymes o micropymes, y con la rigidez y burocracia laboral que soportan, ¿van a contratar a más empleados por un coste que se va a incrementar a los cuatro años, cuando no es ni mucho menos seguro que su productividad se incremente en la misma magnitud? De hacerlo, podrían encontrarse con una plantilla sobredimensionada que redujera el valor que ofrecen al consumidor. Lo que, para aquellas empresas que en situación precaria, podría desembocar en la quiebra, dejando en muchos casos sin pagar ni sueldos, ni Seguridad Social, ni mantener una beneficiosa actividad. Promover el empleo con medidas tan específicas, tan de bisturí es un caso más de esa fatal arrogancia que describiera Hayek.

Por otro lado, bonificar a los nuevos contratados supone perjudicar en términos relativos a los ya contratados. Por ejemplo, si en lugar de contratar a un nuevo trabajador lo lógico y eficiente para una empresa fuera remunerar una mayor productividad de la plantilla actual, ¿por qué incrementarla? El objetivo no debería ser crear empleo de manera artificial. Precisamente, lo que esta crisis ha puesto de manifiesto es que el empleo artificial termina por desaparecer. Lo importante no es contratar a toda costa sino hacerlo sobre bases sólidas, con actividad económica, productividad y valor ofrecido, no mediante medidas que vician los verdaderos mecanismos que deberían promover la creación de empleo.

El otro gran objetivo de la medida es favorecer la contratación indefinida. Este objetivo, hoy en día, es un grave error que subrepticiamente nos induce a pensar que todo empleo debe ser indefinido. Es obvio que tener una fuente de ingresos segura y continua es mejor que la temporalidad. Pero asemejar ‘indefinido’ con ‘seguro’ lleva aparejado creer que han de existir empresas inmortales y negocios vitalicios. Hasta que no aprueben decretos y leyes que nos quiten el poder de decisión sobre a quién comprar y adquirir productos y servicios, las empresas están obligadas a preocuparse de lo que realmente necesitamos y a satisfacer la demanda de la población, y en caso de no hacerlo, a desaparecer. Algo que a veces sucede, porque las necesidades y gustos varían. Las empresas no son perfectas y el entorno es complejo.

Pretender desde arriba que el mercado continúe con las mismas trazas que el mercado laboral industrial de la Inglaterra de comienzos del XIX no parece la solución

Añadamos ahora un mundo que está sufriendo la tercera revolución industrial, la emersión de nuevos modelos de negocio con Internet como herramienta clave, con una propagación velocísima de la información y el conocimiento, y con un entorno extremadamente cambiante. ¿Realmente tendemos a que los trabajos sean ‘indefinidos’ o ‘vitalicios’? La respuesta la darán millones de personas decidiendo en el mercado. Pretender desde arriba que el mercado continúe con las mismas trazas que el mercado laboral industrial de la Inglaterra de comienzos del XIX, incentivando que las relaciones laborales sean matrimonios forzosos y sin posibilidad de disolución, convirtiendo a los trabajadores en peones e impidiendo que algunos sean contratados y otros no puedan prosperar gracias a la movilidad laboral, no parece ser la solución.

Conclusión

La reforma fiscal aprobada por el Gobierno fue una oportunidad perdida para acometer realmente un cambio en nuestro sistema fiscal para que éste no caiga a plomo sobre la contratación y el empleo. Las medidas de tocomocho y de bisturí en campañas electorales son, en realidad, demagogia, y no deberían sustituir a las reformas que sí tuvieron oportunidad de aplicar y no quisieron.

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Contraterrorismo descentralizado

Los terribles atentados en París han supuesto víctimas mortales y heridos, familias y vidas destrozadas, pánico, inseguridad, situaciones de guerra y, especialmente, una constatación de una mayor vulnerabilidad.

Más allá de la obvia respuesta para detener a los responsables y castigarlos (intelectuales y materiales, nacionales y extranjeros), también se discuten -y aplicarán- medidas que rearmarán al Estado para mejorar la eficacia de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, estas no son las únicas medidas contraterroristas. También el propio diseño institucional y la forma en la que se organiza una sociedad, en su vertiente política, económica o social, pueden hacernos más o menos vulnerables frente a los ataques terroristas. En concreto, la existencia de una mayor o menor centralización o descentralización política, económica y social.

Una sociedad compuesta por multitud de centros de poder político, económicos o sociales, puede ser menos vulnerable frente ataques terroristas

Una sociedad compuesta por multitud de centros de poder político, económicos o sociales, puede ser menos vulnerable frente ataques terroristas porque distribuye en mayor medida la importancia del todo. Por ejemplo, la centralización o concentración máxima del poder político o espiritual en los presidentes de los Gobiernos o el Papa, les hace más vulnerables en el sentido de que atentar contra estos puede ser enormemente perjudicial y traumático y, por tanto, aumenta los perversos incentivos de los terroristas. Por eso se establecen mecanismos que eviten el vacío o merma de poder (mecanismos de sucesión, vicepresidentes, etc.). Pero son medidas que pretenden corregir, precisamente, esa vulnerable centralización.

Al contrario, la organización de gobiernos como los existentes en un país mucho más descentralizado como Suiza, formados por un grupo de personas con los mismos poderes cada una de ellas, hace que ante un atentado a una o varias de estas partes, el resto pueda encajar el golpe (como ocurrió en el atentado en el parlamento cantonal de Zug, Suiza, en 2001). Lo mismo ocurrió  con los atentados contra las Torres Gemelas, que no tuvieron unas consecuencias económicas catastróficas (sin contar las medidas de politica economica que se adoptaron posteriormente), porque la economía, por definición, es un sistema enormemente descentralizado y compuesto por millones de personas. Por tanto, un sistema compuesto de diferentes centros es más estable debido a su variedad, que permite que ante el ataque a uno de ellos, el resto respondan coordinadamente, cooperen, suplan o ayuden al atacado.

Desde este punto de vista de la vulnerabilidad, la deriva legislativa tras los atentados del 11-S como los de París son preocupantes, porque se ha optado por centralizar más el poder en el Estado. Y esto no sólo se refleja simbólicamente con la escenificación y personificación de todo un país, e incluso continente, en un sólo hombre, el presidente de la República francesa (incluso con imágenes de cómo se dirige andando al parlamento, al más puro estilo Putin), sino en la exigencia y fomento a respaldar esa centralización por una mal entendida unidad que implica la ausencia de una visión autocrítica constructiva, reflexiva y exigente de responsabilidades por las carencias y errores que se hayan podido cometer en la provisión de seguridad estatal. Confiar ciega y acríticamente en la seguridad del Estado, y permitir su crecimiento, sin su correspondiente escrutinio racional puede conducirnos a terminar por no ser conscientes de lo que cuesta mantener la libertad, y de la responsabilidad y deber moral de mantenerla. Y eso es lo que supone reformar de manera acelerada las constituciones y leyes para incrementar el control de la Administración.

Es aquí donde se ubica el debate de la libertad y seguridad, es decir, de las  implicaciones de que el Estado tenga una mayor facilidad en irrumpir en recintos y domicilios, espiar y obtener datos de la población, etc. Está claro que sin seguridad puede no haber libertad, pero la única manera de tener seguridad no es reduciendo precisamente la libertad que se pretende asegurar. Dictaduras y estados policiales como la cubana garantizan la seguridad general, pero no la libertad individual.

Para muchos, estas palabras quedan huecas y vacías si se consigue evitar centenares de muertos en atentados en discotecas y demás lugares donde se aglomera la gente. Pero no hay que olvidar que estas reformas que se aprobaron la década pasada, y aprobarán en las próximas semanas y años, crean incentivos que pueden ser perversos y dar pie a más vulnerabilidades. Igual detendremos este tipo de ataques ahora, pero los terroristas se adaptarán para aprovecharse de esas nuevas vulnerabilidades, como apuntaba ayer el primer ministro francés: “La imaginación macabra de los cerebros terroristas no tiene límites”.

Uno de los incentivos que permite la descentralización es el surgimiento y la posibilidad de comparar diversas maneras de hacer las cosas

Al fin y al cabo, las amenazas terroristas siempre pueden llegar a producirse, porque están enraizadas, desgraciadamente, en la personalidad de algunos seres humanos, y su lucha es una carrera de fondo que necesita de buenos incentivos para protegernos y minimizar sus efectos. Y no podemos juzgar un sistema de incentivos si no tenemos otro alternativo con el que compararlo. En este sentido, uno de los incentivos que permite la descentralización es el surgimiento y la posibilidad de comparar diversas maneras de hacer las cosas por parte de esas unidades en las que se ha descentralizado el poder o la provisión de un servicio (en este caso, la seguridad). Permite sopesar estrategias diferentes para optar por la que mejor resultado dé. Esto, obviamente, exige a los ciudadanos tomar decisiones de manera crítica y responsable, para tratar de seleccionar las maneras de protegerse que crean mejores.

Y la máxima descentralización de decisiones nos conduce a que puedan ser los ciudadanos los que adopten activamente esas decisiones. No se trata únicamente, como comentaba el magnífico escritor Arturo Pérez Reverte, que ante la irrupción de un terrorista armado debamos abalanzarnos desarmados sobre él, sino que esto lo podamos hacer armados. No sólo ni necesariamente nosotros mismos (con el legítimo debate del derecho a poseer armas), sino otros ciudadanos a los que les demandemos esa tarea de protección. Esta demanda de protección sería, por tanto, más activa que la actual, y nuestras preferencias, las de millones de posibles usuarios, influirían más y mejorarían estos servicios.

No estaríamos, por tanto, obligados a confiar únicamente en las ideas de seguridad de unos pocos individuos que forman las fuerzas de seguridad del Estado, aunque sean expertos y puedan realizar acciones heroicas. Es decir, el derecho de la población a poder decidir e influir de una manera más directa en los servicios de seguridad demandados es una manera de hacernos más fuertes ante los terroristas y también de generar mayor variedad de medidas de protección para poder elegir la mejor. Es lo que Friedrich Hayek llamó el proceso de descubrimiento: la cooperación competitiva de millones de seres humanos hace que se descubran bienes y servicios, cada vez mejores, más variados y complejos. No se pretende que no haya ninguna seguridad provista por el Estado, eso supondría imitar el modo en que precisamente el Estado toma decisiones, sino en que el juicio, el ensayo y el error, configure ese mix adecuado de provisión de mejores servicios de seguridad.

¿Qué hubiera ocurrido en Bataclan si algunos ciudadanos honrados hubieran llevado armas con las que defenderse?

¿Qué hubiera ocurrido en Bataclan si algunos ciudadanos honrados hubieran llevado armas con las que defenderse, o si la sala de fiestas hubiera provisto a sus usuarios de medidas de seguridad más adecuadas conforme a lo que creían necesario siendo una zona con amenazas? ¿Por qué no permitir que las salas de conciertos, y cualquier persona, de la manera en que estimen conveniente, puedan organizar su seguridad más libremente, sujetos siempre, eso sí, a los principios del Derecho? ¿Por qué debatir únicamente en la necesidad de que los diversos servicios de seguridad se concentren y centralicen, todos ellos, en el Estado, para lo que se reformarán leyes y constituciones, que sólo ofrece una única solución, un modo de hacer las cosas? No es sólo cuestión de reducir la libertad, sino que la libertad es más eficaz.

Estos son temas que, aunque espinosos, sensibles y complejos, su discusión y debate debería enriquecerse, en mi opinión, no sólo con la reflexión sobre las medidas más tradicionales, como las reformas legales que rearman al Estado con el consiguiente riesgo sobre la libertad individual, o como las medidas bélicas de bombardear o no bombardear, sino analizando nuestra propia organización y diseño institucional y su concentración o centralización del Poder y de las soluciones en unos pocos, y no en muchos.

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Podemos creará élites extractivas con impuestos

Ante una avalancha de propuestas y programas electorales es habitual que algunas de ellas no cobran el protagonismo merecido o pasan desapercibidas. En cuanto a los impuestos, como la mayoría de partidos quiere mantenerlos en su elevado nivel o incrementarlos, resulta difícil reiterar las críticas a estos amantes de lo ajeno que ahora buscan nuestros votos. Pero la fiscalidad no es sólo subir o bajar tal o cual impuesto, tipo impositivo o exención, hay detrás un entramado profuso y complejo, tejido por infinidad de normas que a veces parecen más una tela de araña cuya tendencia es, poco a poco, atrapar y apropiarse no sólo de más propiedad del contribuyente sino de su intimidad y derechos, si es que son términos indisociables.

A este fin controlador y fiscalizador el PP puede enorgullecerse de ser uno de sus campeones. Con las sucesivas subidas y reformas fiscales que ha ido aprobando, ha apuntalado un sistema fiscal más jerarquizado y menos cooperativo (si es que eso es posible), basándose en una mayor desigualdad en la relación Poder Tributario-individuo.

Lo que puede parecer un perjuicio muy concreto y localizado, supone volver más rígida la economía y hacerla más torpe en su constante y necesario cambio

Y entre esas medidas, a veces desapercibidas, es donde encontramos un fuerte trasfondo que se adentra aun más en la filosofía política. Por ejemplo: la propuesta de Podemos (pendiente de aprobarse oficialmente) de fijar dos tipos impositivos a las sociedades, uno del 30% a los beneficios distribuidos a los accionistas y otro más bajo, del 25% para los beneficios reinvertidos productivamente en la empresa(en bienes de equipo e I+D+i) a condición de que sea “verificado por la administración y los representantes de los trabajadores”.

Acaso lo menos importante sea la clara distorsión entre los dos supuestos: distribuir beneficios o reinvertir. Por ejemplo, si el empresario estima que puede sacar una mayor rentabilidad en otros proyectos empresariales porque estime que la tendencia económica va por esos derroteros y trate de adaptarse para dar servicio a esas nuevas necesidades, se verá penalizado con un 5% más de coste fiscal. Y eso que puede parecer un perjuicio muy concreto y localizado, supone volver más rígida la economía y hacerla más torpe en su constante y necesario cambio. La rigidez económica es empobrecimiento y paro.

Pero quizá un aspecto más importante es el de pervertir desde los poderes públicos, una vez más, las relaciones sociales entre los agentes económicos, entre las personas. En este caso, entre empresarios y representantes sindicales e, indirectamente, otros sujetos económicos.

Viciar las relaciones que se dan libremente en el mercado es un peligroso juego en el que últimamente participan los sistemas fiscales para recabar información de los súbditos tributarios: no la extraen de los propios ciudadanos interesados sino de terceros, en una suerte de red de ciudadanos convertidos obligatoriamente en chivatos, a través de las declaraciones informativas de operaciones con terceras personas y de todo tipo, las retenciones, etc., materia prima con la que cruzar datos. Con la información que se suministra, la Administración puede saber sobre la vida (económica) del administrado, sin que éste haya dado permiso para ello, algo que en otras áreas atenta contra la ley de protección de datos y demás normas.

La propuesta de Podemos, aunque parezca inocua, ahonda en esta filosofía y va más allá, pues supone otorgar a los representantes sindicales un poder coactivo sobre otros

La propuesta de Podemos, aunque parezca inocua, ahonda en esta filosofía y va más allá, pues supone otorgar a los representantes sindicales un poder coactivo sobre otros. Implanta la obligación de que sean estos agentes, al igual que la Administración, quienes fiscalicen la propiedad y la actividad económica de otros sujetos económicos, de otras personas.Se instaura, en definitiva, un control burocrático-sindical de las empresas potenciado por el marco normativo.

Este tipo de legislaciones, de aprobarse, traerían como consecuencia la conformación de unas instituciones económicas pervertidas que generarían incentivos económicos perversos. Parte de esos efectos negativos serían la pura captura o extracción de renta y riqueza de un conjunto de la sociedad (empresarios, accionistas, proveedores, trabajadores y desempleados) a fin de beneficiar a un determinado subconjunto de la sociedad (representantes sindicales, sus organizaciones y sus miembros).

La extracción de rentas no es algo ajeno a la economía: desde el momento en que la organización económica adquiere complejidad y especialización, pueden darse multitud de acuerdos o subcontrataciones mercantiles o laborales para la realización de distintos trabajos: la contratación de un intermediario o un distribuidor, la contratación de ejecutivos y directivos para que gestionen la empresa por parte de sus accionistas… En estas situaciones a veces surgen problemas porque los intereses del contratante no concuerden completamente con el contratado, lo que se conoce en economía como problema principal-agente. Es decir, puede producirse un conflicto de intereses.

Sin entrar en detalle, en el mercado surgen soluciones (aunque puede que no sean perfectas) que van tratando de corregir y alinear esos intereses. Pero el problema es que las propuestas fiscales como la de Podemos crean de manera artificial y perversa esta problemática: la fiscalización por parte de los representantes sindicales creará incentivos económicos para tratar de capturar o extraer la renta de la empresa a cambio de “verificar” que cumplen la normativa y pueden aplicarse el tipo impositivo inferior. No sólo se capturan rentas sino que se hace bajo “chantaje”.

Se dice que el demonio está en los detalles, pero en el ámbito fiscal está en los impuestos y en la prolija legislación que le acompaña

Por tanto, ese 5% de diferencia entre un tipo impositivo y otro no sólo no puede capturarse o extraerse por parte del control burocrático-sindical al que conduce la medida de Podemos, sino que también puede arrojar otra serie de consecuencias más dañinas y perniciosas: un mayor control y poder sobre los proyectos empresariales no sólo de Hacienda sino también de los representantes sindicales. Lo que puede suponer no sólo viciar las relaciones laborales que existan sino las decisiones económicas que puedan tomarse, como desincentivar las inversiones, la distorsión en la fijación de precios, salarios, etc. Todo ello repercutiendo, al final, en menos actividad económica, menor empleo y de menor productividad, es decir, salarios y beneficios más bajos, caldo de cultivo para que aquellos quienes han provocado todo lo anterior vuelvan a salir a la palestra para aportar ese tipo de “soluciones”.

Se dice que el demonio está en los detalles, pero en el ámbito fiscal está en los impuestos y la prolija legislación que le acompaña que, en el caso de Podemos, puede llegar a engendrar nuevas élites extractivas que sangren, aún más, la creación de riqueza y bienestar.

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